Ley 18 De 1986

Descarga el documento en version PDF

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA LEGISLATIVA LEGISPAN Tipo de Norma: LEY Número: 18 Referencia: Año: 1986 Fecha(dd-mm-aaaa): 09-08-1986 Titulo: POR LA CUAL SE MODIFICAN Y DEROGAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CODIGO JUDICIAL APROBADO POR LA LEY Nº29 DE 25 DE OCTUBRE DE 1984. Dictada por: ASAMBLEA LEGISLATIVA Gaceta Oficial: 20614 Publicada el: 08-08-1986 Rama del Derecho: DER. PROCESAL PENAL Palabras Claves: Código Judicial, Derecho Penal Páginas: 236 Tamaño en Mb: 32.911 Rollo: 14 Posición: 1381 G.O. 20614 LEY 18 (De 8 de agosto de 1986) "Por la cual se modifican, adicionan y derogan algunas disposiciones del Código Judicial aprobado por la Ley 29 de 25 de octubre de 1984". LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA: Artículo 1. Los libros, títulos, capítulos y artículos del Código Judicial aprobados mediante la Ley 29 del 25 de octubre de 1984, que se consignan a continuación, quedarán reformados en la siguiente forma: LIBRO PRIMERO ORGANIZACIÓN JUDICIAL TÍTULO I DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Artículo 2. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley. Los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que en los procesos dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales o de consultas, las resoluciones emitidas por aquéllos. Artículo 3. La administración de justicia en el Campo Judicial se ejerce de una manera permanente por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia, los Jueces de Circuito, los Jueces Municipales, el Tribunal Tutelar de Menores, los Tribunales Marítimos y cualesquiera otros organismos que se creen, dentro del Órgano Judicial en concordancia con las necesidades públicas, para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. También se ejerce en casos especiales, y por personas particulares que, en calidad de jurados, arbitradores o árbitros o por razó n de cualesquiera otros cargos de esta misma naturaleza sue len participar en las funciones jurisdiccionales, sin que el ejercicio de ellas incluya a tales personas como parte del Órgano Judicial. Los Agentes del Ministerio Público participan en la administración de justicia como funcionarios de instrucción y mediante el ejercicio de la acción penal. También tendrán la representación de los intereses nacionales, municipales y sociales, en los casos que señala la Ley. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 3A. En cumplimiento de lo que establece el artículo 198 de la Constitución Nacional la administración de jus ticia será ininterrumpida y a tal efecto las vacaciones de los Magistrados, jueces y empleados judiciales no interrumpirán el funcionamiento continuo de los respectivos tribunales. Con el fin de reglamentar lo dispuesto en este artículo, corresponderá al superior y al encargado de cada despacho judicial reglamentar el uso de las vacaciones del personal subalterno bajo sus órdenes, de manera que, en ningún momento se interrumpa el normal funcionamiento del respectivo despacho. Artículo 3B. Declárese el Tercer Domingo de Noviembre de cada año como "DÍA DEL SERVIDOR JUDICIAL". Artículo 5. La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación, formularán los respectivos Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y los remitirán oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del Sector Público. El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de los mismos, los respectivos Proyectos de Presupuesto. Los Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales propuestas por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, el Órgano Ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos o inversiones en el Proyecto de Presupuesto del Gobierno Central, para que la Asamblea Legislativa determine lo que proceda. En caso de que por reducción en los ingresos presupuestarios haya que reducir las partidas de gastos, los ajustes proporcionales que deban aplicarse en los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, en conjunto, no pueden afectar el 2% que como mínimo establece el artículo 211 de la Constitución Política, como tampoco el funcionamiento eficiente de éstas. El Órgano Judicial y el Ministerio Público estarán facultados para celebrar contratos, ordenar gastos, formular requisiciones y otros actos propios de la ejecución presupuestaria conforme a los límites establecidos por la Constitución y Leyes respecti vas. Los actos en referencia serán celebrados o emitidos por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia con previa autorización del pleno y el Procurador General de la Nación, según corresponda. La contabilidad correspondiente a las operaciones económicas del Órgano Judicial y del Ministerio Público será lle vada por la Corte Suprema de Justicia y la procuraduría General de la Nación respectivamente. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPITULO II DE LOS CARGOS JUDICIALES SECCIÓ N I NOMBRAMIENTOS, POSESIÓ N, EXCUSA y VACANTES Artículo 6. La investidura de Magistrado o Juez se adquiere por el nombramiento, previa la comprobación de que el nombrado reúne las condiciones constitucionales o legales requeridas para el cargo, y de la oportuna toma de posesión del mismo. La comprobación de la idoneidad de los Magistrados y de los Procuradores se hará ante el Ejecutivo y la de los restantes funcionarios se hará ante la autoridad nominadora, ante quien tomarán posesión. Artículo 7. Para desempeñar un cargo en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público se requiere, además de los otros requisitos que señalan las normas especiales, no haber incurrido en actos deshonestos y no haber sido condenado por delito común de carácter doloso. Artículo 11. Cuando por alguna causa no se hiciere la elección o el nombramiento de Magistrado, Juez o Agente del Ministerio Público en la época señalada por la Constitución o la Ley, el cargo debe proveerse para el resto del período tan pronto como desaparezca la causa que impidió la elección o el nombramiento. Artículo 12. Las personas a quienes se nombre suplentes de los Magistrados, Jueces y Agentes del Ministerio Público deben tener las mismas condiciones de idoneidad que se exigen a los principales. Artículo 15. Sin la resolución del Órgano Ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal respectivo o de los Jueces de Circuito o del Agente del Ministerio Público en que se declare hecha la comprobación de las condiciones para ejercer el cargo, no podrá darse posesión de éste a la persona nombrada Magistrado, Juez o Agente del Ministerio Público. Artículo 16. La persona nombrada deberá tomar posesión del cargo para el que ha sido designada dentro de un término igual al fijado, según el caso, por el artículo 282, el cual se contará a partir de la fecha en que haya sido nombrada. Artículo 18. La persona nombrada Magistrado, Juez, Agente del Ministerio Público o, en general, funcionario de estas dependencias, entra en ejercicio de sus funciones desde el momento en que toma posesión del cargo. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Por toma de posesión se entiende el acto de prestar juramento de cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo, del cual se dejará constancia escrita en acta firmada por el Presidente del Tribunal, el Juez o por el Agente del Ministerio Público, según sea el caso, el posesionado y el secretario respectivo. Artículo 20. Las personas nombradas para servir cargos judiciales de forzosa aceptación podrán excusarse de desempeñarlos por alguna de las causas siguientes: 1. Impedimento físico por un tiempo que excede de la mitad de lo que falta del período en curso, o del tiempo que se calcule debe funcionar, si no se tratare de cargo con período fijo. El impedimento por un tiempo menor del que se ha expresado, da derecho a licencia por el tiempo que dure, y si se prolongare hasta llegar al término indicado en el inciso anterior, habrá lugar a la excusa definitiva; 2. Estar sirviendo un destino público con funciones diarias: 3. Haber servido en el año próximo anterior un destino obligatorio sin sueldo, durante un mes por lo menos; 4. No haber cumplido dieciocho años de edad o exceder de sesenta; 5. Sufrir grave perjuicio por consecuencia de la aceptación o el ejercicio del cargo por el tiempo y en el término expresado en el ordinal primero, y 6. Enfermedad grave de su consorte o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, por el tiempo y en la forma indicada en el ordinal primero, o por muerte de los mismos acaecida dentro de los treinta días anteriores al que presenta la excusa. Artículo 21. El nombramiento para un cargo judicial de voluntaria aceptación queda insubsistente: 1. Por la muerte del nombrado; 2. Por rehusar éste la aceptación del nombramiento o demorarla por un término mayor del fijado en el artículo 9; 3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los términos señalados por la Ley; y 4. Por la improbación del nombramiento en los casos en que se exija ulterior aprobación del mismo. Artículo 22. El nombramiento de funcionarios y empleados se hará en votación secreta. Artículo 23. Para el nombramiento en cualquier posición del Órgano Judicial y el Ministerio Público, se requiere además de los requisitos generales exigidos para cada cargo, un certificado médico en donde conste que no existe enfermedad o ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 incapacidad que le impida desempeñar el cargo y el historial penal y policivo expedido por el Departamento Nacional de Investigaciones dentro de los 30 días anteriores al nombramiento. Artículo 24. Los cargos de voluntaria aceptación se pierden para sus titulares: 1. Por renuncia aceptada; 2. Abandono del cargo por tres días o más sin causa justificada; 3. Por no presentarse a ocupar el cargo una vez transcurrido el término de la licencia que le haya sido concedida, sin causa justificada, a juicio del funcionario u organismo que deba declarar la vacante; 4. Por delito o falta grave contra la ética judicial; y 5. Por grave incapacidad física o mental. La decisión será tomada por la autoridad nominadora previa comprobación de los hechos. El afectado podrá hacer uso de los recursos que la Ley permita. Artículo 26. Corresponde a la autoridad nominadora declarar la vacante de los cargos del Órgano Judicial o del Ministerio Público, en cualquiera de los casos contemplados en la Ley, previa comprobación del hecho. Artículo 27. Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son renunciables ante la misma autoridad a quien conforme a la Constitución o la Ley, corresponde la elección o el nombramiento, y quien es la competente para decidir las excusas o licencias que presenten los nombrados. Artículo 28. Los funcionarios judiciales pueden separarse de sus destinos con licencia hasta por dos años, por justa causa. Si la licencia se concede por enfermedad, debidamente comprobada con certificado médico y no pasa de treinta días al año, dará derecho al goce de sueldo. También se concederá con derecho a asignación, si no exceden de treinta días, las licencias que los funcionarios judiciales requieren para asistir como delegados a congresos o conferencias relacionadas con las ciencias jurídicas. La licencia será concedida a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los Procuradores, por el Presidente de la República, a los demás Agentes del Ministerio Público por sus respectivos superiores, a los Magistrados de los Tribunales Superiores por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, a los Jueces de Circuito, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial que los nombré, y a los Jueces Municipales, por los Jueces de Circuito que hicieron sus nombramientos. Al concederse una licencia, quien la otorga debe comunicarlo sin dilación a la oficina pagadora, para que tome las medidas pertinentes. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 29. Las licencias concedidas a los Magistrados, Jueces y subalternos del Órgano Judicial son renunciables en todo o en parte. Igual norma se aplicará al Ministerio Público. Artículo 30. A ningún Magistrado, Juez o subalterno del Órgano Judicial y del Ministerio Público podrá. prorrogársele por causa de enfermedad la licencia concedida, sino cuando la enfermedad le impidiere realmente el ejercicio de las funciones del cargo una vez adquirido el derecho. Artículo 31. Los Magistrados, Jueces y subalternos del Órgano Judicial y Agentes y subalternos del Ministerio Público, podrán separarse de sus cargos, con derecho a sueldo, en uso de licencia para llevar a cabo estudios o adiestramiento relativos a sus funciones, de conformidad con lo que establezca la Ley. Artículo 36. Los Jefes de despacho procurarán que no se acumulen más de tres (3) meses de vacaciones, y para su concesión se tomará en consideración las necesidades del cargo respectivo. Artículo 38. Los suplentes reemplazarán a los principales en las faltas temporales o accidentales; también en las absolutas, mientras se llene la vacante por quien corresponda; y cuando el principal se encuentre impedido o recusado para seguir en ejercicio de sus funciones en determinado negocio. SECCION 2a. INCOMPATIBILIDAD y GARANTÍAS Artículo 48. Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son incompatibles con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con el ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo retribuido, excepto lo previsto en el artículo 205 de la Constitución. También son incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo o actividad, aunque no sean retribuidos, que interfiera o sean contrarios con los intereses públicos confiados al cargo judicial o del Ministerio Público. Artículo 51. Es prohibido al personal del Órgano Judicial, aún cuando esté en licencia o separado temporalmente e sus cargos por cualquier causa: 1. Dirigir a los Órganos del Estado, a los funcionarios públicos, a las entidades oficiales o particulares, felicitaciones o censuras por sus actos; 2. Tomar participación en la política, salvo la de emitir su voto en las elecciones o cualesquiera consultas o plebiscitos populares de carácter oficial; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 3. Dar a las partes o particulares opiniones, consejos o indicaciones en relación con asuntos que sean o pueden ser motivos de controversia, salvo las excepciones contempladas en la Ley; 4. Nombrar o contribuir al nombramiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consang uinidad o segundo de afinidad para cualquier cargo judicial o de auxiliar de la jurisdicción. Artículo 54. El Estado responderá subsidiariamente cuando los funcionarios judiciales sean declarados responsables en el ejercicio de sus funciones y resulten insolventes. Artículo 56. No puede haber en la Corte Suprema de Justicia, ni en los Tribunales Superiores, dos o más Magistrados, funcionarios o suplentes que sean uno respecto de otros, cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tampoco pueden ser nombrados en Juzgados de Circuito, y Juzgados Municipales, de un mismo Distrito Judicial, como titulares de despacho, funcionarios subalternos o suplentes, el cónyuge o personas que entre sí o respecto de los Magistrados del Tribunal Superior correspondiente tengan el expresado parentesco. Tampoco pueden ser nombrados Agentes del Ministerio Público, funcionarios subalternos o suplentes, en una misma Agencia o en otra del respectivo Distrito Judicial, personas en quienes concurra el grado de parentesco señalado en los dos incisos anteriores, por razó n de otra persona que ya ocupe cargo en el Ministerio Público. Artículo 59. El funcionario que, a sabiendas, nombre o contribuya al nombramiento para un cargo judicial a personas que estén comprendidas en las prohibiciones que establecen los artículos de este libro será suspendido de sus funciones por el tiempo y en la forma que señale las normas de la carrera judicial, sin perjuicio de que el nombrado no pueda ejercer el cargo. Artículo 61. Los nombramientos que se hagan en contravención a las disposiciones de la Ley, no tendrán efectos fiscales y la autoridad nominadora está obligada a declarar insubsistente el nombramiento respectivo. TITULO II DIVISIÓN TERRITORIAL EN LO JUDICIAL Artículo 69. El Primer Distrito Judicial comprenderá las Provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San BIas; el Segundo Distrito Judicial estará ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 formado por las Provincias de Coclé y Veraguas; el Tercer Distrito Judicial por las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro; y el Cuarto Distrito Judicial por las provincias de Herrera y Los Santos. En el evento de crearse otras subdivisiones territoriales sometidas a regímenes especiales, tales subdivisiones formarán parte del respecti va Distrito Judicial. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las Agencias del Ministerio Público que ante ellos actúen tendrán su sede, en las ciudades de Panamá, Penonomé, David y Las Tablas respectivamente. Artículo 70. Los Circuitos Judiciales, a su vez, se subdividen en Municipios Judiciales que corresponden a cada uno de los Distritos, según la división política establecida en el artículo 250 de la Constitución Nacional. Artículo 71. Lo dispuesto en los tres artículos anteriores no excluye la aplicación de normas especiales que regulen otras sub divisiones territoriales sometidas a regímenes especiales, en cuyo caso se aplicarán para efectos jurisdiccionales las normas especiales que al efecto se emitan. TITULO III CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CAPITULO I PERSONAL Y ATRIBUCIONES DE LA CORTE SECCION la. PERSONAL Artículo 84. El Personal de la Corte Suprema de Justicia y el de todos los demás Tribunales Judiciales de la República, así como la escala salarial, se establecerán en la organización administrativa que apruebe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la opinión favorable del Consejo Judicial y de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto General del Estado. Artículo 85. El Secretario General, el Sub-Secretario General y el Administrativo, serán nombrados por el Pleno de la Corte Suprema y prestarán servicios al Pleno, a la Sala de Negocios Generales y al Consejo Judicial. Los Secretarios y demás personal de las distintas Salas de la Corte serán nombrados por los Magistrados de la respectiva Sala. El Personal Subalterno inmediatamente adscrito a cada Magistrado será nombrado por éste y será de su libre nombramiento y remoción. El resto del Personal de la Corte será nombrado por la Sala de Negocios Generales. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 86. El Secretario de la Corte Suprema de Justicia tendrá los mismos privilegios y consideraciones de que gocen los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en lo referente a sueldo, gastos de representación, derecho a jubilación y la exención contemplada en el artículo 67 de este Código. Además de las atribuciones que a los Secretarios de Tribunales les asigna éste código, el Secretario General de la Corte Suprema o quien lo reemplace tendrá la obligación de laborar y suscribir, con el Presidente de la Corte y de la Sala de Negocios Generales, las actas correspondientes a todas las sesiones y de- más actos que estos organismos lleven a cabo. Artículo 88. Para ser Secretario General o Subsecretario General de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser panameño por nacimiento, ser graduado en Derecho, haber cumplido treinta años de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos y cumplir con los requisitos necesarios para ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Para ser Secretario de Sala se requiere ser panameño por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser graduado en Derecho, haber cumplido treinta años de edad y tener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en todos los Tribunales de la República, expedido por la Corte Suprema de Justicia. En este último caso se requiere, además, haber la ejercido durante tres años por lo menos, o desempeñado por igual tiempo los cargos de Secretario u Oficial Mayor de alguno de los Tribunales Superiores o Agencias del Ministerio Público. Para ser Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser panameño, haber cumplido treinta años de edad y poseer título universitario en Administración Púb lica, en Finanzas, Economía o en Administración de Empresas. Para ser Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justica se requiere ser panameño y, por lo menos, ser estudiante de derecho de los dos últimos años. SECCION 2a. ATRIBUCIONES DEL PLENO Artículo 91. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuidas las siguientes funciones: 1. Con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, conocer y decidir: a. Las demandas de inconstitucionalidad contra las Leyes, decretos Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos impugnados ante ella, por cualquier persona, por razones de fondo o de forma; b. De las consultas que le hagan los servidores públicos encargados de ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 impartir justicia acerca de la inconstitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso controvertido, conforme lo establecido en el 2º párrafo del numeral 1 del artículo 203 de la Constitución Nacional; 2. Ajustándose al procedimiento señalado para cada caso: a. De las causas o negocios contenciosos sobre presas marítimas; b. De las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Miembros de la Asamblea Legislativa, el Comandante y Miembros del Estado Mayor de la Fuerza Pública, el Contralor General de la República y los Magistrados del Tribunal Electoral o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en este literal; c. De las causas criminales contra los Arzobispos, Obispos, Gobernadores Eclesiásticos. Artículo 92. También corresponde al Pleno: 1. Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia cada dos años; 2. Elegir los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a sus respectivos suplentes; 3. Dar posesión al Presidente y Vicepresidente de la República en el caso contemplado en el artículo 177 de la Constitución; 4. Hacer cualquier otro nombramiento q ue le atribuyan las Leyes; 5. Aprobar cada dos (2) años la lista de los abogados que deban actuar como Curadores en los procesos respectivos; 6. Reformar la distribución de los Tribunales y Juzgados y la organización interna de éstos, con opinión favorable del Consejo Judicial. Artículo 95. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia también es competente para conocer: a. De la acción de Habeas Corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias que no forman parte de un mismo Distrito Judicial; b. De la acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se trate de actos que proceden de autoridades o funcionarios o corporaciones que tengan jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; c. De la acción de Habeas Corpus o de Amparo de Garantías ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Constitucionales contra los Magistrados, Tribunales Superiores y Fiscalías de Distrito Judicial. Artículo 96. Los Magistrados pueden individualmente sancionar con multa que no pase de cincuenta balboas (B/.50.00) o arresto que no pase de cinco (5) días o quienes los desobedezcan en el ejercicio de sus funciones o les falten el debido respeto. SECCION 3a. SALA PRIMERA, DE LO CIVIL Artículo 97. La Primera Sala conocerá en una sola instancia: 1. De los recursos de Casación y revisión en perjuicios civiles; 2. De los recursos de hecho contra las resoluciones de los Tribunales Superiores; 3. De las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro superior común. Artículo 98. La Primera Sala conoce en segunda instancia: 1. De los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito Judicial en los cuales haya lugar a consulta, o apelación de autos y sentencias; y 2. De las apelaciones contra las resoluciones del Director del Registro Público. SECCION 5a SALA TERCERA, DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Artículo 102. A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautó nomas. En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: 1. De los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad; 2. De los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de los Gerentes o de las Juntas Directivas o de Gobierno, cualesquiera que sea su denominación, de las entidades públicas autónomas o semiautó nomas que se acusen de ser violatorias de las Leyes, de los decretos reglamentarios o ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos; 3. De los recursos contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos; 4. De las apelaciones, excepciones, tercerías o cualq uier incidente en los procesos por cobro coactivo; 5. De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de los contratos administrativos; 6. De las cuestiones que se susciten en el orden administrativo entre dos o más Municipios o entre dos o más Instituciones Autó nomas o entre un Municipio y la Nación o entre una Institución Autónoma y la Nación o entre cualesquiera de ellas; 7. De los acuerdos o cualquier acto, resolución o disposición de los Consejos Provinciales, los Consejos Municipales, Juntas Comunales y Juntas Locales o de las autoridades y funcionarios que de ellas dependen, contrarias a las Leyes, a los decretos que las regla menten o a sus propias normas; 8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule; 9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad subsidiaria del Estado y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado; 10. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos; 11. De la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos, cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa encargada de su ejecución lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o de ejecutar el acto, según corresponda; 12. Conocer prejudicialmente sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir de base a una decisión jurisdiccional por consulta que al efecto formule la autoridad encargada de administrar justicia; 13. Conocer del recurso de Casación Laboral, a que se refiere el Capítulo IV, Título VIII, del Código de Trabajo, hasta tanto se instituya la Corte de Casación Laboral; y 14. Ejercer todas las demás atribuciones que el código de Trabajo atribuye a la Corte de Casación Laboral. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 105. Los fallos que dicte la Sala Tercera por virtud de lo dispuesto en esta sección son finales, definitivos y obligatorios y no admiten recurso. Artículo 106. A la Sala Cuarta corresponde: 1. Decidir los impedimentos del Director General del Registro Público y del Director General del Registro Civil, si no fueren en el último caso atribuidos a otro Tribunal; 2. Examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero, incluso las arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de Panamá, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados públicos; 3. Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por Tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o Tribunal que debe cumplirlo; 4. Declarar quiénes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía y para desempeñar el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial; 5. Revisar y aprobar las tarifas de honorarios que establezcan los Colegios o Asociaciones de Abogados; 6. Proponer las reformas o modificaciones que requieran las Leyes, presentando a la Asamblea Legislativa, el proyecto o proyectos necesarios, con una clara y minuciosa exposición de motivos; 7. Expedir el Reglamento para régimen interior de la Corte y de las Salas, el reparto de negocios y el arreglo de las Secretarías con miras a facilitar la marcha de los negocios atribuidos al Tribunal. El Reglamento y sus modificaciones deberán publicarse en la Gaceta Oficial o el Registro Judi- cial; 8. Revisar y aprobar con las enmiendas que estime necesarias el Reglamento para el régimen interior de todos los Tribunales y Juzgados de la República: 9. Aplicar a particulares, litigantes y abogados, las sanciones correccionales y disciplinarias que señale la Ley: 10. Cuidar de que los fallos del Pleno y de las Salas sean oportunamente publicados en el Registro Judicial: 11. Visitar las Secretarías de las Salas, una vez por lo menos cada mes, anotar y corregir las irregularidades que advierta e instruir a los subalternos para acelerar la marcha de los negocios dejando de ello constancia en acta suscrita por tres miembros permanentes y el Secretario del Pleno: 12. Conocer de las apelaciones contra las sanciones correccionales impuestas individualmente por los magistrados: 13. Evacuar los informes que el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Procurador General de la Nación pidan a la Corte, relativos a la administración de justicia, a la organización y régimen de los Tribunales y a los asuntos económicos de los mismos: 14. Conocer de todos los asuntos que le atribuye el Título XII, del Libro I de este Código: 15. Para cumplir las funciones especificadas en los dos numerales que anteceden, la Sala de Negocios Generales tiene potestad suficiente para exigir de todos los empleados del Órgano Judicial y de la administración pública y las entidades autónomas o semiautó nomas todos los informes que juzgue necesarios sobre los negocios que cursan o han cursado en los Tribunales y sobre datos que existan en las oficinas respectivas y para pedirles todos los informes que consideren valiosos para el mejor cumplimiento del Título XII, Libro I de este Código; 16. Aprobar, cada dos años, lista de Auxiliares de la Jurisdicción que actuarán en los procesos; 17. De las cuestiones que se susciten entre dos o más Municipios cuando éstos obren en su carácter de persona jurídica e n el campo de derecho privado; 18. Conceder licencia a todos los funcionarios del Órgano Judicial para llevar a cabo estudios o adiestramientos relacionados con las funciones que desempeñan, oído el concepto favorable del Jefe inmediato o de la mayoría de los magistrados cuando se trate de un Tribunal colegiado; 19. Dar cuenta a la Asamblea Legislativa de las dudas, vacíos, contradicciones e inconvenientes que se vayan observando en la aplicación de las Leyes civiles, penales, mercantiles y judiciales; 20. Determinar la suspensión o remoción del Contralor General o Subcontralor de la República. CAPITULO II REPARTIMIENTOS y SUSTANCIACION DE LOS NEGOCIOS Y MODO DE DIRIMIR LOS DESACUERDOS Artículo 119. En toda decisión del Pleno y de las Salas es necesaria mayoría absoluta de votos. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 TITULO IV TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL CAPÍTULO I PERSONAL Y ATRIBUCIONES SECCIÓ N la. PERSONAL Artículo 124. En la República habrá cinco Tribunales Superiores que se denominarán así: Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que conocerá de los asuntos civiles en las Provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San BIas; Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que conocerá de los asuntos penales en las mismas Provincias; un Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que conocerá de las causas civiles y penales en las Provincias de Coclé y Veraguas; un Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que conocerá de los asuntos civiles y penales en las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro; y un Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial que conocerá de los asuntos civiles y penales en las provincias de Herrera y Los Santos. Artículo 127. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia se requiere ser panameño por nacimiento, haber cumplido treinta años de edad: estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos: ser graduado en Derecho y tener Diploma debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto y, haber ejercido la profesión de abogado durante cinco años por lo menos, o desempeñado por igual lapso, los cargos de Juez de Circuito, Fiscal de Circuito o de Fiscal del Tribunal Superior, Secretario General de la Corte Suprema de Justicia o de algunas de sus Salas, de la Procuradur ía General o de la Administración, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, del Tribunal Superior del Trabajo o haber enseñado derecho en la Universidad de Panamá por igual lapso, o en cualquier otra Universidad reconocida por el Estado. También se consideran idóneos para desempeñar estos cargos lo que, teniendo certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en toda la República, hayan servido los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de los Tribunales Superiores de Justicia, o de Fiscal de Distrito Judicial, o de Juez de Circuito, o de Fiscal de Circuito durante cuatro años por lo menos, siempre que reúnan los otros requisitos. Artículo 131. Reconócese idoneidad para desempeñar el cargo de oficial mayor en los Juzgados y Agencias del Ministerio público, así como de voceros en los juicios orales penales, a los estudiantes mayores de edad, de los dos últimos años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 u otra reconocida por el Estado. Se exceptúan de la disposición anterior la Secretaría General, las Secretarías de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General y de la Procuraduría de la Administración. Artículo 136. Los Tribunales Superiores tienen, en Sala de Acuerdo integrada por el Pleno, las siguientes atribuciones: 1. Decidir los conflictos de competencia que se susciten entre los Jueces de Circuito que actúen dentro del respectivo Distrito Judicial; 2. Sancionar con multa que no exceda de veinticinco balboas (B/.25.00) o arresto de tres (3) días a los que le desobedezcan o falten el debido respeto en el ejercicio o por razón de sus funciones. Estas sanciones son apelables en el efecto suspensivo solamente cuando se originan en actos de desobediencia; 3. Decidir las apelaciones sobre multas, arrestos, apercibimiento y otras sanciones que impongan correccionalmente los Jueces de Circuito, según las normas de la Carrera Judicial y de sus Reglamentos; 4. Elegir sus dignatarios cada año, quienes sólo podrán ser reelegidos una sola vez para el mismo cargo; 5. Nombrar a los Jueces de Circuito y sus suplentes conforme a las reglas de la Carrera Judicial; 6. Declarar la vacante de los cargos de Jueces de Circuito; 7. Resolver las excusas y renuncias que presente n los empleados judiciales nombrados por el Tribunal; 8. Dar cuenta anualmente a la Corte Suprema de las dudas, vacíos, contradicciones o inconvenientes que hayan notado en la aplicación de las Leyes; 9. Expedir el Reglamento para el Régimen interno del Tribunal, sujeto a la aprobación de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema; y 10. Ejercer las demás funciones que les atribuye la Ley. SECCION 2a. REGLAS RELATIVAS A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DEL DISTRITO JUDICIAL Artículo 142. En los procesos de que trata el ordinal 4 del artículo 134, el Magistrado Sustanciador practicará todas las diligencias y dictará las providencias a que haya lugar, firmándolas él sólo; hará el sorteo de los jurados y presidirá la audiencia; pero los autos y sentencias serán firmados por todos los Magistrados. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 143. En los Tribunales Superiores de Justicia las sentencias serán firmadas por todos los Magistrados, los autos por dos y las providencias por el Magistrado Sustanciador. Se exceptúan los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, los cuales serán emitidos por todos los Magistrados. Artículo 144. En los procesos a que se refieren los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 139 conocerá el Pleno de la Sala. Artículo 145. En los casos a que se refiere el numeral 8 del artículo 139, de los cuales conoce el Tribunal en Sala de Acuerdo, el Magistrado a quien se adjudique el negocio lo sustanciará y redactará el proyecto de resolución: pero el acuerdo o resolución será firmado por todos los Magistrados que integran el tribunal. Artículo 146. El Magistrado a quien se adjudique un proceso, quien se llamará sustanciador, debe sustanciarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido y redactará el proyecto de resolución correspondiente: pero la resolución final será proferida siempre por la totalidad de los Magistrados que integran la Corporación o la Sala de Decisión respectiva, según el caso. Es aplicable a los Magistrados de los Tribunales Superiores las reglas que para los Magistrados de la Corte se establecen en el artículo 114. Cuando en un proceso ha sido presentado ya el Proyecto de resolución final y ésta hubiese sido adoptada, los autos que deban dictarse en ese mismo proceso, serán firmados por todos los Magistrados del Tribunal o de la Sala respectiva. TITULO V JUECES DE CIRCUITO CAPÍTULO I DE LOS JUECES Artículo 156. Las sedes de los Juzgados del 1º 2º y 3º Circuitos judiciales estarán en las Ciudades de Panamá, San Miguelito y La Chorrera. Artículo 157. Para ser Juez de Circuito se requiere ser panameño por nacimiento, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener diploma de derecho debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto y poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía. Se requiere, además, haber ejercido la profesión de abogado durante tres años por lo menos o haber desempeñado por igual lapso un ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 cargo público para el cual la Ley exige tener diploma en Derecho y Certificado de Idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. Artículo 159. Los Juzgados de Circuito tendrán el personal que se indique en la organización administrativa que apruebe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con la opinión favorable del Consejo Judicial y de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto General del Estado. Artículo 162. Cada Juez de Circuito tendrá dos suplentes. CAPÍTULO II ATRIBUCIONES Artículo 165. Son de competencia de los Jueces de Circuito conocer en Primera instancia: a. Los procesos cuya cuantía sea mayor de mil balboas; b. Los procesos civiles en que figuren como parte el Estado, los Municipios, las entidades autónomas, semiautó nomas, descentralizadas y cualquier otro organismo del Estado o del Municipio; c. Los procesos de expropiación: Los Jueces de Circuito también conocen en primera instancia de las siguientes materias: 1. Ausencia y presunción de muerte; 2. Divorcio y separación de cuerpos; 3. Nulidad de Matrimonio; 4. Interdicción; 5. Autorización para ciertos actos y contratos sobre bienes de menores e incapaces y aprobación de cuentas, si la cuantía es mayor de mil balboas; 6. Bienes vacantes y mostrencos de igual cuantía; 7. Deslinde y amojonamiento; 8. Perturbación de posesión; 9. Despojo y restitución de posesión; 10. Resolución y restitución en las ventas de muebles o inmuebles a plazos, si la cuantía es mayor de mil balboas; 11. Pago por consignación y rendición de cuenta en los casos en que la cuantía sea mayor de mil balboas; 12. Concurso de acreedores; 13. Los procedimientos especiales que versen sobre las siguientes materias: edificación en terreno ajeno e inspecciones ocula res sobre medidas y linderos; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 14. Nulidad y cancelación de notas marginales en el Registro Civil; 15. De los siguientes procesos penales: robo, hurto de una o más cabezas de ganado mayor, competencia desleal, delitos contra los derechos ajenos, peculados, procesos penales contra los Jueces y Personeros Municipales y los funcionarios en general que tengan mando y jurisdicción en más de un Distrito y cualquier otro delito que tenga en la Ley señalada pena mayor de dos años de prisión. 16. Los procesos civiles y penales que no están atribuidos por la Ley expresamente a otra autoridad y todos los que les atribuyan las Leyes. TÍTULO VI JUECES MUNICIPALES CAPÍTULO I DE LOS JUECES Artículo 176. Para ser Juez Municipal en todos los Distritos de la República, se requiere ser panameño por nacimiento o por adopción con más de cinco (5) años de residencia continua en el país; ser mayor de 25 años de edad; estar en pleno goce de sus derechos ci viles y políticos ; ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia; haber ejercido la profesión de abogado por más de tres (3) años o un cargo público para el cual se requiere poseer diploma de derecho y certificado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. Artículo 178. Los Jueces Municipales de los Distritos de la República devengarán un sueldo mensual que no será menor de B/.l,000.00. Artículo 183. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia: A. De los siguientes procesos penales: 1. De todos los procesos por delitos penados por la Ley con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años o con pena pecuniaria, exceptuándose los ejecutados por funcionarios que tengan mando o jurisdicción en más de un distrito. 2. Los procesos por delitos contra la propiedad, cuando la cuantía no sea mayor de mil balboas (B/.1,000.00). 3. De los procesos por el delito de Lesiones Culposas cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el Artículo 136 del Código Penal. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 B. De los siguientes procesos civiles: 1. Los que versen sobre cuantía superior a ciento cincuenta balboas (B/.150.00) sin exceder de mil balboas (B/.1,000.00). 2. Dentro de la cuantía que le asigna la Ley, de los procesos de sucesión y de los relativos al aseguramiento de bienes hereditarios, a las herencias yacentes y de división y venta de bienes comunes. En lo que respecta al aseguramiento de bienes hereditarios, podrá iniciar la actuación el Juez Municipal que primeramente tenga conocimiento de la muerte de una persona en las condiciones a que se refiere el Código Judicial. 3. De los Juicios Especiales que versen sobre: a. Justificación de Posesión. b. Alimentos. C. Practicar a prevención con los Jueces de Circuito las diligencias en que no haya oposición de parte y no estén atribuidos a otra autoridad. D. Nombrar al personal subalterno con arreglo a lo que dispone la Ley sobre Carrera Judicial y su reglamento. E. Castigar correccionalmente con multa que no pase de veinte balboas (B/.20.00) y arresto no mayor de 72 horas, a los que le desobedezcan o falten el debido respeto cuando estén en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. Artículo 184. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta balboas (B/.150.00); de los procesos por delito de hurto, apropiación indebida y estafa cuyas cuantías no excedan de cincuenta balboas (B/. 50.00) de los procesos por lesiones intencionales cuando la incapacidad no pase de veinte (20) días y no deje señal permanente y visible a simple vista en el rostro; y de los procesos por delitos de lesiones culposas cuya incapacidad no exceda de treinta (30) días. Se exceptúan de esta disposición las obligaciones que sean consecuencia de contratos mercantiles. CAPÍTULO III DEL JUEZ COMARCANO Artículo 187. En la Comarca Indígena de San BIas existirá un Juez que tendrá las funciones que se le señalen por Ley especial. En la Comarca Indígena de San BIas funcionará un Personero quien tendrá las funciones que se le señalen por la Ley especial. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 199. Para ser Secretario de los Juzgados de Circuito se requieren las condiciones que son necesarias para ser Juez Municipal. Para ser Secretario de los Juzgados Municipales se requieren las mismas condiciones que se le exigen a los respectivos Jueces Municipales. Artículo 203. Son funciones de los Alguaciles Ejecutores, la realización de todas las medidas precautorias ordenadas por el respectivo Tribunal para asegurar los resultados positivos de los procesos. Ellas son: a. Ejecutar todos los secuestros y las diligencias necesarias para su cumplimiento; b. Realizar todas las diligencias concernientes a la suspensión de que trata el Libro II de este Código; c. Practicar las medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar provisionalmente las decisiones decretadas por los Tribunales ordinarios de conformidad con el Libro II de este Código; d. Ejecutar los embargos ordenados por los Jueces del conocimiento del proceso, realizar todos los remates y demás diligencias, hasta ponerlos en estado de aprobación por el Juez; y, e. Realizar todas las demás operaciones precautorias compatibles con sus funciones de Alguacil Ejecutor. Para la práctica de estas funciones los Alguaciles Ejecutores deberán despachar en cualquier hora del día, aunque sea inhábil. TÍTULO VIII DEBERES, RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS Y JUECES Artículo 211. Los Magistrados y Jueces tendrán las siguientes facultades disciplinarias: 1. Sancionar con multa de diez a cincuenta balboas a sus subalternos, a los demás empleados públicos y a los particulares que no cumplan o demoren sin causa justificada, las órdenes que dichas autoridades les impartan en ejercicio de sus funciones e imponer las demás multas que autoriza este Código. La multa se impondrá por resolución motivada, previo informe secretarial o comprobación sumaria, y contra ella sólo procederá el recurso de reconsideración. Ejecutoriada la resolución que imponga una multa, si no se consigna su valor, se convertirá en arresto a razó n de dos balboas por cada día y sin exceder de veinte días. 2. Imponer pena de arresto hasta por cinco días a quienes le falten el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razó n de ellas. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Para imponer esta pena es necesario comprobar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho o con prueba testimonial sumaria. La sanción se impondrá por medio de resolución motivada, que sólo será susceptible del recurso de reconsideración dentro de los tres días siguientes a su notificación personal. En firme la resolución, se remitirá copia de ella al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá cumplirla inmediatamente. 3. Expulsar de las audiencias a quienes perturban su curso. 4. Sancionar con multa de diez a cincuenta balboas a los patronos o representantes legales que impidan a sus trabajadores o representantes la comparecencia al despacho judicial para rendir declaración o para atender cualesquiera otra citación que se les haga. CAPÍTULO III AUXILIARES JUDICIALES Artículo 230. La designación de Auxiliares y de los Curadores será rotativa, de manera que la misma persona no puede ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista correspondiente. TÍTULO XII DE LA CARRERA JUDICIAL Artículo 278. El ingreso a la Carrera Judicial se hará en la forma y condiciones que se establezcan en el presente título. No formarán parte de la Carrera Judicial los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y el Personal de Secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no formen parte de la Carrera Judicial, que incluye Escribientes, Asistentes, Conductores y Porteros. Estos funcionarios subalternos serán de libre nombramiento y remoción del titular del Despacho, pero tendrán los demás derechos, obligaciones y prohibiciones que las Leyes del ramo les asignan a los otros funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Para ingresar a la Carrera Judicial es preciso cumplir con los requisitos exigidos por la Ley o los reglamentos para ocupar el cargo respectivo. Para estos efectos se instituirá una clasificación de cargos judiciales y del Ministerio Público, que servirá de base para todo lo atinente a selección, nombramiento y promoción de los funcionarios de Carrera. Esta clasificación se hará tomando en cuenta las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 El Consejo Judicial adoptará un Reglamento en que se apruebe lo anterior y se regule en mayor detalle la selección, promoción, disciplina y separación de funciones del personal de carrera, tomando en consideración los presupuestos que la Constitución Política instituye al efecto. CAPÍTULO I DE LOS NOMBRAMIENTOS Artículo 280. Para los efectos de todos los derechos y garantías consagradas en este Código para la Carrera Judicial, sólo gozarán de los mismos los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha carrera. No obstante esta disposición, los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos tres (3) años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, permanecerán en el cargo mientras no incurran en causa que, conforme a la Ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan. CAPÍTULO VII DE LA SEPARACIÓ N Artículo 292. Procede la separación de los servidores públicos del escalafón judicial sólo en algunos de los siguientes casos: 1. Cuando por sentencia firme se le impusiere cualquier pena por delito común o contenido en cualquier legislación especial; 2. Cuando después de haber sido nombrados, se acredite debidamente que han sufrido o cumplido cualquier pena por delito común de carácter doloso; 3. Por impedimento físico o intelectual debidamente acreditado o se hallaren en algunos de los casos de incompatibilidad de que trata este Código; 4. Cuando abandonaren las labores de sus cargos por tres ( 3 ) días consecutivos o más sin licencia debidamente otorgada; 5. Cuando tomen directa o indirectamente parte en la política partidista: 6. En los casos de incompatibilidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución política; 7. Cuando el Juez, Magistrado o Agente del Ministerio Público haya sido separado del conocimiento de un proceso por demora en su tramitación dos o más veces durante un mismo año. En el caso primero de este artículo el funcionario quedará separado del cargo tan pronto sea ejecutoriada la sentencia respectiva. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 En los demás casos se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 298 y 299. CAPÍTULO IX DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Artículo 294. Los servidores públicos del escalafón judicial y los del Ministerio Público de igual categoría, serán sancionados disciplinariamente en los siguientes casos: 1. Cuando faltaren de palabra, por escrito o de obra, a sus superiores en el orden jerárquico; 2. Cuando faltaren al despacho más de tres días en un mes o más de un lunes en el mismo lapso sin causa justificada; 3. Cuando fueren denunciados por negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus deberes oficiales y se comprobare el cargo; 4. Cuando dieren a las partes o terceras personas, opiniones, consejos, indicaciones o información confidencial, en relación con asuntos pendientes en sus despachos, que puedan ser motivo de controversia, si se comprueba el cargo; 5. Cuando dirigieren al Órgano Ejecutivo o a servidores públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos; 6. Cuando tomaren parte en reuniones, manifestaciones o en cualquier acto de carácter político que no sea el de depositar su vo to en los comicios electorales; 7. Cuando censuraren injustificadamente por escrito o verbalmente la conducta oficial de otros Jueces o Magistrados o Agentes del Ministerio Público; 8. Cuando sugirieren a Jueces y Tribunales la decisión de negocios pendientes en juicios contradictorios o en causas criminales, salvo cuando la Ley así lo disponga; 9. Cuando sugirieren a Jueces y Tribunales subalternos el nombramiento de una determinada persona; 10. Cuando infringieren cualquiera de las prohibiciones o faltaren el cumplimiento de los deberes que este Código u otros Códigos y Leyes tengan establecidos. Artículo 296. Los funcionarios mencionados en el artículo anterior deberán promover el procedimiento para la aplicación de la corrección disciplinaria con los datos que, con el carácter de ciertos, hubieran llegado a su conocimiento, por queja bajo juramento presentada por cualquiera persona o cuando se lo ordenen sus superiores en el orden jerárquico. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 298. El procedimiento consistirá en: a. Dar vista de los antecedentes por cinco días al funcionario contra quien se proceda; b. Admitir las pruebas conducentes que se presenten a favor del acusado o en su contra, cuando alguien quiera hacerlo; c. Señalar un término no menor de tres días ni mayor de quince para su práctica; d. Procurar de oficio la comprobación de los hechos que constituyen la falta disciplinaria; e. Oír de palabra o por escrito al acusado, y a juicio del funcionario sustanciador, a cualquier persona que desee hacerlo, en un término común de cinco días. Artículo 300. A los Jueces y Agentes del Ministerio Público se les aplicará las sanciones correccionales de conformidad con la gravedad de la falta así: 1. Amonestación; 2. Multa no menor de cinco balboas ni mayor de veinticinco balboas; y 3. Suspensión del cargo y privación de sueldo por lapso no mayor de quince días. Artículo 301. A los Magistrados y Fiscales Superiores de Distrito Judiciales y a los Jueces y Fiscales de Circuito se impondrán las siguientes correcciones de conformidad con la gravedad de la falta: 1. Amonestación; 2. Multa no menor de diez balboas ni mayor de cien balboas; y 3. Suspensión de cargos y privación de sueldo por un lapso no mayor de treinta días. TÍTULO XIII DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO Artículo 317. Todos los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público tienen la facultad de servirse gratuitamente de los telégrafos, teléfonos y radios para hacer cumplir sus órdenes; para reclamar la práctica de diligencias ya ordenados; para la persecución, aprehensiones o detención de sindicados o reos, y para cualesquiera otros casos urgentes que pueden ocurrir en la secuela de los procesos. Los mismos funcionarios judiciales podrán también hacer uso de los medios de comunicación, arriba expresados, para ordenar la inmediata libertad de un reo o de un sindicado de delito que se halle detenido fuera de la residencia del ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 respectivo tribunal, ya por haber cumplido el reo su condena, ya por habérsele absuelto o declarado libre de pena por prescripción, ya por amnistía o por indulto o por haberse dictado auto de sobreseimiento provisional o definitivo, o de excarcelación o cesación del procedimiento. Artículo 320. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de los otros Tribunales de la República y los Jueces, gozarán de franquicia postal, radio- eléctrica y telefó nica para sus actuaciones oficiales. Este servicio incluye, cuando las necesidades lo justifiquen, el envío de correspondencia certificada o recomendada. Los citados servidores públicos tendrán derecho a portar un arma de fuego para su seguridad personal. Cuando se haga uso de este derecho el funcionario deberá notificarlo a la dependencia estatal a cargo del registro de armas de fuego. Esta norma es igualmente aplicable a los Agentes del Ministerio Público. Artículo 321. Las personas que cuente n con cincuenta y cinco (55) años de edad o más y que hayan servido al Estado durante un mínimo de veinticinco (25) años, quince de los cuales correspondan en forma continua o alternada, indistintamente, al Órgano Judicial, el Ministerio Público o la Jurisdicción de Menores, tendrán derecho a ser jubilados. También gozarán del derecho que concede este artículo, las personas que ocupen cargos en las dependencias estatales últimamente mencionadas como titulares de Tribunales o Agencias del Ministerio Público, cuando hayan servido durante treinta (30) años al Estado, quince (15) de los cuales correspondan indistintamente a tales dependencias, aunque tengan una edad inferior a cincuen- ta y cinco (55) años. Quienes ocupen como titulares los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procuradores de la Nación o de la Administración y Juez del Tribunal Tutelar de Menores tendrán derecho a jubilarse cuando cuenten con cincuenta y cinco (55) años de edad y hayan servido al Estado durante veinticinco (25) años por lo menos, diez (10) de los cuales correspondan indistintamente al Órgano Judicial o al Ministerio Público. En los supuestos anteriores la jubilación se concederá con el último sueldo que haya percibido la persona al momento de retirarse definitivamente del cargo que ocupa. Para ayudar a financiar las jubilaciones, de sus propios servidores, en los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público se destinarán anualmente partidas especiales para crear una reserva que cubra la diferencia entre lo que corresponda pagar al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos y el monto de la asignación de jubilación concedido por este artículo a los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Público. Los fondos correspondientes a esta reserva se depositarán en fideicomiso, en la Caja de Seguro Social, para el fin indicado. PARÁGRAFO: Para los efectos de su jubilación se consideran como funciones servidas en el Órgano Judicial las que se refieren a los cargos donde se exige el requisito de las credenciales de Magistrados de la Corte Suprema de Justica. Artículo 327. Las demoras y las omisiones en que incurran los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275, serán sancionados por el Consejo Judicial. En los mismos casos el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, serán sancionados también por dicho Consejo. Artículo 328. Las multas se impondrán mediante proceso breve y sumario en virtud de queja del interesado y una vez comprobado el hecho; a falta de queja, de oficio. El Consejo Judicial tendrá el término de cinco (5) días para resolver. Las copias que se e xpidan en estos casos no causarán costo alguno. Artículo 331. Cuando se imponga una multa que debe ingresar al Tesoro Nacional, se pasará de oficio copia de la resolución al respectivo funcionario para que la haga efectiva. Artículo 332. En caso de imponerse multa a los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, a las partes y a cualesquiera otras personas que figuren en un proceso, pueden los interesados reclamar contra ella ante el mismo Tribunal que la impuso mediante el recurso de reconsideración. MINISTERIO PÚBLICO CAPÍTULO I ORGANIZACIONES Y ATRIBUCIONES Sección 1a. Artículo 337. Las funciones asignadas al Ministerio Público serán ejercidas por el Procurador General de la Nación, por el Procurador de la Administración, por el Fiscal Auxiliar de la República, por el Fiscal Delegado de la procuraduría General de la Nación, por los Fiscales Superiores de Distrito Judicial, por los Fiscales de Circuito, por los Personeros Municipales y demás funcionarios que establezca la Ley. El Procurador General de la Nación podrá introducir cambios en el número, nomenclatura y ubicación de las agencias del Ministerio Público con la excepción de la procuraduría de la Administración, sujeto a que ello se justifique por las necesidades del servicio y respetando la disponibilidad presupuestaria y ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 posibilidades económicas del Estado, al igual que el límite presupuestario asignado por la Constitución. Para este efecto se confeccionarán estadísticas de los procesos y se oirá la opinión del Consejo Judicial. Artículo 338. El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y sus Suple ntes, serán nombrados por el Órgano Ejecutivo con sujeción a la ratificación de la Asamblea Legislativa. Los demás Agentes del Ministerio Público y sus suplentes, serán nombrados por sus superiores jerárquicos con arreglo a la Carrera Judicial. El Personal subalterno será nombrado por el Procurador, el Fiscal o Personero respectivo. Artículo 339. El Procurador General de la Nación preside el Ministerio Público y le están subordinados jerárquicamente los demás servidores del ramo conforme a la Constitución y a la Ley. Al Procurador de la Administración le están subordinados, con excepción del Procurador General de la Nación, los restantes servidores del Ministerio Público. Al Fiscal Auxiliar de la República y al Fiscal Delegado de la Procuraduría General, con excepción de los dos Procuradores, le están subordinados los restantes servidores del Ministerio Público. En los mismos términos, a los Fiscales de Distrito Judicial le están subordinados los de Circuito y a éstos los Personeros Municipales. Los Agentes del Ministerio Público son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley, pero están obligados a acatar aquéllas disposiciones legítimas que sus superiores emitan en el ejercicio de sus atribuciones legales. Artículo 343. En el Primer Distrito Judicial habrá cuatro Fiscales Superiores; uno en el Segundo Distrito Judicial; dos en el Tercer Distrito Judicial y uno en el Cuarto Distrito Judicial. Artículo 344. En la Provincia de Panamá funcionarán como mínimo 12 fiscalías de Circuito; en la provincia de Chiriquí 5 fiscalías de Circuito; en la Provincia de Colón 4 fiscalías de Circuito; en la Provincia de Veraguas 3 fiscalías de Circuito; y una fiscalía de Circuito en cada una de las demás provincias. Los fiscales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, y 9º. de la Provincia de Panamá tendrán su sede en la Ciudad de Panamá; el 10º. en el Corregimiento de Ancón; el 11º en el Distrito de San Miguelito y el 12º en la Chorrera. En cada Municipio Judicial y en cada Comarca Indígena funcionará como mínimo una personería municipal. En el Distrito de Panamá funcionará como ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 mínimo 5 personerías; en el de Colón 3; en el de Yaviza 2; en el de Barú 2; en el de Chepigana 2; Y en el de Changuinola 2. El Procurador General de la Nación podrá introducir cambios en el número, nomenclatura, organización administrativa y ubicación de las agencias del Ministerio Público, con excepción de la Procuraduría de la Administración, sujeto a que ella se justifique por necesidad del servicio y respetando la disponibilidad presupuestaria y posibilidad económica del Estado, al igual que el límite presupuestario asignado por la Constitución. Para este efecto se confeccionarán estadísticas de los procesos y se requerirá la opinión favorable del Consejo Judicial. Artículo 345. El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, el Fiscal Auxiliar de la República y el Fiscal Delegado de la procuraduría General de la Nación, residirán en la Capital de la República. Los demás agentes del Ministerio Público residirán en el lugar donde esté situada la sede de su despacho. Artículo 350. Corresponde a la procuraduría General de la Nación respecto al presupuesto, sueldo, gastos y demás erogaciones del Ministerio Público, las mismas facultades y atribuciones señaladas a la Corte Suprema de Justicia respecto al Presupuesto del Órgano Judicial. Artículo 351. El personal de la procuraduría General de la Nación, y el de todas las demás agencias del Ministerio Público, con exclusión de la Procuraduría de la Administración; así como la escala salarial se establecerán en la organización administrativa que apruebe la procuraduría con la opinión favorable del Consejo Judicial y de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto General del Estado. Artículo 352. El personal de la procuraduría de la Administración, así como la escala salarial se establecerán en la organización administrativa que apruebe la procuraduría de la Administración, con el concepto favorable del Consejo Judicial y de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto General del Estado. SECCIÓ N 2a. PERSONAL SUBALTERNO Artículo 361. Para ser Secretario General de la Procuraduría General de la Nación y Secretario General de la procuraduría de la Administración, se requieren los mismos requisitos que para ser Secretario General de la Corte Suprema de Justicia. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Para ser Secretario de Primera Categoría de las Procuradurías se requieren los mismos requisitos que para ser Secretario de Sala de la Corte Suprema de Justicia y para ser Oficial Mayor de ellas las mismas cualidades que se exigen para ser Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia. Para ser Secretario de Fiscalía Superior de Distrito Judicial se requieren los mismos requisitos que para ser Secretario de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para ser Secretario y Oficial Mayor en las demás Agencias del Ministerio Público se requieren los mismos requisitos exigidos para ocupar tales cargos en el correspondiente Tribunal o Juzgado ante el que actúe la respectiva Agencia del Ministerio Público. CAPÍTULO II ATRIBUCIONES GENERALES Artículo 362. Corresponde a todos los Agentes del Ministerio Público las siguientes funciones: 1. Defender los intereses del Estado o del Municipio, según los casos y representar al Estado en los procesos que se instauren en contra de éste; 2. Promover el cumplimiento o la ejecución de las Leyes y sentencias judiciales, conforme a la Ley y disposiciones administrativas; 3. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes públicos, para lo cual practicarán las diligencias que sean necesarias, de oficio o a solicitud de parte interesada; 4. Investigar las contravenciones de disposiciones constitucionales o legales y ejercitar las acciones correspondientes; 5. Perseguir e investigar los delitos, ejerciendo las acciones derivadas de los mismos ante los Juzgados y Tribunales en que actúen; Así mismo intervendrán en la tramitación de los sumarios en la forma que se establece en esta Ley. 6. Servir de consejeros jurídicos a los servidores administrativos de su circunscripción. En aquellas entidades autóno mas o semiautó nomas o dependencias del Gobierno Central donde existen departamentos o asesores jurídicos, toda consulta formulada a los Agentes del Ministerio Público, deberá estar acompañada del criterio expresado por el departamento o asesor jurídico respectivo, sobre el punto en consulta; 7. Oír las quejas que se les presenten contra los servidores públicos de su circunscripción, procurar que cesen las causas de ellas, si las hubiere y ejercitar las acciones correspondientes, y para esto deben realizar todas las diligencias y tomar las medidas que consideren convenientes; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 8. Llevar un registro de los asuntos en que intervengan, que cursen en el Tribunal ante el cual actúen; anotar en él los que se despachen y vigilar que la tramitación no se demore; 9. Llevar la voz del Ministerio Público en los asuntos en que deban intervenir y que se ventilen ante los tribunales respectivos; 10. Solicitar la práctica de las diligencias judiciales que puedan convenir a la defensa de los intereses nacionales o municipales o de los intereses de las personas a quienes la Ley dé amparo especial; 11. Imponer multa a los subalternos de su despacho, mediante resolución motivada, que no cumplan las órdenes e instrucciones que le comuniquen, así: El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, hasta cincuenta balboas (B/.50.00); el Fiscal Auxiliar de la República y el Fiscal Auxiliar de la Procuraduría General de la Nación hasta veinte balboas (B/.20.00); los fiscales del Distrito Judicial, hasta quince balboas; los Fiscales de Circuito, hasta diez balboas y los Personeros hasta cinco balboas (B/.5.00); 12. Rendir informe sobre la marcha de la administración de justicia en relación a sus respectivas circunscripciones e indicar las reformas que convengan hacer. El Procurador General de la Nación dirigirá su informe al Órgano Ejecutivo y los demás Agentes del Ministerio Público al respectivo superior jerárquico, durante el mes de agosto de cada a ño; 13. Visitar cuando lo crean conveniente, los establecimientos penales, cárceles de sus respectivas circunscripciones, a fin de contribuir con sus indicaciones a la modernización e implantación de un sistema carcelario cónsono con los adelantos de la justicia penal y evitar tratamiento indebido y cruel a los detenidos; 14. Informar al final de cada bimestre a su superior jerárquico el estado de los objetos recibidos por ellos y depositados como efectos que guardan relación con los delitos investigados; 15. Emitir dictamen en los procesos civiles en que intervengan incapaces y en aquellos casos que se relacionen con el estado civil de la persona; y 16. Las demás funciones q ue les asignen las Leyes. CAPÍTULO III ATRIBUCIONES ESPECIALES SECCIÓ N la. PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓ N Artículo 363. Son atribuciones especiales del Procurador General de la Nación: ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 1. Investigar y ejercer, ante la Corte Suprema de Justicia la acción correspondiente a los delitos cometidos por los servidores públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta Corporación; 2. Instruir las sumarias y, en general, ejercer la acción penal en los procesos por delitos cuyo conocimiento esté atribuido a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala de lo Penal de ésta; 3. Promover y sostener los juicios necesarios para la defensa de los bienes e intereses del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba del Órgano Ejecutivo, y representar al Estado en los Juicios que contra ella se sigan ante la Corte Suprema de Justicia; 4. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos relativos al estado de familia, en la forma establecida por la Ley; 5. Cuidar de que los demás servidores públicos del Ministerio Público desempeñan fielmente sus cargos, y exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que cometan y ejercitar las acciones correspondientes; 6. Defender ante la Corte Suprema de Justicia los intereses de los Municipios y de las demás entidades públicas estatales cuando la Nación no tenga interés en el asunto y la respectiva entidad carezca de representantes ante dicha corporación; 7. Nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia, de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial; 8. Visitar las oficinas del Ministerio Público cuando lo estime conveniente para la buena marcha del servicio; 9. Las demás funciones que le asignen las Leyes; SECCION 2a. PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓ N Artículo 364. Son atribuciones especiales del Procurador de la Administración: 1. Intervenir en interés de la Ley, en los procesos contencioso-administrativos de interpretación y de apreciación de validez que se surtan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; 2. Representar los intereses nacionales, municipales, de las entidades autónomas y, en general, de la Administración Pública, en los procesos contencioso-administrativos que se originen en demandas de plena jurisdicción iniciados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los Municipios y las otras entidades administrativas autónomas pueden constituir los apoderados que a bien tengan para defender sus respectivos intereses en dichos negocios, pero tales ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 apoderados quedarán sujetos a la asesoría y directrices que les imparta el Procurador de la Administración. Cuando en un proceso de los mencionados tengan intereses opuestos la Nación y el Municipio o alguna entidad estatal autónoma, el Procurador de la Administración debe defender los intereses de la primera. En este supuesto el Personero Municipal defenderá los intereses del Municipio, si es que éste no ha constituido apoderado especial: y la respectiva entidad autónoma deberá nombrar un apoderado especial y, en caso de no contar con él, deberá actuar en su representación un Fiscal de Distrito Judicial. Cuando en un proceso de los mencionados en este ordinal, dos entidades autónomas, dos municipales o en general dos entidades estatales, tengan intereses contrapuestos, el Procurador de la Administración deberá actuar en interés de la Ley y cada entidad deberá designar su propio apoderado especial; 3. Intervenir en interés de la Ley, en los procesos contencioso-administrativos de plena jurisdicción en los que se impugnen resoluciones que hayan decidido procesos en vía gubernativa en los cuales haya habido controversia entre particulares por razón de sus propios intereses. En estos casos deberá darse audiencia a la contraparte de la que ha recurrido ante la Sala Tercera de la Corte; 4. Servir de consejero jurídico a los servidores públicos administrativos que consultaren su parecer respecto a determinada interpretación de la Ley o el procedimiento que debe seguir; 5. Coordinar la labor de asesoramiento jurídico a la Administración Pública y dirimir las diferencias o conflictos de interpretación legal que se produzcan entre dos o más entidades administrativas; 6. Intervenir, en forma alternada, con el Procurador General de la Nación, en las demandas de inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos impug nados ante ella por cualquier ciudadano, como inconstitucionales, por razones de fondo o de forma; 7. Intervenir, así mismo, en forma alternada con el Procurador General de la Nación, en las consultas que los funcionarios encargados de impartir justicia formulen ante la Corte Suprema de Justicia, acerca de la constitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso controvertido; 8. Nombrar y remover a los empleados de su inmediata dependencia de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial; 9. Aprobar la organización y reestructuración interna de la Procuraduría de la Administración, sujeto a las necesidades del servicio, a la disponibilidad presupuestaria, a las posibilidades económicas del Estado y oyendo previamente la opinión del Consejo Judicial; 10. Ejercer las atribuciones del Procurador General de la Nación cuando por ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 cualquier circunstancia no existan o se hayan agotado los suplentes de éste; 11. Velar porque los Agentes del Ministerio Público que le estén subordinados cumplan adecuadamente con sus atribuciones; y 12. Cualesquiera otras que le señale la Ley. SECCIÓN 3a. FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA Artículo 365. El Fiscal Auxiliar de la República tendrá jurisdicción en todo el Territorio Nacional y contará con la colaboración del personal del Departamento Nacional de Investigaciones de las Fuerzas de Defensa cuando actúe como funcionario de instrucción: Artículo 366. Son atribuciones especiales del Fiscal Auxiliar de la República: 1. Indicar de oficio o por denuncia las investigaciones sumariales relativas a los delitos que lleguen a conocimiento de ese despacho. Para este efecto practicará las diligencias iniciales, tales como: indagar a los sindicados, obtener el certificado de antecedentes penales y policivos, ordenar los reconocimientos médico legales y cualesquiera otras diligencias de carácter urgente, para reunir todas las pruebas que a su juicio pudieran perderse o diluirse. El Fiscal Auxiliar podrá servirse del personal subalterno del Departamento Nacional de Investigaciones para cumplir su cometido. Para ello el Jefe del Departamento, a requerimiento del Fiscal dará las órdenes del caso; 2. Reemplazar al Procurador General de la Nación y al Procurador de la Administración en los casos de impedimentos o de recusación de éstos, cuando se agoten los suplentes que deban reemplazarlos; y 3. Cualesquiera otras atribuciones establecidas en la Ley. SECCIÓ N 4a. FISCAL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓ N Artículo 367. Son atribuciones especiales del Fiscal Delegado de la Procuraduría General de la Nación: 1. Practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los delitos contra la Administración Pública o cuando por cualquier circunstancia se consideren afectados bienes del Estado, de los Municipios, ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Juntas Comunales, ins tituciones autónomas o semi-autó nomas y, en general, de cualquier entidad pública; 2. Indagar a los sindicados, ordenar la práctica de las diligencias que se consideren necesarias para el esclarecimiento del hecho delictivo y descubrir a los autores, cómplices o encubridores del mismo; 3. Remitir la actuación una vez agotada al Agente del Ministerio Público que por Ley corresponda el conocimiento del caso; 4. Investigar los delitos que le asigne el Procurador General de la Nación, por delegación; 5. Cualesquiera otras atribuciones establecidas en la Ley. Artículo 368. El Fiscal Delegado de la procuraduría General de la Nación ejercerá sus funciones en cualquier lugar del territorio de la República. SECCIÓN 5a. FISCALES DE DISTRITO JUDICIAL Artículo 369. Son atribuciones especiales de los Fiscales de Distrito Judicial: 1. Instruir las sumarias y, en general, ejercer la acción penal respecto de los delitos de competencia del tribunal ante el cual actúan; 2. Defender ante el Tribunal Superior de su circunscripción los intereses de los Municipios y de las otras entidades públicas en los asuntos en que no tenga interés la Nación, siempre que estas entidades carezcan de representantes o apoderados; 3. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos relativos al estado de familia, en la forma establecida por la Ley; 4. Solicitar, cuando no los recibe oportunamente, los datos que sean necesarios para el informe que debe presentar al Procurador General de la Nación sobre la marcha de la administración de justicia en el Distrito Judicial de su circunscripción; 5. Vigilar el funcionamiento de las Agencias del Ministerio Público subalternas de su circunscripción, a fin de que cumplan adecuadamente con sus atribuciones; y 6. Enviar mensua lmente un informe sobre los casos tramitados en su despacho al Procurador General de la Nación. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 SECCIÓN 6a. FISCALES DE CIRCUITO Artículo 370. Son atribuciones especiales de los Fiscales de Circuito: 1. Instruir las sumarias y, ejercer la acción penal respecto a los delitos de competencia del tribunal ante el cual actúan; 2. Comunicar mensualmente a los Fiscales de Distrito los datos necesarios para los informes que éstos deben presentar al Procurador General de la Nación; 3. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos relativos al estado de familia, en la forma establecida por la Ley; 4. Vigilar el funcionamiento de las Personerías de su circunscripción y cuidar que cumplan adecuadamente sus atribuciones; 5. Emitir concepto en los asuntos de policía correccional de que conozcan en segunda instancia los Gobernadores de Provincia; y 6. Cualesquiera otras que le señale la Ley. SECCIÓ N 7a. PERSONEROS MUNICIPALES Artículo 371. Son atribuciones especiales de los Personeros Municipales: 1. Instruir las sumarias y, en general, ejercer la acción penal respecto de los delitos de conocimiento de los Jueces Municipales; 2. Defender ante los Jueces Municipales los intereses de otros Municipios cuando el suyo propio no esté interesado y los segundos no hayan proveído su defensa; 3. Dar mensualmente a los Fiscales de Circuito los datos necesarios con respecto a los asuntos que cursen ante los Jueces Municipales respectivos, con copia a la procuraduría Ge neral de la Nación; y 4. Las demás funciones q ue les asignen las Leyes. CAPÍTULO IV INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Artículo 383. La Universidad de Panamá, los Hospitales del Estado y Particulares, las Fuerzas de Defensa y cualquier otra entidad estatal o particular tienen la obligación de cooperar con el Instituto de Medicina Legal en aquellas diligencias y servicios técnicos de su especialidad, que le sean requeridos. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 386. El Director del Instituto de Medicina Legal y todos los demás servidores formarán parte de la Carrera Judicial y se regirán por las normas que al efecto se dicten. CAPÍTULO V DISPOSICIONES COMUNES A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Artículo 387. El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y los Fiscales de Distrito, no podrán promover acciones civiles o Contencioso Administrativas en que sea parte la Nación, sin orden e instrucciones del Órgano Ejecutivo. Los Fiscales de Circuito y los Personeros Municipales no podrán promover acciones civiles en que sean parte los Municipios sin orden o instrucciones del respectivo Consejo Municipal. Ni el Órgano Ejecutivo ni los Consejos Municipales, podrán ordenar el desistimiento de acciones que la Ley hubiere ordenado promover. Artículo 388. Es prohibido a los Agentes del Ministerio Público transigir o someter a arbitraje los pleitos en que sea parte la Nación, los Municipios o cualquier otra entidad estatal, sin autorización expresa del Consejo de Gabinete, de conformidad con lo establecido en el artículo 195, numeral 4º de la Constitución Nacional. De los recursos interpuestos pueden desistir como cualquier apoderado judicial, salvo del recurso de apelación contra el fallo final. Artículo 389. En los procesos en que sea parte la Nación o los Municipios o cualquiera otra entidad estatal, el respectivo Agente del Ministerio Público está obligado a interponer recursos de apelación contra la resolución final, si fuere adversa. La falta de cumplimiento de esta obligación causará la destitución inmediata del Agente del Ministerio Público, quien será responsable de los perjuicios que cause con su omisión. Artículo 404. Toda supresión del cargo de los Agentes del Ministerio Público se hará efectiva al finalizar el período correspondiente. Artículo 405. El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración pueden comisionar a cualquier Agente del Ministerio Público para la práctica de diligencias que a ellos les estén encomendadas. Con el mismo objeto, los Fiscales de Distrito Judicial pueden comisionar a los Fiscales de Circuito y a los Personeros de su circunscripción y los Fiscales de ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Circuito pueden comisionar a los Personeros, que jerárquicamente dependen de ellos. Tales comisiones no podrán hacerse cuando el negocio se tramita en la sede. Artículo 409. Las Fuerzas de Defensa hará cumplir las sanciones que impongan los Agentes del Ministerio Público. CAPÍTULO VII DE LOS DEBERES DE LOS SECRETARIOS Y DEMÁS SUBALTERNOS SECCIÓ N 1a. DE LOS SECRETARIOS Artículo 415. Son deberes de los Secretarios: 1. Dar cuenta diaria a su superior de los asuntos que entren a la oficina o se promueven en ella, y pasar a su despacho aquéllos en que debe dictarse alguna resolución o emitir concepto; 2. Autorizar todas las resoluciones, declaraciones, notificaciones, los exhortos y despachos, las diligencias, copias o testimonios, todo con firma entera. A la firma deberá agregarse el nombre del destino; 3. Expedir los certificados que se soliciten cuando lo prescriba la Ley o lo ordene el respectivo jefe; 4. Hacer las notificaciones personales o por medio de un empleado de la oficina; 5. Exhibir a los abogados que lo soliciten y a las partes, los expedientes que cursan en la secretaría, sin permitir que se saquen del Despacho, salvo cuando la Ley lo permita. Los expedientes sobre actuaciones en que esté de por medio el honor de una familia o de personas, no pueden mostrarse sino a las partes o a sus apoderados; 6. Exigir recibo por los expedientes, documentos y copias que se entreguen; 7. Custodiar el archivo, los valores y demás bienes del despacho y mantener el primero en perfecto orden; 8. Informar a las personas interesadas en los negocios que cursen en la Oficina sobre el estado de los mismo; 9. Formar inventario de los libros, expedientes, mobiliarios y demás útiles que pertenezcan a la oficina: cuidar de su conservación y hacer entrega de todo, bajo inventario, a las personas que deban sucederle en su cargo; 10. Servir de órgano de comunicación con los particulares; 11. Llevar debidamente foliados y empastados los libros que sean necesarios; 12. Asistir diariamente a la oficina durante las horas de despacho público y en las demás que sean necesarias para el oportuno cumplimiento de sus ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 obligaciones; 13. Formular el reglamento de servicio interno de la Secretaría y someterlo a la aprobación del titular de la oficina; 14. Rechazar los escritos que contengan expresiones injuriosas u ofensivas contra autoridades o particulares, dejando en el expediente y en el propio escrito constancia del rechazo y dando cuenta del escrito a su jefe, para que éste pueda to mar las providencias oportunas; y 15. Las demás que les impongan la Ley y los respectivos reglamentos. Artículo 416. Los Agentes del Ministerio Público pueden encomendar a sus secretarios la práctica de diligencias urgentes que ellos no puedan atender personalmente sin descuidar otras obligaciones, incluyendo entre esas diligencias el levantamiento de cadáveres, inspecciones oculares y la recepción de declaraciones. La comisión debe ser expresa, dejándose constancia de ello en el expediente respectivo. En los casos de que trata este artículo los secretarios actuarán como agentes especiales y en las diligencias que practiquen agregarán estas palabras: “en funciones de agente especial"; y serán asistidos por un Secretario Ad-Hoc. También podrán comisionar, en los procesos en que sean parte, a los Secretarios o Asistentes del Despacho, que tengan idoneidad para ejercer la Abogacía, para que los representen en las diligencias de práctica de pruebas u otras que se surtan en los tribunales respectivos, cuando los titulares no puedan asistir a ellas por otras causas de interés público. Artículo 421. En todo lo relacionado a categorías, emolumentos, licencias, vacaciones, ascensos, traslados, renuncias y separación del desempeño de sus funciones, regirán para los miembros del Ministerio Público las mismas disposiciones aplicables a los miembros del Órgano Judicial. Artículo 425. Los sueldos y demás gastos de las Agencias del Mi nisterio Público serán pagados con fondos de la Nación. Artículo 426. El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración tendrán la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Fiscal Auxiliar de la República, el Fiscal Delegado de la procuraduría General de la Nación y los Fiscales de Distrito Judicial tendrán las mismas de los Magistrados de Tribunales Superiores: los Fiscales de Circuito y Personeros Municipales tendrán las mismas de los Jueces de Circuito y Jueces Municipales ante los que actúen. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 428. El Instituto de la Defensoría de Oficio es un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, cons tituido por los abogados designados por el Órgano Ejecutivo para que actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita ante el Órgano Judicial, el Ministerio Público, Autoridades Administrativas, Nacionales y Municipales, de su circunscripción judicial, tanto en los procesos y controversias penales, civiles, agrarias, policivas y administrativa. Artículo 429. En cada Distrito Judicial prestará servicios un Defensor de Oficio, excepto en el Primer Distrito Judicial en el que habrá cuatro (4) y en el Tercer Distrito Judicial, en el que habrá dos (2), todos los cuales actuarán de conformidad con las atribuciones que determine este Código y las que señale la Ley y el Reglamento. Artículo 430. En cada Circuito Judicial prestará servicios un Defensor de Oficio, excepto en el Primer Circuito de Panamá en el que habrá diez (10), en Chiriquí y Colón en que habrá cuatro (4) y en Veraguas y Coclé en que habrá tres (3). Artículo 431. Los Defensores de Oficio serán nombrados para un período de cuatro (4) años, podrán ser reelegidos y deberán residir en la cabecera de la Provincia, excepto en los Circuitos Judiciales de San Miguelito y La Chorrera, en donde deberán residir en el lugar sede del Tribunal. El número de los Defensores de Oficio podrá ser aumentado por el Órgano Ejecutivo cuando las necesidades del servicio así lo exijan, previa comprobación de esta circunstancia y cuando la disponibilidad presupuestaria así lo permita. Artículo 435. Los Defensores de Oficio laborarán a tiempo completo en las atribuciones de su cargo. Este es incompatible con la práctica privada de la abogacía, salvo lo dispuesto en la Constitución y la Ley. En ningún caso los Defensores de Oficio recibirán por sus servicios más remuneración que la señalada en la Ley para ese cargo. En los procesos en que intervengan Defensores de Oficio en que hubiere condenación en costas a cargo de la parte opuesta, dichas costas ingresarán al Tesoro Nacional y es deber de los Defensores de Oficio procurar que ello se cumpla. Artículo 439. La representación asignada al Defensor de Oficio es de forzosa aceptación, sin embargo, éste podrá excusarse en cualquiera de los siguientes supuestos: a. Conflictos de intereses con las partes; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 b. Imposibilidad física, debidamente comprobada; c. Que los intereses opuestos se refieran al Defensor, o a parientes dentro del segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad. El Defensor de Oficio designado deberá manifestar la excusa a más tardar veinticuatro (24) horas después de haber sido notificado. Artículo 440. Sólo el representado y el defensor así designado pueden impugnar la resolución que hace la designación a que se refiere el artículo anterior. Artículo 442. En los procesos de menor cuantía, de alimentos, cambios de apellidos y en cualquier otro proceso relacionado con el derecho de familia que termine con resolución que no hace tránsito a cosa juzgada, las partes podrán designar como vocero a un estudiante regular de los últimos dos (2) años de la Facultad de Derecho, siempre y cuando éstos actúen bajo la supervisión y responsabilidad de un abogado. Para estos efectos, el designado como vocero debe acompañar certificación de la Facultad de Derecho que acredite su condición de estudiante de los dos (2) últimos años de la Facultad de Derecho o de formar parte de un Consultorio Jurídico Popular. TÍTULO XVI CONSEJO JUDICIAL Y ÉTICA JUDICIAL CAPÍTULO I DEL CONSEJO JUDICIAL Artículo 454. El Consejo Judicial estará integrado por los siguientes miembros: El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá. Los Presidentes de Sala de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación. El Procurador de la Administración. Artículo 456. Son funciones del Consejo Judicial: 1. Asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro en los tribunales y garantizar a los Magistrados, Jueces, Agentes del Ministerio Público y personal subalterno de la administración de justicia, los beneficios de la Carrera Judicial, para lo cual administrará todo lo concerniente a ella según se dispone en este Código; 2. Emitir opinión y formular recomendaciones sobre proyectos de reglamentos relativos a la Carrera Judicial; 3. Opinar sobre programas de selección, calificación y capacitación de los ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 empleados de la rama judicial y del Ministerio Público; 4. Analizar periódicamente la remuneración de los empleados judiciales y del Ministerio Público, al igual que su régimen de seguridad social, formulando las recomendaciones pertinentes; 5. Conocer de todas las faltas contra la ética judicial; 6. Formular recomendaciones para mejorar la estructura y organización del Órgano Judicial y el Ministerio Público, así como los ordenamientos procesales; 7. Analizar los métodos y sistemas de trabajo de los despachos judiciales y sugerir reformas; 8. Procurar que se clasifique, ordene y publique la Jurisprudencia Nacional; y 9. Revisar periódicamente la división territorial y funcional de la administración de justicia, con la finalidad de que se realice a cabalidad. Artículo 457. El Secretario Ejecutivo será el funcionario Administrativo y Director de Personal subalterno del Consejo Judicial. El mismo será designado por el propio Consejo y deberá reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 460. El Secretario del Consejo Judicial, con la colaboración del personal respectivo, tendrá las siguientes atribuciones: a. Llevar el archivo de la Corte Suprema de Justicia; b. Dirigir la edición del Registro Judicial procurando que se publique con toda regularidad y ordenar su distribución entre los abogados y personas que lo soliciten; c. Organizar el índice alfabético y por materias del Registro Judicial; ch. Formar y editar anualmente las compilaciones de las doctrinas sentadas por la Corte Suprema de Justicia en las decisiones que pronuncie en los asuntos de que conozca; d. Organizar y atender la biblioteca jurídica de la Corte, con obligación primordial de formar y mantener al día un índice que haga fácil y expedita la consulta de obras a los lectores o investigadores; e. Fomentar el canje de revistas jurídicas; y f. Actuar, en general, como Director de la Biblioteca y de los archivos del Órgano Judicial. PARÁGRAFO: La biblioteca podrá ser utilizada por los funcionarios judiciales, los del Ministerio Público, abogados y toda persona interesada que cumpla con los reglamentos de la misma. Artículo 461. Para ser bibliotecario de la Corte Suprema de Justicia se requiere haber obte nido título Universitario en la materia. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPITULO II CÓDIGO DE É TICA SECCIÓN 1a. Artículo 462. Todos los funcionarios y empleados del Órgano Judicial y los del Ministerio Público, cada uno según la naturaleza de las funciones de que esté investido, están obligados a observar y cumplir las siguientes reglas de ética judicial, sin perjuicio de las demás que resulten de disposiciones expresas de este Código: 1. A respetar y acatar la Constitución y las Leyes de la República y mantener las en su plena integridad, sin que ningún temor los desvíe de la obligación de cumplir las garantías fundamentales y los derechos de los ciudadanos; 2. A lograr que la administración de justicia sea rápida y escrupulosa; 3. Al dictar sus fallos y en todo lo concerniente a los asuntos que cursan en el tribunal a su cargo, debe mantenerse vigilante para que, hasta donde sea humanamente posible, su labor sea útil a la comunidad y a los que ante él litigan; 4. A ser mesurado, atento, paciente e imparcial, como corresponde a la altísima misión de administrar justicia; 5. A ser puntual y obrar con prontitud en el desempeño de sus funciones, para no dar lugar a quejas justificadas contra la administración de justicia, porque debe tener en cuenta que algo vale el tiempo que innecesariamente le haga perder a los litigantes, abogados y demás personas que ante él tengan que gestionar o comparecer; 6. A que su conducta no sólo en el tribunal y en el desempeño de sus funciones, sino también en los quehaceres de la vida diaria, esté por encima de todo motivo de reproche o de censura; 7. A combatir la inclinación de los subalternos a abusar, por razones de amistad, de la condescendencia del Juez, en defensa de su autoridad y de su propia reputación; 8. Debe cooperar con sus colegas, hasta donde lo permita el sistema judicial existente, para mejorar y facilitar la administración de justicia; 9. Debe ser atento con los abogados y demás personas que ante él acudan en busca del amparo de la justicia o como testigos, peritos o en cualquier otra calidad. Debe procurar, por todos los medios a su alcance, que sus subalternos procedan con la misma cortesía; 10. Escoger a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras personas que deban intervenir como auxiliares de la administración de justicia únicamente a base de su competencia y honorabilidad. El Juez no debe permitir ninguna influencia extraña en dichos nombramientos y, al hacerlos, debe evitar también el nepotismo y el favoritismo; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 11. Debe actuar con escrupulosidad y tratando de evitar los cobros excesivos cuando fije o apruebe los honorarios por razón de servicios prestados en cargos desempeñados. El consentimiento del Abogado de la parte que deba cubrir dichos honorarios no lo releva de responsabilidad a este respecto; 12. No debe nunca dejarse influir por exigencias partidistas ni por el temor público o por consideraciones de popularidad o de notoriedad personal ni por temor a críticas injustas; 13. En el curso de una audiencia, el funcionario que la preside puede intervenir para evitar demoras innecesarias o para aclarar cualq uier punto oscuro; pero debe tener presente que una intervención no justificada de su parte, su impaciencia o su actitud indiscreta en el examen de los testigos o muy severa para con éstos, especialmente con aquellos que demuestren en su actitud nerviosidad o temor, puede dar lugar a que una causa no sea debidamente presentada o a que no se llegue al esclarecimiento perfecto de los hechos; 14. No debe conceder entrevistas privadas ni en esa forma oír argumentos o admitir comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial; 15. Cuando la demora en la administración de justicia sea imputable a los abogados, el Juez debe hacer, con la mesura correspondiente, los esfuerzos que estén a su alcance para que los abogados se den cuenta de sus deberes para con los intereses públicos, los de sus propios clientes y de la consideración que deben merecerle los de la parte contraria y de sus abogados; 16. Al imponer una pena, debe tratar de proceder con arreglo a una norma razonable de castigo, sin buscar publicidad ni popularidad por severidad excepcional o por lenidad impropia y nunca debe emplear expresiones indecorosas u ofensivas contra el imputado; 17. No debe utilizar en provecho propio, para fines de especulación, los informes que lleguen hasta él por razón de sus funciones; 18. No debe desempeñar ningún cargo privado, aunque la Ley no se lo vede, que obstaculice o pueda obstaculizar el buen desempeño de sus funciones judiciales; 19. El candidato a un cargo judicial no debe hacer él mismo ni permitir que otros las hagan a su nombre, promesas respecto a su conducta en el puesto a que aspira, que satisfagan la codicia a los perjuicios del funcionario que debe hacer el nombramiento; 20. No debe aceptar regalos ni favores de los litigantes ni de abogados que estén ejerciendo ante su tribunal y, en general, de ninguna persona cuyos intereses puedan ser afectados con sus fallos; 21. Los asuntos judiciales debe ser conducidos con dignidad y decoro, que ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 reflejen la importancia de la función atribuida al Juez, quien debe ser un investigador de la verdad, para reconocer les a los litigantes el derecho que les asista; 22. Al tomar juramento a los testigos, debe proceder en forma que destaque la importancia y la solemnidad del acto en que intervendrán y su obligación de ceñirse a la verdad. PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este Artículo se aplica a los funcionarios del Ministerio Público en lo que corresponda. SECCIÓ N II COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y SANCIONES Artículo 497. De las causas por falta a la ética judicial en que incurran los Magistrados, Jueces y Agentes del Ministerio Público conocerá el Consejo Judicial, según las reglas de procedimiento que se establecen a continuación. Artículo 498. Para iniciar procedimiento se necesita que medie acusación presentada por escrito en el cual se determinará: 1. El nombre y generales del acusador; 2. El nombre del acusado; 3. El cargo que ejerce; 4. La falta cuya ejecución se le imputa; 5. Expresión del hecho que constituye la falta; y 6. Disposiciones violadas o disposiciones infringidas. Artículo 499. El acusador debe en todo caso acompañar al escrito respectivo, las pruebas en que funde la acusación. En caso contrario no se le dará curso a ésta, hasta tanto se cumpla con esa formalidad. Artículo 500. El Consejo Judicial al recibir la acusación citará al acusador para que se ratifique en ella bajo juramento y luego dispondrá que el acusado respectivo informe, dentro del término de cinco días, acerca del cargo que se le hace. Con el informe deberá acompañar las pruebas que estime convenientes. Artículo 501. Si el acusado no rinde el informe que se menciona en el artículo anterior, se considerará en rebeldía y se sentenciará con arreglo a las pruebas que haya presentado e l acusador. Artículo 502. Recibido o no el informe, se señalará un término no mayor de cinco días para efectuar la audiencia donde se va a considerar y decidir sobre la falta a la ética cometida por el acusado. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 503. Al abrirse la audiencia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tomará juramento a los demás miembros del Consejo de desempeñar fielmente su cargo. Hecho esto se leerán los cargos y el informe de descargo presentado por el acusado. Seguidamente se evacuarán las pruebas que durante dicho acto debe recibirse. Después se oirá al acusador que puede hacerlo por sí o por medio de apoderado, luego al defensor y al acusado; cada una de las partes podrán hacer uso de la palabra dos veces, una hora la primera vez y media hora la segunda. Terminados los alegatos el Consejo Judicial se constituirá en sesión secreta para deliberar acerca de la responsabilidad del acusado. El Presidente de la Corte les entregará el cuestionario formulado al respecto, el cual resolverán los miembros del Consejo Judicial por mayoría de votos de los asistentes, en votación secreta, con las palabras sí o no. Artículo 504. El Presidente leerá luego en voz alta ante los asistentes del veredicto del Consejo Judicial. Si fuere absolutorio, el Consejo Judicial declarará de inmediato terminado el asunto. Artículo 505. Si el veredicto fuere condenatorio, el Consejo Judicial se reunirá inmediatamente en sesión secreta, para determi nar la sanción que debe aplicarse al acusado. Al terminar la sesión secreta se leerá la sentencia, la cual llevará la firma de todos los miembros del Consejo Judicial y del Secretario Ejecu- tivo. Artículo 506. La lectura de la sentencia por parte del Secretario Ejecutivo equivale a la notificación a todas las partes y contra el fallo no habrá recurso alguno, salvo el de revisión ante el mismo Consejo. En caso de imponerse la suspensión o destitución de un funcionario judicial, el Consejo Judicial dará cuenta a quien corresponda, dentro de un término no mayor de cinco días, para los fines legales consiguientes. Artículo 507. El recurso de revisión podrá interponerse: 1. Cuando el acusado tuviere nuevas pruebas en su favor, que no pudo aducir y fueren decisivas; y 2. Cuando las aducidas por el acusado no hubieran sido practicadas por motivos ajenos a su voluntad. Artículo 508. En los juicios relativos a la ética, el acusador no está obligado a prestar la fianza de costas. Pero si los cargos de la acusación resultaren evidentemente falsos, se condenará al acusador al pago de una multa que no será ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 menor de cien balboas (B/.I00.00) ni mayor de quinientos balboas (B/.500.00). Esta multa, en caso de no pagarse dentro del término de seis días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, será convertida en días multa por el Consejo Judicial. Artículo 509. Si las faltas no aparecen sancionadas en Ley especial, se castigarán o se aplicará en cuanto a ellas con amonestación pública o multa hasta de quinientos balboas (B/.500.00), suspensión de un mes (1) a dos (2) años de ejercicio del cargo que el imputado desempeña o destitución del funcionario según la gravedad de la falta, atendiendo las circunstancias personales del responsable y las atenuantes y agravantes que concurran a juicio del Consejo Judicial. Artículo 510. La reincidencia será castigada siempre con la destitución o la suspensión del ejercicio del cargo, por un término no menor de dos (2) años ajustados a la evaluación que haga el Consejo de la falta cometida. Artículo 511. El funcionario acusado puede comparecer personalmente o por medio del defensor. LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO JUDICIAL PROCESO CIVIL PARTE I REGLAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO TÍTULO PRELIMINAR CAPÍTULO I PRINCIPIOS Artículo 526. La decisión debe recaer sobre la cosa, cantidad o hecho disputado, declaración solicitada o el punto controvertido. Si se ha pedido menos de lo probado, sólo se concederá lo pedido. Si el demandante pidiere más, el juez sólo reconocerá el derecho a lo que probare. Sin embargo, en procesos de relaciones de familia o relativos al estado civil, el Juez de primera instancia podrá reconocer pretensiones u ordenar prestaciones aun cuando no estén pedidas, siempre que los hechos que las originen hayan sido discutidos por las partes en el proceso, estén debidamente comprobados, se relacionen con las peticiones de la demanda y con la causa de pedir. Artículo 528. La gestión y la actuación en los procesos civiles se adelantarán en papel común, no darán lugar a impuesto, contribución, tasa o comisión nacional o municipal ni al pago de derechos de ninguna clase y la ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 correspondencia oficial, los expedientes, exhortos y demás actuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales. Artículo 533. Quien debe presentar personalmente un escrito y no se pueda trasladar al lugar respectivo, le hará poner nota de presentación por un juez del lugar donde se encontrare, por un notario, o, a falta de éstos, por el Secretario del Consejo Municipal del lugar, y así se tendrá por efectuada la presentación personal. Para los fines del escrito la fecha será la de su presentación a la secretaría del juez al cual va dirigido. Cuando estuviere privado de la libertad, podrá presentarlo ante el encargado de su custodia, quien la transmitirá inmediatamente al funcionario o persona a quien sea dirigido. Si el interesado se encuentra en país extranjero, podrá ocurrir, para que se ponga la nota de presentación personal, al respectivo funcionario diplomático o consular panameño, y en su defecto, al de una nación amiga. En caso de negativa en cuanto a la admisión del escrito, la parte podrá exigir que se dicte la resolución correspondiente como se señala en el artículo 532. Artículo 538. El secretario dará a la parte legítimamente interesada que se lo solicite, los pliegos cerrados de los documentos que ella desee enviar a su costo. Exceptúase el caso de la remisión de expedientes por recurso o consulta. El interesado deberá presentar los recibos de las oficinas de correo o las constancias respectivas de los destinatarios. De la misma manera podrá disponer la tramitación de exhortas y despachos por telégrafos, teléfono y demás medios oficiales de comunicación. Si el juez ha llare que se justifica, podrá disponer la transmisión de citaciones, sin que se vulneren los derechos de las partes por cualquier otro medio oficial de comunicación. Artículo 550. Si ninguna de las partes al ser citada por segunda vez concurre a la audiencia el juez declarará extinguido el proceso si la pérdida fuese total y en el mismo auto cancelará las medidas cautelares si las hubiere. Cuando se trate de pérdida parcial, el Juez tomará las medidas pertinentes para reponer la actuación. La extinción del proceso no impide al demandante promoverlo de nuevo con sujeción a las reglas generales. Cuando tan solo una de las partes asiste a la audiencia su exposición jurada servirá de base para la reconstrucción del proceso en cuanto dicha exposición no se oponga a las demás pruebas practicadas. Reconstruido el proceso continuará el trámite que a éste le corresponda. Si reaparece el proceso y se está adelantando nuevamente el mismo, tan sólo ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 podrán ser consideradas, si se está en ocasión propicia para hacerlo, las pruebas que se practicaron. El auto que resuelve respecto de la reconstrucción, es irrecurrible. Artículo 575. Si se decretare el cierre un día que sea hábil conforme a la Ley, el Secretario lo anunciará por medio de un cartel fijado en lugar visible del juzgado. Artículo 576. Los documentos públicos o privados podrán desglosarse de los expedientes y entregarse a quien los haya presentado, una vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha, previa anotación del proceso a que corresponde con sujeción a las siguientes reglas: 1. En los procesos de ejecución, sólo podrán desglosarse los documentos aducidos por los acreedores como títulos de sus créditos. a. Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en el proceso, para lo cual el juez hará constar en cada documento qué crédito es el allí exigido; b. Cuando en ellos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras obligaciones; c. Una vez terminado el proceso, caso en el cual se hará constar en cada documento negociable cancelado totalmente, sólo se entregará a quien haya hecho el pago; d. Cuando lo solicite un Agente del Ministerio Público o en procesos sobre falsedad material del documento. 2. En los demás procesos, al desglosarse un documento en que conste una obligación, el Juez dejará testimonio al pie o al margen del mismo, si ella se ha extinguido en todo o en parte, por qué modo y por quién. 3. En todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su totalidad por el deudor, el documento sólo podrá desglosarse a petición de él, a quien se entregará con constancia de la cancelación. 4. En el respectivo lugar del expediente se dejará, en transcripción o reproducción, copia autenticada del documento desglosado y constancia de quién recibió el original. 5 Cuando la copia que haya de dejarse sea de planos u otros gráficos, se practicará su reproducción mecánica, pero si ello no fuese posible, el secretario deberá asesorarse de un experto, que haga la transcripción manual y la autorice con su firma. 6. En los procesos en curso el pedimento de desglose se sus tanciará mediante simple petición del interesado con traslado a la contraparte. En los procesos terminados se ordenará mediante proveído de mero obedecimiento. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 7. Las copias compulsadas con motivo de un desglose tendrán igual fuerza probatoria que el desglosado. Artículo 577. Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas cautelares se regirán por las siguientes reglas: 1. En los procesos no contenciosos sólo proceden las medidas cautelares expresamente determinadas por la Ley; 2. Las medidas se tramitarán sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, en cuaderno separado, que forma parte del expediente principal; 3. En el escrito en que se solicita una medida asegurativa, bastará expresar el nombre de las partes, reales o presuntivas, la medida que se solicita; el objetivo y la cuantía del proceso a que haya de acceder; 4. Las medidas serán requeridas al Juez competente para conocer del proceso principal, sin necesidad de reparto; 5. El Juez procurará en todo momento evitar daños y perjuicios y molestias innecesarias en la adopción o ejecución de la medida y podrá de oficio y bajo su personal responsabilidad, sustituir la medida, en el acto de la ejecución, oyendo al actor, y, si fuere viable, al demandado o presunto demandado, siempre que queden plenamente asegurados los intereses del actor; 6. Para garantizar los daños y perjuicios que se puedan causar, se señalará caución. Las cauciones se fijarán de acuerdo con lo que para cada caso se dispone y se consignarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 615. El auto que fije la cuantía, el que acepte la caución y el que la rechace, son apelables en el efecto devolutivo. Si el superior aumenta la cuantía de la caución, deberá complementarse en un término de tres días, contados desde la notificación del reingreso del expediente al juzgado de origen y, si dentro de dicho término no se complementa, se procederá a reducir proporcionalmente el objeto de la medida; 7. Excepto en los casos de pretensiones reales, el demandado podrá solicitar, antes de que se adopte la medida, durante su ejecución o después de adoptada, que se evite, revoque o levante, siempre que, a juicio del Juez, ofrezca bienes suficientes en garantía; 8. Las oposiciones y las impugnaciones incidentales se surtirán oralmente en el momento en que se ejecuta la medida, o posteriormente en el tribunal, si ya se hubieren practicado, sin formalidades especiales, sin suspender ni interrumpir la adopción o ejecución de la medida, permitiendo a las partes presentar sus pruebas y alegaciones sumarias, y procurando siempre la mayor celeridad posible. El Juez hará una lacónica relación de lo aprobado y alegado, y resolverá en el acto lo que corresponda; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 9. El Juez goza de poderes adecuados para adoptar las decisiones que fueren necesarias, sancionar en el acto al que estorbare la ejecución de la medida, con arreglo al artículo 2014 y empleará la fuerza pública si fuese necesario; y 10. Las resoluciones que decretan o rechacen las medidas cautelares admiten apelación, pero la interposición del recurso en ningún modo suspende ni interrumpe la ejecución de la medida. Artículo 581. Recibida la petición de secuestro, admitida por el Juez la suficiencia de la caución y constituida la garantía ofrecida, procederá, sin audiencia del demandado así: Si hubiere de secuestrarse bienes inmuebles o bienes muebles susceptibles de inscripción o derechos reales sobre ellos, comunicará ante todo al funcionario registrador orden de que se abstenga de registrar cualquier operación que haya verificado o verifique el demandado con posterioridad a la comunicación de secuestro y la inscripción que se haga a pesar de tal prevención será nula. Esta orden se podrá comunicar por telégrafo cuando el secuestro no se hiciere en la capital de la República. Si la petición de secuestro se refiere a bienes muebles, el Juez se trasladará al lugar donde se encuentren y se inventariarán identificándolos debidamente, se avaluarán por el tribunal bajo su responsabilidad, oyendo el concepto de dos peritos designados libremente, uno por el Juez y otro por la parte, y entregarán al depositario que nombre el tribunal. En caso de que se secuestren sumas de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, se depositarán en el Banco Nacional, salvo el caso de que esta clase de bienes se encuentren ya depositada en otro banco. Artículo 592. Si el deudor presentare caución para que responda por el monto del secuestro o hiciese depósito en dinero por la suma que cubra lo secuestrado y las costas que fije el Juez, se suspenderá el secuestro que vaya a verificarse o se levantará el ya verificado. Lo dispuesto no tendrá lugar cuando por medio de pretensión real se persigan inmuebles o muebles determinados y el secuestro se haya dirigido exclusivamente sobre tales bienes, ni tampoco cuando habiéndose secuestrado dinero efectivo o crédito o valores fijos, se pretenda presentar caución para levantar o suspender este secuestro. Artículo 597. Cualquiera de las partes puede pedir la separación del depositario probando ineptitud, malversación o abuso en el desempeño del cargo. Esta petición se sustanciará y decidirá sumariamente. El juez para decidir oirá al depositario. La resolución que se dicte se cumplirá sin necesidad de notificación, y será apelable por las partes y el depositario en el efecto devolutivo. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 El Juez discrecionalmente y mediante proveído de mero obedecimiento, podrá suspender provisionalmente al depositario durante la tramitación del procedimiento. Si lo hacen de común acuerdo las partes, la separación del depositario se decretará de plano, aunque no se exprese causa alguna. No obstante, el Juez puede, en cualquier momento, decretar la remoción de un depositario en forma debidamente motivada, en todo caso en que se considere que la actuación de éste no resulte ajustada a los fines del depósito o por pérdida de la confianza fundada en hechos objetivos. La resolución que se dicte es de carácter irrecurrible y se cumplirá sin necesidad de notificación. En todo caso de suspensión o remoción de depositario, el Juez deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2068 de este Código. Artículo 598. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez podrá supervisar, en cualquier momento, las gestiones del depositario y adoptar provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar graves errores, abusos o malos manejos, que causen o puedan causar graves perjuicios. En este sentido, el Juez discrecionalmente podrá ordenar la constitución de una caución por parte del depositario, señalándose un término para consignarla que no excederá de quince días hábiles. De no consignarse la caución exigida, se procederá inmediatamente a la remoción del depositario y la designación de otro por el tribunal. Artículo 605. Se rescindirá el depósito de una cosa, con la sola audiencia del secuestrante, en los siguientes casos: 1. Si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia auténtica de la diligencia de un depósito de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó el depósito; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y su secretario, con expresión de la fecha en que conste que el depósito a que la diligencia se refiere existe aún. Sin este requisito no producirá efecto la expresada copia. 2. Si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia auténtica de un auto de embargo de los bienes depositados, dictado en juicio ejecutivo hipotecario seguido en virtud de una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y su secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el juicio ejecutivo, la fecha del auto de embargo y que dicho embargo esté vigente. Sin este requisito no producirá efecto la copia. El tribunal que rescinda el depósito pondrá los bienes a disposición del tribunal donde se tramita el juicio hipotecario, de ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 manera que éste pueda verificar el depósito en virtud del auto de embargo. En estos casos el interesado formulará el pedimento mediante escrito al que deberá acompañar las pruebas mencionadas y el tribunal lo pasará en traslado al secuestrante, por un término de tres días. A su contestación éste podrá acompañar la prueba documental de que disponga y cumplido este trámite el tribunal lo resolverá. La decisión es apelable en el efecto devolutivo. Artículo 615. Siempre que este código requiera que una parte dé caución, la garantía consistirá en dinero efectivo, hipotecaria, bonos del Estado o fianzas de compañías de seguros. Cuando la garantía sea en dinero o en bonos del Estado, el interesado deberá consignarlos en el Banco Nacional y obtener un certificado de garantía que presentará al tribunal. Si al momento de realizarse la consignación, el Banco Nacional estuviere cerrado, se podrá depositar en la Caja de Ahorros y esta oficina bancaria expedirá el correspondiente certificado de garantía a favor del interesado. Artículo 623. Todo allanamiento, para los efectos de que aquí se trata se llevará a cabo entre las seis de la mañana y las siete de la noche, pero si hubiere temor razonable de que durante la noche se tomen medidas que frustrasen el objeto de la diligencia, el Juez podrá asegurar con cerradura los almacenes, habitaciones y otros locales donde se encuentren muebles, enseres o docu- mentos, colocar sellos y adoptar las precauciones que estime convenientes, acudiendo a las autoridades de policía si fuere del caso, procurando el menor inconveniente. Artículo 647. Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una de las partes y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso sin que dada la naturaleza de la relación sustancial debatida, sea obligatoria su situación. Artículo 648. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 el proceso como coadyuvante de ella. El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio. La intervención adhesiva o litisconsorcial es procedente en los procesos contenciosos, en cualquiera de las instancias, desde la notificación de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes. Si el Juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que en el mismo escrito hubiere formulado el interviniente. La intervención anterior a la notificación del demandado se resolverá luego de efectuada ésta. El auto que acepte o niegue la intervención, es apelable en el efecto devolutivo. Artículo 652. Si el Juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado señalándole el término de cinco días para que intervenga en el proceso; si aquél no reside en la sede del Juzgado, el término será aumentado prudencialmente, sin exceder de 10 días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable en el efecto devolutivo. La citación se hará mediante la notificación del auto que acepte la denuncia, en la forma establecida por el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá, desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado, pero la suspensión no podrá exceder de tres (3) meses. Si la citación no se ha llevado a cabo dentro del término señalado, precluye el derecho para realizarla y el p roceso continuará. Si el denunciado comparece al proceso, será considerado como litis consorte del denunciante y tendrá las mismas facultades de éste. En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que exista entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de éste. Artículo 656. Fallecido un litigante el proceso continuará con el albacea, los herederos o el curador de la herencia yacente, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 694. Si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 673. El Juez del conocimiento, siempre que se le presente un poder, lo admitirá si está otorgado con los requisitos legales, u ordenará su corrección si le faltare alguno, sin invalidar lo actuado. Admitido el poder, lo mandará poner en conocimiento de la parte contraria, y si ésta no lo objeta dentro del término de dos días, no podrá después solicitar su corrección por falta de alguno de los requisitos de forma exigidos en los artículos anteriores. Artículo 684. Ningún apoderado es responsable de las consecuencias del proceso si expresamente no se ha comprometido a ella. Artículo 685. Si el apoderado hace los gastos para la continuación del proceso, tiene derecho a exigir su reembolso del poderdante. Artículo 700. Salvo que exista o parezca existir discrepancia de intereses, si son dos o más los demandantes nombrarán apoderado común. El nombramiento de apoderado común, cuando proceda, se hará por acuerdo de todos o de la mayoría de los interesados que tengan pretensiones comunes, ya sea en el mismo libelo de la demanda o en documento aparte. Lo mismo tendrá lugar cuando dos o más personas ostente n conjuntamente la representación en proceso de un tercero e igualmente cuando sean dos o más las personas que como tutores, curadores, albaceas o síndicos puedan representar a una persona, comunidad o sociedad o intervenir por ella en el proceso. En caso de omisión de los interesados o si no hay mayoría, luego de contestada la demanda, se hará el nombramiento por el Juez una vez transcurridos tres días de haberlos requerido. Si se trata de demandados, el Juez, en el momento de examinar la relación procesal para los efectos del saneamiento, y salvo que exista o parezca existir discrepancias de intereses, ordenará la unificación procesal. El nombramiento de apoderado común puede ser revocado por acuerdo de la mayoría de los interesados. Puede serIo, también, por el Juez, a petición de alguno de ellos y por motivo fundado. El nombramiento de apoderado por parte del Juez deberá recaer siempre en uno de los apoderados designados por los interesados. Estas medidas sobre designación de apoderado común no serán aplicables en caso de Terceros Coadyuvantes. Artículo 708. Se considerarán como factores para la determinación de la cuantía, el total de la cantidad líquida que se demanda y los intereses vencidos hasta la fecha de la demanda. Las costas no se computarán para la determinación de la cuantía. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Todo proceso en que el Estado intervenga como parte para efectos de competencia y trámite, se considerará como de mayor cuantía. Artículo 710. El libelo de demanda deberá contener: 1. Nombre y apellido de las partes, con expresión de la clase de proceso a que se refiere, puestos en el margen superior de la primera plana del libelo; 2. Designación del Juzgado al cual se dirige la demanda; 3. Nombre y apellido del demandante y el número de su cédula de identidad, si es persona natural y la tuviere; y en otro caso, su nombre y el de su representante. En ambos casos debe expresarse la vecindad, la calle y el número de la habitación, oficina o lugar de negocio. En el mismo escrito de demanda deberá' expresarse también el nombre, vecindad, domicilio y cédula del apoderado. Las generales no serán necesarias cuando la información aparezca en el poder otorgado, en el caso de que la demanda se formule a continuación del poder y se presente copia del mismo para el traslado; 4. Nombre y apellido del demandado, si es persona natural: y en otro caso, su nombre y el de su representante. En ambos casos deberá expresarse, la vecindad, calle y número donde tenga el demandado su habitación, oficina o lugar de negocio. Si el demandante desconoce la dirección del demandado, así lo hará constar bajo juramento y pedirá su citación por medio de edicto emplazatorio. El juramento se entenderá prestado por la sola formulación de la solicitud de emplazamiento. Las generales no serán necesarias cuando la información aparezca en el poder otorgado, y éste se formula con la demanda y se presente copia del mismo para el traslado; 5. La cosa, declaración o hecho que se demanda; y si se demandase pago de dinero, la expresión de la cantidad que se reclama; caso de que ella se exprese en más de determinada cantidad, se entenderá que se pide dicha cantidad más un balboa (B/ .1.00), y el demandado no podrá ser condenado a más de la suma de dichos dos guarismos. Cuando se formulen en varias pretensiones, se presentarán en el mismo libelo por separado; 6. Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, determinados y numerados en cifras o por medio del adjetivo ordinal correspondiente; 7. Las disposiciones legales en que se funda la demanda; y 8. La cuantía de la demanda, si lo demandado no fuera exclusivamente el pago de dinero. Este requisito no es necesario en los procesos que por su naturaleza no tienen cuantía. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 713. En el libelo se podrá proponer cualquier clase de prueba, sin necesidad de reiterarlas después, y sin perjuicio de que si hubiere período de apertura del proceso a pruebas, éstas puedan ser adicionadas o complementadas. Artículo 717. Si la demanda versa sobre un bien inmueble registrado, se indicarán los linderos y ubicación además de los datos de inscripción correspondientes. Si el bien inmueble no estuviere inscrito, se especificarán la ubicación, los linderos y demás circunstancias que a juicio del demandante lo den a conocer y a distinguirse de otros con que pudiera confundirse. Si la demanda se refiere a cosa mueble, el demandante deberá especificarlo con toda claridad, para que no sea confundida con otra. Si lo demandado es un mueble cerrado que se dejó en depósito, o que como tal desapareció del poder de su dueño, no es preciso expresar en la demanda su contenido. Cuando lo que pretende consta de peso, número o medida y el demandante no recuerda cuánto es con exactitud, lo expresará así, ofreciendo que en el curso del respectivo proceso precisará lo que se demanda. En la demanda de petición de herencia bastará con reclamar los bienes del causante o la parte o cuota que pretende el demandante. Artículo 718. Mientras no se haya notificado la providencia que abre el proceso o el incidente a pruebas, toda demanda o incidente puede por una sola vez aclararse, corregirse, enmendarse o adicionarse. Igualmente pueden introducirse nuevos demandantes o demandados, sustituir o eliminar algunos de los anteriores, variar, ampliar o reducir las pretensiones o los hechos e incorporar nuevos documentos. En estos casos el Juez dará de nuevo traslado por el té rmino ordina rio. En los casos en que no debe abrirse el proceso o el incidente a pruebas, el derecho a variar la demanda o incidente durará hasta que se notifique la providencia que ordena el trámite siguiente. Cuando la parte se acoja a lo párrafo anterior, deberá presentar un demanda o de incidente en la forma prevista en los artículos 710 y 755 respectivamente. Mientras no se haya notificado al demandado el auto admisorio de la demanda, ésta podrá ser retirada por el demandante, siempre que no se hayan practicado medidas cautelares. En los procesos ejecutivos ello podrá hacerse mientras no haya sido notificado el mandamiento de pago. El retiro de la demanda, de acuerdo con este párrafo, no implicará la extinción de la pretensión. Cuando la demanda se corrija, enmiende o adicione conforme a este artículo, se entenderá interrumpida la prescripción respecto de todos los demandados, siempre que la adición se haya hecho antes del vencimiento del ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 plazo de prescripción de que se trate y que inicialmente o luego de la adición se haya procedido según lo dispuesto en el artículo 720. Artículo 720. Si la parte demandante tuviera pruebas documentales en su poder, podrá acompañarlas con el libelo sin perjuicio de que también lo haga en la oportunidad señalada en el artículo anterior. Artículo 741. El Juez deberá determinar, vencido el término de traslado de la contestación de la demanda, si la relación procesal adolece de algún defecto o vicio que, de no ser saneado, producirá un fallo inhibitorio o la nulidad del proceso. En tal supuesto, el Juez ordenará a la parte que corrija su escrito, aclare los hechos o las pretensiones, que se cite de oficio a las personas que deban integrar el contradictorio en casos de litis consorcio, que se escoja la pretensión en casos en que se haya de seguir procedimientos de distinta naturaleza, que se integre debidamente la relación procesal o que se le imprima al proceso el trámite correspondiente en caso de que se haya escogido otro o cualquier otra medida necesaria para su saneamiento. Si el demandante no cumpliere con lo ordenado por el Juez dentro del término de cinco días, se decretará el archivo del expediente levantando las medidas cautelares y se condenará en costas. Si debe intervenir el Ministerio Público bastará' que el juez le dé el curso respectivo. En caso de que se decrete saneamiento la respectiva resolución será únicamente susceptible de recurso de apelación, el cual se concederá en el efecto suspensivo. Artículo 745. Si el incidente naciere de hechos anteriores al proceso o coexistentes con su iniciación, deberá promoverlo la parte dentro del término de dos días siguientes a la notificación del traslado de la demanda. Si en relación con los hechos a que se refiere el inciso anterior se promoviere después algún incidente , será rechazado de plano por el Juez, salvo que se tratare de un vicio que anule el proceso o de una circunstancia esencial para la tramitación del mismo. En estos casos el Juez ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal. Artículo 752. Salvo disposición expresa, los incidentes en los procesos sumarios regirán los términos que fije el Juez, el cual adoptará de oficio las medidas adecuadas para que el incidente no desnaturalice el procedimiento especial. Artículo 762. Salvo que se trate de competencia improrrogable, el incidente de incompetencia será interpuesto antes de la contestación de la demanda ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 conjuntamente con ésta. La interposición del incidente no suspende la tramitación del proceso, pero en ningún caso el Juez podrá dictar sentencia hasta tanto se ejecutoríe la resolución que decida el incidente. La resolución que decide el incidente admite únicamente el recurso de apelación, que se concederá en el efecto devolutivo. Artículo 778. Son causales de nulidad comunes a todos los procesos: 1. La de distinta jurisdicción, la cual es absoluta y puede ser alegada por cualquiera de las partes como incidente, en el mismo proceso o mediante recurso de revisión. El Juez la declarará de oficio en el momento en que la advierta; 2. La falta de competencia; 3. La ilegitimidad de la personería; 4. El no haberse notificado al demandado la providencia que acoge la demanda y ordena su traslado en aquellos procesos que exigen este trámite; 5. La falta de notificación o emplazamiento de las personas que deban ser citadas como parte aunque no sean determinadas o de aquéllas que hayan de suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la Ley así lo ordene expresamente; 6. La falta de citación al Ministerio Público en los casos expresamente determinados por la Ley; 7. La suplantación de la persona del demandante o del demandad; 8. No abrir el proceso o incidente a prueba en los procesos de conocimiento, o no seña lar audiencia en los casos en que la Ley exija este trámite. Artículo 782. La falta de notificación de la demanda no produce nulidad en los siguientes casos: 1. Cuando se haya hecho alguna gestión en el proceso, sin solicitar la declaratoria de nulidad; 2. Cuando se ha solicitado esa declaratoria y ha sido denegada. Artículo 783. En los procesos ejecutivos se produce nulidad en los siguientes casos: 1. Cuando no se ha notificado personalmente el auto ejecutivo al ejecutado, a su apoderado o al defensor nombrado por el juez cuando fuere el caso; 2. Hay nulidad del remate cuando no se han cumplido los requisitos ordenados por la Ley o por haberse celebrado éste encontrándose suspendido el proceso por ministerio de la Ley. Para que proceda la declaratoria de nulidad del remate, es indispensable que la causa o el vicio se alegue antes de la ejecutoria del ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 auto que aprueba el remate, aplicando en este caso lo dispuesto en el artículo 810. Artículo 784. En el proceso de concurso de acreedores es causal de nulidad el no haberse notificado la resolución en que se declara formado el concurso en la forma y según los términos que prescribe la Ley. Artículo 785. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes: 1. Cuando todos los acreedores y el deudor han sido citados personalmente, y 2. Cuando los que no hayan sido citados han comparecido en el proceso, sin alegar esta nulidad. Artículo 787. La nulidad sólo se decretará cuando la parte que la solicite ha sufrido o puede sufrir perjuicio procesal, salvo que se trate de nulidades insubsanables. Sin embargo, no puede formular la solicitud de nulidad la parte que ha celebrado el acto sabiendo o debiendo saber, el vicio que le afectaba. Artículo 788. Las nulidades insubsanables pueden ser solicitadas por cualquiera de las partes. Artículo 796. Tienen derecho de pedir la anulación de lo actuado: 1. En la nulidad por falta de competencia que no haya debido prorrogarse, o que no haya sido prorrogada, cualquiera de las partes; 2. En la nulidad por ilegitimidad en la personería del representante, cualquiera de las partes; 3. En la nulidad por falta de notificación de la demanda o del mandamiento de pago, cualquiera de las partes; 4. En la nulidad por falta de emplazamiento y citación, en los concursos de acreedores, el que no haya sido citado personalmente. Artículo 797. La nulidad producida por incapacidad para comparecer en proceso puede ser alegada por la contraparte del incapaz y por el representante de éste que se apersone al proceso. En el caso del numeral 2º del artículo anterior, la parte contraria a la indebidamente representada, puede pedir que se ponga la causal en conocimiento de ésta; y si pasare el término de tres días desde la notificación que se le hiciera sin que haya pedido la anulación de lo actuado en nombre de ella, se entenderá que convalida lo actuado y admite expresamente que el que ha venido haciéndolo sin personería suficiente representa sus derechos en el proceso. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 799. Las causas o vicios de nulidad deberán hacerse valer en la forma siguiente: 1. Cuando se trate de nulidad subsanable, mediante los recursos ordinarios o mediante incidente, según sea el caso; 2. Cuando se trate de nulidad insubsanable mediante los recursos ordinarios, por medio de incidente o por medio de simple memorial, instando la actuación de oficio del Tribunal. Artículo 800. La parte indebidamente representada o que no fue legalmente notificada o emplazada, podrá pedir la nulidad mediante recurso de revisión. La nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda recurso, podrá pedirse también, en la oportunidad y forma consagrada en el inciso anterior. En cualquiera de estos casos, la Corte se limitará a decidir respecto a la nulidad de la actuación, a disponer el trámite que corresponda, y a condenar a favor de la parte que obtuvo la anulación a que la otra la indemnice los perjuicios que hayan sobrevenido por la nulidad, si ésta hubiese dado lugar a ella. En estos casos la Corte no dictará sentencia de fondo. Artículo 802. Podrá alegarse la nulidad como defensa contra la ejecución de la sentencia o como excepción en el proceso ejecutivo correspondiente, únicamente por la parte que estuvo indebidamente representada o no fue legalmente citada o emplazada, siempre que no haya tenido oportunidad para hacer valer la nulidad en el respectivo proceso. Artículo 810. Contra los autos calificatorios de impedimentos no habrá recurso alguno, pero la parte que no se conforme con la declaración de legalidad del impedimento podrá recusar al Juez o Magistrado que lo manifestó. Artículo 811. El Juez en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 806 debe manifestarse impedido para conocer el proceso, dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo ante su superior el hecho que constituya la causal. Recibido el expediente por el Juez al cual corresponde la calificación, éste decidirá dentro de los tres días siguientes si es legal o no el impedimento. En el primer caso, se declarará separado del conocimiento al Juez impedido y se proveerá lo conducente a la prosecución del proceso; en el segundo caso, se le devolverá el expediente para que siga conociendo de él. En los procesos que deciden los Tribunales Superiores conocerá del impedimento de algunos de sus miembros, la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia. En los procesos que decide la Corte Suprema, conocerá del ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 impedimento la Sala siguiente. A falta de Magistrados, se llamará a los suplentes. Los impedimentos de los Jueces Municipales serán calificados por el Juez de Circuito del ramo, que se encuentre de turno, y los de los Jueces del Circuito por el respectivo Tribunal Superior, en la Sala Unitaria. Artículo 829. Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las que no se refieren a los hechos discutidos, así como las legalmente ineficaces. El Juez puede rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la Ley, notoriamente dilatorias o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso; también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o ineficaces. Artículo 861. El procedimiento para practicar esas pruebas será el establecido en las disposiciones pertinentes y la petición se formulará ante el Juez competente para la demanda. El solicitante podrá pedir que se cite a la parte contraria para que intervenga en la práctica de las pruebas anticipadas. En caso de que la prueba se practique sin haberse citado a la parte contraria, será necesaria la ratificación en el proceso, salvo que se trate de documentos públicos. El Ministerio Público será siempre citado para la práctica de pruebas que serán utilizadas en los procesos en que por Ley deba intervenir. El peticionario consignará una fianza señalada discrecionalmente por el tribunal, cuenta la importancia del asunto, la clase de pruebas de que se trate y los eventuales perjuicios que pudieran derivarse, salvo que se trate de personas que gocen de patrocinio legal gratuito. La fianza se devolverá al interesado transcurrido un mes sin que se hubiera promovido la respectiva reclamación. Las resoluciones que se dicten en estos casos serán irrecurribles, salvo las que nieguen la práctica de la prueba anticipada. Artículo 880. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las certificaciones que en ellos haga el servidor que los expidió. Las declaraciones o afirmaciones que hagan los otorgante u otorgantes en escritura pública o en cualquier documento público tendrá valor entre éstos y sus causahabientes, en lo dispositivo, y aun en lo enunciativo siempre que tengan relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. Deben ser tomadas en cuenta en su integridad, con las modificaciones y aclaraciones, y el Juez las apreciará en concurrencia con las otras pruebas del expediente, y según las reglas de la sana crítica. Pero respecto a terceros, el Juez las apreciará sólo en lo que se refieran de modo directo a lo dispositivo del acto o contrato, tomando en cuenta así mismo las otras pruebas del expediente y apreciándolas según las ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 reglas de la sana crítica. Artículo 901. Los documentos privados deben presentarse en sus originales para que tengan el valor que en este capítulo se les da, pero tendrán el mismo valor las copias de tales documentos en los casos siguientes: 1. Cuando la parte contra quien se presente la copia la reconozca expresa o tácitamente, como genuina; 2. Cuando la copia haya sido compulsada y certificada por el Notario que protocolizó el documento a solicitud de quien lo firmó o por cualquier otro funcionario público cuando estuviere en su despacho; 3. Cuando se presente en copia fotostática o reproducida por cualquier otro medio técnico, siempre que sea autenticada por el funcionario encargado de la custodia del original; 4. Cuando el original no se encuentre en poder del interesado. En este caso será necesario, para que tenga valor probatorio, que la autenticidad haya sido certificada por el funcionario público correspondiente, o que haya sido reconocida expresa o tácitamente por la parte contraria o que se demuestre por cotejo; y 5. Cuando se trate de copias provenientes de archivos particulares que utilizan el sistema de microfilmación, debidamente autenticadas por un Notario Público. Artículo 949. En la diligencia de declaración de parte podrá estar presente la contraparte si esta última lo considera conveniente. El declarante podrá ser careado con la otra parte si ésta así lo solicita durante la respectiva diligencia, la cual se practicará en el mismo acto. Artículo 1018. Los peritos deberán rendir su dictamen en forma clara y precisa, el día y hora que el Juez les haya señalado, en papel común o verbalmente, en la respectiva diligencia. Los peritos deben ser examinados y pueden ser repreguntados de la misma manera que los testigos por los apoderados de las partes o por expertos hasta un número de dos y quienes deberán reunir los mismos requisitos exigidos por el artículo 1022. Artículo 1023. Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que los jueces. La recusación deberá ser formulada dentro del término del traslado del escrito que los designa. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 1035. La sentencia deberá estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda o con posterioridad en los casos expresamente contemplados y con las excepciones que aparezcan aprobadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la Ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. Si se hubieren formulado diversas peticiones se hará la correspondiente declaración respecto a cada una de ellas. Artículo 1040. Cuando hubiere condena en frutos, intereses o daños y perjuicios, se determinará en la sentencia la cantidad líquida si fuere posible y cuando no apareciere demostrada la cuantía, la condena se hará en forma abstracta y se fijarán las bases para la liquidación. La parte favorecida, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia podrá pedir el cumplimiento del fallo, presentará una liquidación moti- vada y especificada, de la cual se dará traslado a la contraparte por el término de cinco días. Si la liquidación no fuere objetada, el Juez podrá dictar auto aprobatorio de ella, si fuere impugnada, se abrirá a pruebas por el término de cinco días para aducirlas y hasta de veinte para practicar las. Vencido el término probatorio, el Juez fallará. El auto en que el Juez decide sobre la liquidación o la regule es apelable en el efecto suspensivo y la segunda instancia será tramitada con arreglo a lo dispuesto para la apelación de autos. El Juez decretará pruebas de oficio cuando, aplicando los principios de la lógica y de la experiencia, encuentra que la liquidación presentada o las pruebas aportadas, no reflejen fielmente la realidad, aún en los casos en que la liquidación no haya sido objetada. Artículo 1042. El derecho a formular la liquidación dentro del mismo proceso se extingue a los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del reingreso del expediente al Tribunal de primera instancia, en caso de recurso. Vencido el término de seis meses caducará el derecho reconocido en abstracto y el Juez a quien se le presente cualquier petición, derecho o liquidación las rechazará de plano. Artículo 1046. Se notificarán personalmente: 1. La resolución que confiere el traslado de toda demanda, corrección de la demanda, reconvención, tercería, incidentes de nulidad, de levantamiento de medida cautelar o de cosa juzgada, excepción y denuncia de pleito, auto ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 que decreta la acumulación de procesos y en general la primera resolución que se dicte en todo proceso a la parte contraria a la proponente; 2. La resolución en que se cite a una persona para que rinda declaración de parte, para ser reconvenida de pago o para reconocer un documento, para ser notificada de una cesión de crédito personal o la que haya de hacerse a un tercero; 3. La resolución en que se ponga en conocimiento de una parte el desistimiento del proceso de la contraria y la pronunciada en casos de ilegitimidad de la personería, a la parte mal representada o a su represen- tante legítimo; 4. La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por un mes o más; 5. El auto que decrete suspensión de acuerdo con el Título II, Capítulo III, el que intima al perturbador, el que decreta la restitución por despojo o por causa diversa del despojo, el que ordena la suspensión, destrucción o reparación de obra a quienes deban cumplir cada una de esas órdenes, y el que contenga una orden de hacer o no hacer; 6. El auto ejecutivo al ejecutado o a su apoderado si ya lo tuviere; 7. La citación del deudor y de los acreedores residentes en el lugar del juicio, en los concursos de acreedores, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1883; 8. La sentencia de primera instancia; 9. La resolución en que se decrete apremio corporal o sanciones pecuniarias al afectado; 10. Las resoluciones que deban notificarse a los agentes del Ministerio Público o a cualquier otro funcionario público por razó n de sus funciones; y 11. Las demás que expresamente ordene la Ley. Artículo 1058. Las notificaciones personales y las citaciones se podrán hacer entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. incluso en días inhábiles. Artículo 1059. Cuando haya de surtirse una notificación personal: a. Si el tribunal conoce la residencia o lugar de trabajo, o se le haya informado y hubiere verificado que es cierta la información, y no obstante no lograre hacer la notificación, procurará dejarle noticia de que se requiere su presencia, y lo emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado en un lugar visible del tribunal por el término de diez días; b. Si se tratare de una persona jurídica con oficina conocida por el tribunal en el territorio nacional, o se le haya informado y hubiere verificado que es cierta la información, las diligencias para notificar a su representante legal ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 se harán en la oficina; y si no se logra hacerlo, se procurará dejarle noticia y se le emplazará como se indica en el literal anterior; y c. Si se ignorase su paradero, el o los demandantes, sin la intervención de su apoderado en el juicio, deberá jurar personalmente, que efectivamente desconoce su paradero. Hecho el juramento se emplazará por edicto como queda indicado. De ser falso un juramento prestado y se presentare a juicio el demandado antes de que termine el proceso se anulará éste a partir del emplazamiento, salvo que el compareciente sanee la nulidad. En todo caso se dará el correspondiente aviso al Ministerio Público para efectos de que promueva la acción penal a que haya lugar. Desde que se fije el edicto se publicará copia de él en un periódico de amplia circulación en la sede del tribunal durante cinco días. Si a pesar de este llamamiento no compareciere el demandado, transcurridos diez días desde la última publicación en el periódico, se le nombrará por el Juez un defensor con quien se seguirá el proceso. Artículo 1071. La sentencia ejecutoriada que en proceso contencioso decide la pretensión tiene fuerza de cosa juzgada en otro proceso cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada hubiere: 1. Identidad jurídica de las partes; 2. Identidad de la cosa u objeto; 3. Identidad de la causa o razó n de pedir. Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean los causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o está n unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por lo que establece la indivisibilidad de las prestaciones, entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas. Artículo 1130. Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente. El desistimiento, una vez presentado al Juez, es irrevocable. El demandado puede también desistir de la oposición a la demanda, caso en el cual se hace responsable a tenor de la misma, conforme a derecho. Todo desistimiento se entiende hecho simplemente y sin condición. Si el desistimiento es condicional, han de aceptarlo todas las partes expresamente por medio de memorial. Artículo 1145. No pueden desistir: 1. Los incapaces por sí o por sus representantes legales, salvo que el Juez los autorice con conocimiento de causa, la cual podrá ser obtenida en trámite ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 incidental dentro del mismo proceso; 2. Los curadores ad litem y los defensores de ausentes; 3. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello; 4. Los agentes del Ministerio Público ni los representantes del Estado. Artículo 1146. Cuando el proceso se encuentre paralizado por más de tres meses, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, decretará la caducidad de la instancia. El término se contará desde la notificación del último acto, diligencia o gestión y no correrá mientras el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de las partes o por disposición legal o judicial. Interrumpe el término de la caducidad cualquier gestión relacionada con el curso del expediente principal o el trámite de un incidente que influya en el curso del proceso, así corno el tiempo que demore el expediente en el despacho del Juez para resolver o decidir cualquier gestión. El impulso del proceso por uno de los litis-consortes beneficia a los restantes. Artículo 1147. En firme el auto que declara la caducidad, se hará cesar el embargo que hubiere y se cancelarán por mandato del tribunal las inscripciones que por razón del proceso o del embargo existieren en la oficina del registro. El desembargo no tendrá lugar si la caducidad se decreta en un proceso ejecutivo en que haya tercería coadyuvante. Artículo 1148. La caducidad de la instancia cuando se decreta por primera vez no entraña la extinción del derecho a formular la pretensión. Pero sin consentimiento del demandado no podrá ejercitarse demanda y formular la misma pretensión antes de vencido un año contado a partir de la ejecutoria del auto que decretó la caducidad. Artículo 1151. La caducidad de la instancia sólo procederá en los procesos ordinarios de carácter patrimonial y en los sumarios o en los de ejecución singular, siempre que hayan bienes secuestrados o embargados. Tampoco tendrá aplicación la caducidad de la instancia en los procesos de sucesión, de concurso, de división de bienes comunes y en general en los que se siguen con simple jurisdicción voluntaria ni en los que se hayan embargado y depositado bienes. En los procesos ejecutivos sólo se decretará el desembargo de los bienes o el levantamiento del secuestro. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 1158. No tendrá valor el allanamiento: 1. Cuando el demandado no tenga capacidad de disposición; 2. Cuando el asunto en sí mismo no sea susceptible de disposición de las partes; 3. Cuando el demandado sea una entidad de derecho público y su representante no tenga la debida autorización; 4. Cuando los hechos no puedan probarse por confesión; 5. Cuando el allanamiento se haga por medio de apoderado y éste carezca de facultad para ello; 6. Cuando la resolución que deba dictarse produzca efectos respecto de terceros; 7. Cuando la cuestión planteada haya de resolverse uniformemente para todos los demandados y sólo algunos de ellos se hayan prestado al allanamiento. Cuando al allanamiento ocurra en un proceso de divorcio en el cual los hechos puedan probarse por confesión, el Juez sólo dictará sentencia cuando hayan transcurrido dos meses desde la contestación de la demanda; 8. Cuando la resolución que deba dictarse produzca efectos respecto de terceros o cuando sea hecho por defensor de ausente. Artículo 1164. Se establecen los siguientes recursos: 1. Reconsideración; 2. Apelación; 3. De hecho; 4. Casación; y 5. Revisión Algunas resoluciones tienen un grado de competencia denominado de consulta. Artículo 1165. Sin perjuicio de lo anterior, los autos y sentencias de segunda instancia dentro del término de ejecución admiten aclaración cuando la parte resolutiva sea contradictoria o ambigua, siempre y cuando se trate de autos y sentencias de única instancia. Artículo 1166. También puede el tribunal que dictó una sentencia de primera instancia aclarar las frases oscuras o de doble sentido, lo cual puede hacer dentro de los tres días siguientes a su notificación, de oficio o a solicitud de parte. Artículo 1171. El recurso de reconsideración tiene por objeto que el Juez revoque, reforme, adicione o aclare su propia resolución. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Sólo son reconsiderables las providencias, autos y sentencias que no admiten apelación y el recurso deberá interponerse dentro de los dos días siguientes a la notificación de la respectiva resolución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el Juez para revocar de oficio cualquier providencia o auto, dentro del término de dos días. Los autos que resuelven un recurso de reconsideración no son susceptibles de reconsideración, salvo que contengan en su parte resolutiva puntos nuevos no decididos. Los autos expedidos por un tribunal colegiado que resuelvan un recurso interpuesto contra una providencia o auto de primera instancia o respecto a una resolución del sustanciador, no admiten reconsideración, salvo que su parte resolutiva decrete prestaciones o haga declaraciones nuevas no discutidas por las partes o por el tribunal. Artículo 1173. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada por el Juez de primera instancia y la revoque o reforme. Son apelables, además de las sentencias, las siguientes resoluciones dictadas en primera instancia: 1. El auto que niegue o decrete medidas cautelares; 2. El auto que ordene la transformación del proceso, con arreglo al artículo 1699; 3. El auto que rechace la demanda, que resuelva sobre la representación de las partes y la intervención de sus sucesores o de terceros; 4. El auto que niega la apertura del proceso a pruebas o la práctica de alguna de las solicitadas; 5. El auto que resuelva sobre nulidades procesales o que imposibilite la tramitación de la insta ncia o del proceso o que entrañe la extinción de la instancia, del proceso o de la pretensión; 6. El auto que decida un incidente; 7. El auto que resuelva sobre la liquidación de condena en abstracto; 8. Cualquier auto que, por su naturaleza, cuando fuere expedido por un Tribunal Superior, sea susceptible de recurso de casación;2 9. Las demás expresamente establecidas en la Ley. 113 Artículo 1179. Interpuesto en tiempo una apelación, el tribunal la concederá por lo que resulte de lo actuado y ordenará al mismo tiempo que el Secretario notifique a las partes la providencia que concede el recurso y remita enseguida el expediente al superior. Recibido el expediente por el Superior, si la Ley no determinare procedimiento especial que deba seguirse, en la misma providencia señalará un ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 término de tres días para que el apelante la sustente y tres días siguientes para que el opositor haga valer sus objeciones. Si el apelante no sustentare su recurso y se tratare de providencia o auto apelado, el Juez lo declarará desierto, con imposición de costas. En caso de apelación en contra de la sentencia, y no hubiere pruebas que practicar, el tribunal concederá en la misma providencia a la parte apelante cinco días para sustentar su apelación y a la parte opositora cinco días para que presente su alegato. En caso de que hubiere pruebas que practicar, el superior dará el trámite que corresponda según el tipo de proceso de que se trate, sirviendo de regla lo establecido para el proceso ordinario. El apelante, si así lo desea, puede sustentar el recurso en el mismo escrito que lo promueve. Artículo 1181. Salvo expresamente lo establecido para casos especiales, las apelaciones se concederán: 1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de sentencias o autos que pongan término a procesos de conocimiento; 2. El efecto diferido, cuando se trate de resoluciones que ordenen la entrega de una suma de dinero, de un bien, la ejecución de un acto, el levantamien- to o la sustitución de una garantía o medida cautelar. Cuando según la Ley deban concederse en el efecto diferido, el recurrente podrá pedir que se otorgue en el devolutivo; 3. En el devolutivo, cuando se trate de cualquier otro auto o resolución que ordene, decida o imprima tramitación. El auto que niegue la práctica de una prueba es apelable en el efecto devolutivo. Si el superior revocare el auto y decretare la prueba el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla; 4. En el efecto que designe el Juez, en casos de procesos no contenciosos. Artículo 1190. La apelación se entiende interpuesta sólo en lo desfavorable al apelante y el superior no podrá enmendar o revocar la resolución apelada en la parte que no es objeto del recurso, a no ser que, en virtud de esta reforma, sea indispensable hacer a esta parte modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con la otra. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o exista prevista la consulta para la que no apelé, el superior resolverá sin limitaciones. Artículo 1194. La parte que intente interponer el recurso de hecho pedirá al Juez que negó la apelación o la concesión del recurso de casación, antes de vencerse los dos días siguientes al día en que se notificó o se tuvo por notificada ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 la negativa, copia de la resolución, su notificación, si la hay, la apelación, su negativa y las demás piezas que estime convenientes. Las copias se expedirán forzosamente, debidamente certificadas por el secretario del Juez, y no causarán derecho alguno. En caso de que el Juez no expida las copias en el término de seis días, el recurrente podrá concurrir ante el superior presentando copia del memorial en que las solicitó con nota de su presentación. En caso de que la reconsideración sea denegada procederá el recurso de hecho contra esta última resolución. Artículo 1208. Habrá lugar al recurso de casación en la forma contra los laudos dictados por árbitros o arbitradores en los siguientes casos: 1. Haberse dictado la sentencia fuera del plazo señalado en el compromiso; 2. Haber resuelto puntos no sometidos a su decisión; 3. Cuando se hayan infringido las reglas fundamentales de actuación establecidas en la Ley o acordadas por las partes en el instrumento de compromiso. El recurso de casación contra la sentencia de árbitro o arbitradores, cuando proceda, se anunciará ante el tribunal arbitral en el término de que trata el artículo 1215 y se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1498. Artículo 1214. El recurso de casación suspende la ejecución de la resolución impugnada. Sin embargo, el demandante favorecido por una sentencia de segunda instancia, que condena al demandado, podrá obtener un secuestro o cualquier otra medida cautelar que reconozca la Ley, sin necesidad de fianza. Artículo 1240. Cuando las causales fueren las indicadas en los ordinales 1, 2, 4 y 6 del artículo 1212, la Corte invalidará la resolución dictada y dispondrá que se devuelva el expediente al tribunal de su origen, determinando el estado en que queda el proceso para que ante dicho tribunal promuevan las partes lo que estimen de lugar. En los demás casos, casará la sentencia o auto y dictará la resolución que haya de reemplazarlos. Artículo 1269. Son comunes en los procesos de conocimiento, las siguientes disposiciones: 1. La gestión y la actuación se regirán por lo dispuesto en la Parte I de este libro, con sujeción a las modificaciones que se establecen; 2. No se podrá dictar sentencia si el Juez observa que existe alguna causal de nulidad. En ese caso deberá proceder al trámite que corresponda o a declarar la nulidad si fuere insaneable; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 3. Tratándose de procesos que afecten bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, el Juez ordenará que, antes de correrse traslado al demandado, se inscriba provisionalmente la demanda. Procede la inscripción provisional de la demanda en el Registro Público, cuando el objeto de ésta sea el reconocimiento y el ejercicio de un derecho real sobre un inmueble o mueble susceptible de registro, siempre que el demandante no haya renunciado o no haya querido ejercer en el momento esta facultad. El Juez, por medio de un oficio, hará saber al Registrador lo siguiente: el nombre de las partes, la identidad del bien, su ubicación y linderos. Esta inscripción no pone el bien fuera del comercio, pero afectará a terceros adquirientes. No obstante, el Juez ordenará la cancelación de la inscripción provisional, si el demandante desistiere de esta medida o fuera vencido en primera instancia y no preste caución equivalente a la fianza de secuestro que correspondería, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución dictada. Cuando la demanda se refiere sólo a parte de una finca, la inscripción provisional únicamente afectará a dicha parte; 4. Siempre habrá traslado de demanda, pero en los términos en que para cada clase de proceso se señale; 5. Es admisible la reconvención en los términos y las excepciones de los casos expresamente previstos; 6. Cuando se notifica personalmente la demanda y el demandado se abstiene de contestarla, se tendrá tal conducta como indicio grave en su contra y podrá el Juez, a su prudente juicio, proferir sentencia sin abrir el proceso a pruebas, si las que se acompañaron con la demanda dan base para ello. Si el demandado se abstuviere de corregir la contestación de la demanda en el término que señala el Juez, tal conducta puede ser apreciada como un indicio en su contra, según las circunstancias del caso. En este supuesto el proceso se abrirá a pruebas; 7. Cuando la sentencia afecte el estado civil de las personas o a las personas jurídicas o derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, se enviará copia de tal resolución a la oficina encargada del respectivo registro; 8. La sentencia de segunda instancia se notificará por edicto y quedará ejecutoriada en todo caso, tres días después de haber sido notificada, salvo que dentro de este término se pida aclaración de los puntos oscuros de la parte resolutiva o que se solicite ampliación o modificación respecto de frutos, réditos, perjuicios o costas o en cuanto a error aritmético o se interponga recurso de casación: 9. Cuando en el proceso de que conoce el tribunal, deba ser oído el Ministerio Público, después del trámite del alegato en cada instancia se dará vista al ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 respectivo agente para que emita concepto, lo que deberá hacerse dentro del término de cinco días a partir de la remisión del expediente por el Juez. La respectiva resolución será un proveído de mero obedecimiento; 10. Las sentencias ejecutoriadas hacen tránsito a cosa juzgada, salvo las excepciones previstas expresamente en la Ley y sin perjuicio del recurso de revisión. No obstante, cuando una sentencia resuelva respecto a cuestiones susceptibles de ser alteradas o modificadas de acuerdo con la Ley substancial, o contuviere declaraciones o prestaciones accesorias igualmente susceptibles de modificación, éstas pueden tramitarse como incidente si el expediente se encontrare en el juzgado respectivo. Artículo 1271. Cuando la única defensa del demandado sea la cosa juzgada el Juez podrá, a petición del demandado, imprimirle el trámite propio del incidente. Artículo 1273. Los procesos ordinarios de menor cuantía se dividen para los efectos del procedimiento en tres (3) grupos, a saber: 1. Los que tienen un valor que excede de ciento cincuenta balboas (a/.150.00) sin pasar de trescientos balboas (B/.300.00); 2. Los que tienen un valor que excede de trescientos balboas (B/.300.00) y no pasan de quinientos balboas (B/.500.00); y 3. Los que tienen un valor que excede de quinientos balboas (B/.500.00) y no pasan de mil balboas (B/.l000.00). Artículo 1277. En los procesos ordinarios cuya cuantía exceda de ciento cincuenta balboas (B/ .150.00) y no sea superior a trescientos balboas (B/.300.00), el tribunal hará comparecer a las partes, quienes pueden hacerse asistir de abogado, oirá sus razones y procurará avenirlas amigablemente. Si no se consigue, examinará los testigos y los documentos que las partes presenten y hará extender de todo ello una sencilla y lacónica relación. En los cuatro (4) días siguientes dictará su resolución, la hará extender por escrito y la notificará personalmente a las partes. Artículo 1285. En los procesos ordinarios cuyo valor pase de trescientos balboas (B/.300.00) y no exceda de quinientos balboas (B/.500.00), la demanda debe proponerse por escrito mediante abogado y el Juez correrá traslado de ella al demandado para que la conteste dentro del término de cinco (5) d ías. Artículo 1288. Si no hay que practicar pruebas o si se ha vencido el trámite probatorio, el Juez ordenará al actor que presente su alegato dentro de los dos días; correrá traslado del alegato al demandado para que éste presente el suyo ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 dentro del mismo término y evacuados estos trámites en debida forma o en rebeldía, decidirá el asunto dentro de seis (6) días. Artículo 1293. Las partes pueden apelar de la sentencia dentro de los dos días siguientes a su notificación. Y si no fuere el caso de practicar pruebas, la apelación debe sustentarse ante el Juez de primera insta ncia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la interposición del recurso. Si dejara de hacerlo, el recurso se declarará desierto. Si sustentara el recurso se concederá a la otra parte un término igual para que alegue, vencido el cual se remitirán los autos al superior para que decida el recurso. Artículo 1295. Los procesos ordinarios cuya cuantía exceda de quinientos balboas (B/.500.00) y no pase de mil balboas (B/.l,000.00) se tramitarán con arreglo a las disposiciones de la sección anterior. Las copias de los documentos que se aporten al juicio irán en papel común, con la autenticación de rigor. Artículo 1297. Los incidentes que puedan ocurrir en estos juicios se sustanciarán en la forma indicada en el Título VI, Libro II del Código Judicial, pero reduciendo los términos según el prudente arbitrio del Juez, sin que en ningún caso sean inferiores a dos días. La apelación contra los autos en que se deciden los incidentes se concederá conjuntamente con la sentencia principal excepto en los casos contemplados en el artículo 750 de este Código. Artículo 1303. En el auto admisorio que corre traslado de la demanda se apercibirá a la parte demandada que la no contestación se tomará como un indicio en su contra y en tal caso el proceso seguirá en los estrados del tribunal. Artículo 1307. Si hubiere varios demandados, y alguno de ellos deseare ejercer una pretensión en contra de otro o de otros de los demandados, que se origine en la misma relación jurídica o de los mismos hechos que son objeto del proceso, el demandado reclamante podrá hacer valer sus derechos mediante presentación del respectivo libelo. El derecho que se confiere en el inciso anterior deberá ejercitarse presentando el correspondiente libelo antes de la apertura del negocio a pruebas. Presentado oportunamente el escrito de la nueva demanda se dará traslado al demandado por el término de cinco (5) días, y a partir de este momento todos los trámites serán comunes. En la sentencia, cuando fuere pertinente, el Juez se pronunciará sobre las pretensiones aducidas con base en el derecho de demandar a la coparte consagrado en este artículo. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 1342. Estos procesos se sujetarán a las siguientes reglas especiales: 1. Sólo los cónyuges podrán demandar el divorcio o la separación y sólo ellos serán partes en el proceso. Sin embargo, el proceso de divorcio instaurado puede continuarse, pero sólo para los efectos patrimoniales, por los herederos del cónyuge que muera antes de dictarse sentencia final, con el objeto de que en ésta se declare, si hubiere lugar, que existía la causal o causales que hubieran podido justificar el divorcio. En este caso, la sentencia del Juez, se concretará a reconocer o negar, según las circunsta ncias, la existencia de la causal o causales alegadas; 2. Se pueden acumular procesos de nulidad de matrimonio y de divorcio. Si se decreta la nulidad del matrimonio la sentencia se abstendrá de resolver sobre el divorcio; 3. El demandado en divorcio puede proponer demanda de nulidad de matrimonio, con divorcio o con separación de cuerpos, fundado por las mismas o por distintas causales; 4. Cuando más de una causal llegue a ser comprobada, el divorcio se decidirá por la más grave, con arreglo al orden en que aparezcan en el Código Civil; 5. El Juez que decreta el divorcio o la separación es competente para hacer cumplir y ejecutar el convenio que se apruebe. La ejecución se realizará de acuerdo con las normas generales de ejecución; y 6. Cuando en un proceso de divorcio se confiesen los hechos en que se funda la causa o causales respectivas, y la confesión sea admisible, el Juez sólo dictará sentencia cuando hayan transcurrido dos meses desde la contestación de la demanda. Artículo 1392. Sin perjuicio de los otros casos establecidos en la Ley, se tramitará por la vía del proceso sumario las causas referentes a: 1. Servidumbre, cualquiera que sea su origen y naturaleza y con las indemnizaciones a que diera lugar, división y venta de bien común, interdictos y demás procesos posesorios, controversias derivadas del derecho de accesión respectivo a bienes inmuebles, rendición de cuentas; 2. Oposición o controversias que surjan en procesos no contenciosos; 3. Las demandas que surjan sobre contratos de arrendamiento, transporte terrestre, depósito, mandato, comodato, aparcería, hospedaje y derecho de retención; 4. Cobros judiciales de honorarios de abogados, médicos, contabilistas, arquitectos, constructores, ingenieros y demás personas que ejerzan una profesión mediante título expedido por autoridad competente, así como cualquier controversia que surja por razón de cobro de dichos honorarios. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Si los honorarios de peritos y abogados y demás auxiliares de la jurisdicción proceden de su intervención en un proceso podrán también reclamarse dentro del mismo, por la vía del incidente, mientras el expediente se encuentre en el juzgado; 5. Controversias entre copropietarios; 6. Las que tengan por objeto la ampliación, división o cancelación de una hipoteca, o de cualquier otro gravamen o el proceso que tenga por objeto cualquier acción referente a los mismos; 7. Cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración y las demandas que se promovieran por aplicación de la Ley de propiedad horizontal, salvo que las Leyes especiales establezcan otra clase de procedimiento; 8. Obligación de otorgar escritura pública, así como los procesos que tengan por objeto la obligación de otorgar un contrato o exigir el cumplimiento de las formalidades para la existencia o validez de cualquier acto o contrato; 9. Cobro de alquileres atrasados, cuando el acreedor no pueda acudir a la vía ejecutiva; 10. Disolución y liquidación de sociedades o de cualquier persona jurídica de derecho privado por las causales previstas en el acto constitutivo o en la Ley substancial; 11. Controversias surgidas con motivo de procesos inte rrogatorios en loa casos en que la Ley substancial o el contrato le confiera a una persona el derecho a requerirle a otro escoja una opción o adopte determinada acción o decisión; 12. Procesos de datos y perjuicios, de cualquier clase, resultantes de actos u omisiones en un proceso; 13. Impugnación de actos o decisiones de asambleas generales o de juntas directivas, de sociedades o cualquier entidad privada, cuando con ellos se contravengan la Ley, el pacto social o los estatutos; 14. Controversias que surjan de procesos de reposición o anulación de títulos comerciales; y 15. Las demás en que las Leyes establezcan el trámite sumario. Una vez ejecutoriada la sentencia que decide el proceso sumario hace tránsito a cosa juzgada. Artículo 1394. La división será procedente cuando se trate de bienes que puedan partirse materialmente sin que se desvaloricen por el fraccionamiento; la venta lo será cuando se trate de bienes que no sean susceptibles de partición material por su naturaleza, o por disposición legal, o cuyo valor desmerezca por la división. Todo comunero puede, con audiencia de los demás, pedir la división ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 material de la cosa común, o la venta de ella para que se distribuya su producto de acuerdo al Código Civil. Artículo 1403. Los interdictos son: a. De adquisición de la posesión; b. Perturbación de la posesión; c. Restitución por despojo; y d. Restitución por causas diversas del despojo; Los procesos de obra nueva y obra ruinosa se tramitarán de acuerdo con las normas de esta sección. La sentencia que se dicte no decide cuestiones de propiedad o sobre la posesión definitiva. No podrá desestimarse la pretensión por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el proceso que legalmente proceda, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se justifique. En tal caso, el Juez resolverá de acuerdo con las normas del interdicto o proceso pertinente. El Juez rechazará, de oficio o a solicitud de parte, el interdicto después de transcurrido el término que señala la Ley substancial. Lo dispuesto en este código es sin perjuicio de las normas contenidas en las disposiciones de policía. Artículo 1407. Cuando alguno pretenda que se le restituya en la posesión, o tenencia de alguna cosa de que ha sido despojado, deberá acompañar a su demanda prueba suficiente del despojo y de la posesión o tenencia de que gozaba. Artículo 1423. Mediante el proceso de obra ruinosa se pueden obtener y decretar, aún de oficio, medidas urgentes de precaución y se procederá así: 1. Se decretará la práctica de una inspección judicial con intervención de peritos; 2. Si el tribunal hallare fundada la acción, ordenará la demolición o la reparación del edificio, o el afianzamiento de perjuicio, según el estado de la obra y la magnitud del daño; 3. Si el demandado no cumpliere lo prevenido por el tribunal, en el término fijado por éste, el demandante podrá pedir que se le entregue la cosa para él demolerla o reparar la , en un término igual al que se le había concedido al demandado; 4. Si al tratar de entregar la finca al demandante resultare que la posee una persona distinta del demandado, y que desconoce el derecho de éste, esa persona se reputará como demandada, se le notificará la orden de demoler o reparar la obra, o afianzar los perjuicios; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 5. El demandante no podrá cobrar sino lo que hubiere gastado realmente en la demolición o reparación, y el monto no podrá pasar de la suma que señale el tribunal, oído el parecer de peritos; 6. El demandado debe rendir cuenta de lo gastado en la demolición o reparación de la obra ruinosa y para examinarla y aprobar la se sustanciará como incidente. Aprobada la cuenta, el demandante puede cobrar ejecutivamente su monto o retener la cosa y sus anexidades hasta el pago total de su acreencia; 7. Si la finca fuere fructífera, el demandante tiene derecho a retener la y administrarla, hasta que sus productos alcancen a cubrir lo que se le debe, computando intereses recíprocos al seis por ciento anual; 8. Si la cosa no fuere fructífera, o no pudiere cubrir con sus productos el crédito del demandante, por demolición o reparación, podrá dicho demandante rendir su cuenta y para examinarla y aprobar la se sustanciará un incidente. Aprobada la cuenta, el demandante puede cobrar ejecutivamente el saldo y retener la cosa y sus anexidades hasta que el pago se verifique; 9. Si la obra no se demoliere o reparase por el demandante en el tiempo señalado, se le entregará al demandado y se dará por terminado el proceso, con costas a cargo del demandante; pero éste podrá instaurar más tarde su pretensión si el peligro aumentare; 10. Al reparar el edificio el demandante conservará su forma y dimensiones; a menos que el demandado convenga en alterarlas, o que el Juez lo autorice para ello por ser necesario para precaver el peligro a fin de evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal estado de algún edificio, árbol, pared, tapia, columna o cualquier inmueble análogo, cuya caída pueda causar daño a las personas o en las cosas; y la demolición total o parcial de una obra ruinosa. Si el Juez hallare fundada la demanda, ordenará la demolición o reparación que constituye la amenaza y el afianzamiento de perjuicios, según el estado de la obra y la magnitud del posible daño. Artículo 1444. Si el contrato constare por escrito, se acompañará el documento correspondiente. Si así no fuere, se acompañará prueba satisfactoria que demuestre su existencia. El Juez ante quien se presente una petición de desahucio, la examinará y, si encontrare que la pretensión tiene fundamento legal, ordenará que se ponga en conocimiento personalmente del arrendatario, previ niéndole de la obligación en que queda de restituir el bien objeto del contrato dentro del término legal correspondiente. Si considerare que la petición no procede, la negará de plano. El auto del Juez en que se niegue o decrete el desahucio es apelable en el ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 efecto diferido. Artículo 1466. Las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros y los fallos arbitrales extranjeros tendrán en la República de Panamá la fuerza que establezcan los convenios o tratados respectivos. Si no hubiere tratados especiales con el Estado en que se haya pronunciado la sentencia, ésta podrá ser ejecutada en Panamá, salvo prueba de que en dicho Estado no se da cumplimiento a las dictadas por los tribunales panameños. Si la sentencia procediere de un Estado en que no se dé cumplimiento a las dictadas por los tribunales panameños no tendrá fuerza en Panamá. Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los siguientes requisitos: 1. Que la sentencia haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, salvo lo que la Ley disponga especialmente en materia de sucesiones abiertas en países extranjeros; 2. Que no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, para los efectos de este artículo, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, dentro de la jurisdicción del tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución; 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá; y 4. Que la copia de la sentencia sea auténtica. Se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión. Artículo 1497. Proferido el laudo, terminarán las funciones de los árbitros o arbitradores. Cuando fuere del caso imponer condena en costas, las mismas se incluirán en la decisión. Artículo 1515. El menor que pretenda obtener habilitación de edad, acompañará con su demanda: 1. Prueba de su edad y de que es huérfano de padre y madre, o de que sus padres se hallan impedidos para representarlo convenientemente; y 2. Prueba de que es apto para manejar por sí sus intereses y de la necesidad o conveniencia de la habilitación. Artículo 1516. El Juez dará traslado de la solicitud al agente del Ministerio Público y al tutor del menor, si lo tuviere, y si no, a un Curador ad litem que se le ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 nombrará y que deberá ser abogado. Si se concede la habilitación, se expedirá al menor una copia del fallo firmado por el Juez y su Secretario, para su inscripción en el Registro del Estado Civil. Si se negare, por deficiencia de las pruebas, podrá el menor insistir en la solicitud, reforzando sus pruebas y volverá a sustanciarse el negocio. Artículo 1532. El deudor o el tercero que quiera verificar un pago por consignación, explicará claramente en su petición la obligación y pondrá a disposición del Juez la suma o cosa debida, a fin de que sea entregada al acreedor. Si se trata de dinero o valores presentará el correspondiente certificado de garantía. Si se trata de otro tipo de bienes, el Juez ordenará que se entreguen los bienes a un depositario para lo cual señalará fecha y hora. Ocurrido lo anterior, el Juez mandará requerir al acreedor para que en el término de 5 días exprese si acepta o no el pago. Si el acreedor acepta el pago se le entregará la cosa y se declarará extinguida la obligación, ordenándose la cancelación de los gravámenes o la restitución de los bienes dados en garantía. El deudor puede retirar la consignación mientras el acreedor no haya aceptado el pago, o mientras éste no haya sido declarado suficiente, o se haya extinguido la obligación, caso en el cual terminaría la actuación. Cuando las consignaciones, correspondan a pagos periódicos, será competente el Juez que acogió la primera demanda, y serán estimadas como una sola. Artículo 1536. Si el Juez admitiere la consignación, declarará extinguida la obligación y pondrá la cosa consignada a órdenes del acreedor, ordenando la cancelación de los gravámenes o la restitución de los bienes dados en garantía que correspondan a la obligación que se declara extinguida. Artículo 1695. Puede demandarse ejecutivamente el cumplimiento de obligaciones, claras y exigibles que consten en documentos escritos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o los que emanen de una sentencia de condena proferida por Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción o de otra resolución judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la Ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí lo es la hecha en el interrogatorio prejudicial recibido con el lleno de las formalidades legales. Así mismo, existirá la vía ejecutiva cuando una norma especial ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 expresamente otorgue tal mérito. Artículo 1696. Son títulos ejecutivos: 1. Las sentencias ejecutoriadas de condenas y las resoluciones ejecutoriadas que aprueben un allanamiento, un acuerdo o un convenio; 2. Las sentencias de árbitros y arbitradores; 3. Toda actuación judicial de la cual aparezca que una persona está obligada a pagar una cantidad, entregar, hacer o dejar de hacer alguna cosa; 4 Las escrituras públicas; 5. Los documentos privados de cualquier clase, siempre que el deudor haya reconocido su firma ante el Juez o haya sido declarado confeso o haya presentado el documento a un Notario para su certificación o protocolización o haya muerto y los herederos reconozcan la firma; 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en Leyes especiales, los cánones de arrendamiento cuya liquidez se compruebe mediante recibos no pagados, junto con el respectivo contrato de arrendamiento inscrito en el Despacho Oficial competente, o que cumpla cualquiera de los requisitos previstos en el ordinal anterior; 7. El documento en que conste, contra el propietario de la carga, créditos de conformidad con el Código de Comercio; 8. El documento en que conste, contra el dueño de la nave, créditos de conformidad con el Código de Comercio; 9. El documento en que conste, contra el dueño del flete, créditos de conformidad con el Código de Comercio; 10. Los cheques rechazados por el banco contra el cual se haya girado, por insuficiencia de fondos o por no tener cuenta en el banco el girador; 11. Los documentos negociables contra los giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas y demás partes que intervengan en los mismos; 12. Los bonos y sus cupones; 13. El crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, según lo dispuesto en la Ley 14. Cualquier otro título que la Ley le atribuya fuerza ejecutiva; 15. Las certificaciones expedidas por Bancos, Cajas de Ahorros y Asociaciones de Ahorros y Préstamos, debidamente autorizados para explotar sus activi- dades económicas de conformidad con la Ley, en las que dichas entidades hagan constar los saldos acreedores que arrojen sus libros de contabilidad contra el demandado, siempre que tales certificaciones sean revisadas por Contador Público Autorizado; y 16. El documento en que conste una fianza solidaria, aunque el mismo no exprese cantidad líquida, siempre que dicho documento reúna los requisitos previstos en el inciso 5 y la fianza acceda a una obligación documentada en ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 un título que de suyo preste mérito ejecutivo. Artículo 1698. La vía ejecutiva podrá prepararse: 1. Solicitando al ejecutado que reconozca la firma cuando el documento sea privado y requiere reconocimiento. Reconocida la firma, el documento presta mérito ejecutivo, aunque se hubiere negado su contenido. Si el ejecutado negare la firma, el ejecutante podrá, mediante incidente, comprobar si la firma es auténtica, manteniendo en todo caso las medidas precautorias; 2. Tratándose del cobro de alquileres manifestará el requerido su calidad de arrendatario y, en caso afirmativo, exhibirá el último recibo. Si no hiciere las manifestaciones que se le requieran, se librará mandamiento por las sumas que el ejecutante bajo la gravedad del juramento afirme ser acreedor. Si el requerido negare la firma o el carácter de arrendatario la ejecución no podrá librarse. Junto con la demanda el ejecutante acreditará su condición de propietario y arrendador del bien y presentará los recibos no pagados; 3. Si un documento prestare mérito ejecutivo, pero no estableciere una suma líquida, el ejecutante podrá acudir a la vía de incidente para establecerla; 4. Cuando el cumplimiento de plazo, condición o contraprestación o exigibilidad del crédito, no se deriven del mismo título ejecutivo, el ejecutante podrá valerse de cualesquiera de las diligencias preparatorias consagradas en este Código; 5. Cuando se trate de obligaciones alternativas cuya elección corresponda al deudor, el ejecutante podrá solicitar al Juez que le requiera al deudor para que la haga, apercibiéndole que, de no hacerla, el propio Juez la hará o que se hará por quien corresponda, de conformidad con el contrato o con la Ley. Artículo 1705. Presentada la demanda con arreglo a la Ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo , o notificado al mismo la cesión del crédito, se librará de inmediato la ejecución y se notificará allí mismo el mandamiento de pago, sin permitirle al deudor que se ausente del despacho hasta que se practique esa diligencia: y el Juez así lo hará si el documento presta mérito ejecutivo. Si el título requiriese preparación, se aplicará en lo conducente lo dispuesto en el artículo 1698. Preparado el título, quedará disponible la acción ejecutiva. Si el deudor citado para reconocer la firma no compareciere, se aplicará en lo que sea conducente el artículo 910 de este Código. Reconocida la firma del documento quedará preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiere negado el contenido. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 LIBRO TERCERO PROCESO PENAL TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES Artículo 2022A. Toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a toda denuncia se presume su inocencia. Artículo 2022B. Nadie podrá ser sancionado por un hecho no descrito como delito por la Ley vigente al tiempo de su realización, ni sometido a medidas de seguridad que la Ley no haya establecido previamente. Artículo 2022C. Nadie podrá ser juzgado sino por Tribunal competente, previamente establecido, conforme al trámite legal, y con plena garantía de su defensa. Artículo 20220D. Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho aunque se modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias. Artículo 2022E. Por los hechos punibles previstos en la Ley Penal ordinaria, toda persona será investigada, acusada y juzgada por los órganos y mediante el procedimiento establecido en este libro. Se exceptúa lo relativo a las sanciones correccionales y disciplinarias que pueden imponer las autoridades judiciales y las penas y sanciones cuya imposición corresponda a jurisdicciones especiales, que tengan establecido un procedimiento especial. Artículo 2022F. En las materias que no tengan regulación expresa en este Libro o en Leyes procesales complementa rias se aplicarán las disposiciones del Libro II de este Código, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del proceso penal. Artículo 2022G. Toda norma legal que limite la libertad personal, el ejercicio de los poderes conferidos a los sujetos del proceso o que establezca sanciones procesales será interpretada restrictivamente. Artículo 2022H. Por un solo hecho se seguirá un solo proceso aunque sean varios los autores o partícipes. En la misma forma se procederá aun cuando los hechos punibles sean varios y exista continuidad o conexión. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 20221. Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal. CAPÍTULO I DE LA ACCIÓN PENAL Artículo 2025. El ejercicio de la acción penal puede ser de oficio o por acusación legalmente formulada. Artículo 2026. Los delitos de violación, rapto, seducción, corrupción de menores y ultrajes al pudor son de procedimiento de oficio, pero no se instruirá sumario sino por querella de la persona agraviada, cualquiera que sea su edad, o representante legal, si es menor, o de la persona que sobre ella ejerza la guarda, aunque no sea tutora ni curadora legal. La querella no se admitirá si la persona agraviada la presenta después de un mes de la ejecución del hecho y tampoco cuando el representante legal de la persona agraviada, o quien sobre ella ejerza la guarda, la presenta después de dos meses de haber tenido conocimiento de la comisión del delito, si está en el país, y un año, si está en el exterior. Sin embargo, la instrucción se iniciará sin necesidad de querella en los siguientes casos: a. Cuando el hecho haya causado la muerte de la víctima o haya sido acompañado de otro delito que tenga señalada pena restrictiva de la libertad y que pueda castigarse de oficio; b. Cuando el hecho se cometa en lugar público; c. Cuando se comete abusando de la patria potestad o de la autoridad de tutor o curador o por persona a cuyo cargo esté, por cualquier motivo, la víctima del delito; d. Cuando la víctima del delito de violación sea menor de catorce años. Artículo 2028. En los delitos de bigamia, calumnia e injuria e incumplimiento de los deberes familiares, no se seguirá procedimiento criminal sino por acusación formal del ofendido. Artículo 2031A. Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo en los delitos de hurto simple, lesiones por imprudencia, estafa, apropiación indebida, encubrimiento, apoderamiento de cosas provenientes de delito, incumplimiento de deberes familiares y expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, cuando desista de la pretensión punitiva la persona ofendida o su representante ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 legal si el imputado no tuviese antecedentes penales y se hubiese convenido la reparación del daño. Artículo 2031B. Cuando alguno de los elementos del delito dependa de la decisión de un proceso extrapenal, no se dictará sentencia hasta que sea decidido aquél. No obstante si transcurriere un año desde la suspensión y no se hubieren decidido definitivamente las cuestiones que la motiva ron, se dictará el fallo correspondiente. CAPÍTULO II DE LA ACCIÓN CIVIL Artículo 2035. De todo delito nace también la acción civil para la restitución de la cosa y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, contra los autores o partícipes del mismo y en su caso contra el civilmente responsable. En este último caso la acción deberá intentarse por la vía civil. Esta acción solo podrá intentar la el ofendido o en su defecto, el cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Artículo 2036. El titular de la pretensión civil no es parte en el proceso penal. Podrá, sin embargo, proporcionar al funcionario de instrucción o al Juez de la causa, las pruebas que conduzcan a demostrar la naturaleza y cuantía de los daños y perjuicios. Artículo 2037. Terminado el proceso penal con sentencia condenatoria ejecutoriada y declarada la responsabilidad civil por daños y perjuicios materiales o morales, o por ambos, se promoverá su ejecución ante el Juez Civil competente para hacerla efectiva. En los delitos contra el patrimonio comprenderá la obligación de restituir la cosa objeto del delito, con abono del deterioro que haya sufrido, si ello fuere posible. Si no lo fuere, será la de pagar su equivalente en moneda de curso legal, previa estimación judicial. El monto del resarcimiento será fijado por los tribunales de justicia, mediante los medios probatorios que el Código Judicial establece, ateniéndose a lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del Código Penal, que regula la responsabilidad civil derivada del delito. Artículo 2037A. La pretensión para reclamar la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, su familia o un tercero, debe promoverse mediante incidencia durante el plenario, es decir, una vez ejecutoriado el auto de enjuiciamiento. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 En la demanda incidental se dará constancia de la cuantía del daño material y moral y se aportarán las pruebas correspondientes. Artículo 2037B. La pretensión civil de resarcimiento sólo podrá ser ejercitada en el proceso penal cuando esté pendiente de decisión la acción penal. La absolución del imputado no impide que el tribunal penal pueda pronunciarse sobre ella en la sentencia. Artículo 2037C. En los casos en que el ejercicio de la acción penal no pueda proseguir por rebeldía del imputado o por una causa que suspenda el proceso por enajenación mental sobreviniente, la acción civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción respectiva. Artículo 2037D. Las cosas retenidas que no estuviesen sujetas a comiso, restitución, secuestro o embargo, serán devueltas a quienes se le ocuparon. Se dispondrá que los interesados concurran a la vía civil. Si la controversia se suscitase respecto de la restitución, el Juez penal dispondrá que los interesados concurran a la vía incidental. Artículo 2037E. Las cosas retenidas, vinculadas con el hecho punible o por razón de éste, en todo caso serán remitidas por el funcionario de instrucción al Juez de la causa. Artículo 2037F. Si después de un año de concluido el proceso, nadie se presentare a reclamar la cosa que debe ser restituida, el Juez la pondrá a disposición del Tesoro Nacional. Las que no representen valor económico serán destruidas y el acto se documentará, mediante diligencia que será agregada al expediente. Artículo 2040. En los procesos penales, sólo son competentes los tribunales de la circunscripción territorial en que se haya cometido el hecho por el cual se procede. No obstante, tendrán competencia todos los agentes del Ministerio Público y los Tribunales de la República, en la Isla Penal de Coiba, para los efectos de hacer notificaciones, recibir declaraciones testimoniales e indagatoria, a detenidos que se encuentran en dicho Centro penitenciario. Artículo 2046. Son tribunales competentes, por su orden, para conocer de los delitos conexos: 1. El de mayor jerarquía; 2. El que primero hubiese aprehendido el conocimiento del delito más antiguo ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 de aquellos que estén atribuidos a una misma competencia territorial; 3. El de la competencia territorial en que se hubiese cometido el delito que tenga señalada pena mayor; 4. El que primero comience la causa en el caso de que a los delitos les esté señalada pena igual y estén sujetos a distinta competencia territorial; 5. El que la Corte designe cuando las causas hubiesen comenzado al mismo tiempo o no conste cual comenzó primero o tengan señalada penas iguales, si los delitos están sometidos a distintas competencias territoriales. Artículo 2046A. La acumulación de procesos no será dispuesta cuando ocasione un gran retardo de alguno de ellos, aunque en todos deba intervenir el mismo tribunal. Si correspondiere unificar las penas, el tribunal lo hará así al dictar la última sentencia. SECCIÓ N 2a. MINISTERIO PÚBLICO Artículo 2047. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales y Personeros y por los demás funcionarios que establezca la Ley. Los Agentes del Ministerio Público podrán ejercer por delegación, conforme lo determine la Ley, las funciones del Procurador General de la Nación. Cada Agente del Ministerio Público tendrá dos suplentes quienes lo reemplazarán en su orden, en las ausencias temporales y en las absolutas mientras se llene la vacante. Artículo 2049. La acción penal es pública y su titularidad corresponde al Estado; se ejerce a través de los agentes del Ministerio Público que la Ley señale, sin perjuicio de lo establecido en este Código para los casos de excepción. Artículo 2052. Toda controversia que surja entre el agente del Ministerio Público, como funcionario de instrucción y el imputado, su defensor o el acusador, si lo hubiere, la resolverá el tribunal competente para conocer del proceso, mediante incidente que ante él proponga el interesado. Esta tramitación se realizará en todos los casos en que el imputado o el acusador considere lesivo a sus intereses cualquier acto, mandato u orden del funcionario de instrucción, y se tramitarán como los incidentes de previo y especial pronunciamiento. La instancia se considerará en el efecto diferido. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 SECCIÓ N 3a. ACUSADOR Artículo 2054. Si el que promueve la acusación no es acusador legítimo y el delito es de aquéllos cuya investigación debe proceder de oficio, el funcionario de instrucción la tendrá como denuncio. Si el acusador no es legítimo y el delito es de aquéllos que exigen querella para la iniciación del sumario, por tal se tendrá, si retine los demás requisitos señalados en el artículo 2073 de este Código. Si la acusación versare sobre delito que no puede perseguirse de oficio, el funcionario de instrucción, mediante proveído, la enviará al Jue z competente para los fines señalados en el inciso siguiente. La ilegitimidad del acusador en delitos que requieren acusación particular, es causa de nulidad de lo actuado y archivo del expediente. Artículo 2055. En caso de acusación legalmente formulada, en delitos que no son de procedimiento de oficio, el funcionario de instrucción practicará las diligencias indicadas o pedidas por el acusador, siempre que sean procedentes y en los delitos de procedimiento de oficio, también practicará las diligencias que estime conducentes para la formación del sumario. Artículo 2056. La acusación se propondrá siempre por escrito, expresándose en ella los nombres del acusador y del acusado, el delito, el lugar y fecha en que se ejecutó, con una relación de las circunstancias esenciales del hecho, citando las disposiciones legales infringidas y obligándose el acusador a continuar la acusación y a probar la verdad de su relato. La acusación no requerirá ratificación posterior. Artículo 2057. Todo acusador particular, a petición del imputado, en los delitos que no son perseguibles de oficio, deberá afianzar las costas y el resultado pecuniario del proceso si el fallo le fuere adverso. La fianza se constituirá por medio de diligencia extendida ante el tribunal de la causa, dándose la garantía en la forma establecida para las fianzas de excarcelación. La fianza será proporcional a los costos que se calcule que el imputado tendrá que erogar para su defensa y los perjuicios que puedan sobrevenirle por razón de la acusación. Artículo 2060. Cuando una acusación sea declarada falsa o temeraria, el juez de la causa ordenará, en la misma resolución o en resolución aparte, que se le entregue a la parte acusada la fianza consignada, pero tratándose de delito perseguible de oficio, se le condenará al pago de la indemnización ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 correspondiente, la cual será reclamada por la vía ordinaria conforme a lo preceptuado en el artículo 1040 y siguientes del Libro II sobre liquidación de condena en abstracto. Artículo 2061. El acusador puede desistir de la acusación dentro de dos (2) días después de haberla propuesto, sin incurrir en el pago de costas ni de perjuicios. Con posterioridad a ese término puede desistir en cualquier tiempo, pero quedará sujeto a las sanciones consiguientes, si a ello hubiere lugar. Artículo 2063. Se entiende desierta la acusación, cuando el acusador cese en sus gestiones escritas por un mes o cuando no se constituya, en el término de cinco día s, la fianza que se le haya señalado. Artículo 2064. La acusación declarada desierta o desistida extingue el ejercicio de ésta. No habrá más de un solo acusador por cada ofendido. SECCIÓ N 4a. DENUNCIANTE Artículo 2068. El que, por cualquier medio, tuviere noticias de la perpetración de un delito perseguible de oficio, está obligado a poner el hecho en conocimiento del funcionario de instrucción más próximo al sitio en que se hallare, y si se tratare de un delito infraganti, a la autoridad de policía o al agente de la autoridad más próximo al sitio en que hubiere sido ejecutado. En este supuesto, la autoridad de policía o el agente de autoridad tomará inmediatamente las medidas necesarias para poner al detenido, si lo hubiere, a disposición del funcionario de instrucción competente. Artículo 2068A. Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquéllos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables. Artículo 2069. Las denuncias no están sujetas a formalidad alguna y pueden hacerse verbalmente o por escrito. Sin embargo, la denuncia escrita deberá estar firmada por el denunciante o por otra persona capaz y presentada personalmente o mediante apoderado especial. De la denuncia verbal se extenderá un acta en forma de declaración en que se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante, relativas al hecho denunciado y sus circunstancias, la cual será firmada por el denunciante o por otra persona a su ruego y por el funcionario de instrucción y su ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 secretario. La denuncia que cumpla con los requisitos anteriores no requiere ratificaciones. Artículo 2072. Cuando se trate de delitos que no requieren acusación particular, pero respecto a los cuales la investigación sumaria no puede iniciarse de oficio, será necesario la presentación de querella por el ofendido, quien podrá hacerlo verbalmente o por escrito, acreditando su legitimidad de personería para actuar. Artículo 2074. Si el que presenta la querella no es querellante legítimo, el funcionario de instrucción lo remitirá al juez de la causa, quien procederá conforme a lo previsto en el artículo 2054, con expresión del motivo por el cual se abstiene de iniciar o continuar la investigación sumaria salvo que el delito sea perseguible de oficio. En este caso la querella se tendrá como denuncio. Artículo 2075. Una vez presentada legalmente la querella, se iniciará la investigación y el procedimiento continuará de oficio, salvo los casos exceptuados en el artículo 2031 de este Código. Artículo 2076A. La querella se presentará dentro del término de dos meses contados a partir de la comisión del hecho punible instantá neo o de la realización del último acto si se tratare de un delito continuado, salvo que la Ley establezca un término distinto para casos especiales. SECCIÓN 6a. IMPUTADO Artículo 2079. El imputado puede hacer valer sus derechos de acuerdo a la Constitución y la Ley, desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra y hasta la terminación del proceso. Cuando estuviere privado de la libertad podrá presentar instancia ante el encargado de su custodia, quien la transmitirá inmediatamente al funcionario de instrucción o juez de la causa. En consecuencia, desde el momento de su detención tendrá derecho a designar un defensor o pedir que se le designe uno de oficio. El imputado podrá designar verbalmente su defensor, ante el funcionario respectivo. Artículo 2080. Cuando sobreviniere enfermedad mental del imputado que excluya su capacidad de entender o querer se ordenará, por auto, la suspensión del trámite respecto del imputado enfermo. Esta circunstancia no impide que se ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 investigue el hecho y continúe el procedimiento con los coimputados. Si no existe peligro de que el imputado enfermo se dañe o cause daño a los demás, podrá ordenarse su libertad -si estuviere detenido, y entregarse a sus padres o tutores. Igual procedimiento se seguirá en los casos de enfermedad científicamente comprobada. Artículo 2081. El imputado será sometido a examen mental en los casos de los artículos 26 y 27 del Código Penal. Artículo 2083. El imputado que no entienda el idioma español, declarará por medio de un intérprete, quien será previamente juramentado. Artículo 2085. Si el imputado manifiesta no poder nombrar defensor o si fuere menor de edad, se lo designará el funcionario de instrucción o el juez de la causa, según el caso y el nombramiento recaerá en el defensor de oficio. En caso de que no hubiese defensor de oficio o se encuentre impedido para actuar, la designación recaerá en uno de los abogados que ejerza en la localidad respectiva. El defensor deberá prestar promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se entiende que dicho defensor lo es también para el juicio, si el imputado o acusado no revoca el mandamiento. En aquellos lugares en que no residan por lo menos cinco (5) abogados registrados y en ejercicio, podrá asistir la defensa cualquier persona si el interesado así lo solicitare. Artículo 2086. El defensor nombrado por el funcionario de instrucción o Tribunal, quedará obligado a aceptar y desempeñar el cargo, sin que pueda excusarse salvo las excepciones legales comprobadas. Artículo 2090. Los defensores de oficio de los Distritos Judiciales de la República tendrán, así mismo, la defensa ante la Corte Suprema de Justicia de los imputados, en los casos que determina este Código. Artículo 2091. Ingresado a la Corte los recursos de apelación, casación y revisión, ésta los pondrá en conocimiento de los defensores de oficio en forma alterna, para los fines consiguientes, si el imputado no hubiere nombrado defensor. Artículo 2092. Además de las funciones contenidas en el artículo 432 del Libro I de este Código, los defensores de oficio tendrán las siguientes: a) Concurrir diariamente a los tribunales de su adscripción, debiendo permanecer en ellos el tiempo suficiente para cumplir las funciones inherentes a su cargo; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 b) Defender a los imputados que no tengan defensor particular, cuando ellos mismos o el tribunal respectivo los designe con ese fin; c) Desempeñar sus funciones ante los juzgados o tribunales de su respectiva adscripción y ante el jurado que conozca del proceso correspondiente cuando éste lo amerite; d) Visitar, por lo menos, una vez al mes la cárcel, a efecto de informar a sus defendidos de oficio de la secuela del proceso, recabar del mismo todos los datos que sirvan para preparar la defensa y recibir las quejas que tuvieren; e) Asistir en asocio de magistrados, jueces, fiscales y demás funcionarios que por Ley están obligados a visitar la cárcel; f) Poner en conocimiento del Procurador General de la Nación y del Ministro de Gobierno y Justicia, las quejas que los imputados le hayan presentado por falta de atención médica, vejaciones y malos tratos que sufran en el establecimiento penitenciario, sugiriendo en su caso, las medidas conducentes para el mejoramiento del régimen penitenciario y rehabilitación de los delincuentes; g) Promover las pruebas y demás diligencias necesarias para que sea más eficaz la defensa; h) Introducir y continuar bajo su más estricta responsabilidad, ante quien corresponda, en favor de sus defendidos, los recursos que procedan conforme a la Ley; i) Rendir mensualmente informe al superior jerárquico de la institución sobre los procesos en que hayan intervenido, haciendo las indicaciones necesarias para la estadística correspondiente; y j) Las demás obligaciones que, en general, les impusiere una defensa completa y eficaz. Artículo 2093. Los defensores de oficio podrán declararse impedidos para aceptar o continuar la defensa de los imputados en los casos siguientes: 1. Por tener íntimas relaciones de afecto y amistad con el ofendido; 2. Por tener vinculación consanguínea hasta el cuarto grado y segundo de afinidad con el ofendido; 3. Por ser deudor, socio, arrendatario, heredero presunto o instituido, tutor o curador de la parte ofendida; 4. Cuando sufrieren ofensas o denuestos del imputado o de sus parientes más cercanos; y 5. Por incapacidad o graves perjuicios a sus intereses. Artículo 2094. Los defensores expondrán por escrito los motivos de su impedimento al Juez o funcionario de ins trucción. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2095. A los defensores de oficio se les aplicarán las sanciones que según el caso señala el Código Penal, el reglamento que regula sus atribuciones y las disposiciones de este Código. Artículo 2096. Los defensores de oficio incurrirán, además, en sanciones por las siguientes causas: 1. Por demorar, sin justa causa, las defensas o asuntos que se le encomienden; 2. Por negarse, sin causa justificada, a patrocinar las defensas en asuntos que le correspondan; y 3. Por solicitar o aceptar dinero, dádivas o algunas remuneraciones de sus defendidos o de quienes tengan interés en el asunto que gestionan. La fuerza mayor y el caso fortuito eliminan la responsabilidad por las causas señaladas en este código. Artículo 2097. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el defensor de oficio podrá ser suspendido del cargo hasta por un mes y si observa una actitud reiteradamente contumaz podrá ser destituido de su cargo. Artículo 2098. Los defensores de oficio serán nombrados conforme se establece en éste código. TÍTULO II DEL SUMARIO CAPÍTULO I INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO Artículo 2099. La instrucción del sumario tiene como propósito: a. Comprobar la existencia del hecho punible, mediante la realización de todas las diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad; b. Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible o que lo agraven, atenúen o justifiquen; c. Descubrir sus autores, partícipes y todo dato, condición de vida o antecedentes que contribuyan a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad; d. Verificar la edad, educación, costumbre, condiciones de vida, antecedentes del imputado, el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que hubieren podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen el mayor o menor grado de punibilidad, cuando fuere necesario; y ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 e. Comprobar la extensión del daño causado. Artículo 2102. El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los dos meses siguientes a su iniciación, término que podrá prorrogarse, hasta por dos meses más cuando sean varios los imputados o los hechos punibles. Artículo 2103. Transcurrido el término fijado en el artículo anterior, el funcionario instructor remitirá el sumario, en el estado en que se encuentre, al juez o tribunal competente, conforme al artículo 2231. Artículo 2104. Las demoras injustificadas y falta de celo en la formación del sumario, en que incurran los funcionarios de instrucción, podrán ser sancionados disciplinariamente por el respectivo superior jerárquico, con multas de cinco (B/.5.00) a veinticinco balboas (25.00), que serán descontados de sus sueldos sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan incurrir. La sanción será impuesta, previa comprobación de la falta, en la forma que prescribe este Código o las Leyes especiales. Artículo 2106. Al tiempo de recibir las declaraciones para determinar el hecho punible, el funcionario de instrucción interrogará a los declarantes, sobre el conocimiento que tengan de los autores o partícipes de modo que, de una vez, pueda comprobarse aquél y descubrirse éstos. Los testigos deben declarar sobre el nombre, apellido, apodo, estado y profesión de los imputados, y en su defecto sobre todas las señales que le permitan identificarlos para que puedan ser hallados sin ser confundidos con otras personas. Artículo 2109. No habrá reserva del sumario para los abogados y para las partes, quienes podrán enterarse del estado del proceso en cualquier momento. Siempre y cuando así sea acreditado por escrito ante el respectivo despacho, los asistentes y voceros de los abogados también tendrán acceso al expediente. Artículo 2112. Al producirse la muerte del imputado, este hecho deberá acreditarse ante el funcionario de instrucción o el tribunal del conocimiento, en cualquier estado del proceso, a fin de que el tribunal de oficio o a petición de parte declare la extinción de la acción penal. CAPÍTULO II INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS Artículo 2114. El funcionario de instrucción averiguará con toda claridad y ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 exactitud las cualidades o circuns tancias que constituyan la clase del delito, conforme lo designa y clasifica el Código Penal. Artículo 2115. El hecho punible se comprueba con el examen que se haga por facultativos o peritos de las personas huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho o con deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con indicios, los medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la Ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público. Artículo 2117. Toda persona que preste servicios en una clínica, hospital o centro de salud público o privado, avisará de inmediato al funcionario de instrucción sobre la admisión o atención de personas con heridas o señales que indiquen haberse producido en un hecho delictuoso. Artículo 2118. En los lugares donde no hay médico forense, el funcionario de instrucción citará a los médicos que se mencionan en el capítulo I de este código correspondiente al médico forense. La no comparecencia a esta citación, acarreará al culpable, sanción de multa de veinticinco (B/.25.00) a cien balboas (B/.IOO.OO), que le será descontada directamente de su sueldo. Artículo 2119. Si el delito dejare rastros o señales, el funcionario de instrucción se trasladará con las personas que deben tomar parte en la diligencia, a los lugares donde se encuentren aquéllos; el funcionario de instrucción describirá minuciosamente el lugar, los objetos que tengan relación con el delito, los rastros y señales, auxiliándose con fotografías y otros medios gráficos posibles, procurando, además el aseguramiento de las pruebas. Mientras se practiquen estas diligencias, se evitará que, de algún modo, se toquen, borren, cambien, deformen u oculten los rastros y señales. Para impedir, en lo posible, cualquier alteración en el lugar del hecho, éste debe ser aislado por medio de guardias, quienes no se ausentarán del sitio hasta concluir la diligencia. Si el lugar del hecho estuviere distante de la oficina de instrucción, el jefe de policía más cercano adoptará las medidas necesarias, para que aquél permanezca aislado y sin alteraciones de ninguna clase. Sólo tendrán acceso a tales sitios los portadores de los primeros auxilios, cuando se trate de delito contra las personas y esta excepción cesará tan pronto se apersone el funcionario de instrucción. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2120. Al practicarse las diligencias a que se refiere el artículo anterior, el funcionario de instruc ción procederá, en el mismo lugar, a tomar declaraciones a las personas presentes que puedan informar sobre el descubrimiento del autor o partícipes del hecho y sus observaciones de toda clase sobre el hecho delictivo investigado. Artículo 2121. Si no se presentan pronto los peritos o reconocedores y el hecho investigado fuere de tal naturaleza que no debía demorarse la práctica de las diligencias correspondientes el funcionario de instrucción las practicará, sin perjuicio de presenciar el reconocimiento que deben hacer después los peritos y de lo cual dicho funcionario de instrucción, dejará la debida constancia. Artículo 2125. En los casos de muerte, el cadáver no podrá ser levantado mientras el funcionario de instrucción y los peritos no lo hayan examinado e identificado y se establezca su posición física y todas las circunstancias que sirvan para determinar en qué se ocupaba al momento de fallecer. Cumplida esta formalidad, dicho funcionario ordenará el examen detenido de las heridas, contusiones y demás señales de violencia que tenga el cadáver, debiendo los peritos manifestar si aquellas han sido, por su naturale za, mortales y con qué armas o instrumentos se han ejecutado. En los lugares donde haya médico forense, se hará en todo caso la autopsia del cadáver, con el fin de determinar la causa de la muerte. En estos casos el dictamen médico forense será tan minucioso y pormenorizado como sea posible ciñéndose a lo establecido en el artículo 2128. Artículo 2128. Antes de proceder a la exhumación, el funcionario de instrucción exigirá del celador del cementerio, si lo hubiere o de las personas encargadas de atender el sitio de la exhumación, en su defecto , que señale cuál es la sepultura del cadáver que se quiere exhumar. Hecha la exhumación, se identificará el cadáver por los medios que el funcionario de instrucción estime conducente y se procederá a la autopsia. El dictamen médico forense será tan minucioso y pormenorizado como sea posible, debiendo contener: a. Si el deceso ha sido originado por arma de fuego, cortante o punzante, envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, maltratos personales, golpes contusos o caída o cualquier otra causa; b. La trayectoria de la bala o del arma cortante o punzante, la descripción de los órganos y tejidos interesados, la profundidad y extensión de las heridas y la naturaleza de la hemorragia; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 c. La clase y especificación del veneno, la cantidad posiblemente empleada y el modo y tiempo en que, más o menos, ha causado sus efectos; d. Cuando la causa de la muerte haya sido la violación carnal, la descripción de los órganos interesados, la naturaleza de la hemorragia y de las lesiones o golpes, si los hubiere; e. En caso de asfixia o estrangulamiento, la descripción de los medios empleados en la consumación del hecho, poniendo interés en distinguir si éste se originó a través de recursos físicos, con intervención criminal, o por accidente; f. El tiempo preciso aproximado en que se consumó el hecho; y g. Todas aquellas circunstancias, indicios, evidencias y demás pormenores que a juicio del forense, contribuyan al esclarecimiento de la ve rdad. Artículo 2129. En la investigación de los delitos de lesiones personales, el funcionario de instrucción hará dictaminar a los facultativos o peritos autorizados para practicar los reconocimientos, sobre los siguientes puntos: 1. La región, lugar o parte del cuerpo en que se han inferido las lesiones; 2. La extensión, profundidad, naturaleza y estado que tuvieren; 3. La armas, sustancia o clase de instrumentos, con que han sido causadas; 4. El tiempo preciso o aproximado, en que se ejecutaron; 5. El peligro más o menos grave o leve, más o menos próximo o remoto, que causen para la vida del lesionado; 6. El término cierto o probable de su curación o la imposibilidad de alcanzarla; 7. La incapacidad que ocasionen al paciente para su trabajo habitual; 8. El estado general de salud de la persona antes y después de las lesiones o heridas; y 9. Todas las demás circunstancias que sirvan para caracterizarlas y medir sus consecuencias. El perito o facultativo determinará clara y expresamente, todas las condiciones y características de las lesiones y sus efectos, de modo que el funcionario de instrucción y el tribunal de la causa, puedan apreciar en cuál de los casos previstos en el Código Penal, se encuentra comprendido el ilícito que examina. Artículo 2130. Los reconocimientos de las lesiones se practicarán en este orden: 1. Inmediatamente después que se tenga noticia del hecho; y 2. En cualquier otro día, que el funcionario correspondiente crea conveniente o cuando ocurriere algún cambio serio en el estado del lesionado, que merezca ser comunicado al funcionario de instrucción. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 En cada uno de estos reconocimientos se hará constar, con toda claridad, si la incapacidad ha cesado o subsiste aún. Los peritos o facultativos harán constar en los reconocimientos finales si, a su juicio, la incapacidad se ha prolongado por culpa, negligencia o malicia del herido o de las personas que lo han asistido o curado o por las condiciones fisiológicas anormales de aquél. Artículo 2131. Si los peritos o facultativos no cumplen con su deber legal, el funcionario de instrucción les apremiará a que lo hagan, so pena de multa de cinco (B/.5.00) a veinticinco balboas (B/.25.00) por cada falta, y los funcionarios de instrucción que aparecieran remisos en exigir el cumplimiento de aquel deber, serán así mismo multados por el respectivo superior. Artículo 2133. En los delitos contra el patrimonio, el instructor por todos los medios probatorios deberá hacer constar: 1. El escalamiento, fracturas, fuerza, violencias o amenazas que haya habido; 2. Las señales, huellas o rastros que hubiera dejado la comisión del hecho; 3. La ocultación o e ncubrimiento de los efectos sus traídos; 4. El lugar donde se hayan transportado y las personas que los hubieren conducido; 5. Los medios o instrumentos que se han empleado para perpetrar el delito; 6. El tiempo en que se ejecutó; 7. Las demás circunstancias que conduzcan al esclarecimiento; y 8. La preexistencia y propiedad de las cosas sustraídas, para lo cual y a falta de otras clases de pruebas se tendrá como prueba la deposición jurada del interesado, de su consorte, hijos, hermanos o quienes le prestan servicios personales. Artículo 2134. Los objetos robados, hurtados o sustraídos o en general, aquellos que sean objetos de un delito contra el patrimonio, deberán avaluarse por peritos, y si aquellos efectos no se encuentran, los peritos harán un ava lúo prudencial, tomando para ello los informes necesarios y aún la estimación que le den los interesados. Artículo 2139. Los reconocimientos periciales se practicarán ante el funcionario de instrucción, salvo que se trate de los delitos de lesiones o contra el pudor y la libertad sexual. Artículo 2142. Cuando fuere conveniente para esclarecer y comprobar el hecho, se ordenará la práctica de una inspección ocular que se comunicará a los interesados con la anticipación debida y no se suspenderá por la no ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 comparecencia de éstos. Artículo 2143A. Cuando se trate del delito de competencia desleal o delitos contra los derechos ajenos, el ofendido deberá presentar con su escrito de acusación, para que el mismo sea admitido, prueba preconstituída de lo siguiente: a. Cuando se trate de competencia desleal, prueba de la calidad de comerciante del ofendido; b. Cuando se trate de delitos contra los derechos ajenos, alguno de los siguientes documentos: 1. Certificación actualizada del Ministerio de Comercio, en la que conste que la marca, la patente o el derecho ajeno vulnerado, están debidamente registrados y vigentes o que dicho derecho o registro se encuentra renovado, si es el caso. 2. Copia del Certificado de Registro de la patente, de la marca o del derecho vulnerado, debidamente registrados y vigentes o de la prueba de renovación, si es el caso. Artículo 2l43B. En los casos señalados en el artículo anterior y a petición del interesado, el funcionario de instrucción se trasladará acompañado de peritos escogidos de la lista oficialmente establecida, al establecimiento, depósito o lugar donde se encuentra el o los artículos objeto de la acusación, tomará inventario y efectuará el avalúo de los mismos. En el mismo acto, si el funcionario lo creyere conveniente, depositará los artículos y objetos inventariados en poder de un depositario, también designado por él, quien deberá tomar debido cuidado para la conservación de los mismos. Efectuada la diligencia, el acusador quedará obligado a consignar mediante Certificado de Garantía una suma igual al cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del avalúo realizado con el fin de responder por los perjuicios que pueda ocasionar. Dicha garantía deberá ser consignada dentro del término de dos (2) días contados a partir de la fecha en que llevó a cabo la diligencia. Si el acusador no consigna la garantía establecida dentro del término señalado, se declarará desierta la acusación, se devolverá los bienes al imputado y se remitirá el sumario al juez competente para que imponga multa al acusador, a favor del Tesoro Nacional, luego de deducido los gastos, lo que no podrá ser menos del diez por ciento (10%) del avalúo de los bienes. Los gastos que acarree la práctica de la diligencia de inventario, avalúo y depósito a que se refiere este artículo, serán por cuenta del acusador particular. Artículo 2l43C. Consignada la fianza, el funcionario de instrucción citará a su despacho al acusado para indagarlo. Una vez efectuada esta diligencia, el funcionario de instrucción señalará fecha, para que tanto el acusado como el ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 acusador aduzcan pruebas, las que se practicarán dentro del término de diez (10) días subsiguientes a su adución. Cumplido lo anterior, el agente del Ministerio Público, remitirá el sumario al juez competente para que decida sobre su mérito. Si no hay pruebas que practicar el sumario deberá remitirse una vez esté vencido el término señalado para aducir pruebas. Artículo 2146. A los testigos que se examinen para comprobar el hecho punible, se les advertirá que deben deponer sobre todo lo que contribuya a determinar la ejecución, naturaleza, extensión y circunstancia del lugar, tiempo y modo, antecedentes, conexiones y consecuencia del hecho. Artículo 2147. Las diligencias prevenidas en este capítulo, en el siguiente y en el que trata de los allanamientos se practicarán con preferencia a las demás del sumario, y su ejecución no se suspenderá, sino para asegurar la persona del imputado o para dar el auxilio necesario a los agraviados. Artículo 2149. En el caso de sospecha del homicidio de un recién nacido los facultativos o peritos dictaminarán si la criatura nació viva, causa de la muerte, si hubo intervención de tercera persona, con qué medios o en qué circunstancias se perpetró la muerte y si la criatura hubiera podido vivir fuera del seno materno. También declararán acerca del tiempo en que considerasen haberse cometido el delito. Si la criatura estuviese inhumada, se exhumará para practicar su reconocimiento, procediéndose cuando fuere necesario, conforme a las disposiciones anteriores sobre la materia. Artículo 2150. En los casos de aborto se dejará constancia de la existencia de la gestación, los signos demostrativos de la muerte o la expulsión violenta del producto de la concepción, el tiempo aproximado del embarazo, las causas que hayan determinado el hecho y si pudo haber sido causado por la madre, o por un tercero, de acuerdo o contra la voluntad de aquélla y las demás circunstancias que requiere el Código Penal para poder determinar la gravedad del delito. Artículo 2151. En los casos de delito contra el pudor y la libertad se acreditará: a. Edad de la víctima; b. Si hubo o no desfloración y el tiempo aproximado de la misma; c. Si hay muestras de violencia física externa e interna; d. Si hay síntomas de embarazo y el tiempo aproximado de la gestación; e. Si hay evidencia de coitos recientes o múltiples; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 f. En el caso de que proceda, indicar el estado del esfínter anal, si existe o no deformación del ano, si hay erosiones del orificio y desgarraduras de la mucosa rectal; y g. Todas aquellas circunstancias de naturaleza objetiva y científica que coadyuven al esclarecimiento de la verdad. CAPÍTULO III DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELINCUENTES Artículo 2154. Se recibirá indagatoria, sin exigir juramento y sin apremio, a los que resulten imputados de ser autores o partícipes del delito. Pero si el imputado declarase contra otro, terminada la indagatoria se le recibirá declaración como testigo previo juramento y lectura de las disposiciones sobre falso testimonio respecto a los cargos formulados contra terceros. Artículo 2155. Terminado el interrogatorio de identificación, el funcionario de instrucción informará al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, que puede abstenerse de declarar y que tiene el derecho de nombrar defensor. Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en acta suscrita por él. Si rehusare suscribirla, se consignará el motivo. Artículo 2157. La indagatoria tendrá, como presupuesto, la existencia del hecho punible y la probable vinculación del imputado. El funcionario de instrucción determinará ésta en resolución razonada, bastando para este efecto, que resulte del proceso, al menos prueba indiciaria. Artículo 2161. Si el imputado estuviere fuera de la respectiva circunscripción en que se practiquen las diligencias, y consta que no puede comparecer por enfermedad grave, ni ser trasladado detenido por el mismo moti vo, el funcionario de instrucción comisionará al funcionario de instrucción del lugar donde aqué l se encuentre para que ante él rinda declaración indagatoria y proceda a su seguridad, si debiera estar detenido. Artículo 2164. Si fueran varios los imputados se tomarán sus indagatorias por separado, sin permitirles que se comuniquen entre sí o con alguna otra persona hasta la terminación de todas ellas. Artículo 2165. El funcionario de instrucción cuidará de hacer constar todas las circunstancias que agraven o disminuyan la culpabilidad del imputado, tanto las que se expresan en el Código Penal, como las demás que se descubran en el curso de la investigación, observando el mismo celo y exactitud con respecto de ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 las que le favorezcan, como en relación a las que sean adversas. Artículo 2166. Todo imputado tiene derecho, desde el momento que es detenido o rinda indagatoria, a solicitar por sí o por medio de su defensor, que se practiquen las pruebas que estimen favorables a su defensa, lo que será obligatorio, siempre que éstas sean conducentes. En ningún caso podrá la práctica de las mismas demorar la instrucción del sumario más tiempo del señalado en el artículo 2102. Artículo 2167. El funcionario de instrucción ordenará el examen psiquiátrico del imputado tan pronto se descubren por impresión personal o de indicios de que pudiera padecer de alguna perturbación mental. Artículo 2169. Concluida la declaración indagatoria, ésta será leída íntegramente por el imputado y su defensor y por el secretario del funcionario de instrucción, según el caso, y se hará mención expresa de esta circunstancia en el acta. Finalmente suscribirán el acta todos los intervinientes. Si alguno no pudiere o no quisiere hacerla, este hecho se hará constar y la diligencia valdrá sin esa firma. Artículo 2170. Ni el defensor ni el acusador podrán intervenir en la declaración indagatoria del imputado, más que para cuidar que se cumplan formalmente las garantías que le confiere la Ley; no podrán dirigirse al declarante, ni indicar el modo en que deben hacerse las preguntas o darse las respuestas. Terminada la indagatoria y firmada en la forma indicada en el artículo anterior, se consignarán a continuación las objeciones que, al contenido de la misma, quisiera formular le el defensor o el acusador. La violación de esta norma constituye desacato y previo apremio del funcionario que practique la diligencia será sancionada. CAPÍTULO IV CITACIÓN DE TESTIGOS, PERITOS Y FACULTATIVOS Artículo 2171. La citación de los testigos, peritos o facultativos para que comparezcan ante el funcionario de instrucción, se verificará por medio de una boleta firmada por éste, la cual expresará el día, la hora y el lugar en que deben presentarse y el objeto de la citación. Esta se hará por el portero, por un agente de policía u otro individuo designado al efecto, quien entregará el original de la boleta a la persona citada y le exigirá que firme la copia en prueba de haberse cumplido con esa formalidad y que anote el impedimento que tuviere en caso de no poder concurrir. Si no quisiere o no pudiere firmar, el comisionado hará que un ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 testigo firme por el que se niega o no puede hacerla. Artículo 2172. Todo el que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir la declaración o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o si comparece y se niega a declarar sin excusa legal, será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días cada ve z que incurra en este desacato. Artículo 2173. Se exceptúan de la disposición anterior: El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Miembros de la Asamblea Legislativa mientras gocen de inmunidad, el Contralor General de la República, los jefes de las instituciones autónomas, semiautó nomas y descentralizadas, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, el Fiscal Delegado y el Fiscal Auxiliar de la República, los Rectores de las Universidades Estatales, los Magistrados de los Tribunales Superiores, los Jueces de Circuito, los Jueces Municipales, los Representantes de Estados y organismos internacionales extranjeros y en concordancia en lo que para tales efectos establecen los convenios internacionales, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Fiscales y Personeros, Arzobispo y Obispos Católicos, el Comandante y los Miembros del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y el Director General del Departamento Nacional de Investigaciones. Todas estas personas declararán por medio de certificación jurada, a cuyo efecto el tribunal de la causa les pasará oficio acompañándoles copia de 10 pertinente. Cualquiera de estos funcionarios que se abstenga de dar o demore las certificaciones a que está obligado faltará al cumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, para hacer efectiva la. responsabilidad, el juez, si no fuere competente para conocer de las causas contra dichos funcionarios, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de juzgarlos para que les aplique la sanción correccional correspondiente. Esto sin perjuicio de que siempre se rinda el certificado y se agregue en cualquier estado del juicio. Artículo 2l73A. No están obligados a testificar contra el imputado su cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El vínculo entre tutor, curador y pupilo se equipara al grado de parentela contemplado en esta norma. Artículo 2176. Si los testigos residiesen fuera de la circunscripción del funcionario de instrucción, éste comisionará al del lugar donde se hallaren aquellos, para que les reciba declaración testimonial, a cuyo efecto, librará el exhorto o despacho correspondiente, con inserción del interrogatorio del caso. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2178. Si los testigos al declarar manifiestan que pueden identificar al sindicado se practicarán las diligencias de reconocimiento en rueda de presos o en los archivos de identificación o por otros medios. Artículo 2l78A. Los testigos que se produzcan en favor del procesado deberán declarar sobre los hechos de donde pueda deducirse la prueba de que es falso el cargo que se le hace. Es completamente ineficaz el testimonio sobre el no hecho. Artículo 2179. A falta de testigos hábiles se examinarán los inhábiles. Así mismo se les recibirá declaración a los testigos sospechosos de acuerdo con el Libro Segundo de este Código. Artículo 2182. A los mudos, a los completamente sordos y a los sordomudos que sepan leer y escribir, se les examinará por medio de interrogatorio escrito, el cual deberán absolver en la misma forma. En caso contrario, el examen se verificará con asistencia de una persona que tenga conocimiento de los signos con que tales personas se entienden y son entendidos, por costumbres o por haber aprendido algún sistema sobre esa materia. Artículo 2185A. El testimonio se apreciará según las reglas de la sana crítica de conformidad con el Libro Segundo de este Código. CAPÍTULO V DE LOS CAREOS Artículo 2186. Cuando los testigos o imputados entre sí, o aquellos con éstos, estén en desacuerdo, acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese a la investigación, el funcionario de instrucción podrá ordenar el careo de los mismos, de oficio o a solicitud de parte interesada. El careo debe hacerse solo entre dos (2) personas. Artículo 2187. El careo se verificará ante el funcionario instructor o el juez de la causa, Leyendo el Secretario a los imputados o testigos entre quienes tenga lugar el acto, las declaraciones que hubiesen prestado, previo juramento y lectura de las disposiciones relativas al falso testimonio, excepto a los imputados. El funcionario preguntará a los careados si se ratifican en sus deposiciones y les manifestará las contradicciones que resulten en dichas declaraciones y les requerirá las aclaraciones que estime necesarias para lograr la verdad. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPÍTULO VI DETENCIÓN PREVENTIVA y EXCARCELACIÓN DEL IMPUTADO EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO DE EXCARCELACIÓ N Y CANCELACIÓ N DE LA FIANZA SECCIÓ N la. DETENCIÓN PREVENTIVA Artículo 2190. Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena de prisión, o cuando el autor o partícipes han sido sorprendidos en flagrante delito, se ordenará su detención preventiva. Artículo 2190A. Existe flagrancia cuando el infractor es sorprendido en el momento de estar cometiendo el hecho punible, lo mismo que cuando es sorprendido después de cometer lo y como resultado de la persecución material a que es sometido. También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, o el instrumento con que aparezca cometido o presente manchas, huellas o rastros que hagan presumir fundadamente su autoría o participación. Hay así mismo flagrancia cuando el hecho punible ha sido cometido en el interior de una residencia o cualquier otro recinto cerrado y el morador retiene al infractor a la vez que requiere la presencia del funcionario de investigación o de cualquier autoridad policiva para entregárselo y establecer la comisión del hecho. Artículo 2191. Cuando la detención de una persona deba practicarse en distinta circunscripción en el territorio nacional, se llevará a efecto por medio de oficio dirigido a las Fuerzas de Defensa o al Departamento Naciona l de Investigaciones, con mención del a uto en que se ordena la detención. En los casos de suma urgencia, podrá usarse la vía telegráfica. Artículo 2195. La detención a que se refiere el artículo anterior, debe cumplirse en la respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito, y en su defecto, en la cárcel del distrito correspondiente. En consecuencia ningún imputado preventivamente detenido podrá ser trasladado a cárceles distintas a la sede del tribunal que conoce de sus casos. Cuando resulte complicado algún menor de dieciocho años de edad se pondrá inmediatamente a disposición del Tribunal Tutelar de Menores. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2198. Cualquier persona podrá capturar al individuo sorprendido en flagrancia, sin esperar orden de la autoridad competente y entregarlo a ésta o a la autoridad administrativa cercana. Artículo 2201. Cuando una persona haya sido capturada como sindicada de un delito, sin que medie orden de funcionario de instrucción, deberá ser puesta a órdenes de éste, dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a su detención. El funcionario de instrucción examinará el caso, y si resulta procedente la detención dispondrá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, que ésta se mantenga, comunicándolo así al jefe o director de la cárcel. Artículo 2202. En todo caso la detención preventiva deberá ser decretada por medio de diligencia so pena de nulidad, en la cual el funcionario de instrucción expresará: 1. El hecho imputado; 2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; y 3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena. Artículo 2203. Cuando contra algún empleado público exista mérito para ordenar su detención, el funcionario de instrucción o el tribunal del conocimiento, en la misma diligencia de detención también decretará la suspensión del ejercicio del cargo público que desempeña y la comunicará a la autoridad nominadora, salvo que la Ley disponga otra cosa. Artículo 2204. Si el delito por el cual se proceda tiene señalada únicamente, sanción de días multas, el funcionario de instrucción librará orden de comparendo al imputado, siempre que sea necesario, para practicar alguna diligencia relativa al sumario; conducir preso, si no se presentare en el día, hora y lugar que se le hubiere prefijado. comparendo se notificará de la manera artículo 2171. SECCIÓ N 2a. EXCARCELACIÓN Artículo 2206. Todo sindicado o imputado podrá prestar fianza de cárcel segura, bien para no ser detenido o bien después de serIo, para obtener su libertad durante el proceso, salvo aquellos casos en que no admiten excarce- lación, según éste Código. La excarcelación se concederá a solicitud del imputado, de un abogado, o de cualquier otra persona; en cualquier estado en que se encuentre el proceso y ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 deberá ser resuelta sin ningún trámite, en un término no mayor de 24 horas. Artículo 2207. Para obtener la fianza de excarcelación, ésta podrá ser personal o real otorgada por hipoteca, o por medio de certificado de garantía bancaria, monetaria, póliza o bonos de seguro, títulos de la deuda pública del Estado. Artículo 2212. En los delitos contra la propiedad y de peculado, la cuantía de la fianza será igual al doble del valor de los daños causados o del valor de lo apropiado. En los delitos de peculado que excedan de diez mil balboas (B/.10,000.00), robo y hurto con penetración, los de tráfico, cultivo, elaboración o incitación al cultivo de drogas no habrá excarcelación. La fianza por posesión y uso de canyac o marihuana no será menor de quinientos balboas (B/.500.00). En caso de reincidencia no habrá excarcelación. En los delitos de posesión, cultivo, elaboración, venta o traspaso de cualquier otro tipo de drogas la fianza no será menor de diez mil balboas (B/.10,000.00). En caso de reincidencia, no habrá excarcelación. Artículo 2212A. No podrá haber repatriación o expulsión del país para los sindicados en los casos de delitos de tráfico, cultivo, elaboración, posesión y venta de drogas sin que medie el conocimiento del Juez competente. Artículo 2214. Cuando la fianza sea hipotecaria deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y sólo surtirá efecto después de presentada al tribunal la constancia de haberse hecho dicha inscripción. Copia en papel simple de la diligencia de fianza excarcelaria, debidamente autenticada por el secretario del tribunal, servirá en el Registro Público de la Propiedad, para la inscripción de la caución correspondiente. Esta copia, con las constancias de inscripción, será agregada a los autos. En las fianzas hipotecarias, la fianza ofrecida como garantía deberá tener libre de gravámenes, un valor catastral igual, por lo menos al doble de la cantidad afianzada y el tribunal podrá en todos los casos, hacer avaluar por la dirección de catastro fiscal la finca dada como garantía, si a su juicio el valor catastral de la finca pareciera exagerado. Para acreditar la existencia y valor del inmueble ofrecido en garantía hipotecaria, se debe presentar certificado del Registro de la Propiedad y certificado de su valor catastral. La inscripción de la diligencia de fianza tendrá prelación sobre los demás instrumentos que hayan entrado al Registro Público y deben cumplirse por el Registrador, durante las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la diligencia respectiva, so pena de multa de veinticinco (B/.25.00) balboas por cada día de ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 demora, que impondrá el juez del conocimiento. El fiador que constituya la caución por medio de bonos del Estado, la depositará en el Banco Nacional, donde obtendrá un certificado de garantía equivalente, el cual llevará al funcionario respectivo, para la práctica de las diligencias de rigor. En el caso de póliza o bono de seguro, aquella o éste deberán ser expedidos por un término no menor de un (1) año y por compañía establecida de acuerdo con las Leyes del país, y se tendrá como fiador con las obligaciones señaladas en el artículo siguiente, al representante legal de la compañía o a la persona que aquél designe, de acuerdo con el pacto social. Estos valores se depositarán en el Banco Nacional. El tribunal ante quien se debe constituir la fianza, podrá recibir en efectivo o en bonos el valor de la caución, en aquellos casos en que no sea posible consignar el certificado de garantía del Banco Nacional o de sus agencias, por encontrarse éstos cerrados. El tribunal que así reciba dicha fianza estará obligado a obtener, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes, la conversión de la misma en certificado bancario de garantía. En los distritos donde no haya sucursales o agentes del Banco Nacional, los Jueces, podrán tramitar con la cantidad líquida presentada por el fiador las fianzas de su competencia, y luego enviar el dinero de la caución a los Jueces de Circuito para que éstos lo consignen en el Banco Nacional, sucursal de las cabeceras o de los distritos respectivos, y adquieran el certificado de garantía bancario, el cual le será remitido al funcionario del conocimiento, quien lo agregará a los autos y le acusará recibo al funcionario remitente. Artículo 2215. Son obligaciones del fiador las siguientes: 1. Coadyuvar a mantener al imputado dentro de la circunscripción del tribunal del conocimiento; 2. Comunicar al funcionario del conocimiento los cambios de su domicilio y los del fiado; 3. Presentarlo al tribunal de la causa o a la autoridad que éste designe, cada vez que se le ordene; 4. Satisfacer los gastos de captura, las costas procesales causadas hasta el día en que cese el ocultamiento o fuga del fiado; 5. A pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado, dentro del término que se le señale, el valor de la caución prestada, que ingresará al Tesoro Nacional; y 6. El fiador asume, por el hecho de haberse dispuesto la excarcelación, la obligación de presentar al fiado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del auto respectivo para que rinda indagatoria, cuando no lo haya hecho antes, requisito sin el cual no se considerará perfeccionada la fianza. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2216. El valor de la multa, a que se refiere el artículo anterior, una vez ejecutoriada la resolución que la impone, debe ser entregado, mediante diligencia que suscribirán el funcionario del conocimiento, su secretario y el funcionario correspondiente del Ministerio de Hacienda y Tesoro, en sus respectivas circunscripciones. Artículo 2218. Para conceder la fianza personal, el tribunal fijará previamente la cuantía de ésta, suma que será garantizada por medio de fiador solvente y hábil, quien deberá estar a paz y salvo con el Tesoro Nacional. En la diligencia de constitución de dicha fianza se harán constar las obligaciones del fiador de conformidad con lo que prescribe este código y las disposiciones pertinentes del Código Civil relativas a esta clase de fianza. Artículo 2221. El imputado que, hallándose en libertad bajo fianza incurre en la comisión de un nuevo hecho punible, perderá el derecho de ser excarcelado nuevamente con caución, siempre que exista la prueba primaria de ello. En este caso se cancelará la fianza prestada por el ilícito anterior. Artículo 2223. En caso que se niegue la libertad caucional, puede solicitarse de nuevo y ser concedida al modificarse la situación jurídica del imputado, por causas ulteriores. También será reformable o revocable de oficio o a petición de parte, el auto de detención dictada por el tribunal de la causa, cuando de lo actuado resulta que no hay lugar a ésta. Artículo 2224. El auto en que se admita o niegue una fianza por el tribunal del conocimiento, es apelable en el efecto diferido por el imputado, por el respectivo agente del Ministerio Público o por el acusador particular, si lo hubiere o por el abogado que formuló la solicitud. Artículo 2225. Cuando al resolver el recurso de apelación el superior revoque un auto de detención o conceda la libertad provisional caucionada expedirá él mismo la orden para que se cumpla la medida en favor del imputado sin esperar la ejecutoria de dicho auto. SECCIÓN 3a. EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE EXCARCELACIÓ N Artículo 2226. No podrán ser excarcelados bajo fianza los imputados por delito que la Ley penal sancione con pena mínima de cinco (5) años de prisión, por los delitos de robo, secuestro, violación carnal, o tráfico con drogas, ni los ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 delincuentes habituales o profesionales ni los que aparezcan imputados por delitos a los cuales este código u otras Leyes niegan expresamente este derecho. SECCIÓ N 4a. CANCELACÓN DE FIANZA Artículo 2228. Se cancelará la fianza: 1. Cuando el imputado fuere reducido a prisión por cualquier causa penal; 2. Cuando se dictare un auto de sobreseimiento provisional o definitivo, sentencia ejecutoriada, o cuando siendo condenatoria, el fiador presenta al reo para cumplir la condena; 3. Por la muerte del imputado estando pendiente el negocio; 4. En el caso de suspensión de la pena, conforme al Código Penal; 5. Cuando el fiado intente salir de territorio de la República sin tribunal de la causa; 6. Cuando el fiado no concurre a rendir durante el término legal establecido para esos efectos; y 7. La no comparecencia del fiado, sin causa justificada, cuando el tribunal o funcionario de instrucción lo requiera. En los casos de los dos últimos ordinales y en los del artículo 2215, el valor de la fianza ingresará al Tesoro Nacional en calidad de multa. CAPÍTULO VII DEL ALLANAMIENTO Y REGISTRO Artículo 2231. El funcionario de instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase, establecimiento finca cuando haya indicio grave de que allí se encuentra el presunto imputado, efectos o instrumentos empleados para la infracción, libros, papeles, documentos o cualesquiera otros objetos que puedan servir para comprobar el hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes. Tales allanamientos se practicarán entre las seis de la mañana y las diez de la noche: pero podrán verificarse a cualquier hora, en lugares en que el público tiene libre acceso en los casos de flagrante delito o cuando sea urgente practicar la diligencia. En todo caso, el allanamiento deberá ser decretado por el funcionario de instrucción. Artículo 2232. Para el allanamiento y registro de las casas y naves, que conforme al Derecho Internacional gozan del beneficio de la extraterritorialidad, el funcionario de instrucción pedirá autorización al respectivo agente diplomático, por oficio, en el cual le rogará que conteste dentro de veinticuatro (24) horas. Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Si el agente diplomático niega su autorización o no contesta dentro del término indicado, el funcionario de instrucción se abstendrá de practicar el allanamiento, pero podrá tomar las medidas de vigilancia que se expresan en este código. Artículo 2234. El funcionario de instrucción podrá ordenar el registro de las personas respecto de quienes haya indicios de que ocultan objetos importantes relacionados con la investigación. Artículo 2235. Salvo los casos a que se refiere éste código el allanamiento no se verificará, sino después de interrogar al individuo, cuya casa debiera de ser registrada, siempre que se negare a entregar voluntariamente la persona que se busca, o la cosa o efecto que son el objeto del allanamiento. En defecto del dueño, se interrogará al arrendatario del edificio o del lugar o al encargado de su conservación o custodia o la persona que se encuentre adentro en ese momento. Artículo 2238. Si del allanamiento resultare, casualmente, el descubrimiento de un delito que no haya sido objeto directo del reconocimiento, se procederá a levantar el acta correspondiente, siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio. El funcionario instructor procederá a retirar las pruebas correspondientes si las hubiese. Artículo 2243. Si los papeles que deben ser habidos se encuentran en el libro o protocolo y no puedan extraerse del sitio en que se hallaren, se hará su reconocimiento en presencia del encargado de su custodia o de otra persona autorizada por él, para este efecto y se dejará constancia de cuanto convenga; pero si, por no detener el curso de las diligencias, el funcionario de instrucción suspendiere el reconocimiento para continuarlo después, se custodiarán los libros o protocolos de modo que no pueda hacerse en ellos alteración alguna. Artículo 2244. Si los objetos que deben ser reconocidos o aprehendidos estuvieren fuera de la circunscripción del funcionario de instrucción, se comisionará para la práctica de las diligencias expresadas, al funcionario de instrucción del lugar donde estuvieren dichos objetos. Artículo 2245. Para los allanamientos de que aquí se tratare, se observará, también lo dispuesto en el Libro II, y demás disposiciones pertinentes de este código. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2246. El funcionario de instrucción podrá solicitar de las instituciones públicas o privadas, uno o más peritos, quienes bajo su dirección, concurran como auxiliares para el mejor esclarecimiento de los hechos. CAPÍTULO VIII CONCLUSIÓ N DEL SUMARIO Artículo 2247. Concluido el sumario, el funcionario de instrucción expresará esta circunstancia en acto procesal documentado, de cumplimiento inmediato. En este caso el agente del Ministerio Público lo pasará al tribunal competente, junto con los instrumentos del delito, si los hubiere, así como todos los objetos relacionados con el mismo, que este en su poder. La remisión la hará con un escrito en el cual debe solicitar, bien que se dicte auto de enjuiciamiento a la persona que se estime responsable o que se dicte auto de sobreseimiento definitivo o provisional, según proceda en derecho. Artículo 2249. En los delitos de lesiones, no se tendrá por concluido el sumario mientras no haya sido fijada definitivamente la incapacidad del lesionado, lo que deberá hacerse dentro del término que señala este código. Si no se ha podido determinar aún dicha incapacidad, a pesar de haberse vencido este término, la incapacidad provisional del momento establecerá la competencia y el sumario debe ser pasado en las condiciones en que está, al tribunal al cual le corresponde el conocimiento de la causa por los efectos del artículo siguiente. CAPÍTULO IX CALIFICACIÓN y AMPLIACIÓN DEL SUMARIO Artículo 2250. Si la investigación estuviere completa, el tribunal, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al de su recibo, procederá a decidir sobre su mérito legal. En caso contrario, puede, por una sola vez, decretar la ampliación de ella determinando concreta y claramente los puntos sobre los que debe versar. La práctica de la ampliación decretada no podrá demorar más de un mes, contado desde el día en que recibe la actuación, el funcionario de instrucción, quien podrá practicarIa por sí mismo o por medio de funcionarios de instrucción comisionado, según el caso. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPÍTULO X DEL SOBRESEIMIENTO Artículo 2254. Si el juez o tribunal de la causa al calificar el mérito del sumario considera que no es el caso sobreseer dictará auto de enjuiciamiento. Artículo 2256. Será definitivo, el sobreseimiento: 1. Cuando resulte con evidencia que el hecho motivo de la investigación no ha sido ejecutado; 2. Cuando el hecho investigado no constituya delito; 3. Cuando aparezca el imputado exento de responsabilidad penal, sea por hallarse en uno de los casos de inimputabilidad, o por razón de alguna causa que la extinga, o que lo justifiquen; y 4. Cuando el hecho punible de que se trata hubiere sido ya materia de un proceso, en el cual haya concluido con decisión definitiva que afecta al mismo imputado. Artículo 2257. Será provisional: 1. Cuando los medios de justificación, acumulados en el proceso, no sean suficientes para comprobar el hecho punible; y 2. Cuando comprobado el hecho punible, no exista imputado debidamente vinculado. Artículo 2260. El sobreseimiento definitivo pone término al proceso respectivo contra las personas a cuyo favor se decretare y produce excepción de cosa juzgada. El sobreseimiento provisional no concluye definiti vamente el proceso y en cualquier tiempo en que se presenten nuevas pruebas del cargo, puede reabrirse la investigación. La instancia de reapertura se formulará ante el juez de la causa, quien decidirá con vista a las pruebas que se presenten si la acción penal no se encontrare prescrita. En este último caso el sobreseimiento provisional se elevará de oficio a sobreseimiento definitivo. Artículo 2263. Cuando se dicten autos de sobreseimiento provisional o definitivo en causas penales, cuya competencia privativa corresponda a jueces municipales o de circuito, se decretará la libertad provisional del o los procesados, hasta que se decida la apelación. Artículo 2266. Ejecutoriado el auto de sobreseimiento, se pondrá en libertad al imputado que no estuviese detenido por otra causa, y se entregarán las piezas ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 de convicción a quien sea su dueño. En el caso de que el sobreseimiento fuere provisional, el juez mandará a archivar, junto con el expediente que contiene la investigación, los efectos a que se refiere el inciso anterior, si se creyere conveniente conservarlos, para evitar q ue se frustre la investigación posteriormente. TÍTULO III DEL PLENARIO CAPÍTULO I DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO Artículo 2270. Luego que el tribunal competente haya concluido o recibido las diligencias para comprobar el hecho punible y descubrir a los autores o partícipes, examinará si la averiguación está completa, pero, si no lo estuviere, dispondrá lo conducente al perfeccionamiento del sumario. Si encontrare que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la sana crítica o graves indicios contra alguno, declarará que hay lugar a seguimiento de causa contra éste. Artículo 2271. En los delitos contra el pudor o la libertad sexual, comprobado el hecho punible será prueba suficiente para el enjuiciamiento del imputado la declaración de la persona ofendida. Cuando se trate de menor de dieciséis (16) años, la declaración será rendida con la asistencia de un curador, debidamente juramentado. Artículo 2272. El auto de enjuiciamiento constará de una parte motiva y otra resolutiva. La parte motiva debe contener: 1. Una narración sucinta y fiel de los hechos que hubieren dado lugar a la investigación, con expresión de la forma o modo como el hecho llegó al co- nocimiento del funcionario de instrucción; 2. El nombre completo del imputado y los apodos y sobrenombres con los cuales es conocido en el proceso, así como los datos que permitan su clara identificación; y 3. El análisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y aquellos en que se funda la imputación del hecho, así como la competencia del juzgador. La parte resolutiva contendrá: 1. La apertura de la causa o llamamiento a juicio con imputación por el delito que corresponda, designándolo con la denominación genérica que le da el ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Código Penal en el respectivo capítulo o en el correspondiente título, cuando éste no se divide en capítulos, sin expresar dentro del género, la especie del delito a que pertenece con expresión del capítulo o título que se consideren aplicables; y 2. En la parte resolutiva se expresará, también, el nombre del defensor, si lo tuviere, y si el imputado está detenido o en libertad y la causa y motivo de ésta. Si el imputado no tuviera defensor, el tribunal le nombrará uno de oficio, que podrá ser removido por designación de nuevo defensor hecha por el propio imputado. Artículo 2274. En el escrito de pruebas se expresarán los testigos y peritos por sus nombres y apellidos, el apodo, si por él fueren conocidos, su domicilio y residencia y la parte que lo presente manifestará, además, si han de ser citados judicialmente o si se encarga de hacerlos concurrir. Si el escrito se refiere a pruebas documentales, las acompañará o indicará sus fuentes, cuando deban ser solicitadas por el tribunal. Artículo 2277. Vencido el término para aducir pruebas, el tribunal dentro de los tres días siguientes, dictará auto admitiendo las que sean conducentes. En el mismo auto se señalará el día y hora para la celebración de la audiencia, en la cual se practicarán las pruebas admitidas. Artículo 2279. El auto que admite pruebas no es apelable, pero sí el que las niega o rechaza, que lo será en el efecto suspensivo, sin perjuicio de que se practiquen las pruebas admitidas. TÍTULO IV DE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL CAPÍTULO I DE LA PUBLICIDAD DE LOS DEBATES Artículo 2280. La audiencia será pública bajo pena de nulidad, según los principios de oralidad, publicidad y unidad de acto. El juez podrá, no obstante, ordenar que las sesiones se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan las razones de moralidad, de orden público, el respeto a la persona ofendida por el delito o sus familiares. Esta decisión la tomará el juez, de oficio o a solicitud de parte y no procederá contra ella recurso alguno. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 SECCIÓN 2a. DEL EXAMEN DE LOS TESTIGOS Artículo 2296. El testigo, perito o intérprete, debidamente citado, que no concurra al tribunal, sin causa justificada, será sancionado por desobediencia, por el juez o magistrado que presida la audiencia. Las declaraciones dadas en el sumario conservarán su fuerza probatoria en el plenario, sin necesidad de ratificación, salvo que alguna de las partes pida ésta con el objeto de repreguntar al testigo. El testigo deberá concurrir a la diligencia, si no lo hiciere el testimonio tendrá el valor que le conceda el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Artículo 2299. El testigo que haya cumplido catorce (14) años deberá prestar juramento ante el tribunal. Artículo 2300. Todos los testigos están obligados a declarar lo que sepan sobre los hechos materia del proceso y sobre lo que les fuere preguntado, con exclusión de las personas exceptuadas de la obligación de declarar como testigos en el Libro I de este Código. Artículo 2301. Recibida la identificación y el juramento del testigo se podrán hacer las preguntas que se estimen convenientes. Terminado el interrogatorio de la parte que presentó el testigo, las demás partes también podrán formularle las preguntas que consideren oportunas. Artículo 2302. Son prohibidas las preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas, inconducentes o impertinentes. En lo relativo a las objeciones, se estará a lo dispuesto en el Libro II sobre examen de los testigos. Artículo 2306. Los testigos que no conozcan el idioma español para expresarse, declararán mediante intérprete idóneo y los testimonios de los mudos, sordos, sordomudos y ciegos se recibirán de acuerdo con los métodos adecuados o científicos para estos casos. SECCIÓ N 3a. DE LA PRUEBA PERICIAL Artículo 2308. Si para contestarlas considerasen necesarias la práctica de cualquier reconocimiento, harán éste acto conti nuo en el local de la misma audiencia si fuere posible. En otro caso se suspenderá la sesión por el término necesario, a no ser que ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 puedan continuar practicándose otras diligencias de prueba en tanto que los peritos verifican el reconocimiento. SECCIÓ N 4a. DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y DE LA INSPECCIÓ N JUDICIAL Artículo 2310. Para la inspección judicial, que no se haya practicado antes de la apertura de la sesión, si lo que deba ser inspeccionado se halla en la localidad en que se celebre el juicio, se trasladará el juez, con las partes, a efecto de hacer las observaciones a que haya lugar. Si los objetos están fuera del lugar del juicio, queda al arbitrio del juez decretar o no la inspección, y contra lo que él resuelva no se concederá ningún recurso. CAPÍT ULO IV DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES ANTERIORES Artículo 2312. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: 1. Los careos de los testigos entre sí, con los procesados o entre éstos, que el juez acuerde de oficio o a petición de cualquiera de las partes, si el juez los considera conducentes; 2. Las diligencias de pruebas no pedidas por ninguna de las partes, que el tribunal considere necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos; 3. Las diligencias de pruebas que las partes aduzcan en el acto, para acreditar alguna circunstancia que puedan influir en la decisión del caso, si el juez la considera admisible; y 4. Las que disponga el juez. Artículo 2316. Las decisiones que tome el Juez durante el curso de las sesiones no admiten recurso alguno. Terminadas las diligencias de prueba el Juez declarará que ha llegado el momento de alegar y concederá la palabra al fiscal si fuere parte de la causa, y después al acusador particular si lo hubiere. Seguidamente se dará la palabra a los defensores de los imputados. Las partes alegarán por una sola vez, por un término que no podrá exceder de una hora. En sus alegatos expondrán éstos, los hechos que consideren probados en el proceso, su calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los acusados. En último término el Juez cerrará el debate. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2316A. De la audiencia se levantará un acta que deberá contener: 1. Lugar y fecha de la vista con indicación de la hora en que fue iniciada y concluida, y las suspensiones dispuestas; 2. Nombre y apellido del Juez, fiscal, del defensor y de los actores civiles si los hubieren; 3. Las calidades del imputado; 4. Nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes con mención del juramento y enunciación de otros elementos probatorios incorporados al debate; 5. Las instancias y conclusiones del fiscal y demás partes; 6. Las circunstancias prescritas por la Ley, ordenados por el presidente y los solicitados por el fiscal y las partes; 7. Las firmas del Juez y de su secretario. La insuficiencia de estas enunciaciones no causan nulidad, salvo que la Ley lo establezca expresamente. En caso de prueba compleja podrá ordenarse la grabación total o parcial del debate. CAPÍTULO VI MEDIDAS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Artículo 2323. Después de la ejecutoria del auto de enjuiciamiento y hasta la resolución que fija fecha de audiencia las partes pueden promover incidencias sobre las cuestiones siguientes: 1. Falta de competencia; 2. Falta de agotamiento de la legitimación para actuar; y 3. Extinción de la acción penal. Artículo 2324. El escrito con el cual se promueve el incidente, deberá presentarlo el interesado, salvo que se encuentren en el expediente principal. Los documentos justificativos de los hechos en que se funde el incidente deberán ser presentados con éste bajo sanción de inadmisibilidad, y si el incidentista no los tiene a su disposición designará la oficina en cuyo archivo se encuentren, pidiendo que el Juez solicite copia de ellos. Presentará también tantas copias del escrito y de los documentos cuantas sean las partes contrarias. Artículo 2325. Del escrito del incidente se dará traslado a la contraparte, entregándole copia del mismo por un término de tres días. Vencido dicho término el juez resolverá lo procedente. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2328. El incidente se tramitará en cuaderno separado y suspenderá la tramitación del proceso. Artículo 2329. Cuando el incidente se refiere a falta de competencia se ordenará remitir el proceso al funcionario competente. De no haber lugar a ella, así lo declarará el juez del conocimiento. Cuando se declare haber lugar a cualesquiera de las situaciones el juez declarará terminada la actuación y ordenará que se ponga en libertad al imputado y que se archive el expediente, si no está detenido por otra causa. El auto que admite las cuestiones propuestas es apelable en el efecto suspensivo. Contra el que desestime ésta no se dará recurso alguno, sin perjuicio de que se hagan valer en el acto de la audiencia. Artículo 2333. Tanto el acusador como el agente del Ministerio Público, el imputado y su defensor pueden recusar al juez que conoce de la causa y a los respectivos secretarios, en los casos en que dichos funcionarios estén impedidos, impedimentos que se tomarán en cuenta únicamente en relación con el imputado. Artículo 2334. Las recusaciones se propondrán, sustanciarán y resolverán de la misma manera que en los procesos civiles. CAPÍTULO VII CONFLICTOS DE COMPETENCIA Artículo 2339. Si el conflicto de competencia surge durante la investigación sumaria, con respecto a la competencia del tribunal, no se suspenderá ésta mientras se decide el incidente, ni se anulará lo actuado. CAPÍTULO VIII ACUMULACIÓN DE PROCESOS Artículo 2342. La acumulación se hará en el tribunal que haya prevido el conocimiento, cuando se trate de dos de igual categoría. En caso contrario, la acumulación se hará en el Tribunal Superior. Artículo 2344. Si el primer proceso estuviere en segunda instancia por apelación del auto de enjuiciamiento, y se sigue otro proceso contra el mismo imputado, una vez resuelto, el expediente se devolverá al tribunal de primera instancia y se mantendrá en suspenso, mientras se decide sobre el mérito del segundo sumario y luego se llevará a cabo la acumulación, a fin de que se siga un solo proceso por ambos delitos. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2346. Los trámites para decretar y llevar a efecto la acumulación de procesos penales, son los mismos que se establecen en este código para los casos de acumulación de procesos civiles. CAPÍTULO IX NULIDADES Artículo 2347. Son causas de nulidad en los juicios penales: 1. La ilegitimidad de personería del acusador, cuando el proceso sea de aquellos en que no puede procederse de oficio; 2. La falta de jurisdicción o competencia del tribunal; 3. No haberse notificado al imputado o a su defe nsor el auto de enjuiciamiento; 4. Haberse incurrido en el error relativo a la denominación genérica del delito, a la época y lugar en que se cometió o con respecto a la persona responsable o del ofendido; 5. No haberse notificado legalmente los autos y las providencias que acogen o niegan pruebas. Artículo 2347A. Se entiende siempre prescrita bajo nulidad los actos cumplidos con inobservancia de las disposiciones concernientes a: 1. La no participación del Ministerio Público en el proceso y en los actos procesales que lo requieran de acuerdo con la Ley; 2. La no intervención, asistencia y representación del imputado en los casos que la Ley establece. Será causa de nulidad del acto el empleo de promesa, coacción o amenazas para obtener que el imputado declare. Artículo 2348. En los procesos penales no pueden hacerse valer ninguna causal de nulidad distinta de la expresada en los artículos anteriores, salvo que la Ley disponga otra cosa. Artículo 2349. Cuando en el curso del proceso, el juez que conoce del mismo, advierta que se ha incurrido en algunas de las causales expresadas en el artículo 2347 ordenará la reposición del proceso para que se subsane el defecto, si a ello hubiere lugar. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPÍTULO X NOTIFICACIONES Artículo 2351. En la instrucción sumarial se notificará personalmente al imputado o a su defensor las siguientes resoluciones: 1. La que dicte el funcionario de instrucción donde nieguen las pruebas que se aduzcan; 2. Las que dicte el juez donde aumente la cuantía de la fianza de excarcelación; 3. La que niegue la admisión del defensor, y 4. El acto que admite o rechaza la acusación particular. Artículo 2353. En el plenario al imputado y a su defensor se les notificará personalmente las siguientes resoluciones: 1. El auto de enjuiciamiento; 2. La providencia que señala el día para la celebración de la audiencia, y 3. La sentencia de primera instancia. Artículo 2354. Al agente del Ministerio Público se le notificará todas las resoluciones que se dicten en el proceso. Artículo 2356A. Son aplicables al procedimiento penal las disposiciones sobre notificaciones que establece el Libro II de este Código, en cuanto sean compatibles. Artículo 2358. El edicto se fijará por diez (10) días y contendrá: 1. El nombre, apellido, apodos, nacionalidad, cargo, profesión u oficio del imputado, si tales datos constan en los autos; 2. Las señas por medio de las cuales pueden ser identificado y el número de su cédula, si se le hubiera expedido; 3. El delito por el cual se proceda; y 4. El término dentro del cual deberá presentarse será de quince (15) días, bajo apercibimiento de que si no lo hace, perderá el derecho a ser excarcelado bajo fianza, en el caso de que fuera aprehendido. Artículo 2360. El edicto emplazatorio se publicará por tres (3) veces en un diario de circulación nacional e insertará la copia respectiva al expediente. Se fijará en un lugar visible de la secretaría del Tribunal, con su fotografía cuando fuere procedente a juicio del juez. Posteriormente se remitirá a la Gaceta oficial, solo para constancia y registro sin afectar la notificación. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 TÍTULO IV JUICIOS CON INTERVENCIÓ N DE JURADO CAPÍTULO I SECCIÓ N la. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 2369. Serán juzgados por jurados de conciencia los delitos que conozcan los Tribunales Superiores de Distritos Judicial a saber: 1. Homicidio doloso; 2. Aborto provocado por medios dolosos, cuando, por consecuencia del mismo o de los medios usados para provocarlo, sobreviene la muerte de la mujer; 3. De los delitos que implican un peligro común, cuando por consecuencia del mismo resulta la muerte de alguien, con excepción del incendio producido por imprudencia, negligencia o impericia o por inobservancia de los reglamentos; 4. Deli tos contra la seguridad de los medios de transporte o de comunicación, cuando sobrevienen la muerte de alguien, con excepción de los producidos por imprudencia, negligencia o por falta de conocimiento en su oficio o profesión o por no cumplir los reglamentos u ó rdenes existentes, y 5. Delitos contra la salud pública, cuando por consecuencia del mismo, sobreviene la muerte de alguien con excepción de los causados por imprudencia, negligencia o impericia en el ejercicio de una profesión u oficio. SECCIÓN 3a. DEL CARGO DE JURADO Artículo 2375. No pueden ser jurados las personas que hayan sido condenados por delito doloso y las que no estén en el pleno goce de sus derechos civiles. Tampoco pueden ser jurados las personas que no sepan leer ni escribir. SECCIÓN 4a. DE LOS EXENTOS DE SERVIR DE JURADOS Artículo 2376. Están exentos de servir como jurado: 1. El Presidente de la República y los Vicepresidentes de la República; 2. Los Ministros de Estado y Viceministros; 3. Los Miembros de la Asamblea Legislativa; 4. Los Jueces de la República; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 5. El Procurador General de la Nación y los demás agentes del Ministerio Público; 6. Los Ministros de los cultos religiosos; 7. Los militares en servicio activo; 8. Los jefes, oficiales o agentes de las Fuerzas de Defensa; 9. Los jefes y los capitanes de compañía de los Cuerpos de Bomberos; 10. Los empleados de los hospitales, en calidad de enfermeros, farmacéuticos, cocineros, y personal paramédicos; 11. Los diplomáticos extranjeros y los ciudadanos panameños admitidos por el Gobierno Nacional, como miembros de misiones diplomáticas extranjeras; 12. Los abogados, los médicos y los dentistas; 13. Los cajeros de los bancos de las entidades públicas; 14. Los empleados de empresas privadas encargados de los servicios de utilidad pública, si su presencia en sus labores así lo requieren; 15. Las personas mayores de sesenta años; 16. Las personas que sufren de incapacidad física o mental; 17. Los que no conozcan el idioma español; y 18. Los directores generales de entidades autónomas. SECCIÓ N 5a. DE LA FORMACIÓ N DE LA LISTA DE JURADOS Artículo 2380. Corresponde a los tribunales superiores de distrito judicial, en sala de acuerdo, resolver sobre las solicitudes de exclusión. SECCIÓ N 6a. DE LA COMPOSICIÓN DEL JURADO Artículo 2382. Los jurados serán considerados como servidores públicos para los efectos de sancionar los actos punibles que contra ellos se cometen, con motivo o por razó n del ejercicio de sus funciones. CAPÍTULO II AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN DE JURADOS SECCIÓ N la. DE LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA Artículo 2406. Las audiencias no podrán comenzar antes de las ocho de la mañana ni después de las cuatro de la tarde. Cada sesión terminará a las ocho y media de la noche, salvo que las partes convengan en continuarla después de esa hora. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Cuando por alguna causa que no sea incapacidad comprobada de alguna de las partes, la audiencia no puede celebrarse el día señalado para ella, se verificará al próximo día hábil sin necesidad de más trámites. Artículo 2408. El defensor que deje de comparecer a la audiencia, sin causa plenamente justificada, será sancionado con multa de veinticinco a cien balboas que le impondrá el presidente de la audiencia. Artículo 2409. En el caso de no ser presentado el fiado, el fiador incurrirá en la sanción correspondiente por quebrantamiento de las obligaciones que adquirió cono tal, salvo que pruebe que una causa justa, de las señaladas por el artículo 2402 le hizo imposible cumplir la orden de presentación, ya sea con respecto a él o al imputado. Artículo 2414A. En las audiencias en que se juzguen a más de un imputado e intervengan varios defensores y no haya acusador particular, el fiscal podrá asistirse de tantos voceros como imputados haya, para que intervengan en los alegatos de conclusión en el orden establecido. El Ministerio Público determinará e l momento en que intervendrá su vocero. Artículo 24l2B. Al final de los alegatos las partes podrán presentar objeciones y aclaraciones que estimen pertinentes, por una sola vez y hasta por un término no mayor de cinco (5) minutos. Las objeciones serán resueltas por el Magistrado sustanciador en el acto y su decisión es irrecurrible. Artículo 24l2C. No se permitirá a las partes presentar en el acto de la audiencia ni dar lectura durante el alegato, a ninguna prueba testimonial, documental, gráfica o de otra naturaleza, que no haya sido aducida dentro de los términos de prueba concedidos oportunamente en el proceso respectivo y de lo cual se haya dado traslado a la otra parte autor de la vista oral de la causa. Tampoco podrán ser objetadas las pruebas legalmente introducidas en el proceso, durante los alegatos. Artículo 2437A. El acta solamente será firmada por el Magistrado y por el secretario. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPÍTULO III DE LAS PENAS SECCIÓN la. LEVANTAMIENTO O MODIFICACIÓN DE PENA POR RAZÓN DE CAMBIO DE LEGIS LACIÓ N Artículo 2447. Cuando después de la condena de un imputado y hasta que ésta se haya cumplido, si la disposición infringida por éste fuere reformada en el sentido de aplicar una pena menor o descriminalizar el hecho, el interesado deberá dirigir la solicitud correspondiente al juez que conoció de la causa en primera instancia. Artículo 2448. El juez ordenará compulsar copia auténtica de la sentencia condenatoria respectiva con sus notificaciones y constancia de la fecha de su ejecución. Hecho esto oirá el concepto del agente del Ministerio Público, al respecto, quien lo emitirá dentro de los dos días siguientes de recibo de traslado. Una vez recibida ésta el juez resolverá, dentro de los cinco días siguientes, con cita de la disposición que se considere favorable al reo, si éste tiene o no derecho al levantamiento o reclusión de la sanción. Si resulta que hay lugar a ello y la sanción ha sido ya cumplida, ordenará la inmediata libertad del reo. En caso contrario, enviará copia de la nueva resolución a la autoridad política, para los fines consiguientes. La resolución respectiva será notificada al Ministerio Público y es recurrible en el efecto devolutivo. SECCIÓ N 2a. REEMPLAZO DE LAS PENAS CORTAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, SUSPENSIÓ N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL Artículo 2450. El juez del conocimiento, al dictar la sentencia definitiva en el juicio penal, podrá reemplazar la pena de prisión no mayor de dos años, cuando no se reúnan las condiciones que le permitan otorgar la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En estos casos podrá decretar, según proceda en derecho, cualesquiera de las medidas previstas en los ordinales 1º .y 2º. del artículo 82 del Código Penal. Artículo 2453. En los eventos contemplados en el artículo 85 del Código Penal, relativos a la libertad condicional, el Órgano Ejecutivo por conducto del Departamento de Corrección formará cuaderno especial para la tramitación de la ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 respectiva solicitud y hará que se cumplan todas las exigencias procedimentales, a que se refiere dicha disposición legal. Artículo 2454. En el caso de que no se haya revocado, dentro de los términos previstos en el artículo 87 del Código Penal, el beneficio de la libertad condicional, el Órgano Ejecutivo por conducto del Departamento de Corrección deberá hacer, en resolución motivada, la declaración a que se refiere esta disposición. Artículo 2455. En los casos de quebrantamiento de la norma contemplado en el artículo 88 del Código Penal, deberá el Órgano Ejecutivo por conducto del Departamento de Corrección dictar resolución motivada de revocatoria y ordenar que se adopten las medidas previstas también en dicha disposición. Artículo 2456. Cuando se trate de un reincidente por cualquier delito, a quien se le haya impuesto pena privativa de la libertad y el Órgano Ejecutivo por conducto del Departamento de Corrección estime procedente favorecerlo con libertad condicional, en la resolución motivada en que se adopte tal medida, deberá aumentar, prudencialmente, los plazos de cumplimiento necesarios, señalados en el artículo 86 del Código Penal. Artículo 2459. En la resolución en que el Tribunal otorgue la suspensión condicional de la pena deberá contener las prescripciones inherentes a la caución de buena conducta y la reparación de los daños causados por el delito. Del mismo modo procederá el Órgano Ejecutivo en el caso de la libertad condicional. Artículo 2460. Se considerará que un sancionado condicionalmente ha cometido un nuevo delito, cuando, mediante sentencia firme se declare responsable de su comisión. Artículo 2460A. Cuando el beneficiado con la suspensión condicional de la pena deba responder civilmente al ordinal 30. del artículo 78 del Código Penal, si le hubiera sido imposible cumplir la obligación, el Juez por una sola vez a petición justificada de parte, podrá prorrogar el plazo por un término adicional que el tribunal determinará prudencialmente. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 TÍTULO V SENTENCIAS CAPÍTULO I SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Artículo 2461A. Concluido el proceso, la sentencia, será dictada dentro del término de diez (10) días, salvo que por la complejidad y extensión del proceso se requiera de un término mayor, el cual no excederá de treinta días. Artículo 2463. La sentencia tendrá una parte motiva y o tra resolutiva. La parte motiva contendrá: 1. Nombre del tribunal, lugar y fecha; 2. El Fiscal y demás partes; 3. Relación sus cinta de los hechos que hubieran dado lugar a la formación del proceso; y 4. Mención del auto de enjuiciamiento y de la acusación formulada. La parte resolutiva contendrá precedida de la frase administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1. La condena o absolución; 2. Las generales del imputado y demás circunstancias que lo identifiquen, y 3. Las disposiciones legales aplicadas. La sentencia condenatoria contendrá la fijación de las penas y medidas de seguridad. También podrá ordenar la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, su familia o a un tercero y así mismo la restitución de la cosa obtenida por razó n del delito o en su defecto el respectivo valor. Artículo 2467. Si al dictar sentencia condenatoria resulta que ya el imputado ha cumplido en prisión el tiempo que le hubiese correspondido, el tribunal ordenará su libertad, sin necesidad de fianza, mientras se surte la consulta o apelación. Si la sentencia es absolutoria se aplicará lo dispuesto en este artículo. CAPÍTULO II SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Artículo 2473. El término que tienen los tribunales para fallar en la segunda instancia es de ocho días, salvo las disposiciones especiales expresas. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 TÍTULO VI MEDIOS DE IMPUNGNACIÓ N CAPÍTULO I LAS NORMAS GENERALES Artículo 2474C. Las resoluciones judiciales serán recurribles por los medios y en el efecto expresamente establecidas en este código. Artículo 24740. Se establecen los siguientes recursos: 1. Apelación; 2. De hecho; 3. Casación y 4. Revisión Artículo 2474E. El recurso legalmente concedido atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso, solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refiere el agravio. Si no fuere señalado éste se entenderá impugnada toda la resolución. CAPÍTULO II APELACIÓ N Artículo 2474F. Se da la apelación contra: 1. El auto de enjuiciamiento; 2. La sentencia; 3. Los incidentes; 4. La Resolución que negare pruebas; 5. La que concede o niegue la fianza de excarcelación; 6. La resolución que decide o concede la suspensión de la ejecución de la pena; y Las demás que la Ley expresamente establezca. Artículo 2474G. Las apelaciones de la sentencia y del auto de enjuiciamiento se concederán en el efecto suspensivo. En los demás casos la apelación se dará en el efecto devolutivo, salvo que en cada caso la Ley lo establezca en otro efecto. La que niegue prueba, en el efecto suspensivo. Artículo 2474H. Las disposiciones del Libro II de éste código relativo a la apelación y a la consulta, se aplicarán en lo que no sea incompatible con la naturaleza del proceso penal. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPÍTULO III RECURSO DE HECHO Artículo 24741. Son aplicables al proceso penal las reglas sobre recurso de hecho contenidas en el Libro II de este Código. Artículo 2474J. Las copias con que debe surtirse el recurso de hecho se darán de oficio al agente del Ministerio Público, si éste fuere el recurrente. En caso de serIo otra persona se mandarán dar a su costo. RECURSO DE CASACIÓ N y REVISIÓ N CAPÍTULO IV RECURSO DE CASACION SECCIÓ N la. NATURALEZA DEL RECURSO Artículo 2475. En materia criminal habrá lugar al recurso de casación en el fondo, contra las sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los tribunales superiores de distrito judicial, por delitos que tengan señalada pena de prisión superior a los dos (2) años, en los siguientes casos: 1. Por ser la sentencia infractora de la Ley sustancial penal, ya sea en concepto de violación directa efecto de una interpretación errada de la Ley o de la indebida aplicación de esta al caso juzgado. Así mismo el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el de derecho en la apreciación de ella implican infracción de la Ley sustancial; 2. Cuando se tenga como delito un hecho que no lo es; 3. Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo o en la extensión de la pena aplicable; 4. Cuando no se tenga o no califique como delito un hecho que lo es, sin que hayan sobrevenido motivos que impidan su castigo; 5. Cuando sancione un delito, no obstante, existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad; 6. Cuando se sancione un delito a pesar de que circunstancias posteriores a su ejecución impidan el castigo; 7. Cuando se haya procedido por delito que requiera acusación particular, denuncia o querella de persona determinada, sin la previa acusación, denuncia o querella, que requiere la Ley; 8. Cuando se cometa error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravante s o atenuantes de responsabilidad ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 criminal; 9. Cuando se incurre en una interpretación errada de la Ley sustancial al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad criminal; 10. Cuando se incurra en indebida aplicación de la Ley sustancial al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad criminal; 11. Cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado, en los hechos que la sentencia dé por aprobadas; y 12. Cuando la sanción impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto del delito, o a la responsabilidad del imputado o de las circunstancias que modifiquen su responsabilidad. Artículo 2476. Contra los autos dictados en materia penal, que le pongan término al proceso mediante sobreseimiento definitivo o en que se decidan las excepciones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o aplicación de amnistía o de indulto, habrá lugar al recurso de casación en el fondo, en los siguientes casos: 1. Cuando infrinja o quebrante algún texto legal expreso; 2. Cuando admitan las cuestiones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o aplicación de amnistía o de indulto, y dados los hechos tenidos por probados, se haya cometido error de derecho, al declarar los comprendidos en una sentencia firme anterior o al considerar prescrita la acción penal o al comprender el caso en la Ley de amnistía o decreto de indulto; 3. Cuando no estimen como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias posteriores que impidan su castigo; 4. Cuando declaren exento de responsabilidad penal al imputado, no siendo esto procedente legalmente; 5. Por error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, si ésta se funda en documentos o actos auténticos que constan en el proceso; y 6. Si rechazan una acusación o denuncia por delito público o privado, cuando se haya quebrantado alguna Ley expresa al declarar que el hecho acusado o denunciado no constituye delito o que el acusador o denunciante no tiene facultad para acusar o denunciar, por su calidad o circunstancias o por las de la persona acusada o denunciada. Artículo 2478. Son causales por las cuales puede interponerse el recurso de casación en la forma: 1. La falta de competencia del tribunal; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 2. No haberse notificado al imputado y su defensor, el auto de enjuiciamiento; 3. No haberse notificado a las partes la providencia en que se abre la causa a pruebas; 4. No haberse celebrado la audiencia el día y hora señalados, siempre y cuando que la diligencia se haya practicado sin la asistencia de la parte que interpone el recurso; y 5. Haber incurrido en equivocación relativa a la denominación genérica del delito, cuando su conocimiento corresponda a un tribunal distinto, a la época y lugar donde se cometió el hecho o al nombre o apellido de la persona responsable o de la ofendida. SECCIÓ N 2a. ADMISIÓN, SUSTANCIACIÓ N y DETERMINACIÓ N DEL RECURSO EN ASUNTOS PENALES. Artículo 2479. La parte que intente recurrir en casación contra resolución dictada en juicio, contra la cual puede ser interpuesto este recurso, lo anunciará por memorial o en la diligencia de notificación dentro de los términos de la ejecutoria de la resolución recurrida. Artículo 2480. Las manifestaciones de que trata el artículo anterior serán hechas ante el juzgado que debe notificar la resolución de segunda instancia. Con vista de ella, dicho juzgado devolverá el proceso al tribunal superior respectivo, una vez que la resolución haya sido notificada. Artículo 2481. El término para formalizar el recurso será de quince (15) días y comenzará a contarse desde el día en que queda legalmente notificada la providencia por medio de la cual, el tribunal superior respectivo, concede dicho término. Esto no obsta para que el interesado pueda presentar ante el juez inferior, conjuntamente con la manifestación de que trata este Código, el escrito de formalización del recurso. Artículo 2482. Formalizado el recurso el tribunal superior respectivo procederá a examinar, si la resolución que es objeto del recurso es susceptible de ésta y si ha sido interpuesto oportunamente, por persona hábil en cuyo caso lo remitirá inmediatamente a la Corte, previa notificación a las partes. En caso contrario, negará su revisión. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2484. Recibido el expediente en la Corte y repartido al magistrado a quien corresponda susta nciar el recurso, la Sala fijará el negocio en lista por ocho días para que las partes tengan conocimiento de la llegada del expediente, y concluido el término de fijación en lista la Corte decidirá, si el recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley; 2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo; 3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne los siguientes requisitos: a. Historia concisa del caso; b. Se determine la causal o causales; c. Se especifiquen los moti vos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido. 4. Si la causal expresada es de las señaladas por la Ley. Cuando no concurrieren los requisitos de que se deja hecha mención, la Corte se limitará simplemente a negar la admisión del recurso. Artículo 2486. Admitido el recurso, la Corte dará traslado del proceso al Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días y una vez vencido dicho término señalará día y hora para la audiencia. Artículo 2488. Si el recurrente dejare de concurrir a la audiencia sin excusa legal presentada oportunamente, la Corte clausurará la audiencia, decidirá el recurso y condenará a dicha parte al pago de una multa de cien balboas a favor del fisco. Son justas causas para no comparecer a la audiencia: 1. Grave enfermedad del recurrente o de alguno de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o de alguna persona con quien viva en familia; 2. Muerte de alguna de las referidas personas, acaecida dentro de los cinco días anteriores al fijado para practicar la diligencia, y 3. Fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 2489. Concluida la audiencia, el Secretario pondrá el expediente a disposición del sustanciador una vez que haya sido extendida y firmada el acta respectiva por los Magistrados que integren la Sala y por el Secretario, para que prepare el proyecto correspondiente. Artículo 2490. El sustanciador tendrá el término hasta de veinte días para la presentación del proyecto; la Sala decidirá acerca de este proyecto dentro de los ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 treinta días siguientes al de la presentación, que será anotada por el Secretario. Artículo 2491. La Sala, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación cada una de las causales en que se funda el recurso y cada uno de los motivos en que se apoye cada causal. Si encuentra justificada una causa de casación, no será necesario que entre a considerar las otras causales alegadas, con el sólo fin de reforzar la invalidación del fallo, lo que habrá de proceder de la causal justificada. Si no encuentra justificada ninguna causal, declarará que no hay lugar a casar la resolución materia del recurso y devolverá el expediente al tribunal de su procedencia. Artículo 2493. Sólo podrá recurrir en casación la parte agraviada con la causal invocada. Artículo 2495. Si la Sala encuentra justificada una o más causales de casación de la de fondo alegadas por la parte recurrente, invalidará el fallo y procederá a dictar el que debe reemplazarlo conforme a la Ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido. Dicho fallo contendrá en su parte resolutiva todas las soluciones requeridas por la demanda de casación, cuando en éste no haya habido acumulación de acciones o las acumuladas tengan conexión. Si ha habido acumulación y no existe entre las acciones acumuladas conexión tal, que el fallo que recaiga a la una afecte a la otra, se decidirá tan sólo acerca de la acción sobre que recayó la decisión que dio lugar al recurso. Artículo 2498. En los casos de casación en la forma, la misma sentencia que la declare, determinará el estado en que quede el proceso, el cual devolverá al tribunal correspondiente, para que p roceda de acuerdo con la decisión. Artículo 2498A. El recurso de casación suspende el término para la prescripción de la pena y se entiende conferido en el efecto suspensivo. TÍTULO VII PROCESOS ESPECIALES CAPÍTULO I DISPOSICIÓ N PRELIMINAR Artículo 2512. En los negocios sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones de los procesos penales ordinarios, en cuanto no se opongan a las dadas especialmente para cada procedimiento. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 CAPÍTULO II PROCESOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICO Artículo 2513. Se sujetarán a los trámites ordinarios los procesos que se sigan contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, y de que resarzan los perjuicios que hayan causado con sus abusos y omisiones, con excepción de los que tienen señalado un procedimiento especial en este Código. Artículo 2514. Los procesos contra servidores públicos se siguen ante la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores y Juzgados de Circuito. Artículo 2515. Cuando el hecho, que es materia del proceso tenga señalada por la Ley sanción de prisión, se decretará la detención y consiguiente suspensión del imputado. Artículo 2516. El que promueva acusación por delito o denuncia de la clase a que se refiere el artículo 2468, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, la investigación quedará en suspenso. Para efectos de este artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido. Artículo 2517. Todo el que promueva acusación por delito o denuncia contra un servidor público por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, puede presentar as ante cualquier agente del Ministerio Público competente. Artículo 2521. Por el proceso que se siga contra servidores públicos, no se anulará, enmendará, ni reformará el auto o resolución que lo ha motivado, ni se suspenderán sus efectos. El proceso sólo se dirigirá a examinar la conducta del imputado para imponerle las sanciones e indemnizaciones legales. CAPÍTULO III ASAMBLEA LEGISLATIVA SECCIÓN la. INSTRUCCIÓN y SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO Artículo 2527. Todo ciudadano puede acusar o denunciar ante la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 de Justicia, para que se les juzgue, si a ello hubiere lugar por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes. El acusador o el denunciante debe presentar la prueba del hecho sin lo cual no será admitida la acusación o la denuncia. Artículo 2528. La Comisión de la Asamblea Legislativa estará integrada de acuerdo con su Reglamento Interno por la mesa directiva y por tres legisladores de cada provincia y uno por la Comarca de San BIas, elegido por el pleno, la cual determinará si procede o no el juzgamiento de los funcionarios en el artículo anterior. Actuará como secretario, el Secretario General de la Asamblea. Artículo 2529. Presentada la acusación o denuncia, el Presidente de la Asamblea advertirá a los Legisladores Comisionados el deber en que están de manifestar si tienen algún impedimento para conocer el proceso. Si alguno de los legisladores comisionados se declare impedido de acuerdo con las causales del artículo siguiente, la Comisión Judicial tomará en cuenta los impedimentos que alegue y resolverá sobre ellos, escogiéndose un nuevo legislador de acuerdo al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Artículo 2530. Son los únicos impedimentos para conocer de estos juicios: 1. Haber tomado parte en los hechos sobre los cuales verse la imputación; 2. Tener interés personal y directo en el acto que es materia de la imputación; y 3. Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda de afinidad con el imputado o con el que ha hecho o promovido la imputación. Serán aplicables a los miembros del pleno estos mismos impedimentos. Artículo 2531. La Comisión Judicial una vez admitida la denuncia o acusación, la pasará con sus documentos al Procurador General de la Nación para que informe sobre el mérito de ello, en un té rmino no menor de diez (10) días con las recomendaciones legales procedentes. Recibida la opinión del Procurador General de la Nación la Comisión llevará el asunto al pleno para la correspondiente calificación. Si el pleno resuelve que debe proseguirse la causa dictará auto de enjuiciamiento; en caso contrario, dictará sobreseimiento y ordenará el archivo del expediente. La resolución que se dicte será notificada al imputado y al acusador y no procederá contra ella recurso alguno. Antes de la calificación de que habla este artículo el pleno designará de su ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 seno un legislador quien actuará como fiscal en el juicio cuando exista enjuiciamiento. Si se procede por acusación, el acusador podrá actuar en juicio como coadyuvante del fiscal legislador. Artículo 2532. Inmediatamente después de notificado el auto de enjuiciamiento proferido se señalará fecha para la audiencia oral, que no podrá ser antes de cinco ( 5 ) días, ni después de diez (10) días. Artículo 2533. Para celebrar la audiencia se seguirá todo el procedimiento del Plenario establecido en el Título III de este libro con la advertencia de que donde diga juez, se entenderá que es Asamblea Legislativa. SECCIÓ N 2a. VISTA Y DECISIÓN DE LA CAUSA Artículo 2535. El día señalado para la celebración del juicio, deberán comparecer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa el imputado, su defensor, el Legislador Fiscal y el acusador Particular. La incomparecencia de éste último no impide la continuación del acto. Artículo 2536. Abierta la sesión, el secretario hará la relación del proceso y leerá los documentos que quieran oír o pidan las partes. Artículo 2538. Hecha la relación del proceso, la parte acusadora expondrá en forma oral su alegato y enseguida podrán hacer lo mismo el imputado y su defensor. Tanto de parte acusadora como el imputado y su defensor podrán hablar dos veces cada uno. Artículo 2539. Concluidos los alegatos, la Asamblea procederá a discutir y votar la decisión que debe adoptar en la causa, la cual no podrá ser otra que la absolución o condena, con la imposición, en el último caso, de la sanción correspondiente. Documentada la decisión se notificará a las partes y contra ésta no procede recurso alguno. Artículo 2540. Para declarar culpable al imputado serán necesarias las dos terceras partes de los votos de la Asamblea Legislativa. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2541. Cuando los legisladores hagan diversas proposiciones, acerca de la sanción que deba imponerse, se votarán en el orden de mayor a menor pena, hasta obtener la mayoría requerida; si respecto de ninguna de ellas se obtuviere dicha mayoría, se impondrá la menor. Artículo 2542. Aprobada y redactada la sentencia, se pondrá en los autos firmada por la Directiva y el secretario de la Asamblea; se notificará a las partes y se comunicará al Órgano Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial y la ejecución de la misma. CAPÍTULO IV JUICIOS PENALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CAPÍTULO ÚNICO PROCEDIMIENTO DE UNA SOLA INSTANCIA Artículo 2544. En tales procesos, los autos de enjuiciamiento y de sobreseimiento serán dictados por todos los magistrados del Pleno o de la Sala, según el caso, y por esta causa no son apelables, pero, procede contra ellos, el recurso de reconsideración. SECCIÓ N la. EXTRADICIÓN DE PERSONAS RECLAMADAS POR AUTORIDADES PANAMEÑAS Artículo 2547. La extradición de personas reclamadas por autoridades panameñas se gestionará por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a solicitud del juez que hubiere dictado auto de enjuiciamiento, o sentencia; o del funcionario correspondiente a cuyo cargo estuviere la instrucción del proceso por el delito de que se trate. SECCIÓ N 2a. EXTRADICIÓN DE PERSONAS RECLAMADAS POR AUTORIDADES EXTRANJERAS Artículo 2550. El Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a título de reciprocidad, podrá conceder la extradición de las personas procesadas, sancionadas por las autoridades de otro Estado que se encuentre en territorio sometido a la jurisdicción de la República de Panamá. Para que la extradición proceda es necesario que los hechos constituti vos del delito por el cual el reclamado haya sido procesado, sancionado o perseguido, se hubieren ejecutado en la jurisdicción del estado requirente y que tengan ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 señalada una pena privativa de libertad, tanto en la legislación de dicho estado como en la República de Panamá. El Órgano Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa copia de la documentación relativa a cada extradición a efecto de que sea conocida por sus miembros. CAPÍTULO VII DE LA REHABILITACIÓN Artículo 2568. El tribunal que haya pronunciado en última instancia una sentencia que lleva consigo, interdicción perpetua de derecho es el que debe otorgar la rehabilitación. Cuando, la sentencia implique pérdida de la ciudadanía, corresponde al Órgano Ejecutivo decretar la rehabilitación. Artículo 2569. El delincuente a quien le hayan sido impuestas las referidas sanciones como principal o como accesoria, dirigirá su solicitud por escrito al tribunal o al Órgano Ejecutivo, según el caso, acompañada de las siguientes pruebas: 1. Copia de la sentencia de primera y segunda instancias y la de casación, si fuere el caso; 2. Certificado de su historial penal; 3. Informe del director de cada establecimiento donde haya sufrido el peticionario la condena o del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, sobre la conducta observada por éste, y 4. Dos declaraciones de testigos idóneos, sobre la buena conducta observada por el delincuente, durante los dos años siguientes a la concesión de su libertad. Artículo 2570. De la solicitud se dará traslado al Ministerio Público para que, dentro del término de cinco días, emita concepto. Artículo 2573. Si no hay mérito para conceder la rehabilitación, el interesado no podrá renovar su solicitud mientras no haya transcurrido un año. TÍTULO VIII DISPOSICIONES GENERALES CÁRCELES CAPÍTULO ÚNICO DE LAS VISITAS DE CÁRCEL y ESTABLECIMIENTOS PENALES ESPECIALES ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2581. Este acto lo presidirá el Juez de Circuito que conozca de asuntos penales, designado por turno, acompañado del secretario u oficial mayor, según el caso, así como también los fiscales, personeros, jueces municipales del ramo penal, el director del respectivo establecimiento y el director o su representante del Departamento de Migración o Extranjería. Artículo 2582. En las cabeceras del distrito judicial presidirá las visitas el presidente o vicepresidente del tribunal superior respectivo, con asistencia de los funcionarios indicados en los artículos anteriores. Cuando alguno de los funcionarios públicos que debe concurrir a las visitas expresadas falte, sin justo motivo que así se lo impida, quien preside la visita le impondrá una multa de uno a cinco balboas. Artículo 2589. Cuando por la lista de los negocios, que debe leerse íntegramente, se observa algún retardo, quien presida la visita hará la observación correspondiente al que la hubiere ocasionado, si se hallare presente; y mandará pasar copia de lo conducente del acta de visita al tribunal competente para que tome las providencias del caso. Lo mismo se hará en todo caso en que, con relación al objeto de las visitas, se note alguna irregularidad que constituya delito. Artículo 2592. Las autoridades encargadas de la administración de las cárceles nacionales, provinciales y municipales cuando esto sea posible y recomendable, en ate nción a la buena conducta observada por los detenidos, permitirán visitas íntimas periódicas de los cónyuges o compañeros reconocidos que les faciliten a estos la función sexual. Para tal efecto, el Órgano Ejecutivo, a través del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, dictará las reglamentaciones necesarias, de acuerdo con las exigencias técnicas modernas. LIBRO CUARTO INSTITUCIONES DE GARANTÍA CAPÍTULO I GUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN SECCIÓ N 4a. DE LA INCONSTITUCIONALIDAD Artículo 2600. La demanda se acompañará de copia debidamente autenticada de la Ley, decreto de gabinete, decreto Ley, orden, acuerdo, resolución o acto que se considere inconstitucional; si se trata de una Ley u otro documento publicado en la Gaceta Oficial no habrá necesidad de acompañar la ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 copia, bastando citar el número y fecha de la respectiva Gaceta Oficial. Cuando el recurrente no haya podido obtener dicha copia lo expondrá ante la Corte, señalando las causas de la omisión y el tribunal ordenará de oficio a la corporación o funcionario respectivo que compulse y envíe las copias correspondientes. La inobservancia de los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores producirá la inadmisibilidad de la demanda. SECCIÓ N 5A. SUSTANC IACIÓ N, IMPEDIMENTOS y EFECTOS Artículo 2602. Una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, la consulta o una objeción de inexequibilidad, la Corte dará traslado del negocio, por turno, al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración para que, dentro de un término no mayor de diez días emita concepto. Artículo 2609. El fallo se publicará en la Gaceta Oficial dentro de los diez (10) días siguientes al de su ejecutoria. Artículo 2610. Cuando la Corte declare la inconstitucionalidad del acto impugnado, comunicará la decisión mediante copia auténtica de la sentencia a la autoridad, corporación o funcionario que lo hubiere dictado y a los funcionarios a quienes corresponda dar cumplimiento al fallo. Al Pleno de la Corte compete, además, vigilar el cumplimiento de la sentencia y conocer de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento del fallo aludido y aplicar las sanciones correspondientes, de conformidad con el procedimiento establecido para el caso en este código. Artículo 2611. Son causales de impedimentos: 1. El parentesco dentro del segundo grado de consangui nidad o primero de afinidad, con el demandante o con su apoderado; 2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición; y 3. Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad interés en la decisión del caso. Estas causales de impedimento son aplicables a los agentes del Ministerio Público. Artículo 2612. Dentro del término de dos días, contados a partir del ingreso del negocio al despacho de un magistrado o del agente del Ministerio Público, éste deberá manifestarse impedido de acuerdo con las causales enumeradas en el ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 artículo anterior. Dentro de los dos días siguientes a la expiración de este plazo podrán las partes recusar a los magistrados o al agente del Ministerio Público por las mismas causales. Artículo 2612A. Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo. CAPÍTULO II HABEAS CORPUS SECCIÓ N la. NATURALEZA Y OBJETO DE LA ACCIÓN Artículo 2614. Para los efectos del artículo anterior se consideran, además, como acto sin fundamento legal: 1. La detención de un individuo con mermas de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución; 2. La privación de la libertad de una persona a quien se intenta juzgar más de una vez por la misma falta o delito; 3. La detención de una persona por orden de una autoridad o funcionario carente de la facultad para ello; 4. La detención de una persona amparada por una Ley de amnistía o por un decreto de indulto; y 5. El confinamiento, la deportación y expatriación sin causa legal. Artículo 2617. El procedimiento a que dé lugar la demanda de Habeas Corpus será oral, con excepción del informe y del fallo definitivo que deberán formularse por escrito. De los demás actos y pedimentos se dejará constancia mediante diligencia que firmarán los que en ella intervengan. Dicha acción se decidirá con exclusión de cualquier cuestión de fondo con que pudiere tener relación. Artículo 2618. El tribunal que conozca una demanda de Habeas Corpus se mantendrá en audiencia permanente durante todo el procedimiento, y sólo entrará en receso para acordar y expedir la sentencia que le ponga fin. SECCIÓ N 2a. INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓ N Artículo 2621. La demanda de Habeas Corpus puede interponerla la persona agraviada o cualquier otra en su beneficio, sin necesidad de poder. Dicha acción ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 podrá ser formulada verbalmente, por telégrafo o por escrito y en ella se hará constar: 1. Que la persona que hace la petición o en favor de quien se hace, se halla privada de su libertad corporal; el lugar donde está detenida o presa; el nombre de la corporación, autoridad o funcionario público por quien ha sido privada o restringida su libertad, con mención del título oficial de las referidas autoridades o funcionarios y sus nombres si los conoce y el nombre de la autoridad o agente de ésta que lo tenga bajo su poder o custodia; 2. La causa o pretexto de la detención o prisión, a juicio del propio agraviado o de la persona que habla en su beneficio; y 3. Breves consideraciones que expresen en qué consiste la ilegalidad que se aduce o invoca. En el evento de que el autor de la acción ignore algunas de estas circunstancias formales, deberá manifestarlo así expresamente. En el evento de que se interponga una demanda de Habeas Corpus contra determinado funcionario y aparezca una autoridad distinta de aquella contra quien se dirigió, el tribunal está en la obligación de proseguir el trámite contra el funcionario responsable de la detención. SECCIÓ N 3a. SUSTANCIACIÓN DE LA ACCIÓ N Artículo 2624. Presentada la demanda, el tribunal competente deberá conceder el mandamiento de Habeas Corpus inmediatamente, siempre que la petición se ajuste a las formalidades requeridas en estos artículos. Por tanto, en el auto en que se libra el referido mandamiento debe dejarse constancia de que queda acogida la demanda. Artículo 2625. El mandamiento de Habeas Corpus deberá contener: 1. El título de la autoridad, funcionario o corporación que lo expida, con indicación del lugar y de la fecha; 2. El título de la autoridad, funcionario o corporación contra quien se dirige; 3. Una orden categórica de presentar inmediatamente al detenido ante el funcionario judicial que conoce de la acción o ponerlo a órdenes del Tribunal del Habeas Corpus y ordenar la remisión de la actuación correspondiente cuando proceda; y 4. Las firmas del funcionario que expida el mandamiento y de su secretario. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2628. Hecha la notificación del mandamiento, la autoridad o funcionario autor de la detención queda obligado a entregar inmediatamente a la persona presa, privada o restringida de su libertad al funcionario que conoce del Habeas Corpus, si dicha persona se encontrare en el mismo lugar del tribunal o juez de la causa. Si el detenido estuviere a una distancia no mayor de cincuenta kilómetros, tendrá un término de dos horas más del de la distancia para hacer entrega del detenido; y el mismo plazo se concede por cada cincuenta kilómetros adicionales, en el caso de transporte por tierra. En el caso de transporte por aire, por mar o ferrocarril, se hará la traslación del preso o detenido por el primer avión, barco o tren que salga después de recibida la notificación del mandamiento. En la misma forma se procederá cuando el envío de la actuación sea lo procedente. Artículo 2629. Cuando sea procedente la autoridad o funcionario que deba cumplir la orden de Habeas Corpus queda relevado de presentar o hacer entrega de la persona detenida sólo si ésta por enfermedad u otro impedimento, no puede ser traída por peligro a su salud o vida. En este evento se deberá acompañar el certificado médico correspondiente. El tribunal deberá, en estos casos, trasladarse al lugar donde se encue ntra el detenido o nombrar un médico para que lo examine e informe, y ordenar su inmediata presentación si no fuere fundado el peligro temido o darle otra solución que a su juicio sea conveniente. Artículo 2630. Junto con la entrega de la persona detenida, o el envío de la actuación según el caso, la autoridad o funcionario a quien se dirige el mandamiento de Habeas Corpus debe presentar un informe escrito en el que claramente exprese: 1. Si es o no cierto que ordenó la detención, y de serIo, si lo ordenó verbalmente o por escrito: 2. Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello; y 3. Si tiene bajo su custodia o a sus órdenes a la persona que se le ha mandado presentar y, en caso de haberla transferido a órdenes de otro funcionario, debe indicar exactamente a quién o en qué tiempo y por qué causa. La autoridad o funcionario demandado queda facultado para consignar, en su informe, cualquier otro dato o constancia que estime conveniente para justificar su actuación. Artículo 2634. Si los llamados a acatar el mandamiento de Habeas Corpus, se resistieren o negaren a ello, dentro del término requerido, sin justa causa, el ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 juzgador expedirá enseguida una orden dirigida a su jefe superior o a la autoridad o corporación política que estime conve niente, para que conduzca en el acto al desobediente ante el tribunal que dio el mandamiento. Una vez presente la autoridad o funcionario rebelde, el juez lo conminará para que rinda el informe inmediatamente y de modo verbal. Si se resistiere a ello el juez competente ordenará su prisión por todo el tiempo que persista en su desacato. Artículo 2640. Si la detención o prisión carece de fundamento legal, el Tribunal de Habeas Corpus así lo hará constar en su resolución y ordenará la libertad inmediata de la persona detenida o presa arbitrariamente. Una copia de lo conducente la pasará a quien corresponda, para que haga efectiva la responsabilidad criminal a la autoridad o funcionario que ha abusado o se ha excedido en el ejercicio de sus funciones. Si la detención o prisión es legal, así lo reconocerá en el fallo y el detenido será puesto de inmediato a órdenes de la autoridad o funcionario contra la cual se libró el mandamiento; a fin de que le reintegre a su estado de detención original. Artículo 2641. El Tribunal de Habeas Corpus está en el deber de hacer cumplir la orden de libertad y demás disposiciones contenidas en el fallo que le pone término al proceso. Artículo 2642. Siempre que un juez o tribunal competente tenga conocimiento por denuncia, de que se intenta confinar ilegalmente a alguna persona, dará orden a la autoridad o funcionario que juzgue oportuno, a fin de que la conduzcan inmediatamente a su presencia para resolver lo que corresponda en derecho. En caso de que la autoridad, funcionario o corporación que trata de llevar a cabo el confinamiento o la deportación, o ambas cosas a la vez, estuviere presente, se le notificará la orden. Dicha notificación surtirá todos los efectos de un mandamiento de Habeas Corpus y obliga por lo mismo, a la autoridad o funcionario de que se trate a rendir de inmediato informe del caso, que se ajustará a las formalidades consignadas en este capítulo. Artículo 2643. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandato de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten. Artículo 2644. Procedimiento igual podrá seguirse, cuando el juez competente para la expedición de un mandamiento de Habeas Corpus, ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 compruebe, al visitar una cárcel o establecimiento penal, que allí se encuentran individuos detenidos o presos sin causa conocida o sin estar a órdenes de ninguna autoridad o funcionario competente. Artículo 2647. Contra la sentencia que dicte el Tribunal de Habeas Corpus sólo cabe el recurso de apelación, en el efecto suspensivo, en el caso de que se declare procedente la detención. Este recurso debe interponerse dentro de la hora siguiente a su notificación que se hará por edicto. Una vez conocida la apelación el tribunal de la causa enviará la alzada dentro del día siguiente a la desfijación del edicto que notifica a los interesados el ingreso del negocio al superior. La autoridad o funcionario contra el cual se interpuso el recurso puede alegar dentro de este mismo plazo. El tribunal de la alzada fallará el caso dentro de las veinticuatro horas siguientes con vista de los autos. Artículo 2648. Siempre que en la tramitación de una demanda de Habeas Corpus se presenten hechos o circuns tancias que den base para justificar una investigación criminal contra la autoridad o funcionario que ordenó la detención o prisión, confinamiento o deportación de una persona, el juez o tribunal de la causa queda obligado a compulsar copias autenticadas de las piezas pertinentes y enviarlas a la autoridad competente, para que inicie dicha investigación. Artículo 2649. En los negocios de Habeas Corpus no podrán promoverse incidentes de ninguna clase. Tampoco procede ninguna recusación, y los jueces y magistrados sólo deben manifestarse impedidos cuando sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algunas de las partes: o cuando hubiesen expedido la orden o conocido del proceso de primera instancia. Si un magistrado o juez legalmente impedido no manifestare el impedimento que lo prohíbe, antes de librarse el mandamiento, será sancionado con una multa a favor del tesoro respectivo, de cincuenta. (B/.50) a ciento cincuenta (B/ .150.00) balboas, que será impuesta por el superior. SECCIÓ N 4a. DE LAS COMPETENCIAS Artículo 2650. Son competentes para conocer de la demanda de Habeas Corpus: 1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias: 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por actos que procedan de ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia: 3. Los jueces de circuito en el ramo de lo penal por actos que procedan de autoridad o funcionario con mando y jurisdicción en un distrito de su circunscripción, y 4. Los jueces municipales por actos que procedan de autoridad o funcionario con mando y jurisdicción parcial en distrito judicial. SECCIÓ N 5a. DE LAS SANCIONES Artículo 2651. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes exigidos en este capítulo, el funcionario que conoce del Habeas Corpus podrá imponer multas sucesivas de cincuenta (B/.50.00) balboas o prisión de cinco a cincuenta días, sin perjuicio de exigir la responsabilidad penal por desobediencia o desacato. Artículo 2652. La desobediencia del mandamiento de Habeas Corpus y la negativa de copias que el reclamante o el juez solicite, se castigarán especialmente con multas de veinticinco (B/.25.00) a doscientos (B/.200.00) bal- boas. Igual sanción sufrirá la persona o jefe de cárcel que no cumpla con la exigencia imperativa que se consigna en este capítulo. Estas multas las impondrá el funcionario que conoce del Habeas Corpus y se deducirán del sueldo del funcionario infractor, por medio del correspondiente pagador. El producto de estas multas ingresará al Tesoro Nacional. Para quienes se nieguen a cumplir con una orden de libertad se aplicará lo dispuesto e n este artículo. Artículo 2653. Cualquier infracción no penada específicamente en este título deberá ser sancionada por el juez competente del Habeas Corpus con una multa de veinticinco (B/.25.00) balboas a cien (B/.100.00) balboas. CAPÍTULO III AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SECCIÓ N la. COMPETENCIA Artículo 2654. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, te ndrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. La acción de garantías constitucionales a que se refiere este artículo se ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales. Esta acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren una revocación inmediata. La acción de amparo de garantías no procede contra las decisiones jurisdiccionales. Artículo 2655. Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 50 de la Constitución: 1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; y 3. Los jueces de circuito cuando se tratare de servidores públicos con mando y jurisdicción en un distrito o parte de él. El conocimiento de estos negocios será de la competencia de los tribunales que conozcan de los asuntos civiles. SECCIÓ N 2a. DEL PROCEDIMIENTO Artículo 2656. En la tramitación de la acción de Amparo se considerará como demandante a la persona interesada que lo promueva y como demandado al funcionario que haya dictado la orden cuya revocatoria se pide. Cuando la orden proceda de una corporación o institución pública, el trámite se surtirá con quien la presida o con quien tenga su representación legal. SECCIÓ N 3a. CURSO DE LA DEMANDA Artículo 2661. El funcionario requerido cumplirá la orden impartida dentro de las dos horas siguientes al recibo en su oficina de la nota requisitoria; suspenderá inmediatamente la ejecución del acto, si se estuviere llevando a cabo o se abstendrá de realizarlo, mientras se decide el recurso, y dará enseguida cuenta de ello al tribunal del conocimiento. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 Artículo 2662. El funcionario o corporación demandados que no resida en la sede del tribunal o juez competente, enviará la actuación por el correo más inmediato, o si fuere el caso, remitirá el informe por la vía telegráfica. Cuando el demandante, no resida en la sede del tribunal competente, podrá proponer la demanda por telégrafo y la confirmará por correo en el término de tres días, acompañando las pruebas que tuviere. Artículo 2663. Si el funcionario o corporación demandados no atendieren la orden que se les haya comunicado o no la cumplieren dentro del término legal, el tribunal procederá a suspender provisionalmente la orden acusada y a practicar las pruebas que considere conducentes para aclarar los hechos y con vista de ellas fallará prescindiendo de la actuación o del informe de que trata esta sección. SECCIÓ N 4a. FALLO y APELACIÓ N Artículo 2664. Cumplido por el funcionario o corporación el requerimiento, el tribunal fallará dentro de los dos días siguientes denegando o concediendo el amparo, de acuerdo con las constancias de autos. Artículo 2665. Dictado el fallo le será notificado inmediatamente por edicto al actor y al funcionario que dictó la orden motivo de la acción. Cualquiera de ellos puede apelar, para lo cual dispone del término de un día a partir de la notificación. La apelación se concederá en el efecto devolutivo si la decisión del tribunal revoca la orden denunciada, y en el efecto suspensivo si la confirma. El apelante podrá sustentar la apelación al interponerla y el tribunal enviará el expediente al superior para que decida la alzada. SECCIÓ N 5a. INCIDENCIAS y SANCIONES Artículo 2671. El funcionario que después de haberse cerciorado de la contumacia del demandante, admita o tramite juicios de amparo que contravengan la prohibición contenida en el artículo anterior, será sancionado por el superior, en virtud de queja de la persona o personas perjudicadas con la suspensión del acto, con multa de quince (B/.15.00) a cincuenta (B/.50.00) balboas a favor del fisco nacional. La misma autoridad y en la misma resolución, condenará al demandante contumaz a pagar una indemnización de cincuenta (B/.50.00) a quinientos (B/.500.00) balboas a favor de la persona o personas perjudicadas con la sus- pensión del acto que se haya pretendido suspender por más de una vez. La copia ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 de la sentencia o auto en que se impongan estas sanciones, presta mérito ejecutivo para hacerlas efectivas. Artículo 2672. Los funcionarios que se nieguen a cumplir la orden de suspensión, que se nieguen a acatar y cumplir la decisión del tribunal en el caso de que la orden materia de la demanda de amparo sea revocada, serán san- cionados por desacato con multa de veinticinco (B/.25.00) a quinientos (B/.500.00) balboas que la impondrá el tribunal o juez de la causa. TÍTULO FINAL DISPOSICIONES FINALES CAPÍTULO I DE LA ESCUELA JUDICIAL Artículo 2672A. Se instituye la escuela judicial y se faculta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para todo lo relativo a su organización, reglamentación y funcionamiento. La escuela prestará sus servicios al Órgano Judicial y al Ministerio Público. CAPÍTULO II VIGENCIA, APLICACIÓN y EFECTOS DE ESTE CÓDIGO Artículo 2673. Este Código entrará a regir el 1º. de abril de 1987. Artículo 2 Autorízase a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para que redacten una nueva edición del Código Judicial. Esta nueva edición consistirá en una ordenación sistemática de las disposiciones reformadas y las no reformadas de la Ley 29 de 25 de octubre de 1984, en forma de Texto Único con la correspondiente numeración corrida de artículos. Artículo 3. Destínense las partidas correspondientes para que una vez sancionada esta Ley la Asamblea Legislativa proceda a publicar una primera edición del código completo antes del 1 º. de enero de 1987. Artículo 4. Esta Ley modifica los artículos, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 30, 31, 36, 38, 48, 51, 54, 56, 59, 61, 69, 70, 71, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 119, 124, 127,131,136,142,143,144,145,146,156,157,159,162, 165, 176, 178, 183, 184, 187, ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 199, 203, 211, 230, 278, 280, 292, 294, 296, 298, 300, 301, 317, 320, 321, 327, 328, 331, 332, 337, 338, 339, 343, 344, 345, 350, 351, 352, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 383, 387, 388, 389, 404, 405, 409, 415, 416, 421, 425, 426, 428, 429, 430, 431,435,439,440,442,454,456,457,460,461,462,497, 498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509, 510, 511, 526, 528, 533, 538, 550, 575, 576, 577, 581, 592, 597,598,605,615,623,647,648,652,656,673,684,685, 700, 708, 710, 713, 717, 718, 720, 741, 745, 752, 762, 778, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 796, 797, 799, 800, 802, 810, 811, 829, 861, 880, 901, 949, 1018, 1023, 1035, 1040, 1042, 1046, 1058, 1059, 1071, 1130, 1145, 1146, 1147, 1148, 1151, 1158, 1164, 1165, 1166, 1171, 1173, 1179, 1181, 1190, 1194, 1208,1214,1240,1269,1271,1273,1277,1285,1288,1293, 1295, 1297, 1303, 1307, 1342, 1392, 1394, 1403, 1407, 1423, 1444, 1466, 1497, 1515, 1516, 1532, 1536, 1695, 1696, 1698, 1705, 2025, 2026, 2028, 2035, 2036, 2037, 2040, 2044, 2046, 2047, 2049, 2052, 2054, 2055, 2056, 2057, 2060, 2061, 2063, 2064, 2068, 2069, 2072, 2074, 2075, 2079, 2080, 2081, 2083, 2085, 2086, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2102, 2103, 2104, 2106, 2109, 2112, 2114, 2115, 2117,2118,2119,2120,2121,2125,2128,2129,2130,2131, 2133, 2134, 2139, 2142, 2146, 2147, 2149, 2150, 2151, 2154, 2155, 2157, 2161, 2164, 2165, 2166, 2167, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2176, 2178, 2179, 2182, 2186, 2187, 2190, 2191, 2195, 2198, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2207, 2212, 2214, 2215, 2216, 2218, 2221, 2223, 2224, 2225, 2226, 2228, 2231, 2232, 2234, 2235, 2238, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2249, 2250, 2254, 2256, 2257, 2260, 2263, 2266, 2270, 2271, 2272, 2274, 2277, 2279, 2280, 2296, 2299, 2300, 2301, 2302, 2306, 2308, 2310, 2312, 2316, 2323, 2324, 2325, 2328, 2329, 2333, 2334, 2339, 2342, 2344, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2353, 2354, 2358, 2360, 2369, 2375, 2376, 2380, 2382, 2406, 2408, 2409, 2447, 2448, 2450, 2453, 2454, 2455, 2456, 2459, 2460, 2463, 2467, 2473, 2475, 2476, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2489, 2490, 2491, 2493, 2495, 2498, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2521, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2535, 2536, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2544, 2547, 2550, 2568, 2569, 2570, 2573, 2581, 2582, 2589, 2592, 2600, 2602, 2609, 2610, 2611, 2612, 2614, 2617,2618, 2621, 2624, 2625, 2628, 2629, 2630, 2634, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2671, 2672; Adiciona los Artículos 3A, 3B, 2021A, 2021B, 2021C, 2021D, 2021E, 2021F, 2021G, 2021H, 2021I, 2031A, 2031B, 2037A, 2037B, 2037C, 2037D, 2037E, 2037F, 2046A, 2068A, 2076A, 2143A, 2143B, 2143C, 2173A, 2178A, 2185A, 2190A, 2316A, 2347A , 2356A , 2412A , 2412B , 2412C , 2437A , 2460A , 2461A, 2474C, 2474D, 2474E, 2474F, 2474G, 2474H, 2474I, 2474J, 2498A, 26l2A, 2672A, y deroga los Artículos 13, 14, 47, 57, 72, 73, 103, 129, 159, 161, 177, 182, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 377, 399, 400, 401, 402, 403, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 20614 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 786, 2032, 2033, 2034, 2044, 2100, 2126, 2141, 2148, 2163, 2168, 2189, 2192, 2197, 2205, 2209, 2220, 2227, 2259, 2269, 2265, 2276, 2298, 2326, 2368, 2411, 2432, 2441, 2442, 2445, 2446, 2449, 2471, 2492, 2510, 2511, 2537, 2566, 2567, 2605, 2659. Quedan derogadas todas las disposiciones preexistentes sobre esta materia que le sean contrarias. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. Dada en la ciudad de panamá a los 8 días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis. H.L. CAMILO GOZAINE Presidente de la Asamblea Legislativa. ERASMO PINILLA C. Secretario General. ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 8 DE AGOSTO DE 1986. ERIC ARTURO DELVALLE Presidente de la República RODOLFO CHIARI DE LEÓN Ministro de Gobierno y Justicia ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ <h1>Document Outline</h1> <ul> <li>TARJETA BASE </li> <li>GACETA OFICIAL </li> <li>TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR </li> </ul>

DER. PROCESAL PENAL
Código Judicial
DERECHO PENAL