Ley 12 De 2009

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REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Tipo de Norma: LEY Número: 12 Referencia: Año: 2009 Fecha(dd-mm-aaaa): 22-01-2009 Titulo: QUE REFORMA LA LEY 8 DE 1982 Y DICTA NORMAS DE PROCEDIMIENTO MARITIMO. Dictada por: ASAMBLEA NACIONAL Gaceta Oficial: 26211 Publicada el: 28-01-2009 Rama del Derecho: DER. COMERCIAL, DER. ADMINISTRATIVO, DER. MARITIMO Palabras Claves: Tribunales y cortes, Órgano Judicial, Administración de justicia, Jueces, Embarcaciones, Marina mercante, Derecho Marítimo, Puertos Páginas: 42 Tamaño en Mb: 2.016 Rollo: 563 Posición: 1268 TEL.:212-8496 - EMAIL:LEGISPAN@ASAMBLEA.GOB.PA WWW.ASAMBLEA.GOB.PA Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional Digitalizado por la Asamblea Nacional G.O. 26211 LEY 12 De 23 de enero de 2009 Que reforma la Ley 8 de 1982 y dicta normas de procedimiento marítimo LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 1. La presente Ley regula la organización, la competenc ia y el procedimiento de la jurisdicción marítima de Panamá. La primera instancia se sustanciará ante juzgados que se denominan Tribunales Marítimos. Se crea el Tribunal de Apelaciones Marítimas de la República de Panamá, con jurisdicción en todo el país, el cual conocerá de la segunda instancia en materia marítima. Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 2. La justicia en materia marítima se ejerce: 1. Por los Tribunales Marítimos. 2. Por el Tribunal de Apelaciones Marítimas. 3. Por los Tribunales de Arbitraje. Artículo 3. El artículo 3 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 3. La justicia marítima en primera instancia la ejercerán los Tribunales Marítimos y en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones Marítimas, con sede en el corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, ambos con jurisdicción en el territorio de la República de Panamá. Artículo 4. Se adiciona el artículo 3-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 3-A. Las controversias marítimas también podrán ser sometidas a la jurisdicción arbitral, conforme lo determinen la ley y los reglamentos que, al efecto, aprueben los centros de arbitraje con arreglo a esta. Los Tribunales Arbitrales podrán conocer, por sí mismos, acerca de su propia competencia y decidirán, además, cualquier recurso que, de conformidad con las leyes, proceda contra de las decisiones arbitrales. Artículo 5. El artículo 4 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 4. El Tribunal de Apelaciones Marítimas contará con tres magistrados, un magistrado suplente, un secretario, un asistente legal para cada magistrado, al menos dos oficiales mayores y el personal subalterno que sea necesario. Cada Tribunal Marítimo contará con el siguiente personal: un juez, un juez suplente, un secretario, dos asistentes legales del juez, un alguacil, un alguacil suplente, al menos dos oficiales mayores, un portero y el persona l subalterno adicional que fuera necesario. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Así mismo, los Tribunales Marítimos contarán con personal especializado en administración, contabilidad y finanzas, que asistirá al juez y al alguacil en el ejercicio de sus funciones. Esta labor administrativa se someterá a las normas de control interno y de contabilidad gubernamental. Artículo 6. El artículo 5 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 5. Los jueces marítimos, los Magistrados del Tribunal de Apelaciones Marítimas y sus respectivos suplentes serán nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con las reglas de la Carrera Judicial. Los jueces marítimos devengarán iguales emolumentos y tendrán los mismos derechos y prerrogativas que los Magistrados de los Tribunales Superiores. Igual equiparación tendrán el secretario y personal subalterno de estos tribunales. Los Magistrados del Tribunal de Apelaciones Marítimas devengarán iguales emolumentos que los Ministros de Estado y tendrán los mismos derechos y prerrogativas de los Magistrados de los Tribunales Superiores. El secretario y el personal subalterno del Tribunal de Apelaciones Marítimas devengarán los emolumentos que fije el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Acuerdos. Artículo 7. El artículo 6 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 6. Para ser juez de un Tribunal Marítimo de primera instancia se requiere: 1. Ser ciudadano panameño. 2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 3. Poseer título universitario en Derecho y haber cursado estudios especializados en Derecho Marítimo. 4. Poseer certificado de idoneidad profesional, expedido por la Corte Suprema de Justicia. 5. Tener por lo menos cinco años de práctica profesional ante la jurisdicción marítima, o haber ejercido, por el mismo término, la judicatura en la jurisdicción marítima o civil o la enseñanza del Derecho Marítimo en universidades reconocidas por el Estado. 6. Tener dominio del idioma inglés. 7. No haber sido condenado por delito doloso alguno o por falta contra la ética profesional o judicial. Artículo 8. Se adiciona el artículo 6-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 6-A. Para ser Magistrado del Tribunal de Apelaciones Marítimas se requiere, además de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo anterior, tener por lo menos diez años de práctica profesional ante la jurisdicción marítima, o haber ejercido, durante igual término, la judicatura en la jurisdicción marítima o civil o la enseñanza del Derecho Marítimo en universidades reconocidas por el Estado. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ Error : Bad color G.O. 26211 Artículo 9. El artículo 7 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 7. Los Magistrados del Tribunal de Apelaciones Marítimas y los jueces de cada Tribunal Marítimo tendrán sus respectivos suplentes, quienes los reemplazarán en sus faltas temporales o absolutas y cuyo periodo será igual al de sus principales. Para ser suplente de magistrado o juez se necesitan los mismos requisitos exigidos para el principal en la presente Ley y ser funcionario de Carrera Judicial de servicio en el Órgano Judicial. Artículo 10. El artículo 8 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 8. Los secretarios del Tribunal de Apelaciones Marítimas y de los Tribunales Marítimos elaborarán el reglamento interno del despacho, el cual será sometido a la aprobación del correspondiente Tribunal o Juez Marítimo. Artículo 11. El artículo 9 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 9. El personal subalterno de los Tribunales Marítimos y del Tribunal de Apelaciones Marítimas será nombrado mediante concurso de méritos por el respectivo juez. Artículo 12. El artículo 10 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 10. Para ser secretario judicial de Tribunal Marítimo o del Tribunal de Apelaciones Marítimas se requiere: 1. Ser ciudadano panameño. 2. Ser graduado en Derecho. 3. Poseer certificado de idoneidad profesional expedido por la Corte Suprema de Justicia. 4. Leer y comprender el idioma inglés. 5. No haber sido condenado por delito doloso alguno o por falta contra la ética profesional o judicial. Artículo 13. El artículo 17 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 17. Los Tribunales Marítimos tendrán competencia privativa en las causas que surjan de los actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimos, ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, en las aguas navegables de sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá. Estas causas incluirán reclamaciones que surjan de actos que se ejecuten o deban ejecutarse desde, hacia o a través de la República de Panamá. Los reclamos que involucren a la Autoridad del Canal de Panamá deberán ceñirse a lo que establece su Ley Orgánica. Los Tribunales Marítimos también tendrán competencia privativa para conocer de las acciones derivadas de los actos de que trata el párrafo anterior, ocurridos fuera del ámbito territorial antes señalado, en los siguientes casos: 1. Cuando las respectivas acciones vayan dirigidas contra la nave o su propietario, y ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 la nave sea secuestrada dentro de la jurisdicción de la República de Panamá, como consecuencia de tales acciones. 2. Cuando el Tribunal Marítimo haya secuestrado otros bienes pertenecientes a la parte demandada, aunque esta no esté domiciliada dentro del territorio de la República de Panamá. 3. Cuando la parte demandada se encuentre dentro de la jurisdicción de la República de Panamá y haya sido personalmente notificada de cualesquiera acciones presentadas en los Tribunales Marítimos. 4. Cuando la nave o una de las naves involucradas sea de bandera panameña, o la ley sustantiva panameña resulte aplicable en virtud del contrato o de lo dispuesto por la propia ley panameña, o las partes se sometan expresa o tácitamente a la jurisdicción de los Tribunales Marítimos de la República de Panamá. Artículo 14. Se adiciona el artículo 17-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 17-A. Los Tribunales de Arbitraje tendrán también competencia para conocer de las causas marítimas previstas en el artículo anterior, cuando las partes hayan convenido, en una cláusula compromisoria, someter a conocimiento de un Tribunal de Arbitraje cualesquiera diferencias que surgieran de su relación contractual, o cuando después de surgidas tales diferencias, expresamente y por escrito, acuerden someter su resolución a un Tribunal de Arbitraje. En estos casos, el Tribunal Marítimo declinará el conocimiento de la causa a favor del Tribunal Arbitral que corresponda dentro de la República de Panamá, y podrá requerir garantías de cualquiera de las partes para asegurar su comparecencia ante dicho Tribunal Arbitral, en lo s mismos términos previstos en el artículo 19 de esta Ley. Artículo 15. El artículo 18 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 18. Según lo dispuesto en la Constitución Política, las acciones que surjan de las disposiciones de la legislación laboral de la República de Panamá son de competencia privativa de los Tribunales Laborales panameños. Sin embargo, las acciones civiles que surjan para reclamar el resarcimiento de daños o perjuicios enmarcados en los supuestos contemplados en el artículo 17 serán de competencia de los Tribunales Marítimos cuando ocurran como consecuencia de un accidente de trabajo causado por dolo, culpa o negligencia del empleador o de un tercero. Artículo 16. El artículo 19 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 19. Los Tribunales Marítimos podrán abstenerse, a instancia de parte, de conocer o de continuar conociendo de un proceso por causas que surjan fuera del territorio de la República de Panamá, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando deban practicarse pruebas testimoniales y los testigos residan en el extranjero, y sea altamente oneroso para cualquiera de las partes la práctica de tales pruebas en el extranjero, o la comparecencia de dichos testigos ante el Tribunal. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 2. Cuando sea necesaria una inspección judicial para una mejor apreciación de dichos testigos y dichas diligencias deban ser efectuadas en el extranjero. 3. Cuando las partes hayan negociado, previa y expresamente, someter sus controversias a un Tribunal en país extranjero, y lo hayan convenido así por escrito. No se considerarán negociados previa y expresamente los contratos pro forma o de adhesión. 4. Cuando la controversia haya sido sometida anteriormente a arbitraje o a la jurisdicción de un Tribunal en país extranjero y estuviera pendiente de decisión. El Tribunal podrá exigir el cumplimiento de ciertas condiciones previas, cuando ello sea necesario para proteger los derechos de las partes, tales como la comparecencia ante un Tribunal extranjero dentro de un plazo determinado, la consignación de caución adecuada ante dicho Tribunal y, de haberse interrumpido a tiempo el periodo de prescripción en Panamá, impondrá la condición al demandado de no alegar prescripción en el foro receptor, antes de declinar el conocimiento de la causa. En los casos en que no se pueda consignar caución ante el Tribunal Arbitral o judicial extranjero y se haya secuestrado en Panamá algún bien del demandado, el Tribunal Marítimo suspenderá la tramitación del proceso hasta tanto el Tribunal extranjero haya dictado su fallo y mantendrá el bien secuestrado, o la caución que lo sustituya, a órdenes de dicho Tribunal. Los Tribunales Marítimos mantendrán en todo momento competencia para conocer y decidir peticiones relacionadas con las cauciones ante ellos consignadas. Las disposiciones de esta Ley sobre secuestro de bienes serán aplicables en cuanto no pugnen con lo que dispone este artículo. Una causa declinada podrá ser reasumida cuando se demuestre que el Tribunal extranjero no resolvió la controversia, o que se incumplió alguna de las condiciones impuestas por el juez al momento de declinar la competencia. Para su ejecución, la sentencia extranjera no requiere exequátur siempre que el peticionario acompañe copia auténtica y legalizada de esta. Los Tribunales Marítimos deberán siempre declinar el conocimiento de una causa, cuando una de las partes acredite la existencia de un acuerdo previo de someter la controversia a un Tribunal Arbitral dentro de la República de Panamá o que, con posterioridad al surgimiento de las diferencias entre las partes, estas acuerden someterlas a la decisión de dicho Tribunal Arbitral. Artículo 17. El artículo 21 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 21. Los conflictos relativos a la jurisdicción o a la competencia, que surjan entre dos Tribunales Marít imos, serán resueltos por el Tribunal de Apelaciones Marítimas. Para este efecto, cualesquiera de los Tribunales Marítimos envueltos en el conflicto remitirá, de oficio o a solicitud de parte, al Tribunal de Apelaciones Marítimas la actuación correspondiente, a fin de que se resuelva por lo que conste en autos o bien con audiencia de las partes, dentro de un término de diez días. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 18. El artículo 24 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 24. Los juicios marítimos serán de doble instancia y admitirán el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones Marítimas, de acuerdo con lo que al efecto dispone esta Ley. Luego de la sustentación escrita del recurso de apelación y de su oposición, el Tribunal de Apelaciones Marítimas convocará a las partes a audiencia con el fin de recibir de ellas un alegato oral. Artículo 19. El artículo 30 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 30. El Código Judicial solo será aplicable cuando las disposiciones de esta Ley no regulen, de manera específica, una determinada situación. Artículo 20. El artículo 48 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 48. La solicitud de integración de litisconsortes se tramitará de acuerdo con el Capítulo V de este Título, y deberá ser presentada dentro de los términos establecidos en esta Ley salvo que, al momento de la presentación de la demanda, al solicitante se le hubiera hecho imposible conocer la existencia del litisconsorte o los litisconsortes y su vinculación con la causa. Artículo 21. El artículo 59 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 59. Hasta cuarenta y cinco días antes de la fecha de celebración de la audiencia preliminar, toda demanda o incidencia puede ser aclarada, corregida, enmendada o adicionada con nuevas pretensiones, demandantes o demandados. También se puede sustituir o eliminar alguno de los anteriores, variar, ampliar o reducir las pretensiones o los hechos e incorporar nuevos documentos. En estos casos, el juez nuevamente dará traslado por el término ordinario. En caso de que la parte demandada haya contestado la demanda, el demandante solo podrá hacer uso de esta facultad, por una sola vez, hasta el término señalado en el párrafo anterior. Las correcciones que se presenten a las peticiones o incidencias deberán cumplir con lo preceptuado en el artículo 105 de la presente Ley. Artículo 22. El artículo 61 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 61. Propuesta una demanda no podrá iniciarse un nuevo juicio entre las mismas partes sobre el mismo objeto y los mismos hechos, cualquiera sea la vía que se elija, y mientras esté pendiente la primera. La litispendencia, fundada en juicio instaurado en Tribunal Judicial o Arbitral extranjero, podrá alegarse en los Tribunales Marítimos de Panamá, cuando concurran las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior de este artículo y se haya dado cumplimiento a las medidas de protección dictadas por el Tribunal Marítimo, confo rme lo establecido en esta Ley. Comprobada la existencia del juicio instaurado en Tribunal extranjero, el juez ordenará la suspensión del proceso pendiente del resultado de aquel. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 23. Se adiciona el artículo 62-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 62-A. Toda contestación de demanda podrá ser aclarada, corregida, enmendada o adicionada con nuevas excepciones e incorporar nuevos docume ntos, hasta cuarenta y cinco días antes de la fecha de celebración de la audiencia preliminar. Artículo 24. El artículo 63 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 63. El demandado puede, si tiene algún derecho que hacer valer contra uno o varios de los demandantes, promover contra este o estos demanda de reconvención, siempre que sea competente el mismo juez y pueda tramitarse dentro del mismo juicio. La reconvención deberá promoverse, en escrito separado, antes del vencimiento del término de contestació n de la demanda. La demanda en reconvención solo podrá ser corregida antes de ser contestada. El término para contestar la demanda en reconvención será de treinta días siguientes a su notificación. Artículo 25. El artículo 78 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 78. Las excepciones serán resueltas en la sentencia, salvo las de previo y especial pronunciamiento o aquellas que las partes consideren indispensables para la continuación del juicio y en atención al principio de economía procesal, siempre que lo soliciten dentro de los términos y según los trámites de las peticiones. Artículo 26. El artículo 79 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 79. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento y los incidentes de nulidad, declinación de competencia y de determinación de la ley sustantiva aplicable a la causa propuesta en la demanda podrán aducirse todas en un solo escrito, y serán sustanciadas en una sola audiencia y decididas mediante un único auto, previo cumplimiento del trámite establecido en el artículo 108 de esta Ley. La apelación de este auto será en el efecto suspensivo. Artículo 27. El artículo 80 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 80. Las excepciones de cosa juzgada, prescripción, caducidad de la instancia, falta de legitimació n activa o pasiva, transacción y desistimiento del derecho de acción, cuando este desistimiento tenga como consecuencia la extinción de la acción, se resolverán como excepciones de previo y especial pronunciamiento. En igual tramitación se surtirán todas las incidencias que las partes acuerden. Artículo 28. El artículo 107 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 107. El proponente presentará al Tribunal el escrito en que promueva la petición y la notificará a la contraparte entregándole copia de esta, para que la conteste dentro del término de cinco días. Una vez recibida la petición y vencido el término de oposición, el Tribunal, de haber pruebas que practicar, citará a las partes a audiencia especial en un plazo que no ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 excederá de diez días. La audiencia no concluirá hasta que todas las pruebas admitidas hayan sido practicadas. Contestada o no la petición, cuando el punto sea de puro derecho, o concluida la audiencia especial u ordinaria correspondiente, el Tribunal resolverá desde los estrados en un plazo que no excederá de treinta días. Artículo 29. El artículo 109 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 109. Cuando la petición se promueva en la audiencia ordinaria se resolverá con las pruebas que consten en el expediente, presentadas de conformidad con el artículo 500. Artículo 30. El artículo 114 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 114. Dos o más juicios iniciados ante los Tribunales Marítimos podrán ser acumulados, a instancia de parte o de oficio, por el juez, siempre que todos los procesos objeto de la acumulación se encuentren en primera instancia. El Tribunal que aprehendió el conocimiento de la primera de las causas conocerá de las posteriores cuya acumulación ha sido ordenada. La solicitud de acumulación de procesos solo podrá presentarse hasta antes de los sesenta días previos a la celebración de la audiencia ordinaria programada, dentro del proceso en el cual se solicita la acumulación. Cuando las causas objeto de la petición de acumulación se encuentren radicadas en distintos Trib unales Marítimos, el juez que conoce de la primera de las causas le requerirá el expediente o los expedientes de las causas a acumular al juez que esté conociendo de esta o de estas. Artículo 31. El artículo 115 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 115. Pueden acumularse dos o más procesos en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando los juicios tengan en común dos de los siguientes elementos: las partes, la causa de pedir y la cosa o bien pedido, o cuando se sigan dos o más juicios en los cuales se persiguen unos mismos bienes. 2. In rem e in personam, cuando se reúnan los requisitos antes indicados; sin embargo, en estos casos no se requerirá la identidad de partes, siempre que se acredite la identidad de las causas de pedir y que estas se fundamenten básicamente en los mismos hechos. Artículo 32. El artículo 130 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 130. El juez que conozca de un proceso y, antes de dictar una resolución o de fallar, observe que se ha incurrido en alguna causal de nulidad que sea convalidable mandará que ella se ponga en conocimiento de las partes para, dentro de los tres días siguientes a su notificación, pedir la anulación de lo actuado. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 33. El artículo 150 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 150. El juez en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 147 debe manifestarse impedido para conocer el proceso, dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo ante su superior el hecho que constituya la causal. Recibido el expediente por el Tribunal al que corresponde la calificación, este decidirá dentro de los tres días siguientes si es legal o no el impedimento. En el primer caso, declarará separado del conocimiento al juez impedido y se procederá lo conducente a la prosecución del proceso; en el segundo caso, se le devolverá el expediente para que siga conociendo de él. Conocerá del impedimento del juez del Tribunal de Apelaciones Marítimas. Artículo 34. El artículo 161 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 161. Los Magistrados del Tribunal de Apelaciones Marítimas y los jueces de los Tribunales Marítimos, el secretario y los asistentes podrán asimismo declararse impedidos o ser recusados en las actuaciones consecuenciales posteriores a la sentencia o auto, pero solo por causas sobrevinientes y mientras no se haya dictado la resolución final que corresponda. Esta restricción no se aplica a los jueces que sustituyen a los que dictaron la sentencia o auto en cuestión, en contra de los cuales también podrá invo carse cualquier motivo anterior de recusación. Artículo 35. El artículo 162 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 162. Lo dispuesto en este Capítulo sobre impedimentos y recusaciones de los jueces de los Tribunales Marítimos es aplicable también a sus suplentes, asistentes y a los secretarios. Del incidente de recusación de un secretario conocerá el Tribunal jerárquicamente superior, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 152. Artículo 36. El artículo 164 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 164. El secuestro decretado por los Tribunales Marítimos tendrá por finalidad: 1. Evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, empeore, grave o disipe bienes susceptibles de tal medida. 2. Adscribir, a la competencia de los Tribunales Marítimos panameños, el conocimiento de las causas que surjan fuera del territorio nacional, como consecuencia de hechos o actos relacionados con la navegación cuando el demandado esté fuera de su jurisdicción, y en las causas que surjan dentro del territorio nacional cuando el demandante opte por secuestrar un bien del demandado con el fin de notificarlo de la demanda. En ambos casos, el secuestro constituido conforme a lo previsto en este numeral surtirá los efectos de la notificació n personal de la demanda; sin embargo, el demandante deberá, además, cumplir con el trámite establecido en el segundo párrafo del artículo 402. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Se considera que el demandado está fuera de la jurisdicción panameña cuando su domicilio efectivo y real de negocios esté fuera de la República de Panamá, aun cuando la sociedad sea panameña o siendo extranjera esté registrada en Panamá, o tenga sucursale s o empresas filiales en Panamá, o que la nave esté registrada en Panamá. 3. Aprehender materialmente bienes susceptibles de secuestro para hacer efectivos créditos marítimos privilegiados, gravámenes marítimos o cualquier crédito que, según el Derecho aplicable a la causa, permita dirigir la demanda directamente contra estos. El secuestro surtirá los efectos de notificación personal sobre el bien demandado. Artículo 37. El artículo 165 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 165. La petición de secuestro podrá formalizarse con el libelo de la demanda o mediante escrito presentado durante el proceso, y en ella se hará constar la información que tenga el peticionario en cuanto a lugar, fecha y hora en que puede hacerse efectivo el secuestro, si este va dirigido contra una nave, su carga, flete o combustible. En el evento de secuestros decretados con posterioridad al inicio del proceso o con posterioridad a la comparecencia de la parte demandada, la práctica y finalidad del secuestro se analizará y tramitará como si hubiera sido presentado con la demanda. En este caso, mientras no se haya ejecutado el secuestro, este se tramitará en cuaderno separado, el cual se adjuntará al principal una vez concluya dicha diligencia. En ninguno de los casos del artículo anterior, los defectos de forma de que adole zca la demanda impedirán la ejecución del secuestro, ni constituirán causa que autorice su levantamiento, siempre que se exprese con suficiente claridad y precisión la naturaleza de la petición del demandante y la garantía correspondiente en caso de poder ser determinada por el interesado. Artículo 38. El artículo 168 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 168. El secuestro procederá sin audiencia del demandado, una vez el secretario del Tribunal admita la suficiencia de la caución, se constituya la garantía ofrecida y se reciban los gastos exigidos por el alguacil, así: 1. El alguacil del Tribunal se trasladará al lugar donde se encuentren los bienes y, de inmediato, notificará la orden del secuestro a la persona encargada de su mando y custodia. En caso del secue stro de carga ubicada en puerto que no esté a bordo de una nave, se entenderá que la persona encargada de su custodia es la autoridad aduanera o portuaria correspondiente. 2. El alguacil fijará la orden de secuestro en el puente de mando de la nave por todo el tiempo que este sea efectivo, cuando la nave, su carga o su combustible sean objeto del secuestro. 3. Cuando el objeto del secuestro sea carga que no se encuentre a bordo de una nave, la orden de secuestro se fijará sobre esta en la medida en que ello sea posible. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 4. Si se secuestraran naves u otros bienes inscritos en el Registro Público, el secretario del Tribunal le comunicará al funcionario registrador la orden de que haga la anotación marginal correspondiente y de que se abstenga de registrar cualquier operación que haya verificado o verifique el demandado con posteridad a la constitución del secuestro. Tal operación y la inscripción que de ella se haga con posterioridad a ese momento, a pesar de la prevención, será nula. El auto de secuestro deberá ser firmado por el juez o, en su defecto, por el secretario del Tribunal certificando la autenticidad de dicha orden emanada del juez. La orden de ejecución del secuestro deberá comunicarse, además, por medios electrónicos de transmisión de documentos al administrador del puerto donde arribará o haya arribado la nave, cua ndo el secuestro no se haga en el domicilio del Tribunal, y el administrador se constituirá en depositario temporal hasta tanto el alguacil tome posesión del bien secuestrado. Artículo 39. El artículo 169 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 169. El alguacil del Tribunal podrá requerir la participación de unidades de la policía nacional o del servicio aéreo o marítimo para asegurar la práctica en forma ordenada y efectuar el secuestro, y podrá utilizar los medios necesarios para cumplir y hacer cumplir sus órdenes, incluyendo la obtención de la asistencia de autoridades administrativas y concesionarios de servicios públicos del Estado. En ningún caso estos últimos podrán negar al alguacil y a sus acompañantes el acceso a instalaciones del Estado que sean operadas en concesión por administradores o empresas privadas, públicas o mixtas. El juez podrá ordenar, en el auto de secuestro, el apremio corporal a personas que impidan al alguacil la ejecución de las funciones preceptuadas en esta Ley, conforme a lo dispuesto en su artículo 608. Artículo 40. El artículo 174 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 174. El alguacil del Tribunal será el depositario de los bienes objeto del secuestro y, además de las obligaciones generales de los depositarios, tendrá de manera especial las siguientes: 1. Cuidar de la conservación de los bienes secuestrados. 2. Informar cuando el saldo de la custodia y el mantenimiento de un secuestro disminuyan de los mil balboas (B/.1,000.00) que establece el artículo 168. 3. Velar por que se haga la repatriación de los oficiales y tripulantes que así lo exijan por escrito, mediante memorial dirigido al juez de la causa, cuando el bien secuestrado sea una nave. 4. Tomar todas las medidas necesarias para la protección y conservación efectiva del bien secuestrado. 5. Llevar razón puntual y diaria de todas las sumas que reciba y de los gastos en que incurra. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ Error : Bad color G.O. 26211 6. Rendir al Tribunal cuenta de su gestión una vez por semana y, además, siempre que este se lo ordene de oficio o a solicitud de parte. Lo anterior no es impedimento para que el juez, a petición del alguacil, ordene la contratación por escrito de un tercero como depositario especial cuando se requiera de instalaciones especiales para la custodia y/o mantenimiento de los bienes secuestrados, en cuyo caso los honorarios y gastos del tercero serán considerados como gastos de secuestro, custodia y mantenimiento de la carga, los cuales correrán por cuenta del secuestrante, sin que tal depósito especial releve al alguacil de sus deberes legales de depositario. Los gastos de conservación y custodia del bien secuestrado corresponden exclusivamente a aquellas erogaciones estrictamente necesarias para la adecuada preservación del bien. En ningún caso tales gastos implican la sustitución del demandado en sus obligaciones como propietario o armador, y el juez y las partes deberán supervisar detalladamente que no se incurra en gastos superfluos o innecesarios. Artículo 41. El artículo 177 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 177. Si la cosa secuestrada es perecedera o puede dañarse y sufrir merma o deterioro, o ha permanecido bajo secuestro por más de treinta días, o cuando sus gastos de custodia y mantenimiento sean de tal magnitud que la venta o el valor del bien no los cubra, el alguacil, previa autorización del Tribunal y con audiencia de las partes, procederá a enajenarla en subasta pública y a depositar, en el Banco Nacional de Panamá, el producto de la venta en una cuenta especial destinada para tal fin, la cual generará los intereses que pague dicha institución para depósitos a plazo fijo con vencimiento a treinta días renovables. En todo caso, si el propietario del bien secuestrado no contesta la demanda, luego de haber sido notificado de ella, se procederá a petición de parte y sin mayor trámite a la venta judicial del bien, sin perjuicio del derecho de comparecencia posterior del demandado. Artículo 42. El artículo 180 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 180. Una vez practicado el secuestro, este se levantará en los siguientes casos: 1. Cuando el demandado presente caución de las contempladas en el artículo 100 de esta Ley, para responder por la suma que cubre lo demandado y por las costas que fije el Tribunal. 2. Cuando el secuestrante así lo solicite al Tribunal en cualquier tiempo. En estos casos, la parte demandada podrá demandar la determinación de perjuicios por razón del secuestro, lo cual será dirimido por el juzgador de acuerdo con las normas de procedimiento. 3. A petición del alguacil y con audiencia del demandante, cuando este, su representante o apoderado haya sido comunicado por escrito por el alguacil, para que le suministre fondos adicionales con el objeto de hacerles frente a los gastos que demande la custodia y conservación del bien secuestrado y el demandante se ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 niegue a hacerlo o no lo haga dentro de los cinco días siguientes al requerimiento que, en todo caso, se entenderá efectuado con fijación de aviso escrito en el domicilio del secuestrante o su apoderado. 4. Cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten. Artículo 43. El artículo 183 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 183. El Tribunal, a petición del demandado o de tercero interesado en la liberación del bien o los bienes secuestrados, fijará el monto de la caución en una suma suficiente para cubrir la cuantía de la demanda más tres años de intereses, costas de acuerdo con la tarifa judicial vigente y gastos, suma que no excederá el valor del mercado del bien secuestrado. El valor del bien secuestrado se fijará en peritaje practicado conforme a las disposiciones de esta Ley. No procederá el peritaje para fijar el valor del bien secuestrado cuando el demandado o tercero interesado manifieste, en su solicitud de levantamiento del secuestro, que está dispuesto a constituir caución por la cuantía de la demanda, más las sumas que fije el juez en concepto de intereses, costas y gastos. En este caso, el juez procederá a fijar los intereses, las costas y los gastos, y ordenará el levantamiento cuando haya sido constituida caución por la cuantía de la demanda y por las sumas que haya fijado en concepto de intereses, costas y gastos. La caución consignada para la liberación de bienes secuestrados como consecuencia de acciones derivadas de créditos marítimos privilegiados extingue el privilegio que corresponda a la obligación que originó el secuestro. Artículo 44. El artículo 185 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 185. Quien por error, culpa, ne gligencia o mala fe secuestre un bien o bienes que no pertenezcan al demandado o en contravención de un acuerdo previo y expreso entre las partes de no secuestrar, o quien solicite un secuestro para la ejecución de un crédito marítimo privilegiado o in rem extinguido o inexistente será responsable por los daños y perjuicios causados, así como por el pago de los gastos y costas emergentes de tal acción. La determinación de la responsabilidad del demandante y el monto de los daños y perjuicios causados a la parte agraviada serán de competencia del Tribunal que decretó el secuestro, el cual resolverá de acuerdo con lo probado en el correspondiente proceso. Artículo 45. El artículo 186 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 186. Cuando se secuestre un bien o bienes en las circunstancias de que trata el artículo anterior, el propietario o quien tenga la administración o custodia del bien o los bienes podrá solicitar al Tribunal Marítimo el apremio del secuestrante para que comparezca, en el término de la distancia, a justificar que el secuestro era procedente al momento de ser decretado. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 46. El artículo 187 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 187. La parte que solicite el apremio de que trata el artículo anterior deberá acompañar, con su escrito, prueba fehaciente de que el secuestro es improcedente. Se entiende como prueba fehaciente, para los efectos de esta disposición, la que demuestre que el secuestro se ha practicado sobre bienes distintos de los demandados, o que no pertenecen al demandado, o sobre los cuales está extinguido o es inexistente el crédito marítimo privilegiado o in rem, o que el secuestro se ha solicitado en contravención de un acuerdo previo y expreso entre las partes de no secuestrar, según sea el caso. La petición de apremio será dada en traslado al secuestrante, conforme lo dispone el artículo 405, previa la presentación de esta al Tribunal. En todo caso, la petición de apremio deberá presentarse antes o simultáneamente con el levantamiento del secuestro, mediante la consignación de la fianza respectiva. El juez dará trámite a la petición de apremio aun después de levantado el secuestro. Artículo 47. El artículo 188 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 188. El recurso será acogido si está acompañado de la prueba de que trata el artículo anterior y estará sujeto a la tramitación correspondiente a los incidentes y a las siguientes normas especiales: 1. Acogido el recurso, el Tribunal notificará al secuestrante, a su apoderado o al gestor oficioso, apremiándolo a que, en el término de la distancia, comparezca ante el Tribunal. Dicha notificación se realizará personalmente o dejando copia de la resolución en la oficina del secuestrante, a su apoderado o al gestor oficioso, con acuse de recibo. 2. En la audiencia, el juez valorará las pruebas presentadas por las partes y las que se presenten al inicio de la audiencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206 a 225, y en el evento de considerar que el secuestro era improcedente al momento de ser decretado ordenará al alguacil el levantamiento inmediato de este. En caso de que exista una medida cautelar vigente sobre una caución que sustituya el bien secuestrado u originalmente a secuestrarse, el Tribunal la devolverá inmediatamente al secuestrado. 3. La parte que resulte fallida en su pretensión será condenada en costas que incluirán los perjuicios que su acción haya producido. Artículo 48. El artículo 189 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 189. La presentación de un amparo de garantías constitucionales o de una advertencia de inconstitucionalidad en ningún caso producirá, durante la tramitación del recurso, la suspensión provisional del acto u orden de secuestro de que trata este Capítulo. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 49. El artículo 190 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 190. El secuestro para la ejecución de créditos marítimos privilegiados y créditos marítimos in rem sobre la nave, la carga, el flete o la combinación de estos se tramitará conforme a las normas especiales establecidas en este Capítulo. Artículo 50. El artículo 192 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 192. El levantamiento de secuestros decretados para la ejecución de créditos privilegiados o in rem como resultado de la consignación de la correspondiente caución tendrá el efecto de liberar el bien secuestrado del gravamen que pesa sobre él en virtud del crédito que dio origen al secuestro. Cuando la caución consignada deje de tener validez por cualquier razón, el demandante podrá solicitar al Tribunal que ordene al demandado su sustitución por otra válida, para lo cual se le concederá un término razonable a juicio del Tribunal y, en su defecto, se ordenará nuevamente el secuestro. Artículo 51. El artículo 203 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 203. Además de los casos regulados, la persona a quien asista un motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este sufrirá un peligro inmediato o irreparable, puede pedir al juez las medidas conservativas o de protección más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará su petición acompañando la prueba sumaria y, además, la correspondiente fianza de daños y perjuicios, la cual en ningún caso será menor de US$1,000 ni mayor de US$50,000. En casos de prohibición de enajenar o gravar naves u otros bienes, la fianza no será menor de US$10,000. La petición se tramitará y decidirá en lo conducente de acuerdo con las reglas de este Capítulo. Artículo 52. El artículo 225 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 225. A menos que el juez haya fijado limitaciones, cualquier parte puede exigir a las otras que le suministren o muestren información, cosas o documentos en relación con cualquier asunto, no sujeto a secreto profesional, que sea conducente en cuanto a lo que es objeto del litigio y que se relacione con la reclamación o defensa de cualq uier parte, incluyendo la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y ubicación de cualesquiera libros, documentos u otros objetos, y la identificación y ubicación de personas que tengan conocimiento de cualquier asunto sujeto a ser revelado. El término para el suministro de documentos será de cuarenta y cinco días siguientes al recibo de la petición, sin necesidad de intervención del Tribunal ni de edicto alguno. El juez estará facultado para imponer multas de hasta mil balboas (B/.1,000.00) a la parte que no conteste. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 53. El artículo 278 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 278. Cada asunto sobre el cual se pida una aceptación debe ser indicado por separado. El hecho, la afirmación o la autenticidad del documento se tend rá por admitido a menos que la parte a quien se haya formulado la solicitud entregue al peticionario una contestación u objeción escrita a lo solicitado, firmada por la parte o su abogado, dentro del término de treinta días de recibida copia de la solicitud, sin intervención del Tribunal ni necesidad de edicto alguno. Si se formula objeción, esta debe expresar su fundamento. La contestación debe negar específicamente la veracidad de lo afirmado o la autenticidad de un documento, o exponer en detalle las razones por las cuales la parte no puede contestar afirmativa o negativamente. El juez ponderará estas razones y, de no encontrarlas justificadas, ordenará inmediatamente a la parte que conteste afirmativa o negativamente. De no hacerlo, la parte será condenada en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 de esta Ley. La parte que contesta no puede dar como razón la falta de conocimiento o de información como excusa para no admitir o negar, a menos que manifieste bajo juramento que ha hecho una investigación razonable y que la información o conocimiento de que dispone no es suficiente para admitir o negar. La solicitud de que trata el artículo anterior no puede ser objetada por la sola razón de que plantea una controversia que debe ser debatida en la audiencia. La parte puede negar el asunto o exponer las razones por las cuales no puede admitirlo o negarlo. Artículo 54. El artículo 371 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 371. Cuando para conocer, apreciar o evaluar algún dato o hecho de influencia en el proceso, de carácter científico, técnico, artístico o práctico, que requiera conocimientos especializados o que no pertenezcan a la experiencia común ni a la formación específica exigida al juez, se oirá el concepto de peritos. El juez, aunque no lo pidan las partes, puede hacerse asistir por uno o más peritos cuando no esté en condiciones de apreciar por sí mismo los elementos de la diligencia, cuestión, acto o litigio. En los casos de abordaje, colisiones, incendio, explosión, contaminación, hundimiento, encalladuras y varamientos, el juez siempre requerirá la asistencia de peritos, dando preferencia a los que estén al servicio del Estado, y sus honorarios serán sufragados en forma equitativa por las partes. Si las partes acuerdan la escogencia de un solo perito se prescindirá de la escogencia del perito del Tribunal. Los honorarios serán tasados en base a las horas de trabajo invertidas, para lo cual el perito deberá presentar un informe detallado del tiempo trabajado para la aprobación del Tribunal. El valor de las horas será fijado por el Tribunal de acuerdo con los usos y las costumbres o tomando como referencia las tarifas de honorarios aprobadas por gremios profesionales existentes en el país. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 55. El artículo 372 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 372. Se entiende por perito la persona conocidamente hábil e instruida en la ciencia, arte o materia a que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su concepto. Siempre que los hubiera, serán preferidos los expertos que se acrediten como tales. Artículo 56. El artículo 398 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 398. Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por medio de edictos, salvo en los casos que más adelante se expresan. El edicto contendrá la expresión del juicio en que ha de hacerse la notificación, la fecha, la parte resolutiva que haya de notificarse y la fecha de su fijación. El edicto, como regla general, será fijado en lugar visible del recinto del Tribunal por el secretario o por quien este designe mediante escrito, por un plazo de cinco días y la notificación surtirá efectos desde la fecha y hora en que sea desfijado por el secretario del Tribunal o por quien este designe. En todo caso, el edicto, una vez desfijado, será agregado al expediente con expresión del día y la hora de su fijación y desfijación. Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a esta en escrito suyo o en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a dicha resolución, la manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal. El apoderado que desee examinar un expediente y tenga pendiente alguna notificación personal que directamente le atañe a él deberá previamente notificarse de la respectiva resolución. En este caso, el secretario le requerirá que se notifique y, si no lo hiciera, dejará constancia de ello en el expediente, con expresión de la resolución pendiente de notificación, y procederá a hacerla por edicto en los estrados del Tribunal. Este procedimiento se seguirá en cualquier caso en que el apoderado evada una notificación personal sobre la cual le haya hecho requerimiento el secretario. Artículo 57. El artículo 399 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 399. Las siguientes resoluciones se notificarán personalmente: 1. La resolución en que se ordene la notificación de la demanda, la corrección de la demanda, la reconvención, la citación de terceros, el auto que decrete la acumulación y el auto que decrete la integración de terceros al proceso. 2. La resolución en que se cite a una persona para ser requerida de pago o para reconocer un documento, o para ser notificada de una cesión de crédito que haya de hacerse a un tercero que no forme parte del proceso. 3. La primera resolución que se dicte en un proceso que haya estado paralizado por treinta días. 4. El auto que decrete la suspensión de toda operación, innovación o transacción relacionada con la cosa demandada y el que contenga una orden de hacer o no hacer. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ Error : Bad color G.O. 26211 5. La citación al deudor y a los acreedores residentes en el lugar del juicio, en los concursos de acreedores. 6. La sentencia de primera instancia. 7. Las demás resoluciones que expresamente ordene esta Ley. La notificación personal de las resoluciones antes señaladas se hará entregando copia de esta a la parte o a su representante o apoderado, de lo cual se dejará constancia en el expediente. Cualquier actuación del demandado o su apoderado debidamente acreditado y constituido, incluyendo la comparecencia a juicio a efecto de presentar poder especial o general o realizar gestión o petición alguna o actuar como gestor oficioso, tendrá el efecto de considerarse como notificación personal de la resolución que ordena la no tificación de la demanda. Artículo 58. El artículo 400 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 400. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en caso de que sea necesario notificar a personas que no son parte o no hayan comparecido al proceso, si estas no concurren a recibir la notificación dentro de cinco días contados desde la fecha de expedición de la respectiva resolución, esta se hará por edicto de la manera que establece el artículo 398 y, además, se publicará copia del edicto por una sola vez en un diario de circulación nacional. En estos casos, los cinco días de que trata dicho artículo, para que se entienda notificada la resolución, se contarán a partir del día siguiente a la fecha de la publicación. Sin embargo, cuando haya que dar traslado de la demanda y sea de conocimiento del Tribunal que el demandado está domiciliado en el extranjero, el Tribunal ordenará la publicación de una certificación de presentación de la demanda en un diario de circulación nacional en Panamá y ordenará el traslado, el cual se hará por conducto de abogado idóneo en el domicilio del demandado o de su apoderado, según sea el caso. Una vez entregados los documentos objeto del traslado, el abogado comisionado rendirá declaración jurada ante Notario Público en dicho lugar a efecto de hacer constar su condición de abogado y que le ha hecho entrega de los documentos correspondientes a una persona responsable en el domicilio del demandado o de su apoderado. Dicha declaración, junto con la copia de los documentos entregados, se le enviará al Tribunal por correo recomendado, servicio particular de encomienda o a través de los apoderados de la demandante. La firma del Notario deberá ser autenticada por el Cónsul de Panamá o, a falta de este, por el de una nación amiga o autenticada mediante apostilla. El término correspondiente correrá desde la fecha de presentación de la declaración jurada ante el Tribunal. Para estos efectos, se entiende por domicilio el lugar en que el demandado o su respectivo apoderado mantiene una oficina de administración de sus asuntos o, de no tenerla, su hogar o lugar habitual de residencia. Todas las notificaciones de que trata el presente artículo surtirán efectos como si hubieran sido hechas personalmente. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Los documentos que sea preciso entregar a la parte afectada o a su apoderado en el acto de la notificación serán enviados por correo recomendado, servicio particular de encomienda, con aviso de recibo a su dirección, o, en su defecto, por fax o correo electrónico a la dirección de su oficina de administración u hogar o lugar habitual de su residencia, agregándose al expediente el recibo de entrega de la respectiva administración de correos, servicio particular de encomienda o copia del envío electrónico realizado simultáneamente al Tribunal. Artículo 59. El artículo 402 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 402. En los procesos en los que exista medida cautelar ejecutada en contra de una nave, carga o flete o combinación de estos, las notificaciones se tendrán por hechas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de esta Ley. Artículo 60. El artículo 404 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 404. La sentencia definitiva, una vez ejecutoriada, produce los efectos de cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada hubiera: 1. Identidad jurídica de las partes. 2. Identidad de la cosa u objeto. 3. Identidad de la causa o razón de pedir. Se entiende que hay identidad jurídica de las partes si estas en el segundo pleito son los causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o están unidos a ellos por vínculos de solidaridad o de indivisibilidad de las obligaciones entre los que tienen derecho a exigirlas o deben satisfacerlas. Artículo 61. El artículo 419 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 419. Las sentencias finales, laudos arbitrales, sentencias interlocutorias y resoluciones que decreten medidas precautorias, pronunciadas en Estados extranjeros, tendrán en la República de Panamá la fuerza que establezcan los tratados respectivos, previa declaratoria de ejecutabilidad o exequátur, decretada por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. La notificación de la petición de declaratoria de ejecutabilidad se realizará a aquel contra quien se dirija la acción con base en los trámites establecidos en el artículo 400. Mientras esté pendiente dicho trámite, una copia autenticada de la resolución extranjera servirá de base para solicitar medidas cautelares ante los Tribunales Marítimos de Panamá. Artículo 62. El artículo 424 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 424. Los Tribunales Marítimos serán competentes para la ejecución de sentencias, laudos arbitrales, sentencias interlocutorias y resoluciones que decreten medidas precautorias dictadas en país extranjero, una vez sean declaradas ejecutables en Panamá por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 63. El artículo 429 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 429. Son nulos los convenios entre las partes, anteriores al juicio, respecto a las costas y gastos que hayan de imponerse. Artículo 64. El artículo 430 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 430. Las costas comprenden el trabajo en derecho realizado en la gestión total del proceso o sus etapas, ya sea verbal o escrito. Los gastos comprenden aquellas erogaciones hechas por los litigantes en el curso del juicio, tales como: 1. Los gastos que ocasione la práctica de ciertas diligencias, como honorarios de peritos y secuestros, indemnizaciones a los testigos y otros semejantes. 2. El valor de los certificados y copias que aduzcan o lleven al juicio. 3. Cualquier otro gasto que, a juicio del Tribunal, haya sido necesario para la secuela del juicio. Nunca se computarán como gastos las condenas pecuniarias que se hagan a una parte en virtud de apremio o desacato, ni gastos excesivos, superfluos o inútiles. Cuando haya condena en costas y gastos, se tasarán las primeras por el juez, y los gastos detallados en los numerales 1, 2 y 3, por el secretario. Para fijar los honorarios o costas por el trabajo en derecho, el juez tomará en cuenta la gestión de la parte, la importancia y la atención prestada al asunto, la cuantía de este y las circunstancias especiales del lugar. Artículo 65. El artículo 431 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 431. En toda sentencia o auto se condenará en costas y gastos a la parte contra la cual se pronuncie, salvo que a juicio del Tribunal haya litigado con evidente buena fe, sobre lo cual se hará mención expresa tanto en la parte motiva como en la parte resolutiva de la decisión. En caso de evidente buena fe, el Tribunal podrá condenar solo a los gastos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior. No podrá estimarse que hay buena fe, entre otros casos, cuando el juicio se sigue sin que el demandado haya comparecido a este; haya habido necesidad de promover ejecución en contra del deudor para la satisfacción del crédito; cuando el vencido hubiera negado pretensiones evidentes de la demanda o de la contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar aquellas; cuando la parte haya aducido documentos falsos o testigos falsos; cuando no se rindiera ninguna prueba para acreditar los hechos de la demanda o de las excepciones interpuestas, o cuando se advierta ejercicio abusivo del derecho de gestión. También habrá lugar a imperativa imposición de costas cuando se interponga un recurso por una sola de las partes y la resolución respectiva sea substancialmente mantenida o confirmada, cualquiera que sea su clase y naturaleza. Lo mismo es aplicable al que desiste, deja caducar la instancia o permite que se declare desierto cualquier recurso. La condena en costas se hará siempre que medie solicitud al respecto. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Cuando del proceso resulte que la parte no ha dado motivo a la interposición de la demanda, petición o recurso, y se allane dentro del término para contestarlo, el juez podrá, según las circunstancias, reducir las costas al demandado, exonerarlo de estas o imponerle costas al actor. Artículo 66. El artículo 432 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 432. Las costas y los gastos causados por la integración de un tercero al juicio se impondrán siguiendo lo que se decida respecto a la parte principal a que se adhiera, a menos de que el juez estime que debe resolverse en forma distinta por la evidente buena fe de la parte vencida. En los casos de litisconsortes, las costas y los gastos se distribuirán entre ellos salvo que, por la naturaleza de la obligación, correspondie ra la condena solidaria. Cuando el interés de cada uno de ellos representado en el juicio ofreciera considerables diferencias, el juez podrá distribuir las costas y los gastos en proporción a ese interés. Si nada se dispone al respecto, se entenderá que deben distribuirse por partes iguales entre ellos. Artículo 67. El artículo 434 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 434. Si el demandante hubiera pedido más de lo que se le debía, y el demandado tuviera que hacer gastos para defenderse del pago de ese exceso, aquel será condenado al pago de las costas que tal defensa involucre, a menos que haya procedido por un justo motivo de error a juicio del Tribunal, de lo cual se hará mención expresa en la resolución respectiva. En este evento cabe la compensación de costas. El demandado podrá al inicio de la audiencia ordinaria presentar al Tribunal un sobre cerrado que contenga evidencia de un ofrecimiento realizado por escrito, recibido personalmente por el apoderado de la contraparte y realizado antes del plazo de sesenta días previo a la fecha de audiencia ordinaria. El Tribunal hará la apertura del sobre en presencia de las partes luego de dictar sentencia, y en el evento de ser el ofrecimiento igual o mayor que la condena impuesta por el Tribunal, si la hubiera, no se condenará al demandado al pago de las costas y gastos en que incurrió el demandante, sin perjuicio de lo preceptuado en la parte inicial del presente artículo. En los recursos de reconsideración se condenará siempre en costas al recurrente cuando la respectiva resolución sea mantenida. Si las partes terminan el proceso por convenio o transacción, las costas se considerarán compensadas, salvo acuerdo en contrario. Artículo 68. El artículo 435 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 435. Si el proceso se anulara por causa imputable a una de las partes, serán de su cargo las costas y los gastos producidos desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Cuando la culpa no sea exclusivamente de un funcionario determinado porque participe de ella alguna de las partes, la condena en costas y gastos se hará solo a favor de la otra parte y la pagarán a la mitad el funcionario y la parte culpable. Si la nulidad depende de un hecho que no constaba en el expediente, no podrá ser condenado en costas y gastos ningún funcionario, pero si alguna de las partes resultara responsable de la irregularidad se le condenará a pagarlos. Cuando se anule solo parte de un proceso, de modo que este pueda continuar sobre lo no anulado, el funcionario a quien tal nulidad sea imputada no será obligado a pagar el costo de los documentos o las actuaciones que con solo reproducirlos o hacer alusión a ellos pueden surtir sus efectos. Las costas y los gastos que se causen por mala tramitación de los recursos legales son de cargo de los funcionarios culpables, cuando a juicio del Tribunal hayan procedido con negligencia. Cuando se promueva la tasación de costas y gastos a cargo de un funcionario que está conociendo o que ha conocido de un proceso en que ha habido nulidad parcial o total, dicho funcionario estará impedido para conocer de la actuación que se promueva para efectuar la tasación. Artículo 69. El artículo 437 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 437. Cuando el Colegio Nacional de Abogados o alguna asociación forense o profesional especializada de Panamá haya establecido tarifas para gestiones ante los Tribunales Marítimos, el Tribunal tomará dicha tarifa como base para la tasación de las costas por el trabajo en derecho de que trata el artículo 432, y solo podrá el Tribunal alterar dicha tarifa hasta el cuarenta por ciento (40%) al verificar la tasación, según la cuantía del juicio, la naturaleza y complejidad del trabajo realizado y cualquier otra circunstancia especial. Los honorarios de los peritos, curadores, evaluadores, inspectores y demás profesionales serán tasados en consideración al número de horas trabajadas y con base en la tarifa establecida por sus respectivas asociaciones profesionales de Panamá, si las hubiera, o en su ausencia, con base en la fijada para tales fines por el Colegio Nacional de Abogados o alguna asociación forense o profesional especializada de Panamá. Artículo 70. El artículo 438 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 438. El secretario del Tribunal Marítimo hará la liquidación general de todos los gastos que se hayan ocasionado en el curso del juicio. El juez examinará esa liquidación y la aprobará o la rectificará si estuviera errada, pero no podrá variar las tasaciones aprobadas por el superior, salvo en simples errores aritméticos. La resolución que dicte es apelable en el efecto devolutivo. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 71. El artículo 439 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 439. La liquidación de gastos hecha por el secretario y aprobada o modificada por el juez se podrá cobrar unida a la obligación reconocida en la decisión, para hacerlas efectivas bajo una sola ejecución, salvo el trámite contemplado en el artículo 415. Artículo 72. El artículo 481 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 481. El recurso de apelación contra las resoluciones de los Tribunales Marítimos, con jurisdicción en la República, se surtirá ante el Tribunal de Apelaciones Marítimas. El sustanciador tendrá un término hasta de treinta días para presentar el proyecto y el Tribunal decidirá dentro de los sesenta días siguientes al de su presentación. El incumplimiento del término antes señalado será sancionado con multa de cien balboas (B/.100.00) semanales luego de vencido el término. Artículo 73. El artículo 482 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 482. Serán apelables en la forma señalada en el artículo 483, y en el efecto devolutivo, las siguientes resoluciones: 1. Las relativas a medidas precautorias; 2. Las que ordenen la venta de los bienes secuestrados para evitar su deterioro; 3. Las que decreten o nieguen la acumulación de juicios o la integración de reclamaciones; 4. Las que decreten o nieguen una nulidad; 5. Las que decidan sobre costas; 6. Las que decidan una petición formulada por el ejecutante conforme a lo dispuesto en el artículo 417; 7. Las que condenen por desacato a una de las partes o terceristas; 8. Las que decreten o nieguen la intervención de terceros, y 9. Las que decidan sobre la liquidación de gastos. Artículo 74. El artículo 483 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 483. La apelación se concederá siempre en el efecto suspensivo cuando se trate de las siguientes resoluciones: 1. Las que decreten la caducidad de la instancia; 2. Las que nieguen excepciones de previo y especial pronunciamiento; 3. Las que nieguen incidentes de nulidad por falta de jurisdicción o competencia; 4. Las que concedan o nieguen el llamamiento al juicio o la integración de un litisconsorte necesario; 5. Las que concedan o nieguen la solicitud de limitación de responsabilidad; 6. Las que decreten la corrección del proceso; 7. Las que pongan fin al proceso; 8. Las que se pronuncien de forma final sobre el reconocimiento, prelación y pago de los créditos en los casos de concurso de acreedores privilegiados; ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 9. Las que concedan o nieguen la declinatoria de competencia, y 10. Las que decidan sobre la ley sustantiva aplicable a la causa. Artículo 75. Se adiciona el artículo 483-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 483-A. En los casos en que se decrete la caducidad de la instancia, las excepciones de previo y especial pronunciamiento, las incidencias de nulidad, las de declinatoria de competencia y las que le ordenen al demandante el cambio de la ley sustantiva aplicable establecida en su demanda, interpuestas dentro del término previsto por ley, estas deben ser resueltas en un solo auto y serán apelables y sustentadas en un solo recurso y, por tanto, deberán ser resueltas en segunda instancia mediante una sola resolución. Aquellas incidencias y excepciones presentadas con posterioridad a la audiencia preliminar serán resueltas en la sentencia y apeladas con esta. Artículo 76. El artículo 484 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 484. En el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones Marítimas solo podrán discutirse asuntos de derecho. Los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia, salvo en los casos de infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a su apreciación, siempre que tales errores hayan influido sustancialmente en la decisión. Artículo 77. El artículo 485 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 485. La parte que se considere agraviada tiene derecho a apelar en el acto de notificación escrita o dentro de los tres días siguientes, pero deberá sustentar el recurso dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución apelada. Sustentado el recurso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Tribunal Marítimo dictará y notificará la providencia admitiendo el recurso y, en los casos establecidos en el artículo siguiente, fijará el monto de la caución correspondiente. Notificada la providencia a la parte opositora, esta podrá hacer valer sus objeciones en un plazo de quince días. Artículo 78. El artículo 486 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 486. Para cursar la apelación se requerirá la consignación, ante la secretaría del Tribunal Marítimo de primera instancia, de una caución que garantice el pago del monto de la condena más las costas. Para determinar el monto de la caución se considerará la caución consignada para levantar el secuestro o el valor del bie n secuestrado. Dicha caución será consignada dentro de los diez días siguientes a la notificación de la providencia que admita el recurso. Si el apelante no consigna la caución de que trata este artículo, el juez declarará desierto el recurso. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 79. El artículo 487 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 487. Surtido el trámite de que tratan los artículos anteriores, el juez ordenará al secretario que remita los autos al superior. Artículo 80. El artículo 489 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 489. En las apelaciones concedidas en el efecto devolutivo, el Tribunal remitirá al superior el expediente original, dejando en el Tribunal copias de las piezas conducentes del proceso, a fin de continuar su tramitación. Estas copias deberán elaborarse a cargo del apelante, dentro de un término que no excederá en ningún caso de seis días. Transcurrido el término, la contraparte podrá pagarlas y dará lugar a la condena en costas. En las apelaciones concedidas en el efecto suspensivo se le remitirá el expediente original al superior. Recibido el expediente por el Tribunal de Apelaciones Marítimas, el secretario lo repartirá y lo pondrá a disposición del sustanciador dentro de las veinticuatro horas siguientes. El sustanciador fijará la fecha y hora en que las partes deberán concurrir a la audiencia oral para sustentar sus respectivos alegatos, la cual deberá celebrarse dentro de los sesenta días siguientes. Una vez concluida la audiencia oral, el sustanciador tendrá un término hasta de sesenta días para presentar el proyecto y el Tribunal de Apelaciones Marítimas decidirá dentro de los treinta días siguientes al de su presentación. El incumplimiento de cualquiera de los términos antes señalados será sancionado individualmente con multa de cien balboas (B/.100.00) semanales, luego de vencidos los términos. Artículo 81. El artículo 493 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 493. El recurso de revisión procede ante el Tribunal de Apelaciones Marítimas, por los motivos establecidos en el Código Judicial, contra las sentencias ejecutoriadas de los Tribunales Marítimos, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando, aun existiendo el recurso de apelación, este no se haya surtido. Artículo 82. El artículo 494-A de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 494-A. El recurso de hecho procede ante el Tribunal de Apelaciones Marítimas y quedará sujeto a las disposiciones que regulen dicho recurso en el Código Judicial. Artículo 83. El artículo 495 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 495. La demanda se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título III y se notificará entregando al demandado copia de esta en el momento de la notificación para que la conteste en el término de treinta días, de lo cual se dejará constanc ia en el expediente. La providencia que admite la demanda ordenará el traslado de esta y fijará la fecha de la audiencia preliminar a fin de celebrarla a más tardar a los ciento veinte días ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 siguientes a la admisión de la demanda, pero siempre en atención a los términos previstos en los artículos 60, 70 y 541 de la presente Ley. Cuando por razón de surtirse un recurso de apelación de efecto suspensivo la Audiencia Preliminar no se haya podido realizar en la fecha antes fijada, el Tribunal la celebrará dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la providencia que notifica a las partes el reingreso del expediente al Tribunal de primera instancia, la cual deberá ser dictada dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del expediente proveniente del superior. Artículo 84. El artículo 497 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 497. Una vez vencido el término para la contestación de la demanda y resueltas las pretensiones de previo pronunciamiento, el Tribunal procurará, sin menoscabar los derechos de las partes, dar al proceso el impulso necesario con la correspondiente economía procesal y con tal fin requerirá a los apoderados de las partes que comparezcan a una audiencia preliminar para: 1. Instar a que las partes admitan hechos y documentos que hagan necesaria la práctica de determinadas pruebas. 2. Determinar los puntos controvertidos con base en los hechos de la demanda, la contestación, las pruebas y la ley aplicable y los hechos y documentos que las partes acepten durante la audiencia preliminar. 3. Decidir la ley sustantiva aplicable cuando esta sea controvertida por el demandado. 4. Limitar el número de peritos y los puntos sobre los cuales versarán los dictámenes. 5. Señalar la fecha y hora para que las partes, acompañadas de sus testigos y peritos, comparezcan en audiencia ordinaria. No obstante lo anterior, las pruebas documentales, los informes periciales y el número de testigos deberán aportarse al expediente hasta veinte días antes de la fecha de la audiencia ordinaria. Las contrapruebas deberán presentarse hasta cinco días antes de la fecha de la audiencia ordinaria. 6. Determinar otros asuntos cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la tramitación del proceso, como la resolución de peticiones concernientes a pruebas. Artículo 85. El artículo 500 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 500. Presentadas las pruebas de que trata el numeral 5 del artículo 500, el Tribunal dictará proveído fijando la fecha y hora para la comparecencia de testigos y peritos, sin perjuicio de las tachas que se resolverán en el curso de la audiencia o acuerdo de las partes en cuanto al orden de comparecencia. En el curso de las declaraciones de las partes, testigos o peritos, el juez podrá formular a estos los interrogatorios que estime convenientes. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 86. El artículo 501 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 501. Todo lo actuado en las audiencias preliminares, especiales u ordinarias, será grabado y conservado por el Tribunal. El Tribunal deberá entregar a solicitud y costa de las partes copia de la grabación. Las partes de mutuo acuerdo podrán, además, designar a la persona o los medios que estimen convenientes para la transcripción de dicha grabación, incluyendo la traducción de testimonios tomados en idioma extranjero y acordar el término para la presentación de la transcripción. En los demás casos, las transcripciones serán hechas de oficio por el Tribunal y la parte que desee una copia de la grabación o de la transcripción deberá solicitarla al secretario y pagar por ella. Artículo 87. El artículo 502 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 502. El día y la hora señalados se dará comienzo a la audiencia y se observará el siguiente procedimiento: 1. Si alguna de las partes no concurriera a la hora fijada, la audiencia se iniciará con la parte que concurra. 2. Iniciada la audiencia, el juez procurará conciliar las partes. Si una parte propusiera un arreglo y este fuera aceptado por la otra, el avenimiento se hará constar en acta firmada por las partes y el juez. Si el arreglo fuera parcial, el juez llevará adelante el proceso en la parte en que no hubiera arreglo. Si no hubiera conciliación, el juez solicitará al demandado que se pronuncie en cuanto a las objeciones que pueda tener sobre las pruebas y contrapruebas del demandante. Acto seguido, el demandante podrá objetar las pruebas y contrapruebas del demandado. El juez podrá rechazar, en el acto, las que estime manifiestamente inconducentes, reservándose para la sentencia la apreciación de las restantes. 3. Los testigos y peritos deberán estar presentes en el Tribunal al momento de examinarse y lo harán en el orden previamente establecido. 4. Se examinarán, primeramente, los testigos y peritos del demandante y a continuación los del demandado. Al terminar la recepción de la prueba testimonial, el juez practicará, acto continuo, las demás pruebas si fuera posible. En caso contrario, señalará de inmediato, fecha futura para la práctica de estas. 5. Los testigos serán interrogados separadamente de modo que no se enteren de lo dicho por los demás, debiendo el juez decretar careos entre estos en caso de contradicciones sustanciales. Si resultara indispensable un nuevo señalamiento de audiencia, se hará en lo posible para el día o los días inmediatamente siguientes. Artículo 88. El artículo 504 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 504. Al concluir la recepción de pruebas y contrapruebas, el juez solicitará al demandante o al demandado y a los terceros integrados al proceso que procedan, en su ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 orden, a la presentación de alegatos orales, a los cuales puede renunciar cualquiera de las partes. El juez puede fallar al terminar la presentación de los alegatos orales y notificar la sentencia y si no estimara conveniente hacerlo, así lo declarará. De no hacerlo, las partes podrán presentar un resumen escrito y copia electrónica de sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la audiencia. Artículo 89. El artículo 505 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 505. El Tribunal deberá dictar sentencia dentro de los sesenta días siguientes a la presentación del resumen escrito de los alegatos orales o al concluir estos cuando no proceda dicho resumen escrito por haber renunciado a ellos las partes, y el juez estimara conveniente no dictar su fallo de inmediato. El incumplimiento del término antes señalado por parte del juez titular o del juez suplente será sancionado con multa de cincuenta balboas (B/.50.00). Artículo 90. Se adiciona el artículo 506-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 506-A. En casos de abordaje cada parte deberá suministrar a la otra, dentro de los quince días siguientes al vencimiento del término para dar contestación de la demanda, copia de las pólizas de seguro que cubran el riesgo de responsabilidad civil, casco y maquinaria, y coberturas médicas de cada nave, así como su afiliación o membresía a clubes de protección e indemnización. El incumplimiento de lo preceptuado en esta norma será considerado como indicio en contra de la parte que incumple, según lo preceptuado en el artículo 383 de esta Ley. Cuando el demandante en reconvención así lo solicite, el Tribunal ordenará a la compañía aseguradora del demandado en reconvención la consignación de una contragarantía que caucione, conforme al artículo 101, el monto de la cuantía, intereses y costas de la demanda en reconvención, a menos que el límite de su cobertura sea por un monto menor, en cuyo caso la caución se limitará a dicho monto, previa comprobación de este hecha por el juez. No se ordenará al demandante la consignación de contragarantía alguna cuando carezca de seguro de responsabilidad civil o de otros bienes. Artículo 91. El artículo 507 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 507. En casos de abordajes, cada parte podrá requerir a la otra u otras, judicial o extrajudicialmente, la designación de peritos que comprueben las averías sufridas como consecuencia del abordaje y que estimen el monto de las reparaciones y el tiempo que ellas deben consumir. Este peritaje no incidirá en los grados de culpabilidad emergentes del accidente, ni limitará las defensas de las partes en cuanto a los puntos que constituyen su objeto. Los juicios por daños y perjuicios derivados de abordaje se consideran de naturaleza especial, y el juez será asesorado en los aspectos técnicos por peritos propuestos por las partes o designados de oficio, siempre que la índole de las cuestiones planteadas lo exija. Los peritos deberán asistir a los actos probatorios del procedimiento y ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 tendrán facultades para practicar las investigaciones que consideren necesarias, a fin de informar al Tribunal sobre la culpabilidad o culpabilidades pertinentes y sobre el monto de los daños. Para la designación de los peritos, la recepción de sus dictámenes y el pago de sus honorarios se aplicarán las mismas disposiciones aplicables a los peritos designados por las partes. Artículo 92. Se adiciona el artículo 507-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 507-A. Todos los informes periciales, incluyendo el del perito o los peritos designados por el Tribunal, deberán ser entregados por escrito a las partes y al Tribunal, antes de la audiencia ordinaria y dentro de los términos fijados por la ley. En la audiencia, cada perito deberá comparecer personalmente a ratificar su dictamen y a responder a los cuestionamientos de las partes y del Tribunal. Los peritos podrán estar presentes en la audiencia al momento de la exposición y del interrogatorio de otro perito. En caso de requerirlo alguna de las partes el Tribunal ordenará la realización de una diligencia de careo entre los peritos. Artículo 93. El artículo 510 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 510. El proceso seguido contra los capitanes, prácticos o miembros de las tripulaciones por la responsabilidad penal emergente del abordaje no obsta la iniciación o a la tramitación del proceso de indemnización por el mismo hecho, hasta su total terminación por sentencia ejecutoriada. Las conclusiones de la investigación del cónsul, donde lo haya, o de la autoridad marítima o administrativa, o la condena o absolución de cualquiera de los procesados dictada por Tribunal competente no tendrán influencia alguna con respecto a la sentencia que se dicte en el proceso de indemnización por abordaje. Sin embargo, podrán ser aducidas como pruebas documentales, las que serán valoradas de acuerdo con la sana crítica. Artículo 94. El artículo 511 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 511. Al procedimiento especial de abordaje deberán acumularse todos los procesos en los que se ventilen responsabilidades derivadas del mismo hecho, sean sustanciados ante el Tribunal que conozca la causa o ante otros Tribunales Marítimos. Los armadores, al ser demandados por cargadores, pasajeros, oficiales o tripulantes como consecuencia del abordaje, deberán denunciar al Tribunal donde se tramita el proceso, a fin de que dicho juicio sea acumulado al principal en el que se decide la responsabilidad por el abordaje. Si el juicio es sustanciado en Tribunal distinto, este ordenará la inmediata remisión de la causa a favor del Tribunal que conoce del juicio de abordaje declinando su competencia. La sentencia dic tada en el proceso por abordaje hace cosa juzgada en cuanto a la culpabilidad o culpabilidades que en ella se establezcan contra todos los interesados en el hecho. Para que produzca tal efecto, el Tribunal, a solicitud de cualquiera de las partes y antes de la audiencia, dispondrá la publicación de edictos por cinco días ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 consecutivos en un diario de circulación nacional, haciendo saber la existencia del proceso. Siempre que una nave o sus armadores sean demandados por cargadores, pasajeros, oficiales o tripulantes con ocasión de un abordaje en un Tribunal distinto a aquel en que se hubiera iniciado ya un proceso por la misma causa, dicha nave o sus armadores en defecto de la mencionada denuncia, no podrán oponer la sentencia dictada en el proceso de abordaje que los eximiera de responsabilidad. Artículo 95. El artículo 525 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 525. El juicio in rem podrá promoverse para hacer valer o ejecutar un crédito marítimo, cuando la ley sustantiva aplicable permita ejercer un derecho de persecución y/o de prelación contra la nave, carga, flete o combinación de estos, sea bajo la denominación de crédito marítimo privilegiado, acción estatutaria in rem o cualquiera otra denominación. Se podrán demandar en juicio in rem naves distintas a aquellas sobre las cuales se originó la reclamación, cuando el Derecho Sustantivo aplicable lo permita. Artículo 96. El artículo 526 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 526. La demanda que inicie un juicio in rem deberá contener, además de lo dispuesto en el artículo 56, lo siguiente: 1. La expresión de que el proceso es un juicio in rem, encabezando el escrito respectivo. 2. La identificación de la nave, carga o flete o combinación de estos, afectos al crédito marítimo objeto de la demanda, con indicación de que se encuentran o se encontrarán próximamente dentro de la jurisdicción panameña, con expresión de la cuantía que se estima representa el crédito privilegiado. 3. La solicitud de secuestro de los bienes sujetos al crédito marítimo pretendido, cuya ejecución se demanda. Una vez presentada y admitida la demanda, habiéndose constituido el secuestro sobre el bien o los bienes afectos al crédito marítimo demandado, el proceso continuará de conformidad con las normas que regulan el procedimiento ordinario establecido en esta Ley. Artículo 97. El artículo 527 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 527. El juicio por procedimiento mixto podrá promoverse para hacer valer o ejecutar simultáneamente pretensiones in personam y pretensiones in rem, en las que se persigan los mismos bienes, pero la causa de pedir sea diferente. Cuando un mismo hecho genere responsabilidad in rem y responsabilidad in personam la cuantía de la demanda será una sola, de manera que la indemnización por una misma obligación no sea pretendida dos o más veces. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 98. El artículo 528 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 528. Antes de disponer la venta judicial, anticipada o por ejecución, de una nave de bandera panameña, el Tribunal debe solicitar al Registro Público un informe sobre la existencia de hipotecas, gravámenes o embargos que lo graven, y de las prohibiciones decretadas contra su propietario. En los casos de naves de registro extranjero este requisito será obviado. Artículo 99. El artículo 529 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 529. Cuando en el informe mencionado en el artículo anterior conste que el monto total del crédito privilegiado sobre la nave, flete o carga excede el valor de estos bienes o del fondo resultante de la venta judicial, o cuando dicha situación constituya un hecho notorio para el Tribunal derivado de las demandas presentadas en la jurisdicción marítima, el Tribunal deberá: 1. Decretar abierto el concurso de acreedores privilegiados y fijar un edicto en el Tribunal haciendo saber a los interesados la venta ordenada. 2. Disponer la publicación del edicto por cinco días consecutivos en un diario de circulación nacional en Panamá. También deberá fijarse durante diez días en la oficina del Registro Público, en el evento de naves de registro panameño, y en lugar visible en la nave y carga, si fuera del caso y ello fuera posible, haciendo saber el concurso especial decretado sobre estos y convocando a sus acreedores privilegiados, al propietario y, en su caso, al armador al proceso correspondiente. Si la nave tiene menos de diez toneladas la publicación se hará por un día. Transcurridos quince días de la última publicación sin que se formule oposición, o resuelta esta en forma sumaria, puede efectuarse la venta, debiéndose depositar el producto de la venta en el Banco Nacional de Panamá, en una cuenta especial destinada para tal fin, la cual generará los intereses que pague dicha institución para depósitos a plazo fijo con vencimiento a treinta días renovables. Artículo 100. El artículo 530 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 530. Si en el proceso de que trata este Capítulo, los acreedores privilegiados no llegan a un acuerdo respecto a la distribución del precio depositado, el Tribunal dictará dentro de los tres días siguientes una providencia en la cual dispondrá: 1. La designación de un curador encargado de la verificación y graduación de los créditos privilegiados sobre la nave. 2. La fijación de un plazo de veinte días para que los acreedores constituidos en sus respectivos procesos presenten al Tribunal los títulos justificativos para la verificación del carácter privilegiado de sus créditos y de su prelación. Igualmente, se fijará un plazo de cinco días para que los acreedores constituidos puedan presentar sus oposiciones a la verificación del privilegio y prelación de otros créditos. 3. La fijación de la fecha en la cual el curador debe presentar la propuesta de verificación y graduación de créditos privilegiados, que se agregará a los autos ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 para su examen por los interesados. Vencido el término fijado en dicha providencia, el curador rendirá su informe al Tribunal. Artículo 101. Se adiciona el artículo 530-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 530-A. Para ser curador se requerirá haber ejercido el Derecho por, al menos, diez años, poseer estudios de posgrado en Derecho Marítimo o haber litigado ante la jurisdicción marítima por lo menos por cinco años consecutivos y hablar con fluidez el idioma inglés. Se acreditará la práctica profesional durante el lapso antes indicado a través de certificación de los secretarios de los Tribunales Marítimos en las que consten los procesos en los que el interesado ha actuado como abogado. Artículo 102. El artículo 531 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 531. Todo acreedor privilegiado puede impugnar la verificación o la graduación de los créditos privilegiados dentro de los cinco días siguientes a la notificación a las partes del ingreso al expediente del informe del curador. Artículo 103. El artículo 532 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 532. El juez resolverá dentro de los treinta días siguientes a las impugnaciones y decidirá sobre la verificación y la prelación de los privilegios presentada por el curador, sujeto a las mismas sanciones previstas en el artículo 509 para el incumplimiento de los términos. Artículo 104. El artículo 534 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 534. Los acreedores privilegiados cuyos créditos sean aprobados por el juez y los declarados por este admisibles y no impugnados pueden percibir de inmediato el importe respectivo de los fondos depositados en el Tribunal, siempre que el orden de graduación de dichos créditos sea superior al de los que se encuentren en discusión. Artículo 105. El artículo 535 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 535. La apertura del concurso especial de acreedores privilegiados sobre la nave produce los siguientes efectos: 1. Hace exigibles todos los créditos privilegiados, aun los no vencidos, que existan contra la nave, con descuento de los intereses correspondientes al tiempo que falte para el vencimiento. 2. Suspende el curso de los intereses de todos los créditos privilegiados. Artículo 106. El artículo 537 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 537. Notificada la contestación de la demanda y hasta cuarenta y cinco días antes de la celebración de la audiencia preliminar, cualquiera de las partes podrá solicitar, y previo cumplimiento de los requisitos que más adelante se señalan, que se dicte sentencia total o parcial en su favor. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 107. Se adiciona el artículo 537-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 537-A. La solicitud de que trata el artículo anterior se tramitará conforme al artículo 107 de esta Ley. Artículo 108. El artículo 539 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 539. La solicitud de que tratan los artículos anteriores y la contestación a esta deberán estar acompañadas de las declaraciones extrajuicio, de las declaraciones bajo juramento, de las contestaciones a interrogatorios formulados a la parte contraria y de otras pruebas que la parte estime necesarias como fundamento de su petición, a menos que el derecho a lo solicitado surja de la demanda o de la contestación de la demanda. Artículo 109. Se adiciona el Capítulo VI, denominado Proceso de Ejecución de Hipoteca Naval, que comprende el artículo 545-A, al Título V de la Ley 8 de 1982, así: Capítulo VI Proceso de Ejecución de Hipoteca Naval Artículo 545-A. Para ejecutar hipotecas navales, se observarán los trámites contenidos en los artículos 529 y siguientes de la presente Ley, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El acreedor hipotecario deberá presentar prueba documental prima facie del registro de la nave, donde conste la acreencia hipotecaria. Al momento de presentar la demanda, dicha prueba no podrá tener más de treinta días de su emisión. 2. El acreedor hipotecario deberá presentar prueba documental prima facie señalando el saldo adeudado, y el detalle de la determinación de este, junto con la demanda. 3. El término para la contestación de la demanda será de treinta días siguientes a la notificación de la demanda, la cual se surte con la aprehensión física de la nave. 4. El deudor presentará todas sus defensas, incluyendo excepciones de previo y especial pronunciamiento e incidentes de nulidad con la contestación de la demanda. 5. El Tribunal convocará a las partes a una audiencia dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la contestación de la demanda para dirimir la causa. Las partes deberán presentarse acompañadas de todas sus pruebas, 6. Cuando la demanda no sea contestada, se procederá inmediatamente con lo establecido en el párrafo final del artículo 178, y el acreedor hipotecario podrá proceder con lo establecido en el artículo 67 de esta Ley. 7. Dictada la sentencia por el Tribunal de la causa, se procederá de acuerdo con lo preceptuado en el procedimiento ordinario para la notificación, apelación y ejecución de esta, sin perjuicio de la apertura de procedimiento especial de concurso de acreedores privilegiados cuando este proceda. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 110. El artículo 546 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 546. Antes de ordenar la venta judicial de una nave, el Tribunal deberá establecer lo siguiente: 1. Mediante informe contable, el monto de los gastos de secuestro incurridos hasta la fecha más una proyección de los gastos posibles, hasta la finalización del procedimiento de remate y venta judicial de la nave. 2. El valor de mercado de la nave en el mercado internacional mediante el nombramiento de un perito avaluador, a menos que las partes, que estén tramitando procesos que involucren créditos contra la nave o su propietario, hayan escogido dicho perito de común acuerdo. El Tribunal que ordena la realización de un remate emitirá un único auto en el que fijará tres fechas de remate, debiendo mediar entre cada una no menos de cinco días ni más de diez. Dicho auto deberá ser publicado, por lo menos, dos veces por semana, hasta que concluya el procedimiento de remate y venta judicial, en un diario de circulación nacional y en los diarios y otras publicaciones especializadas que las partes consideren oportuno. El remate será realizado por el alguacil en las fechas que fije el Tribunal. De no poder realizarse en la fecha prevista, se realizará en el primer día hábil siguiente. Artículo 111. El artículo 547-A de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 547-A. En todo remate, puede hacerse la venta por las tres cuartas partes del avalúo de la nave. Cuando no concurra quien haga postura de las tres cuartas partes del avalúo, se efectuará el remate en la segunda fecha ya fijada por el Tribunal. En este caso, será postura hábil la que se haga por la mitad del avalúo. Si a pesar de lo dispuesto no se presentara postor, se realizará el remate en la tercera fecha ya fijada por el Tribunal, por la mejor propuesta. En el remate de otros bienes distintos a naves, el Tribunal aplicará este mismo procedimiento. Artículo 112. El artículo 547-B de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 547-B. Excepto en los juicios por acciones in rem o concurso de acreedores privilegiados, si el producto del remate no cubre la deuda y las costas, se mejorará la ejecución con embargo de otros bienes del deudor, siempre que los denuncie el acreedor y se anuncien y rematen de conformidad con la ley. Artículo 113. El artículo 550 de la Le y 8 de 1982 queda así: Artículo 550. Para que una postura sea admisible, el postor deberá consignar el cinco por ciento (5%) del avalúo del bien, excepto en el caso de los ejecutantes, a quienes, por su naturaleza, no se les exigirá dicha consignación. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 El postor a quien se adjudique provisionalmente el bien y que incumpla sus obligaciones perderá la suma consignada, la cual acrecerá los bienes del ejecutado destinados para el pago. Viciado una vez el remate debido a incumplimiento de las obligaciones legales por parte del postor adjudicatario, se exigirá a todos los subsiguientes postores consignar el veinte por ciento (20%) del avalúo dado al bien que se remata, para que su postura sea admisible, excepto en el caso de los ejecutantes a quienes por su naturaleza no se les exigirá dicha consignación. El postor perderá la suma consignada si no pagara de contado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación provisional, el valor de los bienes que se hubieran rematado. Artículo 114. El artículo 551 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 551. El postor a quien no se adjudicara el remate quedará libre de las obligaciones que contrajo para poder hacer postura. La suma consignada le será devuelta inmediatamente. La suma consignada por el postor adjudicatario le será imputada como parte del pago del precio. Artículo 115. El artículo 552 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 552. Solo cuando, al momento del remate, concurriera contra la nave únicamente el crédito reconocido por sentencia ejecutoriada, por no existir otras demandas contra el mismo bien ante la jurisdicción marítima, dicho ejecutante podrá hacer postura por cuenta de su crédito y, en caso de no existir otros postores por suma superior, el Tribunal le adjudicará al propio ejecutante la propiedad de la nave o bien en pago de su acreencia total, incluyendo capital, intereses, costas y gastos, quedando así liberado el ejecutado frente a este crédito. Artículo 116. El artículo 553 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 553. Las sumas recaudadas de la venta judicial de la nave u otro bien serán consignadas en el Tribunal de la causa por el alguacil, y serán depositadas en el Banco Nacional de Panamá, en una cuenta especial destinada para tal fin, la cual generará los intereses que pague dicha institución para depósitos a plazo fijo con vencimiento a treinta días renovables, hasta tanto el Tribunal ordene la distribución de estas. Los intereses devengados acrecentarán el capital a distribuir. Al finalizar el proceso y antes de la distribución del fondo de dichas sumas, se descontarán los gastos incurridos por el alguacil para el mantenimiento de la nave u otro bien, los que se devolverán al secuestrante o a los secuestrantes, previa aprobación del Tribunal con audiencia de las partes que han intervenido en el juicio y otros juicios acumulados, a los cinco días hábiles de la presentación de la cuenta por el alguacil. El alguacil presentará dicha cuenta a más tardar treinta días después de aprobada la venta judicial. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 117. El artículo 557 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 557. Salvo los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá, en cualquier juicio entablado en los Tribunales Marítimos panameños, los derechos y las obligaciones de las partes se determinarán ajustándose a las siguientes normas especiales de Derecho Internacional Privado y, en los casos no contemplados expresamente en este Capítulo, conforme lo dispone el Derecho Común: 1. En cuanto a la tradición y las normas de publicidad de la propiedad de una nave, conforme lo dispongan las leyes del país de su registro. 2. En cuanto a los derechos reales, créditos privilegiados que afecten la nave y su prelación, la ley del país de su registro. 3. En cuanto a los derechos reales y la graduación de créditos privilegiados sobre carga o flete, salvo pacto expreso en contrario, las leyes de la República de Panamá. 4. En cuanto a la extinción de los derechos de acreedores de la nave, sean estos privilegiados o no, las leyes del país de registro de la nave, y en el caso de acreedores de la carga o flete, las leyes de la República de Panamá. 5. En cuanto a lo que concierne al orden interno de la nave y a los derechos, poderes, obligaciones y atribuciones del capitán, los oficiales y trabajadores del mar, las leyes del país de registro de la nave. Sin embargo, el capitán o cualq uiera otra persona sujeta a la jurisdicción de los Tribunales panameños será considerado con suficiente poder para representar judicialmente a la nave, o a su armador, y específicamente para recibir notificaciones en representación de estos. 6. En cuanto a responsabilidad extracontractual de los armadores, del capitán, los oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que preste servicios a bordo de la nave por daños causados o que se causen a bienes o a cualesquiera de dichas personas o a cualesquiera otras personas que se encuentren a bordo de una nave, las leyes del país de registro de la nave. 7. En cuanto a reclamaciones de estibadores, muelleros u otros trabajadores portuarios y a reclamaciones de terceras personas que presten servicios a la nave relacionados con el comercio marítimo o que se encuentren temporalmente a bordo de la nave mientras esté en puerto, salvo pacto en contrario en caso de responsabilidad contractual, las leyes del país donde haya ocurrido el hecho o los hechos que den lugar a la demanda, aunque estas hayan ocurrido a bordo de la nave. 8. En cuanto a la determinación del tipo de avería que afecte a la nave o a su carga y la proporción en que estas contribuyan a soportarla, salvo pacto en contrario, la ley del país de registro de la nave. 9. En casos de abordaje: a. Cuando se trate de naves de un mismo registro y el abordaje ocurra en aguas internacionales, las leyes del país de registro común a ambas. b. En caso de que el abordaje ocurra en aguas territoriales de un país, las leyes del lugar del accidente. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 c. En caso de que el abordaje ocurra en aguas internacionales entre naves de diferentes registros, las leyes de la República de Panamá. 10. En cuanto a los efectos de los contratos de transporte de carga o pasajero, incluyendo los conocimientos de embarque, salvo pacto expreso en contrario, las leyes del país donde se efectúe el embarque o donde aborden la nave los pasajeros. 11. En cuanto a los efectos de los contratos de seguro marítimo, salvo pacto expreso en contrario, las leyes del país de domicilio del asegurador o de sus sucursales o agencias cuyo domicilio será el lugar donde operan. 12. En cuanto a los efectos de los contratos para la explotación de una nave, por viajes o por tiempo definido, que afecten todo o parte de la nave y que excluyan o no al armador de su control y manejo, salvo pacto expreso en contrario, las leyes del país de registro de la nave. 13. En cuanto a efectos de los contratos por servicios que se presten a la nave o su carga y de los contratos por aprovisionamiento de la nave, salvo pacto expreso en contrario, las leyes del país donde se preste el servicio, y si se trata de servicios prestados a una nave o su carga en aguas internacionales, las leyes del país del registro de la nave. 14. En cuanto a la forma y solemnidad de cualquier contrato marítimo, las leyes del lugar donde se celebre. 15. En cuanto a la existencia y determinación de la limitación de responsabilidad del armador de la nave por las leyes del país de su registro, y en cuanto a la existencia y determinación de la limitación de responsabilidad del propietario de la carga, las leyes de la República de Panamá. 16. En cuanto a prescripción, la que establezca la legislación que deba determinar los derechos y obligaciones según lo dispuesto en este artículo. 17. En cuanto a la fijación de costas, se aplicarán las leyes de la República de Panamá. Artículo 118. El artículo 558 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 558. Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a arbitraje las controversias que pudiesen surgir, o que hayan surgido entre ellas, en relación con cuestiones marítimas siempre que dicho acuerdo conste por escrito y haya sido negociado entre todas las partes. Artículo 119. Se adiciona el artículo 558-A a la Ley 8 de 1982, así: Artículo 558-A. Las partes podrán someter el arbitraje a las reglas de procedimiento de su elección y, a falta de estas, se aplicarán las reglas arbitrales establecidas por la ley panameña; no obstante, es válida la designación de árbitros extranjeros y la realización del arbitraje en idioma distinto al español, cuando así lo acuerden las partes. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 120. El artículo 559 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 559. A falta de acuerdo expreso entre las partes, el arbitraje se realizará conforme a las reglas de procedimiento contenidas en el Decreto Ley 5 de 1999 y en esta Ley. Artículo 121. Se adiciona el Capítulo II, denominado Recursos de Nulidad de Arbitrajes Marítimos, que comprende los artículos 559-A, 559-B, 559-C, 559-D, 559-E y 559-F, al Título VII de la Ley 8 de 1982, así: Capítulo II Recursos de Nulidad de Arbitrajes Marítimos Artículo 559-A. Con fundamento en cualquiera de las causales previstas en el Decreto Ley 5 de 1999 y en las convenciones internacionales de que la República de Panamá sea parte, podrá interponerse recurso de nulidad contra cualesquiera laudos arbitrales. Artículo 559-B. Los recursos de nulidad contra laudos arbitrales serán conocidos y resueltos por un Tribunal Arbitral distinto del Tribunal que hubiera tramitado el proceso, conformado de acuerdo con lo que, al efecto, hubieran acordado las partes en la cláusula compromisoria o pacto arbitral. A falta de cláusula compromisoria o pacto arbitral que trate el tema de los recursos de nulidad de los laudos, estos serán de conocimiento de la propia institución arbitral, conforme a cuyos reglamentos se hubiera ventilado el proceso arbitral. Si el arbitraje no hubiera sido institucional, el recurso de nulidad se presentará ante el Tribunal Arbitral que hubiera proferido el laudo, que por decisión mayoritaria de sus integrantes o del árbitro único, cuando se trate de un solo árbitro, lo remitirá a cualquier centro de arbitraje marítimo reconocido y autorizado de conformidad con las leyes nacionales, para los fines de decisión del recurso. Artículo 559-C. Los recursos de nulidad presentados contra laudos arbitrales serán conocidos y resueltos por un solo árbitro, salvo que otra cosa establezcan las partes. Artículo 559-D. Para la designación del árbitro que deba resolver sobre el recurso de nulidad, cada una de las partes remitirá, en sobre cerrado a la secretaría del centro, una lista de diez árbitros autorizados para actuar como tales por el respectivo centro, el cual comunicará a las partes y a sus representantes el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a su apertura. El nombre que primero se repita en las listas recibidas por la secretaría del centro será el árbitro. Si ningún nombre se repite en las dos listas, se repetirá el ejercicio hasta que ello ocurra. Artículo 559-E. Los recursos de impugnación contra laudos arbitrales se tramitarán de conformidad con lo que, al efecto, prescriban los reglamentos del respectivo centro de ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ Error : Bad color G.O. 26211 arbitraje en lo que fueran aplicables. No obstante, considerando que los puntos a debatir han de ser estrictamente en derecho, el árbitro o los árbitros decidirán el recurso, luego de oír a las partes y apreciar las pruebas, si las hubiera, dentro del término de dos meses, contado a partir de la constitución del Tribunal de Arbitraje para conocer del recurso de nulidad. Artículo 559-F. La decisión arbitral respecto al recurso de nulidad es definitiva e inapelable, y pondrá fin al proceso arbitral, quedando a salvo la ejecución del laudo si la decisión respecto al recurso hubiera negado la nulidad propuesta. Artículo 122. Se adiciona el Capítulo IV, denominado Responsabilidad Civil por Contaminación, que comprende los artículos 585-A, 585-B, 585-C, 585-D, 585-E, 585-F, 585-G, 585-H y 585-I, al Título VIII de la Ley 8 de 1982, así: Capítulo IV Responsabilidad Civil por Contaminación Artículo 585-A. El propietario, armador u operador de un buque, aeronave o instalación marítima o terrestre será responsable de todos los daños por contaminación que se produzcan con motivo de una descarga o serie de descargas de sustancias contaminantes. Cuando los daños por contaminación fueran producidos por dos o más buques, aeronaves, instalaciones marítimas o terrestres o dos o más de estos entre sí, los respectivos propietarios, armadores u operadores incurrirán en responsabilidad mancomunada y solidaria por todos los daños que no fuera posible prorratear legal o razonablemente. Artículo 585-B. No habrá responsabilidad por daños por contaminación para las personas indicadas en el artículo precedente cuando resulten de: 1. Actos de guerra, hostilidades, guerra civil o insurrección. 2. Caso fortuito o fuerza mayor. 3. Acción u omisión totalmente causada por un tercero. 4. Negligencia u otro acto dañoso totalmente causado por la República de Panamá. Artículo 585-C. El propietario, armador u operador de un buque que cause daños por contaminación podrá limitar su responsabilidad con respecto a cada descarga, a una cuantía total equivalente en moneda nacional a dos mil (2,000) francos por toneladas de arqueo del buque, cuantía que no excederá del equivalente en moneda nacional a doscientos diez millones (210, 000,000.00) de francos. Los propietarios u operadores de instalaciones terrestres o marítimas que causen daños por contaminación siempre que estas no se consideren buques para los efectos de esta Ley y los responsables de buques que causen daño por contaminación por descargas de sustancias nucleares no gozarán del derecho de limitación de responsabilidad en este artículo. La responsabilidad civil de los propietarios, explotadores u operadores de aeronaves que causen daño por contaminación será regida por las leyes respectivas. ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 Artículo 585-D. Para poder ampararse en el derecho de limitación de responsabilidad previsto en el artículo anterior, se deberá probar ante el Tribunal competente que la descarga causante de los daños por contaminación no fue por negligencia grave o culpa de quien pretenda ampararse en el derecho de limitación. Artículo 585-E. Si de los hechos sumariamente probados, el Tribunal competente estimara que los daños por contaminación no se produjeron, en principio, por negligencia grave o culpa del responsable, se admitirá la constitución de un fondo cuya cuantía ascenderá a los límites fijados en artículo 585-C, y se liberará el buque; en caso contrario, el Tribunal fijará provisionalmente la suma que, en exceso de dicho fondo, sea necesaria para responder por los daños causados y, garantizado el pago de esta, se liberará el buque. Artículo 585-F. Los créditos originados por el costo de las medidas preventivas y de remoción de las sustancias contaminantes y las pérdidas, gastos o daños causados por tales medidas preventivas y de remoción gozarán de privilegio sobre el fondo mencionado en el artículo anterior por encima de todo otro crédito que no sea las costas y los gastos judiciales causados en el interés común de los acreedores marítimos. Cuando tales créditos hayan sido declarados admisibles y aprobados, sus respectivos importes podrán ser retirados siempre que se encuentren cubiertas las costas y los gastos judiciales. En caso de que dichas costas y gastos no estuvieran definitivamente determinados y siempre que se estimen cubiertos, los fondos se podrán liberar. Si los acreedores por los costos a que se refiere este artículo fueran varios, incluyendo los gastos razonables realizados por el responsable de la descarga para prevenir o minimizar los daños por contaminación, todos ellos gozarán del mismo privilegio y cobrarán a prorrata de sus respectivos créditos. Artículo 585-G. Todo buque de más de trescientas toneladas de registro bruto que transporte sustancias contaminantes dentro de las aguas de la República de Panamá y, así mismo, todo buque que transporte más de dos mil toneladas de hidrocarburos a granel como cargamento deberá suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra el importe a que asciende su límite de responsabilidad de acuerdo con el artículo 585-C de esta Ley. Artículo 585-H. La República de Panamá reconocerá los certificados de responsabilidad civil por contaminación por hidrocarburos, expedidos por los Estados Contratantes del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Contaminación del Mar por Hidrocarburos, ratificado mediante la Ley 17 de 1975, de conformidad con los términos previstos en dicha Convención. Artículo 585-I. Toda nave de registro panameño y las de cualquier otro registro que transite por el mar territorial o las aguas de la República de Panamá, salvo lo dispuesto en ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 el artículo anterior, deberá suscribir la garantía a que se refiere el artículo 585-G de esta Ley, por medio de una compañía de seguros o entidad financiera de reconocida solvencia a juicio de las autoridades de la República de Panamá. Artículo 123. El artículo 594 de la Ley 8 de 1982 queda así: Artículo 594. La gestión y actuación en los procesos marítimos se sustanciarán a través de los medios previstos en la Ley 15 de 2008, sobre informatización de los procesos judiciales. Artículo 124. Se adoptan las siguientes medidas de sistematización de la Ley 8 de 1982: 1. La Sección I del Capítulo VI del Título II se denominará Secuestro de Bienes en los Procesos in rem. 2. El Capítulo III del Título V se denominará Procedimiento Especial en Materia de Procesos in rem y Mixtos. 3. El Capítulo VI del Título V se denominará Secuestro de Bienes para la Ejecución de Créditos Marítimos Privilegiados. 4. El Capítulo I del Título VII se denominará Disposiciones Generales y comprende los artículos 558 y 559. Artículo 125. Los procesos que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigencia la presente Ley en los Tribunales Marítimos y en la Sala Primera de lo Civil se regirán por las disposiciones de esta Ley, pero los términos que hayan empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estén iniciadas se regirán por la Ley vigente al tiempo de su iniciación. Artículo 126. Hasta tanto el Tribunal de Apelaciones Marítimas no entre en función, la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia continuará conociendo hasta su decisión los recursos de apelación en los procesos marítimos. Una vez el Tribunal de Apelaciones Marítimas entre en función, los recursos de apelación que se presenten pasarán a ser competencia de dicho Tribunal. Artículo 127. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 8 de 1982, con las modificaciones y adiciones que haya sufrido con anterioridad y las disposiciones de la presente Ley, en forma de numeración corrida comenzando por el artículo 1, y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. Artículo 128. La presente Ley modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 24, 30, 48, 59, 61, 63, 78, 79, 80, 107, 109, 114, 115, 130, 150, 161, 162, 164, 165, 168, 169, 174, 177, 180, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 203, 225, 278, 371, 372, 398, 399, 400, 402, 404, 419, 424, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 437, 438, 439, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 493, 494-A, 495, 497, 500, 501, 502, 504, 505, 507, 510, 511, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 539, 546, 547-A, 547-B, 550, 551, 552, 553, 557, 558, 559 y 594; adiciona los artículos 3-A, 6-A, 17-A, 62-A, 483-A, 506-A, 507-A, 530-A, 537-A, 545-A, ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ G.O. 26211 558-A, 559-A, 559-B, 559-C, 559-D, 559-E, 559-F, 585-A, 585-B, 585-C, 585-D, 585-E, 585-F, 585-G, 585-H y 585-I; y deroga los artículos 69, 108, 488, 508, 509 y 533 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982. Artículo 129. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto 339 de 2007 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil ocho. El Presidente, Raúl E. Rodríguez Araúz El Secretario General, Carlos José Smith S. ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMA, 23 DE ENERO DE 2009. MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República RAFAEL MESQUITA Ministro de la Presidencia ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEY: 012 DE 2009 PROYECTO DE LEY: 2007_P_339.PDF NOMENCLATURA: AÑO_MES_DÍA_LETRA_ORIGEN ACTAS DEL MISMO DÍA: A, B, C, D ACTAS DE VARIOS DIAS: V ACTAS DEL PLENO 2008_12_18_A_PLENO.PDF 2008_12_22_A_PLENO.PDF 2008_12_23_A_PLENO.PDF <h1>Document Outline</h1> <ul> <li>TARJETA BASE </li> <li>GACETA OFICIAL </li> <li>TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR </li> <li>ACTAS DE PLENO </li> </ul>

DER. ADMINISTRATIVO
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