Ley 59 De 1999

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REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA LEGISLATIVA LEGISPAN Tipo de Norma: LEY Número: 59 Referencia: Año: 1999 Fecha(dd-mm-aaaa): 29-12-1999 Titulo: QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 299 DE LA CONSTITUCION POLITICA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES CONTRA LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA. Dictada por: ASAMBLEA LEGISLATIVA Gaceta Oficial: 23961 Publicada el: 04-01-2000 Rama del Derecho: DER. ADMINISTRATIVO, DER. CONSTITUCIONAL Palabras Claves: Corrupción, Constitución Páginas: 4 Tamaño en Mb: 5.601 Rollo: 200 Posición: 20 G.O. 23961 LEY No. 59 De 29 de diciembre de 1999 Que Reglamenta el Artículo 299 de la Constitución Política y Dicta otras Disposiciones contra la Corrupción Administrativa LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA: Capítulo I Declaración Jurada de Estado Patrimonial Artículo 1. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros y Viceministros de Estado, el Contralor General y el Subcontralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, los Rectores y Vicerrectores de universidades oficiales, los Directores Generales, los Gerentes o Jefes de entidades autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los servicios de policía, el Defensor del Pueblo y, en general, todos los empleados y agentes de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar, al inicio y al término de sus funciones, declaración jurada de su estado patrimonial, mediante escritura pública, la cual deberán hacer en el término de diez días hábiles, a partir de la toma de posesión del cargo y a partir de la separación. Artículo 2. La declaración jurada de estado patrimonial deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombre completo del declarante, el número de cédula de identidad personal y la dirección de su domicilio permanente. 2. Ingresos de los dos últimos años fiscales, con identificación, lo más específica posible, de sus fuentes. 3. Banco, cooperativa o entidad financiera, en la República de Panamá y en el exterior, en que tenga depósitos en cuenta corriente, de ahorro y a plazo. 4. Fundaciones, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro, de las que sea miembro, directivo o asociado. ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 23961 2 5. Cantidad, clase y valor de acciones o cuotas de participación, que le pertenezcan en sociedades anónimas, en comandita simple o por acciones, de responsabilidad limitada, cooperativas y cuentas en participación. 6. Bienes muebles e inmuebles, títulos valores, instrumentos comerciales, a la orden, nominativos o al portador, que sean de propiedad, total o parcial, del declarante. 7. Cuentas por pagar a entidades bancarias o financieras y a personas naturales o jurídicas de cualquier tipo. Artículo 3. El notario ante quien se presente la declaración jurada de estado patrimonial, realizará esta diligencia sin costo alguno y deberá conservarla en su protocolo. El servidor público declarante deberá enviar copia auténtica de su declaración, a la Contraloría General de la República. El Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades jurisdiccionales, podrán solicitar al respectivo notario copia auténtica de la declaración del servidor público de que se trate, para los efectos legales pertinentes. Artículo 4. Al servidor público obligado a presentar declaración jurada de su estado patrimonial, que incumpla esta obligación, se le suspenderá el pago de sus emolumentos hasta tanto presente la declaración. Cuando el incumplimiento ocurra al término de las funciones, será sancionado con multa por la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Capítulo II Enriquecimiento Injustificado Artículo 5. El enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o ex servidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen. También se considera enriquecimiento injustificado, cuando no pueda justificar la extinción de obligaciones. Esta disposición se aplicará al servidor público en funciones a la entrada en vigencia de esta Ley. Artículo 6. Para determinar el enriquecimiento injustificado, se tomará en cuenta: 1. La situación patrimonial del investigado. ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 23961 3 2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento injustificado, en relación con sus ingresos y gastos ordinarios. 3. La ejecución de actos que revele falta de probidad en el ejercicio del cargo y que guarde relación causal con el enriquecimiento injustificado. 4. Las ventajas económicas derivadas de la celebración o ejecución de contratos u otros actos de manejo, con entidades públicas. Artículo 7. Cualquier persona puede denunciar un posible enriquecimiento injustificado, ante la Contraloría General de la República. Para tal fin, deberá acompañar la denuncia con prueba sumaria sobre la posesión de los bienes que se estiman sobrepasan los declarados, o los que probadamente superen las posibilidades económicas del denunciado. Artículo 8. La Contraloría General de la República, de oficio o ante denuncia, a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, deberá iniciar el proceso para determinar si los hechos denunciados constituyen, efectivamente, enriquecimiento injustificado. Al efecto, la persona denunciada deberá presentar las pruebas pertinentes que justifiquen el origen y procedencia de los bienes que posea, sea por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas. Artículo 9. Si la Contraloría General de la República determina que existe enriquecimiento injustificado, deberá remitir copia auténtica de lo actuado a la Procuraduría General de la Nación, para que realice las investigaciones que correspondan sobre la responsabilidad penal a que haya lugar. Capítulo III Disposiciones Finales Artículo 10. El servidor público en funciones que no haya cumplido con la obligación de presentar declaración jurada de su estado patrimonial, al momento de ser promulgada esta Ley, deberá presentarla dentro de los diez días hábiles posteriores a su promulgación. Artículo 11. Esta Ley deroga toda disposición legal que le sea contraria y entrará en vigencia a partir de su promulgación. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA G.O. 23961 4 Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. El Presidente, Enrique Garrido Arosemena El Secretario General, José Gómez Núñez G.O. 23,961 de 4 de enero de 2000 ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA <h1>Document Outline</h1> <ul> <li>TARJETA BASE </li> <li>GACETA OFICIAL </li> <li>TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR </li> </ul>

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