Ley 9 De 1994
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEGISPAN
Tipo de Norma: LEY
Número:
9
Referencia:
Año:
1994
Fecha(dd-mm-aaaa): 20-06-1994
Titulo: POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.
Dictada por: ASAMBLEA LEGISLATIVA
Gaceta Oficial: 22562
Publicada el: 21-06-1994
Rama del Derecho: DER. ADMINISTRATIVO
Palabras Claves: Empleados públicos, Servidores públicos, Carrera administrativa
Páginas:
70
Tamaño en Mb:
11.940
Rollo:
100
Posición:
2491
G.O. 22562
ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEY 9
(De 20 de junio de 1994)
“Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa”
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:
TITULOI
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
La presente Ley desarrolla los Capítulos 1o, 2o., 3o., y 4o. del Título XI de
la Constitución de la república de Panamá; regula los derechos y deberes de los
servidores público, especialmente los de carrera administrativa en sus relaciones con la
administración pública, y establece un sistema de administración de recursos humanos
para estructurar, sobre la base de méritos y eficiencia, los procedimientos y las normas
aplicables a los servidores públicos.
Artículo 2.
Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, deben
ser entendidos a la luz del presente glosario:
Abandono del puesto: Salida intempestiva e injustificada del servidor público de su
centro de trabajo durante horas laborables, sin permiso del supervisor inmediato.
Abstinencia: Privación del uso de una o más drogas ilícitas o de abuso potencial, o de
alcohol, de las cuales se abusaba o con las que se había desarrollado dependencia.
Accidente de trabajo: Es toda lesión corporal o perturbación funcional que el servidor
público sufra, en la ejecución o como consecuencia del trabajo que realiza. La
perturbación debe haber sido producida por la acción repentina de una causa exterior o
por el esfuerzo realizado.
Acoso sexual: Hostigamiento con motivaciones o contenidos sexuales, en forma
física, verbal, gestual o por escrito, de un funcionario a otro, del mismo u otro sexo que
ni expresa ni tácitamente lo hayan solicitado y que afecta el ambiente laboral.
Adicto a drogas: Personal que es física y síquicamente dependiente de una o más
drogas ilícitas o de abuso potencial, que ha desarrollado tolerancia, ha perdido el
control sobre su ingesta, inhalación o administración, y si deja de usarlas, podría
presentar síndrome de abstinencia.
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Adscripción: Es la atribución a un destino específico. La Dirección General de Carrera
Administrativa queda adscrita al Presidente de la República, lo que significa ubicarla en
el centro coordinador del Gobierno Central y, por tanto, en el lugar más adecuado para
servir a la labor de ejecución de las políticas de recursos humanos del Estado. Se
entiende que su adscripción al Presidente de la República, lo que significa ubicarla en
el centro coordinador del Gobierno Central y, por tanto, en el lugar más adecuado para
servir a la labor de ejecución de las políticas de recursos humanos del Estado. Se
entiende que su adscripción al Presidente de la República no afecta la autonomía
funcional de la Dirección General de Carrera Administrativa.
Alcohólico: Persona que es síquica o físicamente dependiente de sustancias
alcohólicas, y ha perdido el control sobre su consumo.
Ausencia injustificada: Es la no comparecencia del servidor público a su lugar de
trabajo, dentro del calendario y horario señalados como obligatorios.
Autonomía: Potestad de la que gozan determinadas entidades del Estado para regir
intereses peculiares de su funcionamiento interior, mediante normas y órganos de
gobierno propios. La autonomía de la Dirección General de Carrera Administrativa le da
facultad para determinar su presupuesto y sus recursos, para resolver los asuntos
inherentes a su funcionamiento interno y para desarrollar las normas de aplicación de
la Ley de Carrera Administrativa.
Autoridad nominadora: Aquélla que tiene entre sus facultades la de formalizar los
nombramientos de servidores públicos, de acuerdo con esta Ley.
Carrera administrativa: Principal esfera de actividad funcional, regulada por esta Ley,
dentro de la cual deben desempeñarse los servidores públicos. La legislación de
carrera administrativa es fuente supletoria de derecho para las demás carrera públicas
y leyes especiales.
Competencia: Es la continua demostración de poseer la aptitud requerida para ejercer
eficiente y eficazmente un puesto público, de acuerdo a las características de éste,
contenidas en el manual descriptivo de cargos.
Concurso de antecedentes: Es la presentación y calificación, mediante
procedimientos preestablecidos, de los méritos y ejecutorias de los aspirantes a un
puesto público de carrera administrativa.
Concurso de oposición: Consiste en la realización de una o más pruebas de
capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes a un puesto público de carrera
administrativa, en los casos en que la ley o el reglamento lo determinen.
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Destitución: Es la desvinculación definitiva y permanente de un servidor público de
carrera administrativa, por las causales establecidas en el régimen disciplinario, o por
incapacidad o incompetencia en el desempeño del cargo, de acuerdo a lo establecido
en la presente Ley.
Diferencial: Parte de la remuneración de un servidor público de carrera administrativa,
que consiste en la diferencia entre el salario base del puesto público que ocupa de
forma permanente y el salario base del puesto que ocupa en calidad de interino.
Drogas ilícitas o de abuso potencial: Son sustancias, generalmente drogas
sicoactivas, que por sus efectos fisiológicos o sicológicos, o ambos, aumentan la
posibilidad de que los individuos que las usan abusen de ellas y se vuelvan adictos.
Documentos confidenciales: Son los documentos propios de la administración
pública, o que reposan en sus a rchivos por razón de los trámites inherentes a la gestión
de los servicios públicos, no destinados al conocimiento general.
Eficacia: Es la realización efectiva de las funciones propias del cargo por parte del
servidor público o unidad administrativa.
Enfermedad ocupacional: Es todo estado patológico que se manifieste de manera
súbita o por evolución lenta, como consecuencia del proceso de trabajo o debido a las
condiciones específicas en que éste se ejecuta.
Entidades descentralizadas: Son las instituciones en las que se delegan funciones y
autoridad para regir las materias de su competencia y decidir sobre los asuntos que les
son inherentes. Son entidades descentralizadas, las autónomas, las semiautónomas,
las empresas estatales y los municipios.
Evaluación: Acción y efecto de estimar o calificar las características, el rendimiento o
el desempeño del sistema de recursos humanos, así como de las personas que están
al servicio del Estado o que aspiren a estarlo.
Factor de riesgo laboral: Es todo elemento cuya presencia en el medio laboral
aumenta las probabilidades de que ocurran accidentes de trabajo o enfermedades
ocupacionales.
Gobierno Central: Es el conjunto de todos los ministerios del Estado.
Lealtad: Es el cumplimiento exacto de la Constitución, la ley y los reglamentos, por
parte del servidor público, en el ejercicio de las funciones de su cargo.
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Moralidad: Es la conducta, por parte del servidor público, ceñida a la ética de su
profesión u oficio.
Nepotismo: Es la falta administrativa en que incurre la autoridad nominadora que
beneficia con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión
consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad. También incurre en nepotismo el servidor público que, sin notificarlo
oportunamente a su superior jerárquico inmediato, ejerza la función pública en la
misma unidad administrativa, o en unidades administrativas que mantengan entre sí
relaciones de control y fiscalización en las que compartan los mencionados lazos de
parentesco, original o sobreviviente.
Nivel jerárquico: Grado de autoridad con el que se delimita la responsabilidad de cada
servidor público ante el superior inmediato y su autoridad, en relación con los
subalternos.
Los niveles jerárquicos de la administración pública son:
1. Nivel político y directivo general
2. Jefaturas de direcciones nacionales
3. Jefaturas de direcciones regionales
4. Jefaturas de departamento
5. Jefaturas de sección o supervisión
6. Nivel de ejecución.
Nivel funcional: Cada una de las etapas de un proceso productivo o administrativo
diferenciadas por el contenido de las funciones especializadas que le son propias.
Los niveles funciona les de la administración pública son:
1. Nivel político y directivo general
2. Nivel coordinador
3. Nivel asesor
4. Nivel fiscalizador
5. Nivel auxiliar de apoyo
6. Nivel técnico
7. Nivel operativo
8. Nivel ejecutor.
Nombramiento: Acción de recursos humanos mediante la cual la autoridad
nominadora formaliza la incorporación de un individuo al servicio público.
Orden de prelación: Es la secuencia procedimental obligatoria para llevar las vacantes
en los puestos de Carrera Administrativa.
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Período de prueba: Lapso no menor de un mes ni mayor de un año calendario, que
transcurre desde el nombramiento de un aspirante a puesto público de carrera
administrativa hasta una evaluación sujeta a reglamentación, que determinará, al final
de ese lapso, su adquisición en la calidad de servidor público de carrera administrativa,
o su desvinculación del servicio público.
Puestos públicos: Son las diferentes posiciones en la estructura de personal del
Estado. Los puestos públicos son de dos clases:
1. Puestos públicos permanentes.
2. Puestos públicos temporales.
Puestos públicos permanente: Posición en la estructura de personal del Estado,
existente para cubrir una necesidad constante de servicio público.
Puesto público temporal: Posición en la estructura de personal del Estado, creada
para cumplir funciones en períodos de tres (3) a doce (12) meses calendario.
Registro de elegibles: Aquél en el cual debe aparecer las aquéllos que habiéndose
manifestado dispuestos a ingresar al Servicio Público, hayan superado un puntaje
mínimo determinado reglamentariamente, que les faculta para ser convocados a
concurso de antecedentes en caso de que surja una vacante para un puesto público,
porque están calificados.
Registro de reingreso: Aquél en el cual deben aparecer las generales de los ex-
servidores públicos de carrera administrativa, que tuvieron que desvincularse de sus
puestos de trabajo por razones distintas a las disciplinarias o al bajo rendimiento
personal.
Rehabilitación o reeducación: Es la acción mediante la cual se somete al servidor
público, adicto a drogas o alcohólico, a tratamientos multidisciplinario, con el propósito
de que restablezca su salud y pueda reincorporarse a la actividad laboral.
Riesgo específico laboral: Es la probabilidad de que ocurra un evento, como un
accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, en un puesto de trabajo
determinado.
Servicio civil obligatorio: Es la prestación de servicios temporales a la comunidad,
por parte de estudiantes y egresados de instituciones educativas, antes de ejercer
libremente su profesión u oficio, según lo establezca la ley.
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Servidor público: Es la persona nombrada temporal o permanentemente en cargos
del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los municipios, entidades autónomas o
semiautónomas y, en general, la que perciba remuneración del Estado.
Los Servidores Públicos se clasifican, para efectos de la presente Ley, en:
1. Servidores públicos de carrera
2. Servidores públicos de carrera administrativa
3. Servidores públicos que no son de carrera.
Servidores públicos de carrera: Son los servidores públicos incorporados mediante el
sistema de méritos a las carreras públicas mencionadas expresamente en la
Constitución o creadas por la ley, o que se creen mediante ley en el futuro.
Servidores públicos de carrera administrativa. Son los servidores públicos que han
ingresado a la carrera administrativa según las normas de la presente Ley, y que no
pertenecen a ninguna otra carrera ni están expresamente excluidos de la carrera
administrativa por la Constitución o las leyes.
Servidores públicos que no son de carrera: Son los servidores públicos no incluidos
en las carreras públicas establecidas en la Constitución o creadas por la ley, y en
particular aquéllos excluidos de las carreras públicas por la Constitución vigente.
Los servidores públicos que no son de carrera, se denominan así:
1. De elección popular
2. De libre nombramiento y remoción
3. De nombramiento regulado por la Constitución
4. De selección
5. En período de prueba
6. En funciones
7. Eventuales.
Servidores públicos de elección popular: Son aquéllos que en virtud del sufragio
popular ejercen una función pública.
Servidores públicos de libre nombramiento y remoción: Aquéllos que trabajan
como personal de secretaría, asesoría, asistencia o de servicio inmediatamente
adscrito a los servidores públicos que no forman parte de ninguna carrera y que, por la
naturaleza de su función, están sujetos a que su nombramiento esté fundado en la
confianza de sus superiores y a que la pérdida de dicha confianza acarree la remoción
del puesto que ocupan.
Servidores públicos de selección: Aquéllos que, cumpliendo los requisitos mínimos
establecidos por la Constitución y la ley, son los Directores y Subdirectores Generales
de las entidades descentralizadas nombradas discrecionalmente por el Órgano
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Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Legislativa, o alguna de sus Comisiones
Permanentes, por el período establecido por la ley. No podrán ocupar sus cargos ni
ejercer sus funciones hasta tanto sean ratificados. También son servidores públicos de
selección, aquéllos ratificados por la Junta Técnica de Carrera Administrativa.
Servidores públicos en período de prueba: Los que aspiran a ingresar a la carrera
administrativa, desde su nombramiento en un puesto público y hasta la evaluación, que
determinará, en un plazo preestablecido, la adquisición de la condición de servidor
público de carrera administrativa.
Servidores públicos en funciones: Aquéllos que al entrar en vigencia esta Ley y su
Reglamento ocupan un puesto público, definido como permanente, hasta que
adquieran mediante los procedimientos establecidos la condición de servidores
públicos de carrera administrativa, o se les desvincule de la función pública.
Servidores públicos eventuales: Son aquéllos que cumplen funciones en puestos
públicos temporales.
Superior jerárquico: Servidor público con autoridad administrativa sobre personal
subalterno y con facultades para tomar decisiones en el ámbito de su competencia.
Traslado: Es la reubicación de un servidor público permanente con status de carrera a
otro puesto del mismo nivel, jerarquía y condiciones económicas, en la misma
institución o en otra incorporada a la carrera administrativa.
Artículo 3.
Son objetivos primordiales de la presente Ley, los siguientes:
1. Garantizar que la administración de los recursos humanos del sector público se
fundamente estrictamente en el desempeño eficiente, el trato justo, el desarrollo
profesional integral, la remuneración adecuada a la realidad socioeconómica del
país, las oportunidades de promoción, así como todo aquello que garantice dentro
del servicio público un ambiente de trabajo exento de presiones políticas, libre de
temor, que propenda a la fluidez de ideas y que permita contar con servidores
públicos dignos, con conciencia de su papel al servicio de la sociedad.
2. Promover el ingreso y la retención de los servidores públicos que se distingan por
su idoneidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad, que son cualidades
necesarias para ocupar los cargos públicos que ampara esta Ley y sus
reglamentos.
3. Establecer un sistema que produzca el mejor servicio público que proteja al servidor
público de carrera administrativa, en sus funciones, de las presiones de la política
partidista; y que garantice a los que obtienen el mandato popular llevar adelante su
programa de gobierno.
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En caso de que alguna norma de esta Ley no sea clara, se interpretará con base en
estos postulados y según el glosario establecido en esta Ley.
Artículo 4.
La carrera administrativa se fundamenta en los siguientes principios:
1. Igualdad de trato y oportunidad de desarrollo económico, social y moral para todos
los servidores públicos, sin discriminación alguna.
2. Incremento de la eficiencia de los servidores públicos y de la administración pública
en general.
3. Equidad y justicia en la administración de los recursos humanos al servicio del
Estado.
4. Competencia, lealtad, honestidad y moralidad del servidor público en sus actos
públicos y privados.
Artículo 5.
La carrera administrativa es obligatoria para todas las dependencias del
Estado y será fuente supletoria de derecho para aquellos servicios públicos que se rijan
por otras carreras públicas legalmente reguladas, o por leyes especiales.
TITULO II
ÓRGANOS SUPERIORES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 6.
Los órganos superiores de carrera administrativa son:
1.
La Dirección General de Carrera Administrativa
2.
La Junta Técnica de Carrera Administrativa
3.
La Junta de Apelación y Conciliación
4.
Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos
CAPÍTULO I
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 7.
Créase la Dirección General de Carrera Administrativa con el propósito de
dar cumplimiento a lo establecido en el Título XI de la Constitución Política.
Artículo 8.
La Dirección General de Carrera Administrativa funcionará como
organismo normativo y ejecutivo de las políticas de recursos humanos que dicte el
Órgano Ejecutivo, y ajustará su actuación a las disposiciones de la Constitución
Política, de la presente Ley y de los reglamentos que se dicten para su desarrollo.
Artículo 9.
Es función de la Dirección General de Carrera Administrativa fundamentar
en métodos científicos la administración de recursos humanos del Estado y, en
consecuencia, cuando esté dentro de sus facultades:
1. Diseñar el sistema de administración de recursos humanos, su organización,
programas y mecanismos de ejecución, información, evaluación y control.
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2. Dictar los reglamentos, sistemas y procedimientos que faciliten la puesta en práctica
de las medidas y disposiciones señaladas en la presente Ley.
3. Ejecutar las políticas de recursos humanos del sector público basadas en las
directrices del Órgano Ejecutivo.
4. Presentar al Ejecutivo el anteproyecto de Ley General de Sueldos y/o sus
modificaciones, en base a los cuales se regirá la administración pública.
5. Administrar el régimen de salarios e incentivos y fiscalizar el régimen disciplinario.
6. Dirigir los programas de evaluación de desempeño y producti vidad; la capacitación
y desarrollo de recursos humanos; los procedimientos de ascensos y traslados; y la
terminación del ejercicio de la función pública.
7. Supervisar las condiciones de seguridad, higiene y bienestar de los servidores
públicos.
8. Autorizar la creación de los cargos de carrera administrativa y conferir el certificado
de status respectivo a quienes cumplan los requisitos para ser considerados como
tales servidores públicos.
9. Colaborar con las carreras públicas establecidas por la Constitución y la Ley en
aspectos técnicos comunes.
10. Informar, por los conductos regulares, a los Órganos Ejecutivo y Legislativo la
evolución y control del sistema de carrera administrativa.
11. Brindar apoyo a la Junta de Apelación y Conciliación, a fin de garantizar la
efectividad de los derechos consagrados en la presente Ley.
12. Ejercer los demás deberes y atribuciones que le confieren esta Ley y sus
reglamentos.
Artículo 10. La Dirección General de Carrera Administrativa tendrá un Director
General, un Subdirector General y el personal directivo, profesional, técnico y de apoyo
requerido para el cumplimiento de las funciones asignadas. Además, contará con las
unidades administrativas encargadas de planificar, organizar y desarrollar las áreas
temáticas de planificación de recursos humanos, clasificación de puestos, retribución e
incentivos, evaluación del desempeño, reclutamiento y selección, capacitación y
desarrollo y los otros temas pertinentes al sistema de carrera administrativa.
Artículo 11. El Director General y el Subdirector General de Carrera Administrativa
serán nombrados por el Presidente de la República, siempre que cumplan con los
requisitos que dispone esta Ley.
El Subdirector General será propuesto por la Junta Técnica de Carrera
Administrativa.
Artículo 12. El Director General de Carrera Administrativa ejercerá sus funciones
hasta el término del ejercicio del Presidente de la República que lo nombró, y tanto éste
como el Subdirector General de Carrera Administrativa cesarán en sus cargos
únicamente por las causales señaladas en esta Ley.
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Artículo 13. La vacante absoluta de los cargos de Director y Subdirector General de
Carrera Administrativa se produce por:
1. Renuncia escrita del servidor público, debidamente aceptada
1. por el Presidente de la República;
2. Invalidez o jubilación, de conformidad con la Ley;
3. Destitución; y
4. Fallecimiento.
En el caso de Director General de Carrera Administrativa, también producirá
vacante absoluta el vencimiento del período para el cual fue nombrado.
Artículo 14. El Presidente de la República tendrá la facultad de destituir al Director y al
Subdirector General de Carrera Administrativa, de acuerdo con las siguientes causales:
1. Incapacidad o incompetencia en el desempeño de sus funciones, determinada
mediante informe motivado de la Junta Técnica, en cuanto al Director General; y en
base a informe motivado del Director General, en cuanto al Subdirector General.
2. Existencia de resolución de tribunal competente que ordena la destitución como
consecuencia de la comisión de delito.
3. Incumplimiento de las políticas de recursos humanos del Órgano Ejecutivo.
Artículo 15. Para ser Director General se requiere:
1. Ser panameño mayor de 30 años;
2. No tener antecedentes delictivos;
3. Tener título universitario y acreditar conocimientos técnicos y prácticos en
administración; y
4. Poseer experiencia no menor de diez (10) años en puestos de jefatura en la
administración estatal o privada.
Artículo 16. El Subdirector General debe llenar los requisitos establecidos para el
puesto de Director General; sin embargo, la experiencia requerida en los numerales 3 y
4 del artículo anterior se refiere específicamente a la administración de recursos
humanos.
Artículo 17. No podrán ser nombrados para el cargo de Director General o de
Subdirector General de Carrera Administrativa:
1. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad con
el Presidente de la República, o con alguno de los miembros del Gabinete, o de los
funcionarios designados o ratificados por la Asamblea Legislativa.
2. Los elegidos para desempeñar puestos de elección popular, mientras dure su
período.
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Artículo 18. El Director General tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar y presentar ante la Junta Técnica el Proyecto de Reglamento Interno y los
reglamentos técnicos de la Dirección General de Carrera Administrativa y proponer
las modificaciones que éstos requieran;
2. Hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;
3. Dirigir y supervisar, de acuerdo a las políticas de recursos humanos, emanadas del
Órgano Ejecutivo, los programas y acciones administrativas y técnicas tendientes a
cumplir los objetivos y funciones que competen a la Dirección General de Carrera
Administrativa;
4. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección General de Carrera
Administrativa; y
5. Cumplir todas aquéllas que le señalen esta Ley y sus reglamentos.
Artículo 19. El Subdirector General tendrá las siguientes funciones:
1. Reemplazar al Director General, en sus ausencias temporales y en las absolutas,
hasta que se provea oficialmente su reemplazo;
2. Asistir al Director General en sus funciones; y
3. Cumplir todas aquéllas que le señalen esta Ley y sus reglamentos.
Artículo 20. Los actos provenientes de la Dirección General de Carrera Administrativa
admiten recursos de reconsideración y de apelación, ante la Junta de Apelación y
Conciliación.
CAPÍTULO II
JUNTA TÉCNICA DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 21. Constitúyase una Junta Técnica, integrada por siete miembros escogidos
de la siguiente forma:
1. Un representante del Presidente de la República, quien la presidirá.
1. Dos representantes de los servidores públicos de carrera administrativa.
2. Un representante de las universidades estatales.
3. Un representante de las universidades privadas.
4. Un representante de las organizaciones de administradores de recursos humanos.
6. Un representante de los jefes de departamento de recursos humanos del sector
público que sean de carrera administrativa.
Cada uno de estos representantes tendrá su respectivo suplente, que será elegido y
nombrado de igual forma que el principal.
A excepción de los representantes mencionados en los numerales 2 y 6, los
miembros de la Junta Técnica no podrán ser de carrera administrativa.
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Artículo 22. La primera Junta Técnica será elegida por las personas y organizaciones
correspondientes. En los casos necesarios se utilizará el sorteo para seleccionar a los
miembros de la Junta Técnica.
La primera Junta Técnica tendrá una vigencia no mayor de seis meses. En este
lapso tendrá como función realizar los reglamentos para:
a. Establecer el procedimiento de elección de los miembros de la Junta Técnica de
Carrera Administrativa.
b. Establecer el procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Apelación
y Conciliación de Carrera Administrativa.
Artículo 23. Para ser miembro de la Junta Técnica se requiere:
1. Ser panameño;
2. No haber sido condenado por delitos contra la administración pública;
3. Tener título universitario y acreditar amplios conocimientos en administración de
recursos humanos;
4. Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia en puestos de jefatura en la
administración estatal o privada; y
5. Ser electo de acuerdo al procedimiento reglamentario.
Artículo 24. Los miembros de la Junta Técnica serán nombrados por el Presidente de
la República, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley y los reglamentos y por
un período de cuatro (4) años. A pesar de lo anterior, los miembros de la Junta Técnica
electos inmediatamente después de aprobado el reglamento de elección, serán
nombrados por períodos de uno (1) a cuatro (4) años, de manera que el relevo se dé
en forma escalonada.
En el sentido antes expuesto, y en razón de la progresiva incorporación de los
servidores públicos al régimen de carrera administrativa, en sus inicios los miembros de
la Junta Técnica contemplados en los numerales 2 y 6 del Artículo 21 no necesitarán
ser servidores públicos de carrera administrativa.
Los primeros miembros de la Junta Técnica a que hace referencia este artículo,
serán nombrados así:
1. El representante del Presidente, de libre nombramiento y remoción.
2. Los representantes de los servidores públicos en funciones, por tres (3) años cada
uno.
3. El representante de las universidades estatales, por cuatro (4) años.
4. El representante de las universidades privadas, por cuatro (4) años.
5. El representante de las organizaciones de administradores de recursos humanos,
por dos (2) años.
6. El representante de los jefes de departamento de recursos humanos del Estado en
funciones, por dos (2) años.
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Artículo 25. Los miembros de la Junta Técnica no recibirán sueldo alguno del Estado
por razón de su cargo, pero recibirán dietas equivalentes al dos por ciento (2%) del
salario base mensual del Director General de Carrera Administrativa por las dos
primeras reuniones del mes a que asistan, y al uno por ciento (1%) por las siguientes.
Artíc ulo 26. Son funciones de la Junta Técnica:
1. Asesorar al Presidente de la República en materia de administración de recursos
humanos;
2. Proponer al Presidente de la República políticas de recursos humanos del Sector
Público, acompañadas con las recomendaciones que estime convenientes para el
mejoramiento de este sistema;
3. Evaluar el desempeño del Director General;
4. Aprobar o rechazar el reglamento interno de la Dirección General de Carrera
Administrativa y los reglamentos técnicos presentados por la Dirección General; y
5. Cumplir todas aquéllas que le señale esta Ley y sus reglamentos.
CAPÍTULO III
JUNTA DE APELACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 27. Con el objetivo de evitar, superar o resolver las dudas y conflictos
individuales y colectivos que surjan en el desarrollo de esta Ley y sus reglamentos,
créase la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa. La Junta
aplicará la presente ley en base a los principios de equidad y justicia, y tomando en
cuenta la eficacia y eficiencia del servicio público.
Artículo 28. Son funciones de la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera
Administrativa:
1. Resolver las apelaciones a los actos administrativos provenientes de la Dirección
General de Carrera Administrativa.
2. Resolver en segunda instancia las apelaciones propuestas contra las destituciones
de servidores públicos.
3. Aplicar el reglamento de procedimiento para resolver los conflictos colectivos en el
sector público;
4. Dictar su reglamento de funcionamiento interno; y
5. Cumplir las que le señalen la Ley y los reglamentos.
Artículo 29. La Junta de Apelación y Conciliación estará integrada por:
1. Un representante de la Dirección General de Carrera Administrativa;
2. Dos representantes de los servidores públicos de carrera administrativa; y
3. Dos representantes de los usuarios de los servidores públicos.
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Artículo 30. A las reuniones de la Junta de Apelación y Conciliación asistirá por lo
menos un delegado de la Dirección General de Carrera Administrativa, sólo en calidad
de asesor legal, por lo q ue tendrá derecho a voz, pero no voto.
Artículo 31. La forma de elección de los miembros de la Junta de Apelación y
Conciliación será determinada por el reglamento que dice la Junta Técnica de Carrera
Administrativa.
Artículo 32. Para ser miembro de la Junta de Apelación y Conciliación se requiere:
1. Ser panameño;
2. No haber sido condenado por delito contra la administración pública;
3. Tener título universitario y acreditar amplios conocimientos en administración de
recursos humanos.
4. Ser electo de acuerdo al procedimiento reglamentario.
Artículo 33. Los miembros de la Junta de Apelación y Conciliación serán nombrados
por el Presidente de la República por un período de cinco (5) años y sólo podrán ser
destituidos por las siguientes causas:
1. Incapacidad o incompetencia en el desempeño de sus funciones.
2. Existencia de resolución judicial que ordene la destitución como consecuencia de la
comisión de delito.
Artículo 34. El Órgano Ejecutivo podrá crear, a propuesta de la Junta de Apelación y
Conciliación, Juntas Provi nciales de Apelación y Conciliación, las cuales tendrán
jurisdicción en una o dos provincias. Su composición, funciones y procedimiento
guardarán proporción con la Junta de Apelación y Conciliación nacional.
Artículo 35. La Junta de Apelación y Conciliación contará con los recursos humanos y
equipo necesario para el mejor desempeño de sus funciones. Estos recursos humanos
consistirán en servidores públicos de carrera administrativa.
CAPÍTULO IV
OFICINAS INSTITUCIONALES DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 36. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos de las entidades del
sector público tendrán las funciones siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir, en sus respectivas instituciones, la presente Ley, sus
reglamentos y las disposiciones que emanen de la Dirección General de Carrera
Administrativa;
2. Asesorar al personal directivo de la institución pública respectiva, en la aplicación de
las normas y procedimientos de los programas técnicos de administración de
recursos humanos y en acciones disciplinarias;
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3. Ejecutar las actividades técnicas y coordinar los diversos programas con la
Dirección General de Carrera Administrativa;
4. Desarrollar y tramitar las acciones del personal de su competencia, para que sigan
las normas y procedimientos establecidos en esta Ley y sus reglamentos;
5. Llevar los controles, registros y estadísticas del personal de la entidad;
6. Participar en la preparación de los anteproyectos de presupuesto del personal de la
respectiva institución; y
7. Cumplir todas aquéllas que le señalen esta Ley y los reglamentos.
Artículo 37. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos realizarán los trámites
en casos de accidentes laborales y de enfermedades ocupacionales, ante la Caja del
Seguro Social; y servirán de enlace con esta institución para dar cumplimiento a las
normas establecidas en la legislación, en materia de riesgos profesionales.
TITULO III
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 38. Las instituciones consultarán a la Dirección General de Carrera
Administrativa sus requerimientos de recursos humanos, de acuerdo con el calendario
para la preparación del proyecto de Presupuesto General del Estado. Estas consultas
se basarán en la metodología que, para tal efecto, proporcione la Dirección General de
Carrera Administrativa.
El Ministerio de Planificación y Política Económica no procesará modificaciones a la
estructura de personal de las instituciones públicas que no hayan sido consultadas
previamente a la Dirección General de Carrera Administrativa al tenor de lo que
establece el presente artículo.
Artículo 39. Cada puesto de trabajo tendrá la descripción específica de las tareas
inherentes y los requisitos mínimos para ocuparlo. Las descripciones deberán ser
revisadas y actualizadas periódicamente.
Artículo 40. La clasificación de puestos tendrá su correspondiente nomenclatura, de
acuerdo a la definición de los deberes, responsabilidades y requisitos mínimos. Cada
puesto tendrá un grado asignado según su complejidad y jerarquía.
Artículo 41. La clasificación y reclasificación de los puestos entrará en vigencia
mediante resolución que expida la Dirección General de Carrera Administrativa.
Artículo 42. La Dirección General de Carrera Administrativa, en coordinación con las
entidades estatales relacionadas con salud y trabajo, hará cumplir las normas de salud
ocupacional y seguridad laboral.
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TITULO IV
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA
SECCIÓN I
NORMAS GENERALES DE INGRESO
Artículo 43. Todo panameño, sin discriminación alguna, puede aspirar a desempeñar
un cargo público, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en la presente
Ley y sus reglamentos.
Artículo 44. No podrán optar para ocupar puestos públicos, las personas que guardan
relaciones de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad con la autoridad nominadora de la misma institución.
Artículo 45. La Dirección General de Carrera Administrativa reclutará recursos
humanos, en función de las necesidades declaradas con antelación por cada
institución.
Artículo 46. La Dirección General de Carrera Administrativa podrá descentralizar la
ejecución de los procedimientos de selección, cuando se apliquen a clases de puestos
específicos a una institución.
Artículo 47. Las necesidades de recursos humanos
deben tramitarse
ininterrumpidamente, de tal manera que satisfagan oportunamente los requerimientos
del sector público.
Artículo 48. El servidor público que ingrese a la administración pública siguiendo las
normas de reclutamiento y selección establecidas en esta Ley y sus reglamentos,
adquirirá el status de servidor público de carrera administrativa tan pronto cumpla su
período de prueba con una evaluación satisfactoria.
Artículo 49. Los servidores públicos de carrera administrativa son permanentes o
interinos:
1. Son servidores públicos de carrera administrativa permanentes aquéllos que
ocupan un puesto público en propiedad.
2. Son servidores públicos de carrera administrativa interinos aquellos servidores
públicos de carrera administrativa que reemplazan a los permanentes en sus
ausencias, durante el tiempo que dure la misma, o los que ocupan un puesto que no
ha sido provisto de un responsable en propiedad.
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Artículo 50. La autoridad nominadora será siempre la máxima autoridad de la
institución estatal correspondiente y comunicará a la Dirección General de la Carrera
Administrativa, para su debido registro, los nombramientos que realice, los que deben
hacerse de acuerdo a los requisitos que establece la Ley.
Artículo 51. La selección se hará en base a la competencia profesional, al mérito y la
moral pública de los aspirantes, aspectos que se comprobarán mediante instrumentos
válidos de medición, previamente preparados, aprobados y aplicados por la Dirección
General de Carrera Administrativa.
Artículo 52. Los instrumentos de selección son: el concurso de antecedentes, los
exámenes de libre oposición, las evaluaciones de ingreso y cualquier combinación de
los anteriores.
Artículo 53. Para lograr la objetividad en la administración de los instrumentos de
selección, se establecerán normas y procedimientos claros, precisos y objetivos, que
garanticen la transparencia del sistema.
Artículo 54. En los casos en que el instrumento utilizado sea el examen de libre
oposición o concurso de antecedentes, se asignará a cada aspirante una clave o
equivalente que impida al calificador conocer la identidad del aspirante.
Artículo 55. Los procedimientos de ingreso a la Carrera Administrativa se harán
siempre mediante los instrumentos de selección contemplados en esta Ley.
Artículo 56. Son procedimientos de ingreso a la carrera administrativa:
1. Procedimiento ordinario de ingreso
2. Procedimiento especial de ingreso
Artículo 57. La Dirección General de Carrera Administrativa efectuará la convocatoria
oficial para participar en los procedimientos mencionados, por lo menos con veinte (20)
días hábiles de antelación a la realización de su primera etapa, mediante aviso
accesible al público interesado.
Artículo 58. La Dirección General de Carrera Administrativa tendrá la obligación de
publicar y poner a disposición del interesado las calificaciones obtenidas por los
aspirantes, una vez concluya el proceso de ingreso.
Artículo 59. La Dirección General de Carrera Administrativa confeccionará y
mantendrá actualizados los dos siguientes registros:
1. Registro de reingreso
2. Registro de elegibles.
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Artículo 60. Los registros de que trata el artículo anterior, deben confeccionarse de
forma que puedan ser consultados por la propia institución y por otras instituciones
estatales.
SECCIÓN II
PROCEDIM IENTO ORDINARIO DE INGRESO
Artículo 61. El procedimiento ordinario de ingreso es el procedimiento regular para
incorporarse a la carrera administrativa. Este procedimiento se desarrollará mediante el
cumplimiento de dos (2) etapas principales, que serán debidamente ponderadas, según
las exigencias del puesto, y debidamente comunicadas a los participantes, a saber:
1. Concurso de antecedentes o examen de libre oposición
2. Evaluación de ingreso
Artículo 62. Las convocatorias para la aplicación del Procedimiento Ordinario de
Ingreso se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente orden de prelación:
1ro. Convocatoria para los inscritos en el registro de reingreso.
2do. Convocatoria para los inscritos en el registro de elegibles.
3ro. Convocatoria pública.
Únicamente podrá obviarse el orden de prelación, cuando la Dirección General de
Carrera Administrativa certifique la inexistencia de aspirantes en los respectivos
registros para el puesto vacante.
Artículo 63. En los concursos de antecedentes, cada aspirante aportará sus créditos.
Estos serán revisados y calificados, de acuerdo con el reglamento que para tal fin se
haya preparado.
Artículo 64. En los exámenes de libre oposición, los aspirantes presentarán pruebas
escritas, orales, y prácticas, según las funciones del puesto. Los resultados de estas
pruebas serán revisados y calificados, según lo establezca el reglamento que para tal
fin se haya preparado.
Artículo 65. Concluida la primera etapa, los tres aspirantes con mejor calificación
serán sometidos a una Evaluación de Ingreso por parte de su superior inmediato al
puesto vacante. Esta evaluación se obtendrá mediante una entrevista personal e
individual.
Artículo 66. Realizadas las entrevistas, el superior inmediato hará la recomendación
de nombramiento a la autoridad nominadora, que actuará discrecionalmente, pero no
podrá elegir sino dentro de la terna seleccionada.
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SECCIÓN III
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INGRESO
Artículo 67. El procedimiento especial de ingreso es un procedimiento excepcional,
diseñado para regular la incorporación de los servidores públicos en funciones al
régimen de carrera administrativa al momento de entrar en vigor el Reglamento que
desarrolle esta Ley. El Reglamento regulará los mecanismos que le son propios para
garantizar que el servidor público en funciones que demuestre poseer los requisitos
mínimos del puesto, sea incorporado automáticamente a la carrera administrativa.
SECCIÓN IV
NOMBRAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Y PERÍODO DE PRUEBA
Artículo 68. La autoridad nominadora debe formalizar el nombramiento de los recursos
humanos seleccionados, a más tardar quince (15) días hábiles después de concluido el
proceso de selección. La persona nombrada deberá estar disponible inmediatamente
para ejercer el cargo.
Se causarán salarios desde el momento en que se perfeccione el nombramiento y
se inicien labores.
Artículo 69. Período de Prueba es el lapso no menor de un (1) mes ni mayor de un (1)
año, que transcurre desde el nombramiento de un aspirante a puesto público de carrera
administrativa hasta su evaluación, de acuerdo con el Reglamento técnico respectivo,
que determinará, al final de este término, la adquisición de la calidad de servidor
público de carrera administrativa, o de otra manera su desvinculación del servicio
público.
TITULO V
ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 70. Son acciones de recursos humanos, entre otras señaladas por la Ley o
los reglamentos, las siguientes:
1. Retribución
2. Traslados
3. Ascensos
4. Ausencias justificadas
5. Evaluaciones
6. Capacitaciones
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7. Bonificaciones
8. Incentivos
9. Retiros de la administración pública
10. Reintegros.
Artículo 71. Toda acción de recursos humanos deberá ser coordinada con la Oficina
Institucional de Recursos Humanos y el jefe inmediato del servidor público involucrado
en la acción de que se trate; y, en los casos en que corresponda, debe considerarse la
última evaluación del desempeño, que se haya realizado en los últimos doce (12)
meses.
Artículo 72. La Dirección General de Carrera Administrativa deberá preparar, en
coordinación con las direcciones nacionales correspondientes, un manual detallado de
los procedimientos que se deben seguir para tramitar las distintas acciones de recursos
humanos. El manual debe ser cumplido a cabalidad y de manera uniforme por las
Oficinas Institucionales de Recursos Humanos.
CAPÍTULO II
RETRIBUCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 73. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por retribución del puesto de
trabajo el sueldo, gastos de representación, sobretiempo, compensaciones, diferencial
y demás prestaciones que reciban los servidores públicos, siempre y cuando les
corresponda por sus servicios. La retribución debe adecuarse al tiempo efectivamente
laborado por el servidor público; y no serán parte de la retribución los gastos de
alojamiento, alimentación, uniformes, transporte y otros similares que son catalogados
como viáticos o dietas.
Artículo 74. La retribución de los puestos tomará en cue nta la clasificación, la realidad
fiscal y las condiciones del mercado de trabajo, de acuerdo con las políticas de
recursos humanos del sector público.
Artículo 75. Ninguna persona podrá entrar al sistema de carrera administrativa con
una retribución inferior al sueldo base asignado al puesto.
Artículo 76. La política de retribución se revisará periódicamente, para garantizar al
servidor público un salario que le permita mantener una condición de vida digna y
decorosa.
La Ley General de Sueldos será revisada por lo menos cada dos (2) años, de
acuerdo con las políticas de recursos humanos del sector público.
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Artículo 77. Aquel servidor público que, al entrar en vigencia la Ley General de
Sueldos, tenga una retribución inferior al sueldo base del puesto, será objeto de los
ajustes requeridos para ubicarlo en el nivel correspondiente. En caso de que la
cantidad requerida pueda ser absorbida por el presupuesto vigente, se deberá
conceder la totalidad del ajuste, pero, en su defecto, debe realizarse el prorrateo
necesario para tal fin.
Artículo 78. Cuando se incorporen al sistema de carrera administrativa grupos
laborales que hubiesen sido administrados por otras carreras o sistemas, si sus
salarios son superiores a los que rigen dentro de la carrera administrativa, ingresarán
con el salario de su sistema particular, en caso de que exista la partida. En caso de que
su salario fuera inferior, se equipará al de la carrera administrativa. La Ley General de
Sueldos regulará el resto de la materia.
CAPÍTULO III
TRASLADOS
Artículo 79. En ningún caso se efectuarán traslados por razones disciplinarias.
Artículo 80. Para el traslado de un servidor público deben darse las siguientes
condiciones:
1. Que haya una necesidad debidamente comprobada en el servicio;
2. Que exista la vacante y partida presupuestaria correspondiente;
3. Que el servidor público acepte el traslado;
4. Que exista la aprobación previa del jefe inmediato y del jefe de la oficina donde se
trasladará; y
5. Que no represente ninguna erogación adicional a la institución ni disminución de la
eficacia de la actividad o servicio que prestaba.
CAPÍTULO IV
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Artículo 81. Los servidores públicos podrán ausentarse justificadamente del puesto de
trabajo, siempre que las ausencias se encuentren dentro de las previsiones del
presente capítulo.
Artículo 82. Acreditan la ausencia justificada:
1. Permisos
2. Licencias
3. Tiempo compensatorio reconocido
4. Separación del Cargo
5. Vacaciones.
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Artículo 83. Los permisos son las ausencias justificadas del puesto de trabajo por un
máximo de dieciocho (18) días al año.
Se puede solicitar permisos por las siguientes causas:
1. Enfermedad del servidor público.
2. Duelo
3. Matrimonio del servidor público
4. Nacimiento de hijo del servidor público
5. Enfermedad de parientes cercanos
6. Eventos académicos puntuales
7. Otros asuntos personales de importancia.
El servidor público debe coordinar la utilización de los permisos que solicite con su
superior inmediato, pero no podrá exceder los dieciocho (18) días anuales.
Artículo 84. Las licencias son las ausencias justificadas del puesto de trabajo
motivadas por situaciones distintas a las de los permisos. Su trámite deberá estar
debidamente reglamentado.
Artículo 85. Habrá tres clases de licencia: con sueldo, sin sueldo y especiales.
Artículo 86. Las licencias con sueldo se otorgan por:
1. Estudios
2. Capacitación
3. Representación de la institución, el Estado o el país
4. Representación de la asociación de servidores públicos.
Artículo 87. Las licencias sin sueldo se conceden para:
1. Asumir un cargo de elección popular.
2. Asumir un cargo de libre nombramiento y remoción.
3. Estudiar
4. Asuntos personales.
Artículo 88. Se denominan licencias especiales las remuneradas por el sistema de
seguridad social, y son causadas por:
1. Gravidez
2. Enfermedad que produzca incapacidad superior a quince (15) días.
3. Riesgos profesionales.
Artículo 89. Se entiende por tiempo compensatorio el proceso de retribuir al servidor
público con descanso remunerado por los períodos en que ha permanecido laborando
después de la jornada de trabajo regular o por la asistencia a seminarios obligatorios
efectuados en horarios distintos a su jornada de trabajo.
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Artículo 90. Sólo tendrá acceso a los beneficios de tiempo compensatorio el servidor
público que, en el desarrollo de las políticas de recursos humanos que aplique el
Estado, le corresponda efectivamente, y se compruebe su asistencia mediante los
mecanismos de control diseñados al efecto.
Artículo 91. Para la concesión del tiempo compensatorio, es requisito que los
sobretiempos o los seminarios obligatorios hayan sido aprobados por el superior
inmediato.
Artículo 92. Las siguientes materias serán objeto de reglamentación obligatoria:
1. El máximo de tiempo compensatorio que puede acumularse.
2. La sanción a los servidores públicos con personal a su cargo que se ext ralimiten en
la concesión del tiempo compensatorio.
3. El plazo dentro del cual puede hacerse efectivo el tiempo compensatorio.
Artículo 93. Si un servidor público desea separarse voluntariamente de su cargo para
atender demandas judiciales contra su persona, debe acogerse a lo dispuesto para las
licencias sin sueldo por asuntos personales.
Artículo 94. Todo servidor público tendrá derecho a descanso anual remunerado. El
descanso se calculará a razón de treinta (30) días por cada once (11) meses continuos
de trabajo, o a razón de un (1) día por cada once (11) días de trabajo efectivamente
servido, según corresponda.
En base al programa de vacaciones acordado, es obligatorio para los servidores
públicos con recursos humanos a su cargo, autorizar las vacaciones del personal; y
para los servidores públicos en general, tomar sus respectivas vacaciones.
Artículo 95. En cada institución, las instancias administrativas correspondientes
deben:
1. Programar y hacer cumplir el derecho al descanso obligatorio de los servidores
públicos.
1. Evitar que los servidores públicos acumulen más de dos meses de vacaciones.
2. Asegurar que las vacaciones no se tomen en períodos fraccionados menores a
quince (15) días cada uno.
Artículo 96. En caso de retiro o terminación de la función del servidor público, el
Estado debe cancelarle las vacaciones vencidas y las proporcionales, en un término no
mayor de treinta (30) días a partir de la fecha efectiva de su retiro.
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CAPÍTULO V
CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
Artículo 97. Los programas de inducción, capacitación, adiestramiento y desarrollo
deben ser compatibles con las prioridades nacionales, sectoriales y regionales de
recursos humanos.
Artículo 98. El plan nacional de capacitación y desarrollo de los recursos humanos del
sector público integrará los programas institucionales, sectoriales y nacionales, y
contemplará la capacitación que debe ofrecerse en el exterior con el apoyo de fuentes
bilaterales u organismos multilaterales, así como en las distintas instituciones o centros
nacionales de educación, formación profesional, vocacional y otros.
Artículo 99. El servidor público, una vez haya tomado posesión, será sometido a un
proceso obligatorio de inducción, con el objeto de integrarlo, ambientarlo, orientarlo y
situarlo, en el menor tiempo posible, dentro del sector público y de su respectivo ámbito
institucional. Además, debe ser informado de sus deberes, derechos, prohibiciones y
de las generalidades de su cargo y normas relativas al régimen de carrera
administrativa.
Artículo 100. La Dirección General de Carrera Administrativa proveerá la metodología
uniforme sobre el proceso de inducción a las distintas Oficinas Institucionales de
Recursos Humanos, así como los documentos generales que permitan al nuevo
funcionario su pronta integración a la administración público.
Artículo 101. Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos prepararán los
manuales específicos para el proceso de integración del nuevo funcionario a la
respectiva institución, de conformidad con las guías escritas que para el propósito
elabore la Dirección General de Carrera Administrativa.
Artículo 102. Corresponde al jefe inmediato del nuevo funcionario proveerle, por escrito,
las instrucciones específicas del puesto de trabajo.
Artículo 103. La Dirección General de Carrera Administrativa formulará las políticas de
capacitación y preparará las normas técnicas por las cuales debe regirse la
capacitación; también coordinará la elaboración de guías de instrucción comunes a
todo el sistema. Cada institución ejecutará las acciones dirigidas a su personal o
aquéllas que estén en el área de su competencia.
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Artículo 104. La capacitación debe dirigirse a todos los funcionarios de los distintos
niveles jerárquicos, tanto en las áreas propias de ejecución profesional como en las de
índole administrativa.
Artículo 105. La efectividad de los distintos programas de capacitación debe ser
evaluada por la Dirección General de Carrera Administrativa.
Artículo 106. Los estudios de educación básica, media y superior conducentes a la
obtención de un grado académico, no se considerarán actividades de capacitación ni
responsabilidad de la institución.
Artículo 107. Podrán celebrarse convenios con organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales destinados a brindar programas de capacitación. Los
convenios con organismos internacionales se celebrarán cuando éstos no sean
onerosos para el Estado; o en el caso de que siendo oneroso, no se pueda prestar el
servicio en el país en condiciones similares.
Artículo 108. Los servidores públicos que manifiesten su intención de participar en
cursos de capacitación y sean seleccionados, tendrán la obligación de asistir a los
cursos desde el momento en que hayan sido seleccionados; y las evaluaciones que
obtengan deben formar parte de su expediente personal.
Lo
anterior implicará la obligación del servidor público de continuar
desempeñándose en la institución respectiva o en otra de la administración pública, por
lo menos el doble del tiempo tomado en el curso de capacitación, y para la
administración que lo haga en el campo de su especialización.
Artículo 109. El servidor público que no cumpla lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo anterior, deberá reembolsar a la institución que corresponda el gasto en que
ésta haya incurrido con motivo de la capacitación. Mientras la persona no efectúe este
reembolso, quedará inhabilitada para volver a ingresar a la administración pública. La
autoridad que corresponda debe informar este hecho a la Dirección General de Carrera
Administrativa y a la Contraloría General de la República.
CAPÍTULO VI
BONIFICACIONES LOS SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 110. La bonificación por antigüedad se calcula tomando en cuenta los años
laborados, desde la adquisición del status de servidor público de carrera administrativa
al último sueldo devengado.
Sólo recibirán bonificación por antigüedad los servidores públicos de carrera
administrativa que dejen su puesto por renuncia, jubilación, o reducción de fuerza.
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Al completar diez (10) años de servicios, tendrá derecho a cuatro (4) meses de
sueldo por bonificación.
Al completar quince (15) años de servicios, tendrá derecho a seis (6) meses de
sueldo por bonificación.
Al completar veinte (20) años de servicios, tendrá derecho a ocho (8) meses de
sueldo por bonificación.
Al completar veinticinco (25) años de servicios, tendrá derecho a diez (10) meses de
sueldo como bonificación.
Artículo 111. En caso de fallecimiento del servidor público, se le concederá el último
mes de sueldo al beneficiario previamente designado o, en su defecto, a sus
herederos.
CAPÍTULO VII
INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTATIVA
Artículo 112. La Dirección General de Carrera Administrativa, en coordinación con las
autoridades nominadoras, establecerá programas de motivación para los servidores
públicos de carrera, a efecto de incentivar su productividad, eficiencia, y mejorar su
desarrollo moral, social, cultural y su espíritu de trabajo.
Artículo 113. Los programas motivacionales establecerán incentivos económicos,
morales y socioculturales, basados estrictamente en el desempeño del servidor público.
Artículo 114. Las partidas presupuestarias que se requieran para el cumplimiento de los
programas motivacionales serán incorporadas en el Presupuesto General del Estado,
previa coordinación entre las instituciones donde se desarrollen los programas y la
Dirección General de Carrera Administrativa.
Artículo 115. Cada institución, con la guía y orientación de la Dirección General de
Carrera Administrativa, elaborará y ejecutará el programa específico para otorgar los
incentivos económicos, morales y socioculturales.
CAPÍTULO VIII
EVALUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
Artículo 116. Se establece un sistema de evaluación del desempeño y rendimiento para
que sirva de base a los sistemas de retribución, incentivos, capacitación y destitución.
Artículo 117. El sistema de evaluación del desempeño y rendimiento constituye un
conjunto de normas y procedimientos para evaluar y calificar el rendimiento de los
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servidores públicos. La evaluación y la calificación se basarán únicamente en el
desempeño y rendimiento, sin prejuicios de ninguna índole.
Artículo 118. Las evaluaciones son de tres clases: de ingreso, ordinarias y
extraordinarias.
Artículo 119. Las evaluaciones tienen efecto correctivo y motivacional, según sea el
caso, y deben ser realizadas por el superior inmediato del evaluado, discutidas con
éste y enviadas a la Oficina Institucional de Recursos Humanos en la dependencia
respectiva, o a la Dirección General de Carrera Administrativa, según corresponda.
Artículo 120. La evaluación de ingreso es la que se realiza al servidor público que se
encuentra en período de prueba. Esta evaluación se enviará a la Dirección General de
Carrera Administrativa y determina la incorporación del servidor público a la carrera
administrativa o su desvinculación del servicio público.
Artículo 121. La evaluación ordinaria es aquélla que controla el desempeño y
rendimiento del servidor público de carrera administrativa. Se realiza una vez al año por
el superior inmediato del evaluado y sus resultados se enviarán a la Dirección General
de Carrera Administrativa. También es evaluación ordinaria la realizada en un período
no mayor de tres (3) meses, posterior a una evaluación no satisfactoria.
Artículo 122. La evaluación extraordinaria es la que permite controlar el desempeño y
rendimiento del servidor público de carrera administrativa entre las evaluaciones
anuales. Esta evaluación no tiene efecto definitivo y su finalidad es orientar al servidor
público para que pueda hacer las correcciones, en caso necesario, antes de la
evaluación ordinaria.
Artículo 123. Las evaluaciones se harán en base a sistemas y las escalas
determinadas por vía reglamentaria.
CAPÍTULO IX
RETIROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 124. El servidor público quedará retirado de la administración pública por los
casos siguientes:
1.
Renuncia escrita del servidor público, debidamente aceptada
2.
Reducción de fuerza
3.
Destitución
4.
Invalidez o jubilación, de conformidad con la ley.
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Artículo 125. El servidor público puede presentar renuncia de su cargo cuando lo
estime conveniente.
Sin embargo, no debe abandonar el puesto sin haber comunicado a su jefe
inmediato la decisión de su renuncia, por lo menos con quince (15) días de
anticipación. En caso de que incurra en la violación de esta norma, se le descontará de
su liquidación el equivalente a una semana de trabajo.
Artículo 126. El Órgano Ejecutivo, dentro de los parámetros establecidos en el siguiente
artículo y previa consulta con el Director General y autorización de la Junta Técnica de
Carrera Administrativa, podrá declarar cesantes a los servidores públicos, en la
cantidad necesaria por causa de reducción de fuerza, sin perjuicio de los
procedimientos y las indemnizaciones correspondientes.
Artículo 127. Cuando sea necesaria una reducción de fuerza, el Órgano Ejecutivo,
previa consulta con el Director General y la autorización de la Junta Técnica de Carrera
Administrativa y el concepto favorable de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
Legislativa, decretará un programa de reducción de fuerza que garantice la
consecución de los siguientes objetivos:
1. Definir qué categorías y qué puestos van a ser afectados.
2. Fijar el orden de la reducción de fuerza.
3. Determinar cuáles servidores públicos afectados pueden ser trasladados a otros
puestos.
4. Agotar todas las vías posibles para ayudar a los servidores públicos afectados a
encontrar otros empleos.
5. Notificar a los servidores públicos afectados, por lo menos treinta (30) días antes de
su separación del cargo.
6. Eliminar las respectivas posiciones y partidas presupuestarias de los servidores
públicos afectados.
Artículo 128. Las reducciones de fuerza del Estado afectarán, en su orden, dentro de
cada categoría del programa de reducción de fuerza, a los siguientes servidores
públicos:
1. Servidores públicos sin status de carrera o en período de prueba en base a la
menor antigüedad de servicio.
2. Servidores públicos de carrera de menor puntuación dentro de las respectivas
evaluaciones de rendimiento, antigüedad de servicio y antecedentes.
3. Servicios públicos solteros sin dependientes.
Artículo 129. En ningún caso serán objeto de reducción de fuerza los puestos de:
1. Las servidoras públicas en estado de gravidez o con fuero de maternidad.
2. Los directivos de las asociaciones de servidores públicos legalmente reconocidas.
3. Los servidores públicos discapacitados.
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Artículo 130. Cuando se produzca el retiro por la reducción de fuerza, el servidor
público de carrera que resulte afectado quedará sujeto al procedimiento ordinario de
ingreso, e incorporará sus datos al registro de reingreso en el orden de la fecha de su
separación, a fin de que pueda reincorporase con prioridad al servicio público, en caso
de que surja la vacante y pase satisfactoriamente las pruebas respectivas.
Artículo 131. En base al programa de reducción de fuerza, los servidores públicos de
carrera administrativa que sean cesados del servicio público tendrán derecho a una
indemnización no menor del equivalente a cuatro (4) meses ni mayor de diez y ocho
(18) meses de su salario compuesto en atención a su antigüedad y a la situación
financiera del Estado. La Dirección General de Carrera Administrativa elaborará el
reglamento relativo a esta materia.
Artículo 132. Los servidores públicos de carrera administrativa se regirán por las
regulaciones que para los efectos de jubilación e invalidez estén estipulados en la Ley
de la Caja de Seguro Social o en leyes especiales.
CAPÍTULO X
REINTEGRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 133. Reintegro es la acción de personal por medio de la cual la autoridad
nominadora, por propia iniciativa o en cumplimiento de orden proveniente de autoridad
competente, devuelve a un ciudadano su calidad de servidor público, siempre que éste
haya sido privado previamente de la misma en forma permanente por efecto de la
acción de destitución, o en forma temporal por efecto de la acción de separación del
cargo.
Artículo 134. El servidor público reintegrado tendrá derecho a los salarios dejados de
percibir desde su separación del cargo o desde su destitución y hasta el momento en
que se haga efectivo su reintegro, y deberá ocupar el mismo cargo salvo que éste
acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración.
TITULO VI
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES
Y REGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
DERECHOS
Artículo 135. Los servidores públicos en general tendrán derecho a:
1. Ejercer las funciones atribuidas a su cargo;
2. Tomar o disfrutar del descanso anual remunerado y vacaciones proporcionales;
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3. Optar por licencias sin sueldo y especiales;
4. Recibir remuneración;
5. Percibir compensación por jornadas extraordinarias;
6. Recibir indemnización por reducción de fuerza, accidente de trabajo, o
enfermedades profesionales;
7. Gozar de los beneficios, prestaciones y bonificaciones generales establecidos por la
Constitución, las leyes y los reglamentos, y otros que decrete el gobierno;
8. Participar en el programa de bonificaciones especiales, en caso de creación de
inventos o metodologías que produzcan ahorros o mejoras en los servicios públicos;
9. Gozar de confidencialidad en las denuncias relativas al incumplimiento del régimen
disciplinario por parte de terceros;
10. Solicitar y obtener resultados de informes, exámenes y demás datos personales en
poder de la Dirección General de Carrera Administrativa o de la institución en la que
labora, y de los resultados generales de las evaluaciones de los recursos humanos
del Estado o de alguna de sus dependencias;
11. Recurrir las decisiones de las autoridades administrativas;
12. Conocer y obtener sus evaluaciones periódicas;
13. Negociar colectivamente los conflictos y aquellos elementos del régimen de los
servidores públicos que no se prohíban expresamente por ley;
14. Gozar de la jubilación;
15. Capacitarse y/o adiestrarse;
16. Trabajar en ambiente seguro, higiénico y adecuado;
17. Trabajar con equipo y maquinaria en buenas condiciones físicas y mecánicas;
18. Contar con implementos adecuados que garanticen su protección, salud y
seguridad de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, y sin que ello conlleve costo
alguno para el servidor público;
19. Hacer las recomendaciones válidas para el mejoramiento de la buena imagen de la
administración pública, en todo momento y en especial en caso de conflictos;
20. Gozar de los demás derechos establecidos en la presente Ley y en sus
reglamentos;
21. Ejercer el derecho a huelga, de acuerdo con lo que establece esta Ley.
Los servidores públicos en general ejercerán sus derechos de acuerdo con la
presente Ley y sus reglamentos.
Artículo 136. Los servidores públicos de carrera administrativa tienen, además, los
siguientes derechos, que se ejercerán igualmente de acuerdo con la presente Ley y sus
reglamentos:
1. Estabilidad en su cargo.
2. Ascensos y traslados.
3. Participación en programas de rehabilitación o reeducación en caso de consumo de
drogas ilícitas o de abuso potencial, o de alcohol.
4. Bonificación por antigüedad.
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5. Optar por licencias con sueldos.
6. Integración en asociaciones para la promoción y dignificación del servidor público.
CAPÍTULO II
DEBERES Y OBLIGACIONES
Artículo 137. Los servidores públicos en general tienen los siguientes deberes y
obligaciones:
1. Realizar personalmente las funciones propias del cargo, con la intensidad,
responsabilidad, honradez, prontitud, cuidado y eficiencia que sean compatibles
con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado;
2. Desempeñarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido de la misión social
que debe cumplir como tal;
3. Asistir puntualmente al puesto de trabajo en condiciones psíquicas y físicas
apropiadas para cumplir su labor;
4. Observar los principios morales y normas éticas, como parámetros fundamentales
de orientación para el desempeño de sus funcione;
5. Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las instrucciones provenientes de
autoridad competente, a efecto de garantizar la seguridad y salud de los servidores
públicos y los ciudadanos en general;
6. Informar, de inmediato, cualquier accidente o daño a la salud que sobrevenga
durante la ejecución del trabajo, o en relación a éste, así como los que puedan
causar riesgo a la seguridad o salud;
7. Evaluar a los subalternos con objetividad, atendiendo rigurosamente los parámetros
establecidos;
8. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores que dirijan o
supervisen las actividades del servicio correspondiente, siempre y cuando no
contradigan los procedimientos establecidos en la ley y no atenten contra su honra y
dignidad;
9. Tratar con cortesía y amabilidad al público, superiores, compañeros y subalternos,
empleando un vocabulario exento de expresiones despectivas o soeces;
10. Notificar a las instancias correspondientes cualquier hecho comprobado que pueda
desprestigiar, dañar o causar perjuicio a la administración pública;
11. Atender los asuntos de su competencia dentro de los términos establecidos en la
Ley y los reglamentos.
12. Cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, todos los bienes, útiles,
materiales, herramientas, mobiliario y equipo confiados a su custodia, uso o
administración;
13. Garantizar la prestación de servicios mínimos, en los casos en que la Constitución y
la Ley otorguen el derecho a huelga y ésta se dé.
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14. Resolver, dentro del término de treinta (30) días después de efectuada, la petición,
consulta o queja hecha por cualquier ciudadano, siempre que ésta se presente por
escrito, en forma respetuosa y el servidor público sea el competente para ello;
15. Guardar estricta reserva sobre la información o documentación que conozca por
razón del desempeño de sus funciones, y que no esté destinada al conocimiento
general;
16. Trabajar tiempo extraordinario cuando su superior lo solicite cuando por siniestro
ocurrido o riesgo inminente se encuentren en peligro la vida de las personas o la
existencia misma del centro de trabajo;
17. Salvo instrucción superior en contrario y de acuerdo a los requisitos del cargo,
asistir o mantenerse en el puesto de trabajo prestando el servicio en jornada
extraordinaria hasta que llegue su reemplazo o concluya la gestión bajo su
responsabilidad;
18. Informar a su superior para que lo declare impedido de la atención de un trámite
administrativo que ataña a los familiares del servicio público, hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad;
19. Informar en el plazo oportuno en caso de que se participe de un supuesto de
nepotismo sobreviviente, para que se tomen las medidas correctivas;
20. Cumplir las normas vigentes de la Constitución, las leyes y los reglamentos.
CAPÍTULO III
PROHIBICIONES
Artículo 138. Se prohíbe a los servidores públicos lo siguiente:
1. La exacción, cobro o descuento de cuotas o contribuciones para fines políticos a los
servidores públicos aun a pretexto de que son voluntarias;
2. Exigir la afiliación o renuncia a un determinado partido para poder optar a un puesto
público o poder permanecer en el mismo;
3. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación,
colocación o distribución de anuncios o afiches a favor de candidatos a puestos de
elección popular o partidos políticos, en las oficinas, dependencias y edificios
públicos, así como el uso de emblemas, símbolos distintivos o imágenes de
candidatos o partidos dentro de los edificios públicos;
4. Ordenar a los subalternos la asistencia a actos políticos de cualquier naturaleza,
utilizar con este fin vehículos o cualesquiera otros recursos del Estado; o impedir la
asistencia de los servidores públicos a este tipo de actos fuera de horas laborales;
5. Favorecer, impedir o influir, de cualquier forma, en la afiliación o desafiliación de las
asociaciones de servidores públicos;
6. Alterar, retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos, o la prestación del
servicio que le corresponde, de acuerdo a las funciones de su cargo;
7. Recibir pago o favores de particulares, como contribuciones o recompensas por la
ejecución de acciones inherentes a su cargo;
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8. Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o jurídicas de familiares
que pretendan celebrar contratos con la Nación, o que sean proveedores o
contratistas;
9. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o libar en horas de trabajo;
10. Consumir drogas ilícitas o de abuso potencial;
11. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada y sin previo aviso al superior
inmediato;
12. Atentar de palabra o de hecho, contra la dignidad de los superiores, subalternos o
compañeros;
13. Incurrir en nepotismo;
14. Incurrir en acoso sexual;
15. Apropiarse ilegítimamente de materiales, equipo o valores de propiedad del Estado;
16. Establecer fueros o privilegios personales o discriminación por razón de raza,
nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas;
17. Realizar o participar en huelgas prohibidas o declaradas ilegales, o incumplir con el
requisito de servicios mínimos en las huelgas legales;
18. Desobedecer los fallos judiciales, los laudos arbitrales y las decisiones
administrativas provenientes de las autoridades competentes respectivas:
19. Cobrar salario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciones
contempladas en esta Ley.
TITULO VII
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 139. Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o civil proveniente del hecho
cometido, el servidor público estará sujeto al régimen disciplinario establecido en la Ley
y en los reglamentos especiales. La violación de las normas de carácter disciplinario
acarreará la aplicación de las sanciones correspondientes de modo progresivo, siempre
y cuando la gravedad de la falta lo permita.
Artículo 140. Todo usuario de los servicios públicos puede denunciar, ante los
superiores jerárquicos respectivos, la violación de las normas disciplinarias por parte de
servidores públicos.
Artículo 141. La comisión de faltas administrativas acarreará sanciones disciplinarias, y
de las sanciones que se le apliquen quedará constancia en el expediente del servidor
público. Estas sanciones son:
1. Amonestación verbal
2. Amonestación escrita
3. Suspensión
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4. Destitución.
Artículo 142. Las amonestaciones y las suspensiones deberán ser aplicadas por el
superior inmediato del servidor público y admiten, por la vía gubernativa, el recurso de
reconsideración.
Artículo 143. Las suspensiones no podrán ser más de tres en el término de un año, ni
sumar más de diez (10) días hábiles durante el mismo período.
La aplicación de las suspensiones será progresiva, de forma que consistirán
subsecuentemente de dos (2), tres (3) y cinco (5) días hábiles.
Artículo 144. El tiempo no trabajado por razón de una sanción disciplinaria, no dará
derecho a la parte del salario correspondiente.
Artículo 145. La persecución de las faltas administrativas prescribe a los sesenta (60)
días de entrar el superior jerárquico inmediato del servidor público en conocimiento de
la comisión de los actos señalados como causales de destitución directa, y treinta (30)
días después en el caso de otras conductas. Las sanciones deben ser ejecutadas, a
más tardar, tres (3) meses después del fallo final que las impone o confirma.
Artículo 146. Los servidores públicos sometidos a investigación judicial o administrativa
pueden ser objeto de separación de sus cargos, en virtud de mandamiento de
autoridad judicial competente; o de la autoridad nominadora, en caso de procesos
disciplinarios.
Artículo 147. La autoridad nominadora podrá también aplicar la separación del cargo a
los servidores públicos como una medida de asegurar la armonía y seguridad del
ambiente laboral, cuando ello sea necesario. Este tipo de separación no afectará la
remuneración del servidor público; pero la autoridad nominadora tendrá un plazo
máximo de quince (15) días hábiles para tomar las provisiones necesarias con el objeto
de eliminar la causa que originó la medida.
Artículo 148. La autoridad respectiva tiene la obligación de comunicar con prontitud, a
la Dirección General de Carrera Administrativa, toda suspensión que se produzca, para
efectos de registro.
Artículo 149. Ningún puesto público, ocupado por un servidor público de carrera
administrativa separado del cargo, podrá ser ocupado en forma permanente, hasta
tanto se resuelvan en forma definitiva los recursos legales que se interpongan.
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CAPÍTULO II
LA DESTITUCIÓN
Artículo 150. La destitución sólo puede ser aplicada por la respectiva autoridad
nominadora.
Artículo 151. Debe recurrirse a la destitución cuando se ha hecho uso progresivo de las
sanciones establecidas en el régimen disciplinario, o de los recursos de orientación y
capacitación, según los casos. Son causales de destitución, la reincidencia en el
cumplimiento de los deberes, en la violación de los derechos o en las prohibiciones
contempladas en esta ley.
Artículo 152. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las siguientes
conductas admiten destitución directa:
1. La exacción, cobro o descuento de cuotas o contribuciones para fines políticos a los
servidores públicos aun a pretexto de que son voluntarias;
2. Exigir la afiliación o renuncia a un determinado partido para poder optar a un puesto
público o poder permanecer en el mismo;
3. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación,
colocación o distribución de anuncios o afiches a favor de candidatos o partidos
políticos en las oficinas, dependencias y edificios públicos, así como el uso de
emblemas, símbolos distintivos o imágenes de candidatos o partidos dentro de los
edificios públicos, por parte de los servidores públicos, salvo lo que en sus
despachos o curules identifica a la representación política del funcionario electo
popularmente;
4. Ordenar a los subalternos la asistencia a actos políticos de cualquier naturaleza, o
utilizar con este fin vehículos o cualesquiera otros recursos del Estado; o impedir la
asistencia de los servidores públicos a este tipo de actos fuera de horas laborales;
5. Favorecer, impedir o influir, de cualquier forma, en la afiliación o desafiliación de las
asociaciones de servidores públicos;
6. Alterar, retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos, o la prestación del
servicio que le corresponde, de acuerdo a las funciones de su cargo;
7. Recibir pago indebido por parte de particulares, como contribuciones o
recompensas por la ejecución de acciones inherentes a su cargo;
8. Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o jurídicas de familiares
que pretendan celebrar contratos con la Nación, o que soliciten o exploten
concesiones administrativas, o que sean proveedores o contratistas de las mismas;
9. Incurrir en nepotismo;
10. Incurrir en acoso sexual;
11. Apropiarse ilegítimamente de materiales, equipo o valores de propiedad del Estado;
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12. No guardar rigurosa reserva de la información o documentación que conozca por
razón del desempeño de sus funciones, y que no esté destinada al conocimiento
general;
13. No asistir o no mantenerse en el puesto de trabajo prestando el servicio en jornada
extraordinaria hasta que llegue su reemplazo, o concluya la gestión bajo su
responsabilidad, salvo instrucción superior en contrario y de acuerdo a los requisitos
del cargo;
14. Realizar o participar en huelgas prohibidas o declaradas ilegales, o incumplir con el
requisito de servicios mínimos en las huelgas legales;
15. Desobedecer los fallos judiciales, los laudos arbitrales y las decisiones
administrativas provenientes de las autoridades competentes respectivas;
16. Obtener en dos (2) evaluaciones ordinarias consecutivas un puntaje no satisfactorio.
Artículo 153. Siempre que ocurran hechos que puedan producir la destitución directa
del servidor público, se le formularán cargos por escrito. La Oficina Institucional de
Recursos Humanos realizará una investigación sumaria que no durará más de quince
(15) días hábiles, y en la que se le dará al servidor público la oportunidad de defensa y
se le permitirá estar acompañado por un asesor de su libre elección.
Artículo 154. Concluida la investigación, la Oficina Institucional de Recursos Humanos y
el superior jerárquico presentarán un uniforme a la autoridad nominadora, en el que
expresarán sus recomendaciones.
Para fallar, la autoridad nominadora tendrá un plazo de hasta treinta (30) días a
partir de la presentación de los cargos ante la Oficina Institucional de Recursos
Humanos. Si la autoridad nominadora estimare probada la causal y la responsabilidad
del servidor público, de acuerdo a los informes a ella presentados, y a su mejor saber y
entender, ordenará la destitución del mismo o alguna otra sanción disciplinaria que
estime conveniente.
La decisión de la autoridad nominadora le será notificada personalmente al servidor
público y surtirá efectos inmediatos.
Artículo 155. El documento que señale o certifique la acción de destitución, debe incluir
la causal de hecho y de derecho por la cual se ha procedido a la destitución y los
recursos legales que le asisten al servidor público destituido.
Artículo 156. El incumplimiento del procedimiento de destitución originará la nulidad de
lo actuado.
Las imperfecciones formales del documento mediante el cual se destituye a un
servidor público, impedirá que pueda tener efecto, hasta tanto dichas imperfecciones
sean corregidas.
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Artículo 157. La autoridad respectiva tiene la obligación de comunicar con prontitud, a
la Dirección General de Carrera Administrativa, toda destitución que se produzca, para
efecto de registro.
Artículo 158. Ningún puesto público ocupado por un servidor público de carrera
administrativa destituido podrá ser ocupado en forma permanente, hasta tanto se
resuelvan en forma definitiva los recursos legales que se interpongan.
CAPÍTULO III
LA APELACIÓN DE LAS DESTITUCIONES
Artículo 159. Los servidores públicos de carrera administrativa cuentan con el plazo de
ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de la destitución, para hacer
uso del recurso de apelación ante la Junta de Apelación y Conciliación.
Artículo 160. La Junta de Apelación y Conciliación cuenta con un período de hasta tres
(3) meses improrrogables, para dictar su decisión en los casos sometidos a su
solución. En caso de no haber resultado en el término descrito, se considerará resuelta
la petición en favor del apelante.
Artículo 161. Las consultas sometidas a opinión de la Junta de Apelación y Conciliación
serán resueltas en un término no mayor de dos (2) meses.
Artículo 162. Las resoluciones de la Junta de Apelación y Conciliación serán motivadas.
Su trámite se hará por la vía más expedita posible y con atención a la letra y al espíritu
de la presente Ley.
Las decisiones de la Junta de Apelación y Conciliación serán tomadas por la
mayoría de los miembros.
Artículo 163. Siempre que se dicte un fallo en favor de un servidor público destituido, se
condenará en costas al Estado, las cuales se cargarán al presupuesto de la institución
donde labora.
Artículo 164. Incurrirá en desacato y consecuentemente en responsabilidad penal, toda
persona que no cumpla con el mandato contenido en las resoluciones ejecutoriadas de
la Junta de Apelación y Conciliación.
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CAPÍTULO IV
CONTROL DEL USO Y ABUSO DE DROGAS
Artículo 165. Todo servidor público debe someterse, sin previo aviso, a exámenes de
laboratorio para detectar drogas ilícitas o de abuso potencial, por requerimiento de las
autoridades administrativas, en la forma y circunstancias que señala esta Ley.
Artículo 166. El servidor público debe someterse a exámenes de laboratorio, en los
siguientes casos:
1.
Al estar en período de prueba;
2.
Al corresponderle en caso de sorteo;
3.
A solicitud del superior jerárquico inmediato;
4.
A petición del servidor público que alegue consumir drogas ilícitas o de abuso
potencial.
Artículo 167. El examen será ordenado por las siguientes autoridades:
1.
Por la Dirección General de Carrera Administrativa, en caso de los servidores
públicos en período de prueba.
2.
Por la autoridad nominadora del servidor público, en los casos en que se haga
una pesquisa al azar. La pesquisa requerirá de un sorteo previo; y los servidores
públicos a quienes corresponda por azar deberán someterse al examen de
laboratorio.
3.
Por el superior inmediato de un servidor público individualizado, previa
aprobación del superior de ambos, en virtud de indicios, tales como el
ausentismo, la repetición de errores o accidentes de trabajo, que sugieran o
hagan sospechar la existencia del consumo de drogas ilícitas o de abuso
potencial. En éste último concepto, no podrán ordenarse más de dos exámenes
anuales del mismo servidor público.
4.
Por el superior inmediato de un servidor público de carrera administrativa que
afirme que consume drogas ilícitas o de abuso potencial, y que solicite que se le
realice una prueba de laboratorio para su detección. Igualmente, el superior
podrá ordenar otras pruebas médicas, por solicitud del servidor público de
carrera administrativa, para acreditar la condición de adicto.
Artículo 168. Los exámenes los realizarán los laboratorios que se ganen dicho derecho
por concurso de precios o licitación pública, mantengan normas de control de calidad y
utilicen métodos técnicamente reconocidos.
Artículo 169. La forma como se recogerá, se transportará y se entregará la prueba,
será detallada en el reglamento respectivo así como en los instrumentos de
contratación administrativa utilizados por el Estado en su relación con los laboratorios.
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Artículo 170. Si el examen resulta positivo y el afectado acepta haber consumido
drogas ilícitas o de abuso potencial, no será necesario repetir ni confirmar el examen.
Artículo 171. En caso de duda razonable, de negación o de reclamo por parte del
afectado, se podrá optar por:
1. Repetir el examen con la misma muestra y utilizando el mismo método.
2. Repetir el examen con el mismo espécimen, que se debe haber guardado
congelado, utilizando otra prueba que sea comparable en especificidad y en
sensibilidad a la anterior, pero con diferente metodología.
3. Realizar una prueba confirmatoria de mayor sensibilidad y especificidad, tal como la
espectrometría de masa, cromatografía de gas u otra que demuestre ser superior.
Artículo 172. Si el examen confirmatorio resulta positivo, se hará lo siguiente:
1. Si se trata de un servidor público en período de prueba, será destituido y se le
recomendará terapia de rehabilitación o reeducación.
2. Si se trata de un servidor público de carrera administrativa, se procederá como
sigue, si es la primera vez:
a. Será revelado temporalmente de ejercer funciones sensitivas y, siempre que se
someta a rehabilitación o reeducación, mantendrá su puesto.
b. Será trasladado mientras dure su rehabilitación o reeducación.
c. De acuerdo a recomendaciones médicas, se le concederá el subsidio de
enfermedad correspondiente a través de la Caja de Seguro Social (CSS). y se le
enviará a rehabilitación o reeducación.
Artículo 173. El Estado estimulará la creación y apoyará el funcionamiento de
Organizaciones No Gubernamentales que ayuden a la rehabilitación o reeducación de
estos servidores públicos.
TITULO VIII
LAS ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS Y LA
SOLUCION DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS
CAPÍTULO I
LAS ASOCIACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 174. Los servidores públicos incorporados a la carrera administrativa podrán
crear o afiliarse a asociaciones de servidores públicos de carácter sociocultural y
económico, de su respectiva institución, que tengan el fin de promover el estudio,
capacitación, mejoramiento y protección de sus afiliados y asesorarlos sobre asuntos
ante la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa y ante la Dirección
General de esta entidad.
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No podrá haber más de una asociación en una institución. El nombre de la
asociación de servidores públicos de carrera administrativa debe identificar la
institución a la que representa o que pertenece.
La afiliación y desafiliación a las referidas asociaciones, será reglamentada por la
Dirección General de Carrera Administrativa, para garantizar su voluntariedad y
autenticidad.
Artículo 175. Las asociaciones de servidores públicos serán reconocidas por el
Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, con la opinión de la Dirección
General de Carrera Administrativa mediante resolución sustentada y previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, o treinta (30) días después de
presentada la solicitud sin que haya sido resuelta por el Ministerio. Tendrán personería
jurídica una vez inscritas en la Sección de Asociaciones de Servidores Públicos del
Registro Público, y tendrán los derechos y limitaciones de las demás asociaciones sin
fines de lucro.
Artículo 176. Las asociaciones de servidores públicos podrán agruparse en
federaciones de asociaciones de servidores públicos por clase o sector de actividad; y
éstas, a su vez, en confederaciones.
Artículo 177. Cincuenta (50) o más servidores públicos de carrera administrativa de una
institución donde no exista asociación, podrán solicitar al Ministerio de Gobierno y
Justicia la autorización para inscribir una asociación de servidores públicos.
Igualmente, tres (3) o más asociaciones podrán constituir una federación de
asociaciones de servidores públicos.
Artículo 178. Las asociaciones de servidores públicos deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. Presentar solicitud formal a la Dirección General de Carrera Administrativa firmada
por el Presidente Provisional de la Asociación, que debe escogerse en asamblea
por los miembros fundadores.
2. La solicitud debe contener claramente:
a. El nombre de la asociación, que identificará la institución:
b. El objeto y los fines de la asociación, los que no pueden estar en contraposición
a la Ley de la Carrera Administrativa;
c. El nombre de los fundadores identificados con el número de su cédula de
identidad personal y el cargo que ocupan dentro de la institución y que, en todo
caso, no podrán ser menos de cincuenta (50);
d. Nombre y cargo de los dignatarios provisionales del Comité Ejecutivo;
e. Certificación que acredite la condición de servidores públicos de carrera
administrativa de las personas contempladas en los literales c y d;
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3. La solicitud debe estar acompañada de una copia autenticada del acta constitutiva
firmada por todos los participantes, con su respectivo número de cédula de
identidad personal y su nombre completo claramente legible. También han de
presentarse los estatutos aprobados y el acta de la sesión o sesiones en que estos
documentos se aprobaron, lo que deben llevar la firma de los asistentes a la(s)
reunión(es). Además debe contener el domicilio y representación legal de la
asociación.
Las asociaciones podrán tener capítulos provinciales o comarcales compuestos por
no menos de treinta (30) miembros de la respectiva institución, pero no más de un
capítulo por provincia.
Artículo 179. Tratándose de una federación de asociaciones de servidores públicos del
respectivo sector, el acta constitutiva llevará la firma de los representantes legales,
debidamente autorizados por cada una de las asociaciones que la constituyen. Se
incluirá copia autenticada de las actas aprobadas por las dos terceras partes de los
miembros activos de cada una de ellas, las que deben adjuntarse con los demás
documentos requeridos.
El acta constitutiva y los estatutos deben expresar el domicilio, el nombre de la
federación que se constituye, el nombre y domicilio de cada una de las asociaciones
que la integran y el nombre y número de cédula de cada una de las personas que
componen el Comité Ejecutivo, el número de delegados y forma de convocarlos y los
demás requisitos exigidos a las asociaciones.
Toda esta documentación se presentará por triplicado. Un ejemplar se devolverá a
los interesados con certificación del día y hora en que se presentaron los documentos.
Los otros dos, son para uso de la oficina en que se tramite la autorización,
reconocimiento e inscripción de la asociación o federación, para sus trámites.
CAPÍTULO II
LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS
Artículo 180. Los conflictos colectivos que surjan como consecuencia de la relación de
servicio establecido en la presente Ley, deben ser solucionados, en primera instancia,
en la institución donde se originen, entre la Junta Directiva de la Asociación de
Empleados de la institución y las autoridades administrativas respectivas, en un plazo
de diez (10) días a partir de presentada formalmente la solicitud para el caso.
Artículo 181. En caso de que no puedan solucionarse internamente los conflictos
colectivos, se procederá así:
1.
La asociación de servidores públicos presentará su petición o queja ante la Junta
de Apelación y Conciliación, la cual se pronunciará al respecto en un término de
diez (10) días, con prórroga de hasta diez (10) días en dos (2) ocasiones como
máximo, por solicitud de cualquiera de las partes.
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2.
Si agotado el término anterior no se resuelve el conflicto, se someterá el asunto
a arbitraje, el cual podrá ser solicitado por la Junta de Apelación y Conciliación,
la autoridad nominadora de la institución correspondiente, o el representante
legal o autorizado de la asociación de los servidores públicos que haya
planteado la petición o queja ante la Junta de Apelación y Conciliación.
Artículo 182. El Tribunal de Arbitraje estará formado por tres personas, así: uno,
escogido por la institución correspondiente; otro, por la asociación de servidores
públicos, y el tercero, escogido por los dos miembros anteriores.
Artículo 183. El fallo del Tribunal de Arbitraje será final, definitivo y obligatorio para
todas las partes.
El desacato producirá los siguientes resultados:
1.
Si el desacato se produce por parte de los servidores públicos, la autoridad
nominadora de la institución respectiva aplicará las medidas disciplinarias
convenientes, señaladas en la Ley, a los renuentes a acatar el fallo arbitral.
2.
Si el desacato se produce por parte de la institución correspondiente, la
asociación de los servidores públicos, entre otras medidas podrá decretar la
huelga en dicha institución, atendiendo las limitaciones que establece la ley.
Artículo 184. Dentro de los dos días siguientes de someterse el asunto a arbitraje, las
partes designarán a sus representantes en el Tribunal de Arbitraje. Si una de las partes
no designase a su representante en el término señalado, la Dirección General de la
Carrera Administrativa lo designará. Si ambos representantes, dentro de los dos (2)
días siguientes, no se pusieren de acuerdo en la designación del tercer miembro, éste
será nombrado por el Director General de Carrera Administrativa en consulta con la
Junta Técnica, para lo cual tendrá un plazo de cinco (5) días.
Artículo 185. Deben prestarse servicios mínimos en las entidades públicas amparadas
por esta Ley donde se declare la huelga legal. Para la prestación de los servicios
públicos, debe mantenerse, en las unidades administrativas correspondientes, no
menos del 25% del personal que labora normalmente. Cuando se trate de entidades
que presten servicio público esenciales, tales como servicio de suministro de alimentos,
transporte, correos y telégrafos, registro civil y público, de suministro de agua,
electricidad, telecomunicaciones; así como las entidades de recaudación de ingresos
públicos de cualquier naturaleza, ya sean de recaudación nacionales o municipales; las
de control de navegación aérea y bomberos, garantizarán el 50% del personal que
labora normalmente en ellas, salvo que las leyes especiales establezcan otra medida.
Artículo 186. No pueden ser miembros del Tribunal de Arbitraje los que tienen
impedimentos legales o los que, directa o indirectamente, hayan intervenido en
representación de las partes ante la Junta de Apelación y Conciliación.
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Artículo 187. Los árbitros deben poseer conocimientos y experiencia en asuntos
económicos, sociolaborales o del área objeto del arbitraje.
Artículo 188. El Tribunal de Arbitraje actuará, sin sujeción a formalidades legales
procedimentales, en la recepción de las propuestas de las partes, o de las que
considere necesarias para la justificación de los hechos.
Artículo 189. El Tribunal de Arbitraje tiene facultad para efectuar las investigaciones a
fin de esclarecer las cuestiones planteadas y solicitar la colaboración o asistencia de
cualquier autoridad o servidor público.
Artículo 190. El Tribunal de Arbitraje funcionará con la asistencia necesaria e
indispensable de todos sus miembros. En lo que se refiere al procedimiento, eliminará
las formas solemnes, lo simplificará para garantizar la igualdad de las partes y el
derecho de su defensa.
Artículo 191. Designado el tercer miembro, el Tribunal de Arbitraje señalará fecha y
hora para oír a las partes, recibir y practicar las pruebas que estime conveniente.
Artículo 192. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la última audiencia con
las partes, el Tribunal de Arbitraje está obligado a dictar el fallo. Este será firmado por
la totalidad de los miembros del Tribunal y deberá ser motivado, sin perjuicio del
derecho de salvamento de voto por cualquiera de ellos.
Artículo 193. El integrante del Tribunal de Arbitraje que rehúse firmar el fallo, expirado
el término prescrito en esta Ley, incurrirá en desacato y será sancionado con pena de
cien (100) días multa.
Artículo 194. Tres días después de vencerse el plazo para resolver, si un integrante del
Tribunal no ha firmado el fallo, podrá designarse nuevo árbitro en reemplazo del
remiso. Su sustitución se hará de acuerdo con los procedimientos previstos para cada
miembro del Tribunal, y en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles luego de hecha la
denuncia. Reconstituido el Tribunal de Arbitraje, éste deberá fallar en un plazo de cinco
(5) días hábiles.
Artículo 195. Desde el planteamiento del conflicto colectivo ante la autoridad
nominadora hasta el fallo del Tribuna l de Arbitraje, los servidores públicos de carrera
administrativa involucrados en el mismo sólo podrán ser destituidos con la aprobación
previa de la Junta de Apelación y Conciliación.
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TITULO X
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 196. El Estado proveerá los recursos necesarios y tomará las medidas
pertinentes para la organización de la Dirección General de Carrera Administrativa; de
sus respectivas Direcciones, así como para el fortalecimiento de las Oficinas
Institucionales de Recursos Humanos.
Artículo 197. Esta Ley deroga en todas sus partes el Decreto de Gabinete Nº 1 de 26
de diciembre de 1989, el Decreto de Gabinete Nº 20 de 1 de febrero de 1990, el
Decreto de Gabinete Nº 48 de 20 de febrero de 1990 y todas aquellas normas que le
sean contrarias.
TITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 198. La incorporación de los diversos niveles funcionales e institucionales de la
administración pública a la carrera administrativa, será progresiva, y se hará mediante
acuerdo del Consejo de Gabinete y en atención al presente cronograma:
Dentro de los primeros tres (3) meses luego de promulgarse esta Ley, debe
constituirse la primera Junta Técnica.
Dentro de los siguientes seis (6) meses debe haberse nombrado al Director y
Subdirector Generales, debe haberse integrado la Dirección General de Carrera
Administrativa y la nueva Junta Técnica y deben haberse aprobado los reglamentos
técnicos.
Dentro de los siguientes tres (3) meses, debe haberse aprobado el manual de
clasificación de puestos y presentado el Anteproyecto de Ley General de Sueldos, al
Consejo de Gabinete.
Dentro de los siguientes tres (3) meses, debe haberse incorporado el nivel
jerárquico cuatro (4) de puestos de todas las entidades que abarca la carrera
administrativa.
Dentro de los siguientes seis (6) meses tienen que haberse incorporado al sistema
de carrera administrativa, el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE),
el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MIRREE).
Dentro de los siguientes seis (6) meses tienen que haberse incorporado al sistema
de carrera administrativa, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (MITRABS), el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y el Ministerio de Hacienda y Tesoro
(MHT).
Dentro de los siguientes seis (6) meses tienen que haberse incorporado al sistema
de carrera administrativa el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de
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Vivienda (MIVI), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Gobierno y Justicia (MGJ)
y el Ministerio de la Presidencia (MP).
Dentro de los siguientes seis (6) meses tienen que haberse incorporado al sistema
de carrera administrativa, las entidades del Sector Público Financiero.
Dentro de los siguientes seis (6) meses tienen que haberse incorporado al sistema
de carrera administrativa, las entidades descentralizadas.
Toda nueva entidad estatal que se cree o que sea el producto de la fusión o
reestructuración de otras entidades deberá estructurarse dentro del sistema de carrera
administrativa.
La Dirección General de Carrera Administrativa, podrá incorporar al sistema de carrera
administrativa a las entidades que lo soliciten, antes de los períodos establecidos en la
ley si lo considera conveniente.
Los municipios podrán en cualquier momento incorporar sus sistemas de recursos
humanos al régimen de carrera administrativa si así lo solicitan a la Dirección General
de Carrera Administrativa previo acuerdo de los respectivos Consejos Municipales.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Dada en la ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de junio de mil novecientos
noventa y cuatro.
PRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL
ARTURO VALLARINO
RUBÉN AROSEMENA VALDES
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 20 DE JUNIO DE 1994.
GUILLERMO FORD BOYD
IVONNE YOUNG
Encargado de la Presidencia de la República
Ministra de la Presidencia
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ASAMBLEA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
PROYECTO DE LEY:
1993_P_008
LEY:
9 (de 20 de junio de 1994)
GACETA OFICIAL:
22562
NOMENCLATURA: AÑO_MES_DÍA_LETRA_ORIGEN
ACTAS DEL MISMO DÍA: A, B, C
ACTAS DE VARIOS DIAS: V
ACTAS DE PRIMER DEBATE (COMISIÓN).
1993_09_13_A_COMI_JUSTICIA
1993_09_14_A_COMI_JUSTICIA
1993_09_20_A_COMI_JUSTICIA
1993_09_21_A_COMI_JUSTICIA
1993_09_27_A_COMI_JUSTICIA
1993_09_28_A_COMI_JUSTICIA
1993_10_06_A_COMI_JUSTICIA
1993_10_18_A_COMI_JUSTICIA
1993_11_16_A_COMI_JUSTICIA
ACTAS DE SEGUNDO DEBATE (PLENO).
1994_05_11_A_PLENO
1994_05_17_A_PLENO
1994_05_18_V_PLENO
1994_05_24_A_PLENO
1994_05_25_A_PLENO
1994_05_26_A_PLENO
1994_05_30_A_PLENO
ACTAS DE TERCER DEBATE (PLENO).
1994_06_08_A_PLENO
Document Outline
- TARJETA BASE
- GACETA OFICIAL
- TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR
- PROYECTO DE LEY 8 DE 1993
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- DER. ADMINISTRATIVO
- Servidores públicos
- Empleados públicos
- Carrera administrativa